andion
Madmaxista
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Sablazo a los autónomos de Barcelona
El Ayuntamiento de Barcelona ha dejado petrificados a miles de pequeños autónomos de la capital catalana (donde en diciembre había 114.151 dados de alta, según dados de Pimec) al cobrarles de golpe cuatro últimos años de la tasa de recogida de residuos comerciales. Esto significa, en el mejor de los casos, un recibo pendiente de 300 euros a pagar en el plazo de un mes.
La medida afecta a todos aquellos trabajadores por cuenta propia que tengan declarada una parte de su domicilio como oficina y se les aplica la misma tasa que al resto de locales comerciales o empresas de la ciudad. La diferencia, según dicen los afectados, es que "nosotros no generamos los mismos residuos, ni de lejos, que estos negocios y además ya pagamos la tasa de basuras de nuestras casas en los recibos del Impuesto de Bienes Inmuebles".
Una ley estatal que no todos aplican
El Ayuntamiento sostiene que se ha limitado a aplicar una ley estatal aprobada el año 2003 y que se usa en otras ciudades españolas. "Hemos cobrado el tributo cuando hemos podido cotejar los datos con la Agencia Tributaria", afirman fuentes del consistorio que recalcan que "el desconocimiento de la normativa no exime de su cumplimiento por parte de los autónomos".
Sin embargo, son muchos, incluso dentro del Gobierno municipal, que consideran que "si bien la medida es legal, su aplicación demuestra una gran falta de sensibilidad". Primero por cobrarla en plena cuesta de enero y segundo por hacerlo con carácter retroactivo, cobrando desde el 2007 antes de que prescribiese el plazo.
Aún no se conoce el número de autónomos afectados por la medida pero podrían superar los 10.000. Ante la ola de indignación surgida a raíz del cobro, el Ayuntamiento se ha apresurado a enviar una nueva carta que remite a los afectados a llamar al Telèfon del Civisme (900 206 206) donde únicamente aclaran cómo pagar la tasa y ofrecen la posibilidad de hacerlo de forma fraccionada.
"Injusta" e "inmoral"
Diseñadores gráficos, traductores, escritores, informáticos, periodistas... Son algunos de los colectivos que usan sus domicilios como lugar de trabajo y que "ni de lejos generamos la misma cantidad de residuos que un comercio convencional", se queja Carlos Oliveras, de 38 años y autónomo afectado. "Estamos pagando como cada mes tuvieran que tratar 30 kilos de cartón, cuando yo como mucho, uso algún folio porque casi todo mi trabajo lo hago mediante ordenador", protesta mientras recalca que la crisis le ha obligado a darse de baja de autónomo y ahora se encuentra con esta "sorpresa injusta e inmoral" del Ayuntamiento.
La antigua Síndic de Greuges, Pilar Maya, ya exigió en 2004 una "revisión de la aplicación" de esta tasa a algunos colectivos profesionales pero el consistorio lo rechazó en 2006 escudándose en dos sentencias judiciales. Los autónomos afectados por esta nueva oleada de cobros pretenden organizarse y juntarse para tener más fuerza y ya se ha creado un grupo en Facebook de afectados; aunque por ahora sólo les queda pagar y esperar a que los tribunales, de aquí a unos años, quieran darles a razón.
El Ayuntamiento de Barcelona ha dejado petrificados a miles de pequeños autónomos de la capital catalana (donde en diciembre había 114.151 dados de alta, según dados de Pimec) al cobrarles de golpe cuatro últimos años de la tasa de recogida de residuos comerciales. Esto significa, en el mejor de los casos, un recibo pendiente de 300 euros a pagar en el plazo de un mes.
La medida afecta a todos aquellos trabajadores por cuenta propia que tengan declarada una parte de su domicilio como oficina y se les aplica la misma tasa que al resto de locales comerciales o empresas de la ciudad. La diferencia, según dicen los afectados, es que "nosotros no generamos los mismos residuos, ni de lejos, que estos negocios y además ya pagamos la tasa de basuras de nuestras casas en los recibos del Impuesto de Bienes Inmuebles".
Una ley estatal que no todos aplican
El Ayuntamiento sostiene que se ha limitado a aplicar una ley estatal aprobada el año 2003 y que se usa en otras ciudades españolas. "Hemos cobrado el tributo cuando hemos podido cotejar los datos con la Agencia Tributaria", afirman fuentes del consistorio que recalcan que "el desconocimiento de la normativa no exime de su cumplimiento por parte de los autónomos".
Sin embargo, son muchos, incluso dentro del Gobierno municipal, que consideran que "si bien la medida es legal, su aplicación demuestra una gran falta de sensibilidad". Primero por cobrarla en plena cuesta de enero y segundo por hacerlo con carácter retroactivo, cobrando desde el 2007 antes de que prescribiese el plazo.
Aún no se conoce el número de autónomos afectados por la medida pero podrían superar los 10.000. Ante la ola de indignación surgida a raíz del cobro, el Ayuntamiento se ha apresurado a enviar una nueva carta que remite a los afectados a llamar al Telèfon del Civisme (900 206 206) donde únicamente aclaran cómo pagar la tasa y ofrecen la posibilidad de hacerlo de forma fraccionada.
"Injusta" e "inmoral"
Diseñadores gráficos, traductores, escritores, informáticos, periodistas... Son algunos de los colectivos que usan sus domicilios como lugar de trabajo y que "ni de lejos generamos la misma cantidad de residuos que un comercio convencional", se queja Carlos Oliveras, de 38 años y autónomo afectado. "Estamos pagando como cada mes tuvieran que tratar 30 kilos de cartón, cuando yo como mucho, uso algún folio porque casi todo mi trabajo lo hago mediante ordenador", protesta mientras recalca que la crisis le ha obligado a darse de baja de autónomo y ahora se encuentra con esta "sorpresa injusta e inmoral" del Ayuntamiento.
La antigua Síndic de Greuges, Pilar Maya, ya exigió en 2004 una "revisión de la aplicación" de esta tasa a algunos colectivos profesionales pero el consistorio lo rechazó en 2006 escudándose en dos sentencias judiciales. Los autónomos afectados por esta nueva oleada de cobros pretenden organizarse y juntarse para tener más fuerza y ya se ha creado un grupo en Facebook de afectados; aunque por ahora sólo les queda pagar y esperar a que los tribunales, de aquí a unos años, quieran darles a razón.
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