[Ley de nietos] El Tribunal Supremo da un ultimátum de 5 días a Albares y a Bolaños

[Ley de nietos] El Tribunal Supremo da un ultimátum de 5 días a Albares y a Bolaños
RESUMEN DEL MENSAJE INICIAL · elaborado con IA

El Tribunal Supremo ha dado un plazo de cinco días a los ministros Félix Bolaños y José Manuel Albares para que entreguen la lista de 163.000 personas que obtuvieron la nacionalidad bajo la 'ley de nietos'. Si no lo hacen, la Sala de lo Contencioso-Administrativo podrá imponerles una multa coercitiva de 1.000 euros y deducir testimonio para exigir responsabilidad penal.

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El Tribunal Supremo ha dado un plazo de cinco días a los ministros Félix Bolaños y José Manuel Albares para que entreguen la lista de 163.000 personas que obtuvieron la nacionalidad bajo la 'ley de nietos'. Si no lo hacen, la Sala de lo Contencioso-Administrativo podrá imponerles una multa coercitiva de 1.000 euros y deducir testimonio para exigir responsabilidad penal.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dado un plazo de cinco días al ministro de Justicia, Félix Bolaños, y al ministro de Exteriores, José Manuel Albares, para que entreguen la lista de 163.000 personas que obtuvieron la nacionalidad española al amparo de la conocida como 'ley de nietos'. La resolución, recogida en dos autos, advierte de que si no cumplen el requerimiento podrán ser apercibidos con medidas que van desde una multa coercitiva hasta la deducción de testimonio para exigir responsabilidad penal.

Qué exige el Supremo y qué pasa si no se cumple

Los magistrados han fijado un plazo de cinco días para que los dos ministerios pongan sobre la mesa el listado completo de nacionalizados. Si el requerimiento no se atiende, el auto contempla la imposición de una multa coercitiva de 1.000 euros a los ministros que incumplan, una cantidad que podría reiterarse hasta la completa ejecución del fallo judicial. La resolución añade que esa multa no excluye otras responsabilidades patrimoniales.

El Supremo va un paso más allá y advierte de que podrá deducir el oportuno testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder. Es decir, que el incumplimiento no se queda en una sanción económica: abre la puerta a que el asunto acabe en manos de la justicia penal.

La instrucción que alteró la ley de memoria democrática

El origen del conflicto está en una instrucción administrativa firmada por Sofía Puente, hermana del ministro de Transportes, que alteró la aplicación de la Ley de Memoria Democrática. Esa interpretación permitió considerar exiliados a los españoles que abandonaron el país entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955 sin necesidad de acreditar que habían sufrido persecución política o ideológica.

El problema práctico es que la Oficina del Censo Electoral y los registros consulares han manifestado su incapacidad para distinguir entre quienes cumplían los requisitos exigidos y quienes no. Antes de que se anunciara la convocatoria de las elecciones generales, ya habían considerado materialmente imposible revisar esa situación dentro de los plazos necesarios para las elecciones municipales y autonómicas.

El Constitucional no admite el recurso del Defensor del Pueblo

La decisión del Supremo llega días después de que el Pleno del Tribunal Constitucional acordara no admitir a trámite el recurso de amparo presentado por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, contra la suspensión del derecho al voto de los nacionalizados al amparo de la 'ley de nietos'. Diez magistrados votaron a favor de tumbar el recurso, mientras que Juan Carlos Campo y Ramón Sáez Valcárcel respaldaron su estimación.

Campo fue ministro de Justicia entre 2020 y 2021, durante el Gobierno de Pedro Sánchez, antes de incorporarse al Tribunal Constitucional. Sáez Valcárcel fue vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del PSOE e Izquierda Unida. El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, no dio la razón a Sánchez en relación con la 'ley de nietos' para evitar un nuevo enfrentamiento con el Tribunal Supremo.

Un pulso entre instituciones con el censo electoral de fondo

El choque tiene una dimensión económica y administrativa que va más allá del rifirrafe político. La revisión de 163.000 expedientes de nacionalización exige cruzar datos de registros consulares y del censo electoral, una tarea que las oficinas implicadas ya calificaron de inviable en los plazos electorales. Cada revisión implica comprobar documentación de personas residentes en el exterior, muchas de ellas en países con sistemas registrales distintos.

