Por un lado la Constitución dice, en su artículo 9 apartado 3.
3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
Por otro lado el decreto, BOE del 3 de Diciembre hace RETROACTIVA la siguiente disposición.
"En el cómputo del límite anual (recordemos, 1670 horas) no se tendrán en cuenta otras actividades laborales de carácter no aeronáutico, tales como imaginarias y períodos de formación, permisos sindicales, licencias y ausencias por incapacidad laboral"
Con lo cuál se borran las bajas y permisos que hayan disfrutado los controladores. Así, se ha vulnerado un principio elemental de la democracia sin que absolutamente nadie haya dicho nada, sin que la fiscalía, los jueces, la prensa ni ningún particular a título de recurso de amparo, haya dicho ni pío.
En mi opinión lo de menos es el tema de los controladores. Lo de más es el precedente de inseguridad jurídica que crea en todo aquel que crea estar seguro con unos derechos laborales firmados, una ley, un contrato, una plaza de funcionario, una propiedad, etc.
3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
Por otro lado el decreto, BOE del 3 de Diciembre hace RETROACTIVA la siguiente disposición.
"En el cómputo del límite anual (recordemos, 1670 horas) no se tendrán en cuenta otras actividades laborales de carácter no aeronáutico, tales como imaginarias y períodos de formación, permisos sindicales, licencias y ausencias por incapacidad laboral"
Con lo cuál se borran las bajas y permisos que hayan disfrutado los controladores. Así, se ha vulnerado un principio elemental de la democracia sin que absolutamente nadie haya dicho nada, sin que la fiscalía, los jueces, la prensa ni ningún particular a título de recurso de amparo, haya dicho ni pío.
En mi opinión lo de menos es el tema de los controladores. Lo de más es el precedente de inseguridad jurídica que crea en todo aquel que crea estar seguro con unos derechos laborales firmados, una ley, un contrato, una plaza de funcionario, una propiedad, etc.