Una diputada de Correa reconoce que Ecuador ha dado este año 750.000 € al podemita Mayoral

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italica

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Una diputada de Correa reconoce que Ecuador ha dado este año 750.000 € al podemita Mayoral

Una diputada de Correa reconoce que Ecuador ha dado este año 750.000







M.A. Ruiz Coll
31/03/2016
El Gobierno de Correa contrata desde 2012 a la empresa del diputado de Podemos para dar asistencia jurídica a los residentes ecuatorianos que pueden perder su vivienda en España.

Los desahucios se han convertido en un negocio muy lucrativo para algunos dirigentes de Podemos. Y no sólo como plataforma política para llegar a la Alcaldía de Barcelona, como ha ocurrido en el caso de Ada Colau.

La cooperativa del diputado de Podemos Rafa Mayoral, Kinema, ha cobrado este año 759.936 euros del Gobierno de Ecuador por asesorar a los inmigrantes ecuatorianos residentes en España que tenían problemas para pagar la hipoteca.
Al menos así lo han explicado los asambleístas de Alianza País –el partido del presidente Rafael Correa– Esteban Melo y Dora Aguirre, durante sendas reuniones celebradas con inmigrantes en el Consulado de Ecuador en Madrid.
Tras Venezuela e Irán
Todo ello confirma que el Gobierno bolivariano de Correa ha sido el tercer gran financiador de los líderes de Podemos, tras la dictadura teocrática de Irak y el régimen chavista de Venezuela.
La embajadora de Ecuador, Aminta Buenaño, anunció en febrero de 2012 la puesta en marcha de un servicio de asesoramiento a los ecuatorianos residentes en España que podían verse amenazados por una ejecución hipotecaria como consecuencia de la crisis económica.
Buenaño especificó que este servicio sería prestado por el bufete de abogados de la cooperativa Kinema, con sede en Rivas Vaciamadrid –el feudo político de la familia de Tania Sánchez–, una de cuyas cabezas visibles era el hoy diputado de Podemos Rafa Mayoral.
Como coordinador del servicio jurídico, el propio Mayoral cifró entre 8.000 y 15.000 el número de residentes ecuatorianos que podían verse afectados por los embargos en España. Y especificó que el asesoramiento se prestaría en los consulados de Madrid, Barcelona, Valencia y Murcia, donde la colonia ecuatoriana es más nutrida.

Las facturas que paga Correa
¿Cuánto ha cobrado la cooperativa de Rafa Mayoral por prestar estos servicios? En una reunión de “rendición de cuentas” celebrada con residentes ecuatorianos en el Consulado de Madrid en enero de 2015, el asambleísta de Alianza País Esteban Melo explicó que su Gobierno había destinado dos millones de dólares, algo menos de dos millones de euros, a sostener este servicio de asesoramiento puesto en marcha en 2012.
El pasado mes de febrero se celebró en el Consulado una nueva reunión de “rendición de cuentas”, a la que asistió esta vez la asambleísta –el equivalente a diputado– Dora Aguirre, también elegida por las listas de Alianza País, el partido del presidente Rafael Correa.
Tal como acredita la grabación que ofrece hoy OKDIARIO, interpelada por uno de los inmigrantes asistentes, Aguirre explicó que el Gobierno de Correa destina este año otros 759.936 euros a financiar el asesoramiento a los desahuciados prestado por la cooperativa Kinema.
Kinema también cobra de Podemos
En su declaración de bienes colgada en la web de Podemos, Mayoral sostiene que en 2013 tuvo unos ingresos de tan sólo 14.551 euros, correspondientes a “salarios, honorarios y retribuciones”. En su cuenta corriente tenía depositados, eso sí, 8.552 euros.
El asesoramiento pagado por el Gobierno de Ecuador no ha sido la única fuente de ingresos de la cooperativa Kinema. Como ha informado OKDIARIO, la cooperativa de Rafa Mayoral también ha cobrado por prestar supuestos servicios de asesoramiento “legal, contable, fiscal y financiero” a su partido, Podemos.
Así lo acredita la factura reproducida en esta página, por importe de 1.326 euros pagados por Podemos con motivo de la campaña de las elecciones generales de 2015. Según el documento, los servicios fueron prestados por otro de los miembros de la cooperativa, Jorge Rochet, antiguo compañero de la ex novia de Pablo Iglesias Tania Sánchez en la agrupación de Izquierda Unida en Madrid.

Según su página web, la cooperativa Kinema se define como “un proyecto autogestionado por un equipo de profesionales del derecho, la economía, las ciencias políticas, la psicología y las nuevas tecnologías”. Hoy cuenta con una sede abierta en el Paseo de las Delicias de Madrid.
Pero Rafa Mayoral no es el único dirigente de Podemos que ha cobrado por asesorar al Gobierno de Correa, uno de los socios internacionales más leales al régimen chavista venezolano.
El ‘viceministro’ para Asia y Oceanía
El número 2 de Podemos, Íñigo Errejón, y Juan Carlos Monedero han asesorado al Gobierno de Ecuador a través del Centro de Estudios Estratégicos Latinoamericano de Geopolítica (CELAG).
Se trata de un instituto utilizado para recaudar fondos entre los gobiernos de la órbita bolivariana, como ha hecho con aún más intensidad la Fundación CEPS –de cuyo patronato formaban parte Iglesias, Monedero, Errejón y Carolina Bescansa, entre otros dirigentes de Podemos–, que cobró más de 3,7 millones de euros del Gobierno de Venezuela.
Y el también diputado de Podemos Txema Guijarro García ha cobrado del Gobierno de Correa por partida doble, primero como asesor y luego desde el estrambótico cargo de subsecretario del Ministerio de Exteriores de Ecuador para las regiones de África, Asia y Oceanía.


