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Un administrativo reclama 50.000 euros a Vox por tenerle sin contrato ni salario
El antiguo letrado del grupo parlamentario andaluz toma las riendas de un caso que pone en aprietos a su antiguo partido al asegurar que su cliente prestó servicio en la sede sevillana de Vox desde septiembre de 2018 hasta marzo de 2019 y que luego siguió teletrabajando durante el confinamiento: "Hay infinidad de testigos y pruebas"
La formación ultraderechista niega que la sede de Sevilla haya tenido empleados en algún momento: "Solo ha habido afiliados voluntarios que no desarrollan ninguna actividad profesional"
Una papeleta de conciliación por despido se convirtió hace cinco días en el primer episodio de un caso que amenaza con poner a Vox contra las cuerdas por su política laboral interna. La papeleta, trámite previo a la presentación de una demanda judicial, lleva la firma de un administrativo que asegura haber trabajado en Sevilla para el partido de Santiago Abascal desde septiembre de 2018 sin contrato. Y sin cobrar un euro. Le deben –sostiene– 49.611 euros. A preguntas de infoLibre, fuentes de Vox en Sevilla aseguraron lo siguiente: "No hay ni una persona contratada por el partido en Sevilla. Otra cosa es el personal eventual contratado por las instituciones donde Vox tiene presencia. En la sede del partido no ha habido nunca ningún empleado, solo afiliados voluntarios que no desarrollan ninguna actividad profesional".
El representante legal del administrativo sostiene lo contrario: "Se ha cometido un fraude de Ley", asegura el abogado Francisco Javier Martínez. En conversación telefónica con este periódico, no aporta detalles sobre cómo lo demostrará pero sí ofrece pistas: "De que mi cliente trabajó para Vox día tras día hay infinidad de testigos y pruebas". Entre ellas, "correos electrónicos que dejan clara su relación laboral". Martínez fue asesor legal del grupo parlamentario andaluz de la formación hasta marzo. Ahora, el escrito que entregó el día 12 al Centro de Mediación (CMAC) en nombre de su cliente traza un comprometedor relato para Vox. Y ese relato se desarrolla justamente en Andalucía, la comunidad desde la que el partido ultra lanzó un nuevo sindicato, Solidaridad, como ariete contra "las mafias sindicales".
La cara visible de Solidaridad es Rodrigo Alonso, portavoz adjunto de Vox en la Cámara autonómica. Diputado por Almería y miembro del ala más dura de Vox –llegó a arrancar carteles de CGT en la sede del Parlamento–, Rodrigo Alonso vio hace un par de meses cómo dos compañeros de partido y un independiente le acusaban de haberles "robado" la idea del sindicato. Según quienes señalan al diputado, le facilitaron completo resumen de un nuevo proyecto sindical para que le abriese paso ante la dirección nacional, pero Alonso la presentó como propia y se situó en la cúspide del sindicato Solidaridad. Oficialmente, Solidaridad carece de vinculación directa y orgánica con Vox. Pero registró un domicilio social fantasma en un edificio de la selecta zona del Retiro madrileño donde tres meses después de su inscripción como sindicato nadie había oído ni visto allí nada que condujera a un sindicato. Y esa dirección coincide con la de Fundación Disenso, el laboratorio de ideas con que Vox busca afianzarse como referente de la extrema derecha tanto en España como en Latinoamérica.
"El gerente nacional me estrechó la mano"
En los dos folios que acompañan a su papeleta de conciliación, el administrativo Alfonso D.M. escribe lo siguiente: "Jamás he percibido mi salario por mi trabajo ni he sido dado de alta en la Seguridad Social". Según el texto, antesala de la demanda a menos que las dos partes enfrentadas alcancen un acuerdo extrajudicial, lo sucedido se resume así: en septiembre de 2018, Alfonso D.M. comenzó a trabajar en la sede provincial de Vox con un contrato "que se hizo verbalmente y bajo promesa de formalización" en los meses posteriores. Y no fue sino hasta el 5 de febrero de 2019 cuando el gerente nacional, Enrique Cabanas, "personalmente y en mi puesto de trabajo sito en la sede del partido en Sevilla, estrechándome la mano me prometió que en los días siguientes quedaría todo formalizado". Es decir, que se firmaría un contrato laboral y se le daría de alta en la Seguridad Social.
Pero, siempre según su relato, nada de eso ocurrió. El aspirante a empleado oficial de Vox en Sevilla siguió esperando en su puesto y cuenta que se mantuvo en él hasta el 9 de marzo de este año. Y que ese día "se cerró la sede de Vox en Sevilla por motivos de seguridad sanitaria a causa del el bichito 19, coincidiendo con el positivo en dicha esa época en el 2020 de la que yo le hablo del secretario nacional Javier Ortega Smith y la asamblea general en Vistalegre". ¿Cómo se explica que alguien siguiera aguantando casi dos años sin contrato y sin cobrar? "Porque necesitaba el trabajo y seguía esperando que se cumpliera lo que le habían prometido, que formalizarían el contrato", responde su abogado.
Tras el cierre recibió instrucciones, prosigue su texto: "Se me indicó que cuando se abriera nuevamente se me avisaría para la reincorporación personal del puesto de trabajo, quedando mientras en teletrabajo". Pero no hubo regreso: "No he vuelto a tener más noticias del trabajo, han cambiado las cerraduras de la sede, no pudiendo acceder a la misma". El relato concluye que al no haberse formalizado el contrato por escrito y cometerse así un fraude de ley, su contratación "devino indefinida" y se mantiene hasta la fecha.
