BudSpencer
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El Tribunal Supremo acaba de lanzar el ultimátum a los ministros Albares y Bolaños:
www.vozpopuli.com
El Supremo da cinco días a Bolaños y Albares para entregar la lista de nacionalizados por la 'ley de nietos'
Advierten que de no hacerlo, podrán imponer una multa coercitiva o deducir testimonio
El Tribunal Supremo ha dado un plazo de cinco días al ministro de Justicia, Félix Bolaños, y al ministro de Exteriores, José Manuel Albares, para que entreguen la lista de 163.000 personas que obtuvieron la nacionalidad bajo el paraguas de la ‘ley de nietos’. Los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo advierten, en dos autos a los que ha tenido acceso Vozpópuli, que de no hacerlo, podrán ser apercibidos.
En concreto, la resolución judicial habla de la imposición de multa coercitiva por importe de 1.000 euros “a los precitados señores ministros que incumplan este requerimiento”, así como reiterar estas multas hasta la completa ejecución del fallo judicial, sin perjuicio de otras responsabilidades patrimoniales. También señalan que pueden “deducir, en su caso, el oportuno testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder”.
La polémica de esta norma, cuya legalidad está en el punto de mira de la Justicia, se basa en que Sofía Puente, la hermana del ministro de Transportes, alteró la Ley de Memoria Democrática mediante una instrucción administrativa. Esta interpretación permitió considerar exiliados a los españoles que abandonaron el país entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955 sin necesidad de exigirles que acreditaran haber sufrido persecución política o ideológica.
El problema radica en que la Oficina del Censo Electoral y los registros consulares han manifestado su incapacidad para distinguir entre quienes han cumplido los requisitos exigidos y quienes no. De hecho, antes de que se anunciara la convocatoria de las elecciones generales, ya habían considerado “materialmente imposible” revisar esta situación dentro de los plazos necesarios para las elecciones municipales y autonómicas.
El TC inadmitió el recurso del Defensor del Pueblo
Esta decisión llega días después de que el Pleno del Tribunal Constitucional ha decidido este miércoles no admitir a trámite el recurso de amparo presentado por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, contra la decisión del Tribunal Supremo de suspender el derecho al voto de los nacionalizados al amparo de la conocida como ‘ley de nietos’.
Diez magistrados votaron a favor de tumbar el recurso, mientras que Juan Carlos Campo y Ramón Sáez Valcárcel han respaldado su estimación, según fuentes del Tribunal Constitucional consultadas por este digital. Campo fue ministro de Justicia entre 2020 y 2021, durante el Gobierno de Pedro Sánchez, antes de incorporarse al Tribunal Constitucional. Por su parte, Sáez Valcárcel fue vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a propuesta del PSOE e Izquierda Unida.
Tal y como avanzó Vozpópuli, el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, no dio la razón a Pedro Sánchez en relación con la conocida como ‘ley de nietos' para evitar un nuevo enfrentamiento con el Tribunal Supremo.
El Supremo da cinco días a Bolaños y Albares para entregar la lista de nacionalizados por la 'ley de nietos'
Advierten que de no hacerlo, podrán imponer una multa coercitiva o deducir testimonio
El Supremo da cinco días a Bolaños y Albares para entregar la lista de nacionalizados por la 'ley de nietos'
Advierten que de no hacerlo, podrán imponer una multa coercitiva o deducir testimonio
El Tribunal Supremo ha dado un plazo de cinco días al ministro de Justicia, Félix Bolaños, y al ministro de Exteriores, José Manuel Albares, para que entreguen la lista de 163.000 personas que obtuvieron la nacionalidad bajo el paraguas de la ‘ley de nietos’. Los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo advierten, en dos autos a los que ha tenido acceso Vozpópuli, que de no hacerlo, podrán ser apercibidos.
En concreto, la resolución judicial habla de la imposición de multa coercitiva por importe de 1.000 euros “a los precitados señores ministros que incumplan este requerimiento”, así como reiterar estas multas hasta la completa ejecución del fallo judicial, sin perjuicio de otras responsabilidades patrimoniales. También señalan que pueden “deducir, en su caso, el oportuno testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder”.
La polémica de esta norma, cuya legalidad está en el punto de mira de la Justicia, se basa en que Sofía Puente, la hermana del ministro de Transportes, alteró la Ley de Memoria Democrática mediante una instrucción administrativa. Esta interpretación permitió considerar exiliados a los españoles que abandonaron el país entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955 sin necesidad de exigirles que acreditaran haber sufrido persecución política o ideológica.
El problema radica en que la Oficina del Censo Electoral y los registros consulares han manifestado su incapacidad para distinguir entre quienes han cumplido los requisitos exigidos y quienes no. De hecho, antes de que se anunciara la convocatoria de las elecciones generales, ya habían considerado “materialmente imposible” revisar esta situación dentro de los plazos necesarios para las elecciones municipales y autonómicas.
El TC inadmitió el recurso del Defensor del Pueblo
Esta decisión llega días después de que el Pleno del Tribunal Constitucional ha decidido este miércoles no admitir a trámite el recurso de amparo presentado por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, contra la decisión del Tribunal Supremo de suspender el derecho al voto de los nacionalizados al amparo de la conocida como ‘ley de nietos’.
Diez magistrados votaron a favor de tumbar el recurso, mientras que Juan Carlos Campo y Ramón Sáez Valcárcel han respaldado su estimación, según fuentes del Tribunal Constitucional consultadas por este digital. Campo fue ministro de Justicia entre 2020 y 2021, durante el Gobierno de Pedro Sánchez, antes de incorporarse al Tribunal Constitucional. Por su parte, Sáez Valcárcel fue vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a propuesta del PSOE e Izquierda Unida.
Tal y como avanzó Vozpópuli, el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, no dio la razón a Pedro Sánchez en relación con la conocida como ‘ley de nietos' para evitar un nuevo enfrentamiento con el Tribunal Supremo.
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