Una diputada de Correa reconoce que Ecuador ha dado este año 750.000
 
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Una cooperativa propiedad privada. Debe ser nueva este tipo de empresas.
 

moboncio

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La noticia y el titular no hay por donde cogerlos, como siempre.....
 

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....Jejj y Vestrynge ahora mismo en la Sexta diciendo que los diputados de PODEMOS van con camisas de Alcampo y eso de ser tan humildes no lo soportan los de siempre.


VESTE A LA MIERDA VESTRYNGE, FALSO.....(yo digo veste porque me sale del veste)
 

Ernesto o lo otro

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....Jejj y Vestrynge ahora mismo en la Sexta diciendo que los diputados de PODEMOS van con camisas de Alcampo y eso de ser tan humildes no lo soportan los de siempre.


VESTE A LA MIERDA VESTRYNGE, FALSO.....(yo digo veste porque me sale del veste)
ostias, le ha pirateado el discurso a Guerra cuando se empezaba a defender de cosillas feas del PSOE ... "la deresha no zoporta ve a lo defenzore de lo probe en el podé"
 

Brigit

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Si la empresa de este tipo se encarga de dar asesoramiento a futuros desahuciados, no sé que interés puede tener él en que no haya desahucios cuando ahí está la base de su clientela.
Claro que a lo mejor no da asistencia ninguna y es una tapadera más para inyectar dinero a Podemos.

---------- Post added 08-abr-2016 at 16:28 ----------

....Jejj y Vestrynge ahora mismo en la Sexta diciendo que los diputados de PODEMOS van con camisas de Alcampo y eso de ser tan humildes no lo soportan los de siempre.


VESTE A LA MIERDA VESTRYNGE, FALSO.....(yo digo veste porque me sale del veste)
Como si no tuvieran estudiado también el vestuario...
 

El Ariki Mau

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Los indígenas no aprenden. Mayoral les vende psicodelia a precio caviar, que aca en españa los cretinos compran a precio de papeleta en la urna.
 

italica

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Esto sale en la sexta cuando va a hablar el bolivariano pro etarra golpista?????
 

Top5

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Sistema bueno para España

España ------------------> dinero ------------------> extranjero

Sistema malo para España

extranjero ------------------> dinero ------------------> España


Sea patriota, mande el dinero fuera de España
 

casasola

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La misma diptada de Corrrea reconoce que no tiene comparación con esto:

"El PP es una trama de corrupción que se presenta a las elecciones"

Brutal Corrupción del Partido Popular a lo largo de todo el estado español, en todas sus comunidades y con todos sus gobiernos:

Gobierno de José María Aznar López (1996-2004)[/B]

Durante el gobierno de José María Aznar (VI y VII Legislatura de España) trascendieron los siguientes:

Caso Zamora: iniciado en 1997 para investigar la presunta financiación ilegal del Partido Popular en Zamora a través del cobro de un "impuesto" de dos millones de pesetas y el 8% de comisión por cada obra pública entre 1987 y 1991. Fueron imputadas 33 personas, en su mayoría políticos del PP y constructores, aunque el caso feu archivado en 2002.41

•Caso Pallerols: en 1997 salió a la luz pública esta presunta operación de financiación irregular de Unió Democràtica a través del desvío de las subvenciones recibidas por las empresas controladas por el empresario Fidel Pallerols y su esposa para realizar cursos de formación laboral. Sobreseído provisionalmente en diciembre de 2005, fue reabierto por la Sección Décima de la Audiencia Provincial de Barcelona en noviembre de 2006.42

•Caso del Lino: en 1999 la Junta de Castilla-La Mancha denunció un presunto caso de ayudas irregulares al cultivo lino y desvío de fondos en favor de altos cargos del gobierno popular, entre ellos la ministra de Agricultura Loyola de Palacio. En julio de ese mismo año, la Comisión de Investigación constituida a solicitud del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, no halló ninguna irregularidad. No obstante, el Fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo redactó un informe denunciando la existencia de un “fraude generalizado”. Tras una instrucción de 6 años a cargo de Baltasar Garzón, el 23 de abril de 2007 la sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional absolvió por completo a los 18 imputados, no hallando ninguna prueba de fraude o falsedad, y confirmando las conclusiones de la Comisión de Investigación. Finalmente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea halló en 2009 deficiencias en el sistema de control de las ayudas al lino, y condenó a España a devolver 129 de los 134 millones de euros cobrados.43

•Caso Villalonga: presunto tráfico de influencias del presidente de la CNMV, Juan Villalonga, que se enriqueció mediante información privilegiada en la compra de opciones sobre acciones de Telefónica.45

•Caso Tabacalera:
presunto enriquecimiento ilícito a través de la compraventa de acciones con información privilegiada por parte de César Alierta, entonces presidente de Tabacalera, su mujer y un sobrino, en concreto entre 1997 y 1998. En 2010 fue absuelto al considerarse prescrito el delito.46

•Caso Gescartera:
un agujero patrimonial de 50 millones de euros en esta sociedad de inversión.48

Gobierno de Mariano Rajoy Brey (2011-...)