Un administrativo reclama 50.000 euros a Vox por tenerle sin contrato ni salario
El antiguo letrado del grupo parlamentario andaluz toma las riendas de un caso que pone en aprietos a su antiguo partido al asegurar que su cliente prestó servicio en la sede sevillana de Vox desde septiembre de 2018 hasta marzo de 2019 y que luego siguió teletrabajando durante el confinamiento: "Hay infinidad de testigos y pruebas"
La formación ultraderechista niega que la sede de Sevilla haya tenido empleados en algún momento: "Solo ha habido afiliados voluntarios que no desarrollan ninguna actividad profesional"
Una papeleta de conciliación por despido se convirtió hace cinco días en el primer episodio de un caso que amenaza con poner a Vox contra las cuerdas por su política laboral interna. La papeleta, trámite previo a la presentación de una demanda judicial, lleva la firma de un administrativo que asegura haber trabajado en Sevilla para el partido de Santiago Abascal desde septiembre de 2018 sin contrato. Y sin cobrar un euro. Le deben –sostiene– 49.611 euros. A preguntas de infoLibre, fuentes de Vox en Sevilla aseguraron lo siguiente: "No hay ni una persona contratada por el partido en Sevilla. Otra cosa es el personal eventual contratado por las instituciones donde Vox tiene presencia. En la sede del partido no ha habido nunca ningún empleado, solo afiliados voluntarios que no desarrollan ninguna actividad profesional".
El representante legal del administrativo sostiene lo contrario: "Se ha cometido un fraude de Ley", asegura el abogado Francisco Javier Martínez. En conversación telefónica con este periódico, no aporta detalles sobre cómo lo demostrará pero sí ofrece pistas: "De que mi cliente trabajó para Vox día tras día hay infinidad de testigos y pruebas". Entre ellas, "correos electrónicos que dejan clara su relación laboral". Martínez fue asesor legal del grupo parlamentario andaluz de la formación hasta marzo. Ahora, el escrito que entregó el día 12 al Centro de Mediación (CMAC) en nombre de su cliente traza un comprometedor relato para Vox. Y ese relato se desarrolla justamente en Andalucía, la comunidad desde la que el partido ultra lanzó un nuevo sindicato, Solidaridad, como ariete contra "las mafias sindicales".
La cara visible de Solidaridad es Rodrigo Alonso, portavoz adjunto de Vox en la Cámara autonómica. Diputado por Almería y miembro del ala más dura de Vox –llegó a arrancar carteles de CGT en la sede del Parlamento–, Rodrigo Alonso vio hace un par de meses cómo dos compañeros de partido y un independiente le acusaban de haberles "robado" la idea del sindicato. Según quienes señalan al diputado, le facilitaron completo resumen de un nuevo proyecto sindical para que le abriese paso ante la dirección nacional, pero Alonso la presentó como propia y se situó en la cúspide del sindicato Solidaridad. Oficialmente, Solidaridad carece de vinculación directa y orgánica con Vox. Pero registró un domicilio social fantasma en un edificio de la selecta zona del Retiro madrileño donde tres meses después de su inscripción como sindicato nadie había oído ni visto allí nada que condujera a un sindicato. Y esa dirección coincide con la de Fundación Disenso, el laboratorio de ideas con que Vox busca afianzarse como referente de la extrema derecha tanto en España como en Latinoamérica.
"El gerente nacional me estrechó la mano"
En los dos folios que acompañan a su papeleta de conciliación, el administrativo Alfonso D.M. escribe lo siguiente: "Jamás he percibido mi salario por mi trabajo ni he sido dado de alta en la Seguridad Social". Según el texto, antesala de la demanda a menos que las dos partes enfrentadas alcancen un acuerdo extrajudicial, lo sucedido se resume así: en septiembre de 2018, Alfonso D.M. comenzó a trabajar en la sede provincial de Vox con un contrato "que se hizo verbalmente y bajo promesa de formalización" en los meses posteriores. Y no fue sino hasta el 5 de febrero de 2019 cuando el gerente nacional, Enrique Cabanas, "personalmente y en mi puesto de trabajo sito en la sede del partido en Sevilla, estrechándome la mano me prometió que en los días siguientes quedaría todo formalizado". Es decir, que se firmaría un contrato laboral y se le daría de alta en la Seguridad Social.
Pero, siempre según su relato, nada de eso ocurrió. El aspirante a empleado oficial de Vox en Sevilla siguió esperando en su puesto y cuenta que se mantuvo en él hasta el 9 de marzo de este año. Y que ese día "se cerró la sede de Vox en Sevilla por motivos de seguridad sanitaria a causa del el bichito 19, coincidiendo con el positivo en dicha esa época en el 2020 de la que yo le hablo del secretario nacional Javier Ortega Smith y la asamblea general en Vistalegre". ¿Cómo se explica que alguien siguiera aguantando casi dos años sin contrato y sin cobrar? "Porque necesitaba el trabajo y seguía esperando que se cumpliera lo que le habían prometido, que formalizarían el contrato", responde su abogado.
Tras el cierre recibió instrucciones, prosigue su texto: "Se me indicó que cuando se abriera nuevamente se me avisaría para la reincorporación personal del puesto de trabajo, quedando mientras en teletrabajo". Pero no hubo regreso: "No he vuelto a tener más noticias del trabajo, han cambiado las cerraduras de la sede, no pudiendo acceder a la misma". El relato concluye que al no haberse formalizado el contrato por escrito y cometerse así un fraude de ley, su contratación "devino indefinida" y se mantiene hasta la fecha.
Un administrativo reclama 50.000 euros a Vox por tenerle sin contrato ni salario
