Albares presionado: todos a trabajar en los consulados por el Supremo

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha suspendido vacaciones y permisos del personal consular y ha movilizado a trabajadores de las embajadas para identificar a los 163.020 nacionalizados cuyo voto ha sido suspendido cautelarmente por el Tribunal Supremo. El plazo para entregar la relación nominal vence a las 15.00 horas del miércoles 28 de octubre.

El Ministerio de Asuntos Exteriores que dirige José Manuel Albares ha puesto a trabajar a contrarreloj a toda su red consular. La orden es identificar a los 163.020 españoles nacionalizados cuyo derecho al voto ha sido suspendido cautelarmente por el Tribunal Supremo antes de las 15.00 horas del miércoles 28 de octubre. Para lograrlo, el departamento ha suspendido los permisos y vacaciones del personal de los consulados, ha autorizado todos los refuerzos solicitados y ha ordenado trabajar durante el fin de semana.

La presión viene del Alto Tribunal. Su último auto exige al Gobierno una relación nominal de los afectados y advierte de que el incumplimiento podría derivar en multas coercitivas de 1.000 euros, susceptibles de reiterarse, e incluso en exigencias de responsabilidad por desobediencia. No es un aviso menor: el Ejecutivo se juega un nuevo frente judicial en plena campaña electoral, con los comicios generales fijados para el 29 de noviembre.

De dónde salen los 163.020 afectados

El origen del conflicto está en la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática de 2022, conocida popularmente como «ley de nietos». Esa norma permitió acceder a la nacionalidad española a determinados descendientes de españoles que habían perdido o renunciado a ella por el exilio, así como a otros colectivos familiares previstos expresamente en la ley.

El problema jurídico se concentra en la instrucción dictada el 25 de octubre de 2022 por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia, que desarrolló los procedimientos para acceder a la nacionalidad. La interpretación administrativa de los requisitos del exilio ha sido objeto de controversia judicial por su alcance respecto a lo que prevé la ley. De ahí que el Supremo haya suspendido cautelarmente el derecho al voto de los 163.020 nacionalizados afectados por esa controversia.

El tribunal, sin embargo, estableció una vía para que pudieran ejercerlo quienes acreditaran mediante certificación consular su condición de descendientes de exiliados en los términos exigidos judicialmente. Esa puerta obliga a los consulados a examinar expedientes de nacionalidad y a emitir certificados uno por uno. Y ahí es donde el calendario aprieta.

91 certificados frente a 31.390 expedientes revisados

Los datos que la Abogacía del Estado trasladó al Supremo dibujan la magnitud del atasco. Se habían revisado 31.390 expedientes, pero únicamente se habían expedido 91 certificados acreditativos de la condición de descendiente de exiliados. La diferencia entre ambas cifras evidencia el volumen de trabajo pendiente y las dificultades para completar las comprobaciones antes de los comicios.

El trabajo presenta obstáculos añadidos. Los expedientes están distribuidos entre distintas oficinas consulares, hay que distinguir los supuestos jurídicos en los que se produjo cada nacionalización y el volumen total es elevado. Los magistrados consideran imprescindible disponer de la relación nominal para garantizar la correcta aplicación de sus resoluciones y evitar incertidumbres en la confección del censo electoral.

La respuesta de Exteriores ha sido movilizar todos los recursos humanos disponibles. Fuentes del ministerio explican que, desde la recepción de los primeros autos judiciales, se suspendieron los permisos y vacaciones de las oficinas consulares. Al mismo tiempo, se ordenó a sus responsables que destinaran a esta tarea todo el personal necesario y se les comunicó que el cumplimiento de las resoluciones judiciales tenía carácter «urgente y prioritario».

Embajadas y fin de semana: la orden de Exteriores

La decisión no se ha limitado a los funcionarios destinados en los consulados. El Ministerio asegura que ha autorizado todas las solicitudes de refuerzo de personal recibidas y que ha puesto a disposición de las oficinas consulares a los trabajadores de las embajadas. El objetivo es acelerar la identificación de los afectados y la recopilación de los datos que reclama el Supremo.

Según las fuentes consultadas, Exteriores ha trasladado a todas las oficinas consulares que resulta «imperativo» entregar la información solicitada dentro del plazo fijado por los magistrados. Para conseguirlo, también ha instruido a los consulados para que continúen trabajando durante todo el fin de semana. La fecha decisiva es el 28 de octubre: antes de las tres de la tarde, el Ejecutivo deberá haber entregado la relación reclamada.

El departamento de Albares sostiene que ha actuado desde el primer momento para facilitar el cumplimiento de las resoluciones judiciales. Las fuentes ministeriales insisten en que la suspensión de permisos y vacaciones no responde únicamente al último auto, sino que se acordó desde la recepción inicial de los requerimientos del Supremo. También asegura haber atendido todas las peticiones de refuerzo formuladas por los consulados.

Un mes para las elecciones y miles de votos en el aire

El Gobierno afronta una doble exigencia. Por un lado, debe cumplir las resoluciones judiciales dentro de los plazos establecidos. Por otro, tiene que gestionar las consecuencias que la suspensión cautelar del voto puede tener sobre miles de ciudadanos españoles residentes en el extranjero cuando apenas queda un mes para las elecciones generales del 29 de noviembre.

La orden de Albares pretende evitar que el incumplimiento del requerimiento judicial abra un nuevo frente entre el Gobierno y el Tribunal Supremo en plena campaña electoral. Hasta entonces, el Ministerio de Exteriores mantendrá movilizada su red consular, incluidos los efectivos de las embajadas y el personal que trabajará durante el fin de semana.

La pelota está en el tejado de los consulados. Y el reloj corre. Cualquier persona afectada por la suspensión cautelar de su derecho al voto debería consultar su situación con la oficina consular correspondiente y, si lo considera necesario, buscar asesoramiento legal especializado.