Durante el gobierno de Mariano Rajoy (X Legislatura de España) han trascendido los siguientes:

•Caso Emarsa: presuntas irregularidades cometidas por los directivos vinculados al Partido Popular de la empresa Emarsa que se dedicaba a depurar las aguas residuales del área metropolitana de Valencia y cuya principal misión era la gestión de la planta depuradora de Pinedo. Los dos principales imputados son el expresidente de la empresa, el popular Enrique Crespo, y Esteban Cuesta, gerente de Emarsa, y exalcalde pedáneo de Benimámet nombrado por la alcaldesa de Valencia Rita Barberá.69

•Operación Pitiusa:
88 detenidos -entre ellos 15 empleados públicos- en una red de robo y tráfico de datos confidenciales de la administración, con centro en Barcelona y actividades extendidas por 11 comunidades autónomas. La información se vendía a empresas privadas, muy singularmente bancos y operadoras de telecomunicaciones, a través de agencias de detectives privados.70

•Caso Dívar:
El presidente del Poder Judicial, Carlos Dívar, costeó con dinero público 30 viajes a la Costa del Sol, con estancias en hoteles de cuatro estrellas. Tras ser exonerado por sus pares, y después de dos semanas de fuerte presión parlamentaria y mediática, Dívar presentó su dimisión, siendo el primer presidente del Poder Judicial que deja el cargo.71

•Caso de la cooperación: presunto desvío de más de 6 millones de euros en subvenciones de la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía de la Generalitat Valenciana a través de seis organizaciones no gubernamentales, entre 2008 y 2010, en la época de la dirección del popular Rafael Blasco, principal implicado. Los fondos, teóricamente destinados a ayuda humanitaria, acabaron gastados en viviendas de lujo en Miami.72

•Caso Nóos: caso que emerge en noviembre de 2011 cuando Iñaki Urdangarin, duque consorte de Palma de Mallorca, fue acusado de desviar fondos públicos para su propio beneficio mediante el Instituto Nóos, cuyo gestor era su socio Diego Torres. En abril de 2013, la Infanta Cristina es imputada por el Juez por presunta apropiación indebida de fondos públicos.74 La Fiscalía Anticorrupción dice que recurrirá dicha imputación al no existir pruebas sólidas.75

•Caso Bárcenas: El 18 de enero de 2013, El Mundo76 publicó que Bárcenas «distribuía cada mes sobres con cantidades entre 5.000 y 15.000 euros a secretarios ejecutivos, cargos públicos y otros miembros del aparato», con dinero B procedente «de constructoras, empresas de seguridad y donaciones». La práctica se habría extendido durante 20 años. El diario exculpa a Rajoy y Cospedal que no habrían cobrado esas comisiones ilegales. según el diario Rajoy puso fin a la práctica en 2009.7778 Publicaciones posteriores muestran datos que sugieren que el presidente Rajoy, y otros miembros de la actual cúpula del PP y ministros, como Cospedal cobraron dichos sobresueldos y que estos eran pagados por empresarios.79 Un informe de la Policía Nacional indica que los presidentes de varias empresas constructoras donaron 3,5millones de euros al PP, en cantidades superiores por las permitidas por la ley, que fueron ingresados por Bárcenas como si se tratase de donaciones anónimas. Las empresas de estos constructores recibieron contratos por valor de 12.281 millones desde gobiernos del PP.80

Corrupción en España - Wikipedia, la enciclopedia libre

CORRUPCIÓN del PP EN ANDALUCÍA

Un juzgado de Jaén investiga unos millonarios sobrecostes en obras del gobierno del PP

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El suegro de Arena también trincó de los ERES Falsos entre otros del PP

Pero también se descubrió a personas ligadas al Partido Popular entre los presuntos casos irregulares. Ramón Polo, exconcejal de La Carolina figuraba como prejubilado en el ERE de la empresa Gres de Vilches, donde sólo había trabajado 170 días. Entonces, el portavoz del PSOE en el Parlamento de Andalucía, Mario Jiménez pidió explicaciones de cómo un empleado de esa empresa pudo prejubilarse con tan pocos días de servicio. Al más puro estilo popular, el presidente del PP de la provincia de Jaén, José Enrique Fernández de Moya, respondió a Jiménez afirmando que la inclusión de Ramón Polo en el ERE de Gres de Vilches era "una treta del PSOE". A Polo, sin embargo, no se le exigió, al menos públicamente, ninguna responsabilidad o la devolución del dinero obtenido, al tiempo que se trató de hacer creer a la opinión pública que no tenía vinculación alguna con el partido.

No es el único caso en el que personas del entorno del PP se han beneficiado del fraude de los ERE. Cristina Ruiz, candidata incluida en la lista del PP a la alcaldía de Córdoba consiguió que su padre fuera asegurado en un ERE para una empresa en la que nunca trabajó, y, como gerente de PROMI, una empresa especializada en la atención a minusválidos, participó en un ERE en el que se colaron 18 intrusos.

También el suegro del vicesecretario del PP y exministro de Tabajo Javier Arenas cobró de forma presuntamente irregular 120.000 euros del dinero objeto del escándalo. Un auto dictado por la jueza Mercedes Alaya incluye dos facturas por el bufete de Manuel Olivencia, suegro de Javier Arenas, como parte de las "cantidades de dinero que de manera presuntamente ilícita han salido del erario público".

Y en la causa también está siendo investigada la empresa Construcciones Juan de Robles, propiedad de la familia de Fátima Báñez, ministra de Empleo del Gobierno del PP.

Aguirre se suma a la manipulacin del caso de los ERE y multiplica por 20 el fraude denunciado por la propia Junta de Andaluca

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El portavoz del Grupo Municipal Andalucista del Ayuntamiento de Tomares, Alberto Mercado, ha interpuesto este miércoles ante la Fiscalía su sexta denuncia contra el gobierno municipal en referencia a las facturas emitidas por el actual concejal de Medio Ambiente, Juan Campos, por informes «que nunca se emitieron».