La multa de 1.000 euros es, en términos de Administración, una cantidad simbólica. Lo relevante es el apercibimiento penal y el precedente que sienta: el Supremo exige a dos ministros en funciones una documentación que afecta al derecho al voto de decenas de miles de personas. El asunto sigue abierto y cualquier decisión sobre la validez de esas nacionalizaciones tendrá efectos legales y electorales que conviene seguir con cautela y, si se tiene un expediente afectado, con asesoramiento jurídico especializado.

Datos clave
  • El Tribunal Supremo da cinco días a Bolaños y Albares para entregar la lista de 163.000 nacionalizados por la 'ley de nietos'.
  • Si no cumplen, el auto prevé una multa coercitiva de 1.000 euros, reiterable hasta la ejecución del fallo.
  • El Supremo también puede deducir testimonio para exigir responsabilidad penal a los ministros.
  • La instrucción de Sofía Puente permitió considerar exiliados a quienes salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955 sin acreditar persecución.
  • El Constitucional no admitió el recurso de amparo de Ángel Gabilondo con diez votos a favor y dos en contra.
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BudSpencer

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El Tribunal Supremo acaba de lanzar el ultimátum a los ministros Albares y Bolaños:


El Supremo da cinco días a Bolaños y Albares para entregar la lista de nacionalizados por la 'ley de nietos'

Advierten que de no hacerlo, podrán imponer una multa coercitiva o deducir testimonio

El Tribunal Supremo ha dado un plazo de cinco días al ministro de Justicia, Félix Bolaños, y al ministro de Exteriores, José Manuel Albares, para que entreguen la lista de 163.000 personas que obtuvieron la nacionalidad bajo el paraguas de la ‘ley de nietos’. Los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo advierten, en dos autos a los que ha tenido acceso Vozpópuli, que de no hacerlo, podrán ser apercibidos.

En concreto, la resolución judicial habla de la imposición de multa coercitiva por importe de 1.000 euros “a los precitados señores ministros que incumplan este requerimiento”, así como reiterar estas multas hasta la completa ejecución del fallo judicial, sin perjuicio de otras responsabilidades patrimoniales. También señalan que pueden “deducir, en su caso, el oportuno testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder”.

La polémica de esta norma, cuya legalidad está en el punto de mira de la Justicia, se basa en que Sofía Puente, la hermana del ministro de Transportes, alteró la Ley de Memoria Democrática mediante una instrucción administrativa. Esta interpretación permitió considerar exiliados a los españoles que abandonaron el país entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955 sin necesidad de exigirles que acreditaran haber sufrido persecución política o ideológica.

El problema radica en que la Oficina del Censo Electoral y los registros consulares han manifestado su incapacidad para distinguir entre quienes han cumplido los requisitos exigidos y quienes no. De hecho, antes de que se anunciara la convocatoria de las elecciones generales, ya habían considerado “materialmente imposible” revisar esta situación dentro de los plazos necesarios para las elecciones municipales y autonómicas.

El TC inadmitió el recurso del Defensor del Pueblo

Esta decisión llega días después de que el Pleno del Tribunal Constitucional ha decidido este miércoles no admitir a trámite el recurso de amparo presentado por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, contra la decisión del Tribunal Supremo de suspender el derecho al voto de los nacionalizados al amparo de la conocida como ‘ley de nietos’.

Diez magistrados votaron a favor de tumbar el recurso, mientras que Juan Carlos Campo y Ramón Sáez Valcárcel han respaldado su estimación, según fuentes del Tribunal Constitucional consultadas por este digital. Campo fue ministro de Justicia entre 2020 y 2021, durante el Gobierno de Pedro Sánchez, antes de incorporarse al Tribunal Constitucional. Por su parte, Sáez Valcárcel fue vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a propuesta del PSOE e Izquierda Unida.

Tal y como avanzó Vozpópuli, el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, no dio la razón a Pedro Sánchez en relación con la conocida como ‘ley de nietos' para evitar un nuevo enfrentamiento con el Tribunal Supremo.
 
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