Bueno, todos todos igual....no sé a ver que pensais:
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El Gobierno aprieta las tuercas a los municipios para atajar la corrupción
IGNACIO J. DOMINGO.
El plan global refuerza la figura del delito urbanístico, impulsa normas de incompatibilidades y transfuguismo más estrictas y estrecha el cerco a las empresas municipales. A cambio, el Ejecutivo dará más recursos a los consistorios.
“Es la hora de lo local”. De esta manera tan contundente expresa la secretaria de Estado de Cooperación Territorial, Ana Leiva, la declaración de intenciones del Gobierno para la segunda mitad de la legislatura, en la que tomarán forma legal una batería de reformas encaminadas a eliminar la corrupción en el ámbito municipal.
La puesta en marcha de este plan global, impulsado desde la Ejecutiva Federal del PSOE y que afectará a varios ministerios, está supeditada al futuro modelo de financiación de los ayuntamientos, “que será generoso y suficiente” con la “histórica reivindicación” presupuestaria de las corporaciones locales, según Álvaro Cuesta, secretario de Política Autonómica socialista.
La iniciativa promoverá cambios en el Código Penal, “que verán la luz el próximo año, y en los que ya trabaja” el departamento que dirige Juan Fernando López Aguilar, señala Cuesta. Más en concreto, Justicia endurecerá el castigo del delito urbanístico, y ampliará y precisará esta figura delictiva, lo que facilitará y dará más margen de maniobra a la persecución de este tipo de irregularidades por parte de la recién creada unidad adscrita a la Fiscalía Anticorrupción a raíz del escándalo Marbella.
También baraja instaurar juzgados especializados, que agilicen la instrucción y la resolución de estos procesos y que apliquen con “diligencia y eficacia la doctrina reiterada del Supremo de declarar ilegal la vinculación de la venta de patrimonio y derechos urbanísticos locales para financiar gastos corrientes”, como salarios, y que, “en el mejor de los casos, sólo se anulan, sin exigir responsabilidades políticas”, matiza Cuesta.
Paralelamente, el equipo del vicepresidente económico, Pedro Solbes, estudiará, a instancias del partido, modificaciones en el funcionamiento del Tribunal de Cuentas y de sus versiones autonómicas, para “ampliar su labor fiscalizadora”, no sólo a la supervisión de las liquidaciones de los presupuestos municipales, “sino a detectar posibles anomalías a priori”; es decir, durante la ejecución de los programas económico anuales.
Incompatibilidades
Pero sin duda, el ministerio estelar en esta estrategia será el de Administraciones Públicas. Leiva pone el acento en el “nuevo elenco de incompatibilidades” para cargos municipales electos que incorporará la reforma de la ley de Bases, cuyo anteproyecto “ya está listo” para ser aprobado en Consejo de Ministros e iniciar su tramitación en el Congreso “antes del verano”.
Y en la revisión del Pacto Antitransfugismo que, anuncia, se firmará el próximo 23 de mayo con el “consenso de todos los partidos”. Sobre el primer bloque de medidas, la número dos de Jordi Sevilla, anticipa que la firma del acta de concejal o de alcalde “llevará aparejado dos años de incompatibilidad para ejercer actividades privadas” en el ámbito político en el que haya operado “o dictado resoluciones”. A cambio, “podrán percibir subsidio de desempleo en ese plazo”, aclara.
De igual forma, este “estatuto de autonomía de la Administración Local” exigirá, por ley, la declaración patrimonial de los cargos electos, “algo que hasta ahora no es obligatorio”, así como su registro, en depósito, tal y como se requiere a los diputados y senadores para “añadir transparencia y publicidad” a los recursos familiares con los que los concejales inician su mandato, apunta Leiva. En su opinión, “es un salto cuantitativo y cualitativo” que se realizará, incluso, “si surgen problemas en los partidos para la elaboración de listas electorales”, ya que “se trata de potenciar el espíritu de servicio público”.
Empresas municipales
Además, la futura ley de bases estrechará el control sobre las empresas municipales, cuyos directivos “deberán comparecer en el pleno consistorial, a petición de la oposición, para explicar su gestión”, y dará más poder a las Diputaciones Provinciales para promover la prestación de servicios que realizan sociedades públicas locales de grandes capitales.
“La reforma legal supone el desarrollo constitucional de la ordenación territorial municipal del Estado” e incluye, por primera vez, una “auténtica definición de provincia” lo que permitirá, por ejemplo, fomentar desde las diputaciones mancomunidades locales para gestionar servicios esenciales, como “recogida de basuras o planes sociales para la tercera edad”, en ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes, que suponen el 85% del total. Por otro lado, la reforma recogerá un mandato para potenciar la iniciativa popular, con un número de firmas mínima para exigir retiradas de proyectos, como el eje Prado-Recoletos o los parquímetros, en Madrid, y sugerencias durante la fase de aprobación de las ordenanzas municipales.
Respecto al transfuguismo, se definirá su figura, se aplicarán sanciones económicas –se prohibirá elevar la financiación por el paso al grupo mixto– y políticas –no podrán entrar en otras listas electorales–, y se remitirán los casos a la Fiscalía Anticorrupción para una posible investigación judicial, “aunque en este punto no hay consenso político aún”, señala Leiva.