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Paradójicas palabras de Sáez de Santamaría en el mitin del PP supuestamente financiado por empresarios y que ahora estudia investigar la Fiscalía

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La Audiencia de Granada rebaja a seis meses la condena a la exedil Cristina Almagro
Por falsificar certificados para convertirse en presidenta de la Asociación de Vecinos del Albaicín

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El fiscal pide que se mantenga la condena al alcalde de Alhaurín
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Piden cárcel para el alcalde por dar licencias de obra en zona protegida
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Detienen a Orta y Casto Pino por fraude fiscal y blanqueo de capital
El Juzgado de Instrucción número 3, encargado de la investigación, ordena también la detención de la mujer del ex concejal de Urbanismo y de un socio del ex alcalde • Decretado el secreto de sumario

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El regidor popular deberá pagar una multa de 200.000 euros y estará un año suspendido


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El alcalde de Canillas de Albaida, quinto regidor de la Axarquía condenado por delito urbanístico

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Condenan Enrique Bolín a ocho años de inhabilitación, así como al pago de una multa de doce meses con una cuota

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El alcalde de Castillo de Locubín, imputado por un delito urbanístico

NOTICIAS PROVINCIALES
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Condenado el ex alcalde de Isla Mayor por un pago irregular tras las elecciones de 2003

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El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Cazalla de la Sierra (Sevilla) ha suspendido por segunda vez la declaración del ex alcalde de Almadén de la Plata José Luis Vidal (PP), imputado por presunta falsedad documental y malversación de fondos

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EN CÁDIZ:

Rota: Antonio Peña, concejal de urbanismo, del PP, está imputado por prevaricación.

EN GRANADA:

Ogíjares: José Luis del Ojo, el diputado nacional y ya ex concejal de Urbanismo en el municipio granadino de Ogíjares, entregó el pasado martes (17 octubre) su acta de edil. Renunció a su cargo en ese ayuntamiento ante las presuntas irregularidades en la adjudicación de obras en el municipio de las que se le acusa. IU pide su cabeza en el Congreso de los Diputados y el PSOE llevó estas supuestas irregularidades a la fiscalía.

Almuñécar: Juan Luis González Montoro (ex alcalde de Almuñécar, actual concejal en ese ayuntamiento y diputado nacional) está imputado en un proceso judicial por supuestos pagos irregulares en su etapa de alcalde para intentar beneficiar a su partido (PP) en la campaña electoral. Fernando Callejón (concejal de Almuñécar) está imputado por un supuesto delito de malversación de caudales públicos, apropiación indebida y falsedad documental en relación a una presunta factura falsa por importe de 12.000 euros. El PSOE ha exigido al PP de Granada que los cese a ambos de sus cargos.

Alhendín:
El concejal de urbanismo ha dimitido tras quedar en libertad condicional por cinco delitos. El PP de esa localidad mantiene abierta una investigación sobre la tramitación del polígono industrial de Marchalhendín, supuestamente fraudulenta, según el PSOE.

EN JAÉN:

Alhendín: El PSOE tiene previsto denunciar las presuntas irregularidades urbanísticas del Gobierno local del municipio, del PP, como la urbanización ilegal de un polígono industrial o el intento de convertir unos terrenos públicos donde se emplaza el colegio de la localidad en suelo libre.

EN MÁLAGA:


Alhaurín El Grande: A pocos kilómetros de Marbella y de Estepona, en Alhaurín El Grande, tuvo lugar la 'Operación Troya', por la que en enero de 2007 fueron detenidos el alcalde Juan Martín Serón y otras personas, principalmente empresarios, por supuestos delitos relacionados con asuntos urbanísticos.

Estepona: Un total de 25 personas, incluido el alcalde de Estepona, Antonio Barrientos (PSOE), fueron detenidas en junio de 2008 en el marco de una operación policial contra la corrupción policial en esta localidad.

EN SEVILLA:

Espartinas: el PA denunció al Gobierno local por un presunto delito de prevaricación, delito urbanístico y delito societario. Según la denuncia, el alcalde, Domingo Salado, y el concejal de Urbanismo, Javier Jiménez, habrían actuado de intermediarios al servicio de una promotora en la recalificación de una finca de la familia Guardiola (muy conocida en Sevilla).

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A lomos de la corrupción

Al PP andaluz el escándalo que acosa al partido le puede costar aún más caro porque hizo bandera contra la corrupción.

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EN ALICANTE:

Alicante:
El juez ha imputado al alcalde popular, Luis Díaz Alperi, y dos concejales por delitos de prevaricación, tráfico de influencias y adjudicaciones irregulares. Además, el PSOE acusa al alcalde de aprobar en 2003 la revisión de un plan parcial en una zona en expansión para "calzar un centro privado en forma de concesión administrativa encubierta, en el único solar municipal reservado para hacer un colegio público".

Orihuela: El fiscal anticorrupción está investigando al alcalde de Orihuela, el popular José Manuel Medina, los concejales Mónica Lorente, José Antonio Rodríguez Barberá, Antonio Franco, y Eva Ortiz, más la ex edil Encarna Galiano, ahora asesora. El alcalde de Orihuela no ha dimitido, pero ha renunciado a ir en las listas de 2007 tras reconocer ante un juez favores (préstamo de un coche de lujo y de un chalé) que le hizo un promotor beneficiado con adjudicaciones municipales.

Torrevieja. El alcalde Pedro Hernández, del PP, estuvo imputado por la venta millonaria de un solar de su propiedad. Pero se archivaron provisionalmente las actuaciones judiciales contra el alcalde, y otros dos concejales del consistorio municipal, Pascual Ortiz y José Antonio Sánchez, acusados de prevaricación. A todos ellos se les imputaba el delito continuado de corrupción por solicitar créditos con los que pagar obras y servicios que no tenían presupuestados.

