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Madmaxista
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137..........Caso Renedo

Adjudicación irregular en obras de centros educativos. La investigación comenzó hace más de seis años y no fue hasta el pasado 29 de febrero cuando la Administración solicitó a la Audiencia Provincial que se le admitiera el único informe que ha realizado sobre los daños causados en la Consejería de Educación. El documento, de unos 2.000 folios, contiene declaraciones de 87 directores de colegios asegurando que el departamento abonó cuatro millones a Igrafo y APSA por bienes que nunca recibieron, y que en parte de los albaranes de entrega se les ha falsificado la firma.

  • Partido/Org: PSOE
  • Lugar: Asturias
  • Coste aprox.: 4.000.000 €
  • Total implicados: 10
  • Año de los hechos: 2009
  • Estado judicial: Cerrado con condenas
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joete gigaTROLL....rata........
meparto:
 

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Madmaxista
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3 Ene 2015
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138.......Ampliando el caso Renedo:


Era el juicio más esperado en la región, el del «caso Renedo», o «caso Marea» sobre una supuesta trama acusada de esquilmar las arcas del Principado. Una vez sentados en el banquillo de los acusados el exconsejero José Luis Iglesias Riopedre, la funcionaria Marta Renendo y los otros once procesados, el ceremonial comenzó de la peor manera posible para quien se presenta como su principal víctima. Treinta segundos bastaron al magistrado-juez Javier Domínguez Begega para confirmar ayer que el Principado se acaba de disparar al pie.
La investigación comenzó hace más de seis años y no fue hasta el pasado 29 de febrero cuando la Administración solicitó a la Audiencia Provincial que se le admitiera el único informe que ha realizado sobre los daños causados en la Consejería de Educación. El documento, de unos 2.000 folios, contiene declaraciones de 87 directores de colegios asegurando que el departamento abonó cuatro millones a Igrafo y APSA por bienes que nunca recibieron, y que en parte de los albaranes de entrega se les ha falsificado la firma. «No se acepta la presentación de la pericial del Principado por los motivos que se detallarán en un auto», despachó el presidente de la Sección Tercera.

El varapalo a la Administración regional fue solicitado por la fiscal, Carmen Rodríguez, respaldado por los abogados de los 13 acusados, y concedido así por la propia Audiencia. La decisión abre un escenario complejo. El Principado tiene en su poder un informe avalado por sus secretarios generales técnicos y por otros 87 funcionarios detallando «irregularidades» y distintas falsedades en documento público, supuestamente cometidas en 2009 y 2010, año éste último donde José Luis Iglesias Riopedre y María Jesús Otero dimitieron en agosto. Los supuestos delitos no serán depurados en este juicio, lo que exige tomar una decisión sobre su destino. Varias acusaciones adelantaron ayer su intención de reclamar que pase al juzgado de guardia, para abrir un segundo proceso.


«No hizo nada»



De momento ayer la letanía contra la inacción del Principado la abrió la fiscal, recordando que para admitir un informe de semejante calibre en la antesala del juicio es necesario que la información no estuviera disponible antes, o que no afecte sustancialmente a lo ya intruido. «Ninguno de estos requisitos se cumplen», afirmó. «El Principado se personó en la causa en mayo de 2010, y tuvo conocimiento de que existían irregularidades en Educación, pese a lo cual no hizo nada por su parte, ni en ese momento, ni le pidió al juez de instructor que lo hiciera», afeó. Rodríguez recordó que en junio de 2012 la Policía visitó seis centros escolares y al cotejar las facturas que Educación había pagado por amueblarlos y los enseres realmente entregados «observó graves irregularidades». Ese mismo mes el Principado recibió una copia del informe «y a pesar de ello tampoco hizo nada, ni facilitó al juzgado la documentación pertinente», cargó la fiscal.
Acoger ahora el documento expondría a José Luis Iglesias Riopedre, María Jesús Otero y los empresarios Víctor Muñiz y Alfonso Carlos Sánchez a unos presuntas irregularidades «de las que no se les ha tomado declaración durante la fase de instrucción», advirtió. Es un paso que les causaría «indefensión», abundó.
El intento del resto de acusaciones y la propia abogada del Principado por defender el informe fue inútil. «Se han pasado seis años sin aportar absolutamente nada», clamó Ana Muñiz, letrada de María Jesús Otero. A la salida del juzgado reveló que los abogados de los acusados sí se entrevistaron con los del Principado: «Son reuniones cuya existencia niega ahora el consejero y en ellas lo que intentaban las defensas era que se cuantificara cuánto dinero faltaba. No lo hicieron porque a lo mejor no faltaba nada, y lo que se pagaba en un sitio se ponía en otro; el Principado esperó ahora a decir las cantidades, y eso es un fraude de ley».
8,8 millones para muebles
En la última documentación entregada por el Principado ha escarbado también el letrado Miguel Valdés-Hevia, defensor de Víctor Muñiz, para abrir una segunda fisura. Los papeles señalan que el Instituto Adolfo Posada gastó 8,8 millones en adquirir muebles entre 2006 y 2009. «Es un centro que no tiene ni mil metros cuadrados, lo que nos sale 8.812 euros por metro cuadrado ‘amueblable’», calculó. Para aclarar el asunto, revisó las facturas, localizando pagos «por espejos en la Consejería de Cultura, el stand de la Feria de Muestras, la caldera del edificio de Presidencia y 100 papeleras», dijo.
«O estamos ante un fraude o ante un caos contable de magnitudes catedralicias», consideró. El Principado reclama que su cliente pase 9 años en prisión «justo por lo mismo que aquí, porque busca las cosas en un sitio y nosotros decimos que están en otro». Para aclarar la cuestión solicitó que declare como testigo la ex jefa de formación del Instituto, Soledad Saavedra, quien a su vez es esposa del expresidente Vicente Álvarez Areces.

Banquiillo de los acusados del juicio del caso Marea - EFE

  • Partido/Org: PSOE
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  • Año de los hechos: 2009
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148. Caso Mijas



El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Mijas y exalcalde de este municipio, Ángel Nozal, declarará en calidad de investigado en el caso del supuesto ofrecimiento de un trabajo a un edil de Costa del Sol Sí Puede (CSSP) y miembro de Podemos a cambio de apoyar una moción de censura en el Consistorio. