Lo que el Tribunal Constitucional necesita es gente preparada: gente con prestigio, inteligencia y capacidad como la que tuvo al principio.
Hay quienes opinan que la próxima Constitución Española debe prescindir de este Tribunal y encomendar sus funciones, como en otros Estados, al Tribunal Supremo, máximo intérprete de todas las Leyes. Me lo estoy pensando, porque la razón del Tribunal Constitucional en España no sólo tenía que ver con el Derecho Comparado sino también con el hecho de que había todo un cambio de régimen en marcha y se necesitaba un órgano excepcional para reconducir el sistema normativo hacia las nuevas reglas y principios: más o menos lo mismo que sucedió cuando se creó la Audiencia Nacional, que supone una excepción al principio de territorialidad de la Justicia pero que se justificaba por la singularidad de los delitos a que debía hacer frente. Pero, una vez pasados los años, la necesidad de un intérprete de la Constitución ha dejado de ser tan relevante y el Tribunal Constitucional se ha convertido en una especie de hada madrina de última instancia a la que acuden partidos políticos y particulares para pedir el cumplimiento de sus deseos (en el caso de los partidos, la derogación de las leyes que no les convienen). Además, en el caso de los particulares, se ha endurecido extraordinariamente el proceso de admisión a trámite de los recursos de amparo, lo que hace que ese Tribunal sea algo entre inalcanzable e irreal. Si a ello sumamos que ya la Ley 29/1998, de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, dedica el Capítulo I de su Título V (Artículos 114 a 122) al procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona, parece viable la supresión del Constitucional y el reforzamiento de un Supremo totalmente profesional y, desde luego, muchísimo menos politizado.