EN ÁVILA:


Navas del Marqués: El ayuntamiento de las Navas del Marqués dio permiso para talar un pinar para construir un complejo de golf y chalés. Se trata de una zona crítica para la cigüeña negra.

Navahondilla: pueblo con problemas de agua, quieren construir otro campo de golf y 1.150 chalés.

EN BALEARES:


Andratx: El alcalde del municipio, el popular Eugenio Hidalgo y un funcionario celador de obras, así como otras cuatro personas, fueron detenidas el pasado día 27 de noviembre por un delito de corrupción urbanística. La Fiscalía Anticorrupción atribuye a los dos primeros la creación de un "entramado societario" para "disfrazar" la procedencia de dinero obtenido con negocios inmobiliarios, supuestamente avalados con presuntas certificaciones falsas.

Santa Margalida:
El alcalde de Santa Margalida (Mallorca), Antoni del Olmo, del PP, se vio obligado a renunciar a su cargo al tener abierta la Fiscalía de Baleares una investigación sobre una presunta trama de corrupción urbanística en el Ayuntamiento.

EN BURGOS:

Arlanzón: Construirán una gran urbanización de 640 chalés, un hotel, campo de golf y campo de tiro en 220 hectáreas de suelo público, de las cuales 76 están protegidas como monte público y como Lugar de Interés de la UE. Unos seis informes técnicos se opusieron a la construcción, pero ni la Diputación de Burgos, del PP, ni la Consejería de Medio Ambiente lo han detenido. La primera, de hecho, ya lo asignó a cinco constructoras. Las zonas del campo de golf son un robledal protegido "clasificado como suelo rústico de protección natural" según un informe. La Sociedad Parque Arlanzón está formada por, entre otros, el constructor José Méndez Pozo, condenado en 1995 por un escándalo urbanístico con otro gobierno del PP.

EN CANARIAS:

Telde: En el municipio grancanario de Telde, la concejal Antonia Torres, del PP, está acusada de cobro de comisiones.

Caso Parques Eólicos: Celso Perdomo, ex director de Industria de Canarias (PP), está imputado en el caso Parques Eólicos.

La Oliva: El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha presentado una denuncia contra el ex alcalde de La Oliva y el presidente del PP de Fuerteventura, Domingo González, por delitos de ordenación del territorio y desobediencia continuada.
Mogán: En enero de 2007 fue detenido y puesto en libertad bajo fianza el alcalde de Mogán, José Francisco González (PP), por su relación en un caso de corrupción urbanística.

EN MADRID:

Madrid: Diecisiete detenidos en la "Operación Guateque", que desmanteló una red de funcionarios municipales que cobraban comisiones ilegales a cambio de agilizar la concesiones de licencias o retrasar expedientes sancionadores en locales. Seis de las personas implicadas en esta supuesta red de cobro de comisiones ilegales, entre ellos Victoriano Ceballos, jefe de División de Impacto y Análisis Ambiental de la Concejalía de Medio Ambiente, permanecen en prisión por delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y falsedad. Un total de 35 personas son investigadas por el juez, entre las que figuran los 17 funcionarios detenidos, otros empleados municipales y varios empresarios.

Brunete: El director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, Enrique Porto, dimitió después de que el PSOE le acusara de tener intereses personales en el desarrollo del Plan General de Urbanismo de Brunete (Madrid).

Navalcarnero: El edil de Urbanismo de la localidad, Miguel Ángel Fernández Colomo tiene terrenos e intereses en 10 de los 22 sectores en los que está dividido el municipio, gobernado por el PP, y acumula posesiones de 31.987 metros. Su familia tiene un total de 286.994 metros cuadrados, y a través de sociedades, el padre acumula hasta 175 propiedades en la localidad, según El Mundo.

Quijorna:
La recalificación de todo un corredor de cinco kilómetros de largo entre el pueblo y la M-501 con suelo para edificar al menos 10.000 viviendas, ha puesto a la alcaldesa, Mercedes García, y a su equipo en solfa.

Torrelodones: El Alcalde Carlos Galbeño, del PP, está siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción tras una recalificación de terreno y una expropiación para construir un aparcamiento, así como por cobros ilegales a empresarios. Dos concejales del PP en ese municipio, Jesús María Pacios y Reyes Tintó han denunciado la actuación de Galbeño y por ello fueron destituidos. Tanto Galbeño como el presidente del PP de Torrelodones, y diputado nacional, Mario Mingo, se querellarán contra los ex concejales de su propio partido, según informa El Mundo.

Tres Cantos: Unas grabaciones de el ex concejal del PP, Antonio Reino Cortés - aparecidas en el diario El País - desvelaban la supuesta existencia de comisiones millonarias ante la aprobación por el municipio del Plan Urbanístico de la localidad en 2004.

Villanueva de la Cañada: El alcalde, Luis Partida (PP), ordenó en 1997 la compra de una finca de los constructires Francisco Bravo y Francisco Bravos Vázquez, que apoyaron al 'tránsfuga' Eduardo Tamayo cuando en 2003 impidió la formación de un gobierno del PSOE en Madrid junto a María Teresa Sáez. Los constructores compraron la parcela en 268.674 euros, y meses después, el ayuntamiento en 963.349 euros. Los Bravo recibieron a cambio suelo municipal tasado en 965.899 euros, que vendieron en tres meses por 2,5 millones, según El País.

EN MURCIA:

Una recalificación presuntamente ilegal en Águilas podría hacer ganar a un promotor 75 millones de euros

Águilas: El fiscal jefe de Murcia, Manuel López Bernal, investiga al Gobierno murciano (PP) por la recalificación de una finca en Águilas situada en una zona protegida y en la que está previsto construir unas 4.100 viviendas y un campo de golf. El propietario del grupo Hispania, Trinitario Casanova Abadía, podría haber ganado 75 millones de euros con el cambio de uso. La recalificación fue aprobada por la Consejería de Medio Ambiente y la de Obras Públicas, cuyo titular es amigo del promotor, según informa El País.

Torre Pacheco: El alcalde de Torre Pacheco, Daniel García Madrid, detenido por presunta corrupción urbanística y el juez ha decretado su ingreso en prisión comunicada y sin fianza. El pasado 31 de marzo fue detenido por el mismo caso el arquitecto técnico de Torre Pacheco, Ramón Cabrera, que está ahora en prisión.

Cartagena: El fiscal ha abierto diligencias informativas por la edificación de 5.300 plazas viviendas y 3.000 plazas hoteleras. Los ecologistas han reclamado por vía administrativa y denuncian a la alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, y al el ex consejero de Medio Ambiente, Francisco Marqués, por permitir que se dañe el Espacio Natural Protegido del Saladar de Lo Poyo. El gobierno murciano, del PP, ha anunciado que frenará esta gran recalificación. Además, en Cartagena, la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) ha presentado un contencioso administrativo por la construcción de 10.000 viviendas y un campo de golf en Espacio Protegido.

Mazarrón: La Justcia investiga el pago de 33.000 euros por parte del alcalde, Francisco Blaya (PP), al concejal Domingo Valera (Partido Independiente por Mazarrón -PIXM), cuyos tres concejales permitieron la recalificación de más de 41 millones de metros cuadros de suelo rústico, que será urbanizable, y donde se planean construir 43.000 viviendas. Las tres principales empresas beneficiadas: Polaris World, Euromarina, e Iniciativas Urbanísticas de Mazarrón.

Totana: La Guardia Civil detuvo a seis personas relacionadas con una presunta trama de corrupción urbanística. Dos de ellos fueron detenidos en Murcia, uno en Totana, dos en Pontevedra y otro en Madrid. Hay otras dos personas imputadas en Murcia, que no fueron detenidas. La operación está relacionada con la recalificación de 2, 2 millones de metros cuadrados (m2) de terreno rústico donde el grupo vigués Nuaria tenía previsto hacer 5.000 casas, un campo de golf y dos hoteles con spa. Además, la Guardia Civil detuvo al alcalde de la localidad, José Martínez Andreo (PP), al jefe de la Policía local, a la secretaria del Ayuntamiento y a un empresario hostelero de la localidad, dueño del hotel Olimpia y promotor, por posibles delitos urbanísticos.
San Javier: El gobierno autonómico es responsable de la construcción de un puerto deportivo de 1.000 amarres que supone un importe de 6.000 millones de pesetas. Están en marcha dos contenciosos administrativo presentados por el Ministerio de Medio Ambiente, ANSE y Greenpeace contra el Gobierno Regional, por actuar en Dominio Público Terrestre. El juez ha paralizado de forma cautelar el proyecto mientras dura el proceso. Además, también en este municipio, el PSRM-PSOE ha presentado una querella contra el alcalde de la localidad, José Hernández, por las presuntas relaciones mercantiles del primer edil con las principales promotores que construyen en el municipio.

PONTEVEDRA:

Tui. La Xunta suspendió el Plan general de Urbanismo del municipio en diciembre de 2005. Este mes se inició el juicio por prevaricación en el juzgado de lo penal número 2 de Pontevedra contra el alcalde, Feliciano Fernández Rocha. La actuación está relacionada con un desmesurado incremento de la edificabilidad y las alturas en el municipio, la falta de respeto por los bienes patrimoniales, la recalificación de suelo rústico y la concesión de licencias irregulares.

Gondomar.
La Fiscalía ha presentado una querella por prevaricación contra el alcalde, Carlos Silva Mariño (PP), que concedió al menos 300 licencias y permisos de obra irregulares.

Nigrán. El Plan General de Urbanismo incorporaba numerosas recalificaciones de suelo rústico, sobre todo en áreas cercanas a la costa y en concreto en el Monte de Monteferro, zona de protección ambiental que se encuentra sobre el mar.

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha presentado una denuncia penal contra el alcalde, Alfredo Rodríguez, y cinco ediles más por un supuesto delito de tráfico de influencias, pese a que el alcalde retiró el Plan General ante las airadas protestas de los vecinos , que irrumpieron en el plen0. Podrían estar implicados altos cargos del PP y empresarios como el presidente del Celta de Vigo, Carlos Mouriño. Ha dimitido Aurora Carbajal, concejala en el Ayuntamiento.

EN LA RIOJA:

Lardero:
El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja ha obligado a demoler parcialmente un bloque de 43 viviendas de cuya constructora el alcalde del municipio es accionista. El PSOE asegura que el actual Plan General Municipal recalifica el doble del actual suelo considerado urbano.

Santurde: El también popular alcalde de Santurde está siendo juzgado por una recalificación a su favor de 7 millones de euros.

