Vlad_Empalador
CORRUPTOR DE MILFOTAS
Un grupo de parapentistas fuerza en los tribunales la demolición de un chalé con 11 dormitorios en la mejor atalaya de Zarautz
El Supremo mantiene la orden de derribo de una privilegiada edificación que ha construido la familia de una exedil del PNVi
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Chalé construido por la familia Garrastazu en el monte Talaimendi de Zarautz (Gipuzkoa).Javier Hernández
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Mikel Ormazabal
Zarautz - 06 NOV 2026 - 05:30 CET
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Enuna de las mejores atalayas que permiten divisar la costa de Orio y de Zarautz (Gipuzkoa), en lo alto de Talaimendi (monte vigía, en euskera), se alza una ostentosa edificación con 11 dormitorios y otros tantos baños en medio de una pradera y con vistas privilegiadas al Cantábrico. El chalé lo ha construido una familia de Zarautz, la progenitora y sus 10 descendientes, entre los que figura la exedil del PNV en esta localidad, Maite Garrastazu. La moderna construcción venía a sustituir un viejo caserío familiar que había quedado en estado ruinoso. Está ubicado en un suelo no urbanizable de especial protección y calificado como corredor ecológico. Los tribunales, tras una denuncia presentada por parapentistas, han declarado ilegales las licencias municipales que se concedieron y ordenaron en enero de 2025 “la demolición de las obras” porque contraviene el régimen de reconstrucción de caseríos previsto en la ley vasca de suelo. El Tribunal Supremo, en una providencia del pasado 8 de julio, ha rechazado los recursos de la propiedad y deja ahora la vía libre para que se proceda a “la reposición de los terrenos al estado anterior a dichas obras”.
El último pronunciamiento del alto tribunal podría ser la antesala del desmontaje completo de una vivienda que ocupa un espacio que antes solían frecuentar los parapentistas para el despegue y aterrizaje de sus vuelos y numerosos senderistas que en la actualidad tienen cerrado el paso por un vallado que cerca la edificación, ubicada en el término municipal de Aia, aunque muy alejada de su núcleo y más próxima a Orio y Zarautz. La orden definitiva ratificada por el Supremo está pendiente de que el caso se dirima definitivamente en el Superior vasco, que hace dos años declaró ilegal la construcción. La familia ha presentado un recurso ante la Sala de Casaciones de este tribunal autonómico, cuya decisión se conocerá previsiblemente antes de finalizar el año. Los magistrados deben resolver si se ha incumplido el artículo 30 de la ley vasca de suelo, que establece restricciones a la reconstrucción de caseríos en áreas protegidas.
En 2010, el Ayuntamiento de Aia (en manos del PNV) concedió a la familia Garrastazu una licencia para rehabilitar el caserío Amezti, y tres años después se le da permiso para realizar una reconstrucción de la vivienda en una ubicación distinta de la que originariamente tenía el caserío. Estas licencias, y los decretos municipales posteriores a favor de los planes de la familia, fueron expedidos en contra de los criterios técnicos emitidos por la Fruta de Gipuzkoa y el Ararteko (Defensor del Pueblo vasco), que habían advertido de las irregularidades en la que podría estar incurriendo el Consistorio de Aia.
El procedimiento judicial abierto a partir de la denuncia interpuesta por la Federación Guipuzcoana de Deportes Aéreos ha tenido un largo recorrido en los tribunales. En primera instancia, quedó descartada la existencia de un ilícito penal en las actuaciones del Consistorio y de la propiedad. En la vía contencioso-administrativa, un juzgado donostiarra desestimó en 2021 la demanda de los parapentistas porque las obras, decía la resolución, “se ajustan a lo autorizado y las ejecutadas al margen del proyecto licenciado son legalizables”. Pero el Superior vasco revocó esa sentencia en 2025 con un fallo demoledor para los intereses de la familia y el Ayuntamiento de Aia (2.150 habitantes): fueron declaradas nulas todas las licencias municipales y se ordenó demoler la edificación. Además, los jueces decidieron abrir un “procedimiento sancionador en materia urbanística” por las autorizaciones concedidas a los Garrastazu (Maite fue concejala de Zarautz entre 2011 y 2019).
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Imagen tomada desde un parapente del chalé construido en el monte Talaimendi de Zarautz, cedida por la Federación de Deportes Aéreos.
El Superior vasco se remite a varios artículos de la Ley de Suelo del País Vasco para desmontar los planes de los promotores. Cita un concepto restrictivo recogido en la citada normativa para la reconstrucción de caseríos, que solo autoriza aquellas nuevas edificaciones que “mantengan una estructura edificada que permita identificarlos como tales”. En realidad, el caserío original no tiene ningún parecido con la nueva edificación, que se asemeja más a un palacete que a un caserío tradicional vasco. Los promotores, además, no han respetado los volúmenes edificables, según el abogado Asier Garate, con carné de piloto de parapente: “El casoplón triplica la superficie del caserío original”.
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“La licencia para reconstruir en un lugar distinto del que ocupaba el caserío Amezti es, en consecuencia, nula de pleno derecho”, sostiene el Tribunal Superior vasco. La ley vasca de suelo solo admite reconstruir en un lugar distinto si ha habido una expropiación del suelo donde se asentaba la vivienda original, lo que no se da en este caso. Los jueces también hacen constar que las obras del palacete se han realizado en un terreno donde las propias normas subsidiarias de Aia prohíben taxativamente que se pueda construir. Es un área rural de especial protección donde anidan halcones peregrinos.“Hay argumentos suficientes para pensar que este nuevo inmueble [de los Garrastazu] no se va a destinar a residencia familiar. Tiene 11 dormitorios con un baño individual, una cocina industrial y un gran comedor comunitario. Todo apunta a que le quieren dar un uso de hotel”, asegura el letrado Garate. Talaimendi es un paraje natural singular. En otro tiempo, era un monte donde se colocaban los atalayeros, que se encargaban de avistar ballenas en el mar y hacer señales de humo a los pescadores de los puertos para que salieran a capturarlos.
El Supremo, sin entrar en el fondo del asunto, ha inadmitido los recursos que plantearon el Consistorio y la familia porque no aprecia ninguna vulneración de la jurisprudencia o una infracción de ley. Su decisión es firme y devuelve el caso al Superior vasco, que deberá dirimir si aceptan la casación que presentaron ante este tribunal. “Las cosas van como tienen que ir y la prisa que se han tomado ahora los jueces nos permite pensar que este próximo otoño o invierno habrá una resolución firme que dará paso a la ejecución de la sentencia que ordena la demolición”, pronostica Garate.
Lo más llamativo, según la defensa de los parapentistas, es que el fallo judicial obliga al Ayuntamiento de Aia a tramitar un expediente de disciplina urbanística para depurar las responsabilidades personales de todos los que intervinieron en la concesión de las licencias anuladas: “El Ayuntamiento se podría encontrar en una situación de desfalco porque tendría que hacer frente a una eventual indemnización millonaria si así lo solicita la familia Garrastazu”.
“La propiedad se ampara en el derecho otorgado por la administración y amenaza de alguna manera al propio Ayuntamiento con demandarle por una responsabilidad patrimonial por la nulidad de la licencia. Está diciendo al Ayuntamiento que si se consigue demoler esa edificación exigirá el pago de los costes asumidos en la construcción de la vivienda”, concluye el abogado.
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