Un contrato de 1957 mantiene el alquiler en 500 euros

Un alquiler de 1957, una renta de 500€ y un piso que vale 2.000: el caso que divide a Madrid​

Una mujer de casi 90 años, en silla de ruedas, fue desalojada de su vivienda en el barrio de Sainz de Baranda, en Madrid. Pagaba 500 euros al mes por un piso cuyo precio de mercado ronda los 2.000. El contrato lo firmaron sus padres en 1957. La historia, convertida en símbolo por unos y en escándalo por otros, ha terminado con la muerte de la inquilina, según los últimos mensajes del seguimiento del caso.

El asunto tiene todos los ingredientes para partir a la opinión pública en dos: una renta antigua blindada durante décadas, un fondo de inversión que compró el edificio, una subrogación que el Tribunal Supremo consideró vencida y una anciana que se negó a marcharse. Lo que empezó como una disputa contractual terminó en la calle, con pancartas, policías y un desenlace que nadie quería.

Qué es una renta antigua y por qué pagaba 500 euros​

El contrato original se firmó en 1957, cuando la familia se instaló en un piso de la zona. La Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964 permitía la subrogación vitalicia: primero a los padres, luego a los hijos. En 1994, una nueva LAU cambió las reglas y limitó esa segunda subrogación. El Tribunal Supremo dio la razón al propietario: el contrato había caducado en 2007, cuando murió la madre.

A partir de ahí, la mujer siguió pagando 500 euros mensuales. En el mercado libre, un piso similar en Sainz de Baranda se alquila por 1.700 o 2.000 euros. La actualización que le ofrecieron rondaba los 1.690 euros. Ella no podía asumirla. La comunidad de Madrid le ofreció una plaza en una residencia en Alcalá de Henares. La rechazó.

Los números que nadie discute​

La rentabilidad bruta anual de ese alquiler no llega al 0,54%, según los cálculos que circulan. Con ese dinero no se cubren comunidad, IBI y derramas. El propietario, un fondo de inversión, compró el edificio con la expectativa de liberar el piso y alquilarlo a precio de mercado. La operación es legal, pero el resultado es una anciana en la calle.

Hay quien sostiene que la mujer se benefició durante décadas de un contrato que ya no le correspondía. Otros responden que el contrato era legal cuando se firmó y que nadie le avisó de que su vida entera dependía de una ley que cambiaría a mitad de camino. El cálculo completo, con la evolución del IPC y el valor actual del inmueble, da una diferencia que sorprende.

La residencia que rechazó y el debate sobre la previsión​

La Comunidad de Madrid le ofreció una plaza en una residencia pública en Alcalá de Henares. Ella la rechazó. Ese detalle ha sido el más citado por quienes critican su actitud: sostienen que tuvo una salida digna y no quiso tomarla. Frente a eso, se argumenta que a los 90 años, en silla de ruedas y sin familia, un traslado a otra ciudad es una condena.

El caso ha reabierto la discusión sobre la previsión vital. Hay quien compara su situación con la de quienes, a los 60, deciden mudarse a un pueblo o a una residencia antes de que sea urgente. Y quien responde que no todo el mundo tiene esa capacidad de anticipación, ni ese dinero.

El circo mediático y la muerte de la inquilina​

La presencia de políticos y activistas en la puerta del edificio convirtió el desahucio en un acto político. Hubo pancartas, consignas y detenciones. Los últimos mensajes del seguimiento confirman que la mujer falleció. La causa, según esas mismas fuentes, el estrés del proceso. No hay confirmación oficial.

El debate sobre la vivienda en España tiene un problema de fondo: no hay alquiler social suficiente, el suelo está retenido y el Estado subvenciona la demanda en vez de aumentar la oferta. Mientras tanto, casos como este se convierten en munición política. Y la pregunta que queda es si la próxima anciana en su situación tendrá una residencia o una pancarta.

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Datos clave

• Alquiler actual: 500 euros al mes
• Precio de mercado en la zona: 1.700-2.000 euros
• Actualización ofrecida: 1.690 euros
• Contrato original: 1957
• Caducidad legal: 2007