EN SALAMANCA:

Salamanca: El PSOE acusa al Ayuntamiento de haber recalificado unos terrenos protegidos en favor de la familia del consejero de Presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

EN TOLEDO

Seseña: Investigan la recalificación de los terrenos sobre los que que contruye Francisco Hernando (Paco 'el Pocero'). El alcalde del municipio toledano, de IU, denunció presiones del PP y el PSOE para aprobar el proyecto. Tras iniciar diligencias informativas contra las más de 13.000 viviendas de Hernando, el alcalde, Manuel Fuentes, fue denunciado y llamado a declarar por calumnias por 'el Pocero'. El promotor tenía empleados a varios concejales del PSOE, que dieron el visto bueno, cuando formaban parte de la anterior corporación, a las obras de 'el Pocero'. Por ahora, el Ayuntamiento tiene paralizado este proyecto de 1,6 millones de metros. Y también un segundo megaproyecto de 'Paco el Pocero': un polígono industrial de 1,2 millones de metros. El PP suspendió de militancia a sus ediles en esta localidad por su relación con el constructor.

EN VALENCIA:

Cullera: El Ayuntamiento ha aprobado la última modificación necesaria para que el Consell autorice el polémico megaproyecto de 610.000 metros cuadrados para más de 20.000 personas, que duplicará la cantidad de población de la localidad. El conocido como 'Manhattan de Cullera' cuenta con dos informes desfavorables de la Demarcación de Carreteras del Estado, dependiente del Ministerio de Fomento, y de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Incluirá la construcción de 33 torres de 25 alturas, dos de 40, varios edificios menores, y un puerto deportivo. Ha sido impulsado por Instituto Valenciano de la Vivienda. Un informe señala que no hay abastecimiento suficiente de agua en la zona. La delegación del Gobierno en Valencia ha llevado el proyecto a los Tribunales.


Riba-roja:
Operación ligada a la de Mestalla. Juan Soler, presidente y accionista mayoritario del Valencia CF, compró por 36 millones de euros unas parcelas que en 2005 vendió en 168 millones. Un directivo del club ligado a la empresa compradora fue el mediador en la operación. Allí, el club hará su ciudad deportiva y se elaboró un Programa de Actuación Integrada (PAI) que contempla la construcción de 2.700 viviendas en 1,6 millones de metros cuadrados de suelo agrícola. Este PAI se forjó con un acuerdo entre Soler, el anterior consejero de Territorio, Rafael Blasco (PP), y el alcalde de Riba-roja, Francisco Tarazona (PP). Familiares del alcalde han comprado muchos metros cuadrados de las polémicas parcelas, y el PSOE se ha querellado contra ellos por delitos varios.

Valencia: La oposición en el Ayuntamiento (gobernado por el PP) y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia denunciaron como ilegal ante la Justicia el plan del Valencia CF y su presidente, Juan Soler -apoyado por la alcaldesa, Ritá Barberá y los ediles populares -, para derrumbar el estadio de Mestalla, recalificar su solar, y construir allí 750 viviendasy un gran área comercial, así como la privatización de una parcela pública para construir el nuevo campo del club. La operación le haría ganar al club unos 100 millones de euros. -Entre 1996 y 2001, la administración popular del Ayuntamientos recalificcó y cedió siete parcelas escolares (29.532 metros cuadrados). Esto recortó un 12% el total de 269.909 metros cuadrados de reserva escolar. -Congelada desde 1997 la parcela de 12.500 metros cuadrados reservados para la contrucción de una escuela pública en la Avenida de francia. -Cesión de 3.233 metros cuadrado de suelo escolar recalificado a la Iglesia de los Mártires. -Recalificación de 6.766 metros cuadrados de suelo escolar público en favor de la academia privada Marni.

EN VALLADOLID:

Arroyo de la Encomienda. La Audiencia de Valladolid investiga la recalificación de 33,5 hectáreas industriales , en el denominado SAU-9, para permitir la construcción de 2.984 viviendas. El cambio fue solicitado por la constructora Mahía, propietaria de los terrenos, y se materializó en un convenio urbanístico firmado por el alcalde, José Manuel Méndez (PP), con la representante de Mahía, María Iluminada Miguel. Se da la circunstancia de que María Iluminada estuvo contratada por el alcalde en una empresa privada y es hija del concejal del Ayuntamiento de Valladolid y diputado provincial Dionisio Miguel Recio (PP). Además, Recio fue vocal de la empresa municipal de suelo de Arroyo (Emuva). Por otro lado, el concejal de Obras de Arroyo de la Encomienda, Francisco Javier Cruz, ha sido sancionado por la Junta de Castilla y León porque dos de sus cinco viviendas eran de protección oficial.

Los casos de 'ladrillazo' en las listas del PP - 20minutos.es
60 Políticos del PP imputados por corrupción que nos gobiernan ...

1 -Francisco Camps (PP), Valencia, IMPUTADO Caso Gürtel
2 -Ricardo Costa (PP), Valencia, IMPUTADO Caso Gürtel.
3 -José Manuel Tortosa (PP) Parlamento Autonómico Cuenca, IMPUTADO prevaricación y falsedad documental.
4 -Jose Manuel Traba (PP), Fisterra Galicia, IMPUTADO Operacion Orquesta.
5 - Jose Manuel Santos (PP) Mazaricos Galicia,IMPUTADO Operacion Orquesta.
6 - Ignacio García de Vinuesa (PP) , Alcobendas Madrid, IMPUTADO malversación, prevaricación y negociaciones prohibidas.
7 - Jose Ignacio Fernández Rubio (PP) (Las Rozas).
8 - Miguel Rodríguez Bonilla (PP), Guadarrama Madrid, IMPUTADO prevaricación y malversación.
9 - Miriam Rabaneda (PP) Pinto Madrid, IMPUTADA prevaricación.
10 - Luis Partida (PP) Villanueva de la Cañada Madrid, IMPUTADO delitos varios.
11 - Raúl López (PP) Coslada Madrid, IMPUTADO delitos varios.
12 - Íñigo Henríquez de Luna (PP) Madrid.
13 - Jose Joaquin Ripoll (PP), Alicante Valencia, IMPUTADO caso Brugal.
14 - Carlos Fabra (PP), Castellón Valencia, IMPUTADO caso Fabra.
15 - José I Fernández (PP), Las Rozas Madrid, IMPUTADO delito contra la ordenación del territorio.
16 - Clara Torre (PP), Torres de la Alameda Madrid, IMPUTADA malversación.
17 - Miriam Rabaneda (PP,) Pinto Madrid, IMPUTADA prevaricación.
18 - Raúl López Coslada (PP), Madrid, IMPUTADO prevaricación.
19 - Luis Partidad (PP), Villanueva de la Cañada, Madrid, IMPUTADO tráfico de influencias.
20 - Ana María Pinos (PP), Belmonte de Tajo, IMPUTADO delito contra la ordenación del territorio.
21 - Ángel García (PP) Guadalix de la Sierra Madrid, IMPUTADO negociaciones prohibidas.
22 - Íñigo Henríquez de Luna (PP), Madrid, IMPUTADO tráfico de influencias
23 - Roberto Vázquez Souto (PP) Portas, Pontevedra, IMPUTADO falsedad documental.
24 - Jesús Dionisio (PP) Madrid, IMPUTADO prevaricación y tráfico de influencias.
25 - Jaume Matas (PP), Baleares, IMPUTADO, Caso Palma Arena.
26 - Cristina Almagro (PP) Granada, IMPUTADA por falsificación de documentos.
27 - José Manuel Santos Maneiro (PP), Galicia, IMPUTADO por corrupción en la adjudicatura de obras públicas.
28 - Tamara Rabaneda (PP) Pinto, Madrid, IMPUTADA prevaricación.
29 - Raúl López Vaquero (PP) Coslada, Madrid, IMPUTADO prevaricación y malversación.
30 - Ramón Polo (PP) Torres de la Alameda, Madrid, IMPUTADO malversación.
31 - Manuel Tello (PP) Torres de la Alameda, Madrid, IMPUTADO malversación.
32 - Pilar Algobia Aparicio (PP) Colmenar de Oreja, Madrid, IMPUTADA delito urbanístico.
33 - Agustín Padrón Benítez (PP) El Hierro, Canarias, IMPUTADO malversación.
34 - José Fernández Amador (PP), Sorbas, Almería, IMPUTADO prevaricación.
35 - Pedro Antonio Sánchez (PP), Murcia, IMPUTADO prevaricación, delitos urbanísticos, malversación.
36 - Daniel García Madrid (PP), Torre Pacheco, Murcia, IMPUTADO prevaricación, ordenación del territorio, malversación.
37 - Maria Antonia Conesa (PP), Fuente Álamo, Murcia, IMPUTADA cohecho.
38 - Pedro Angel Hernández (PP), Parlamento Valenciano, IMPUTADO tráfico de influencias.
39 - Juan Martín Serón (PP), Alhaurín el Grande, Granada, IMPUTADO cohecho y prevaricación.
40 - Cristóbal Bonilla (PP), Alhaurín el Grande, Granada, IMPUTADO delito urbanístico.
41 - José Antonio Robles (PP), Güejar Sierra, Granada, IMPUTADO presunta compra de votos.
42 - María Victoria Molina (PP) Maracena, Granada, IMPUTADA cohecho, caso “Morelábor”.
43 - Reyes Maestre (PP) Pinto, Madrid, IMPUTADO corrupción urbanística.
44 - Gerardo Pérez García (PP) Navas del Marqués, Málaga, IMPUTADO caso “Ciudad del Golf”.
45 - José Antonio Arrojo (PP) Casar del Palomero, IMPUTADO delito electoral y prevaricación.
46 - Salvador Álvarez (PP) Calamonte, IMPUTADO prevaricación.
47 - José Manuel Cendán (PP) Ares, Galicia, IMPUTADO delito electoral: alteración del censo.
48 - Manuel Taboada (PP) O Pino, La Coruña, IMPUTADO delitos urbanísticos.
49 - Jesús Vázquez Almuiña (PP) Bayona, Pontevedra, IMPUTADO prevaricación.
50 - Alfonso Puente (PP) Barreiros, Lugo, IMPUTADO prevaricación.
51 - María del Carmen Castellano (PP) Telde, Gran Canaria, IMPUTADA malversación y cohecho.
52 - Francisco González (PP) Mogán, Gran Canaria, IMPUTADO prevaricación, “caso Góndola”.
53 - Luis Díaz-Alperi (PP) Parlamento Autonómico, Alicante, IMPUTADO prevaricación.
54 - Joaquín Villanova (PP) Alhaurín de la Torre, Málaga, IMPUTADO malversación.
55 - Antonio Torres (PP) Béjar, Málaga, IMPUTADO delito contra la ordenación del territorio.
56 - Ana Mula Redruello (PP) Fuengirlo, Málaga, IMPUTADA falsedad documental.
57 - Javier Trujillo Bernal (PP) Cabildo Gomera, IMPUTADO prevaricación.
58 - Jorge Bellver (PP) Parlamento Valenciano, IMPUTADO prevaricación.
59 - Esteban Bethencourt (PP) Valle Gran Rey, Gomera, IMPUTADO malversación.
60 - César Manrique (PP) Ciudad Real, IMPUTADO cohecho y falsedad documental.

POLITICA Y MAMONEO: [CPC] 60 Políticos del PP imputados por corrupción que nos gobiernan
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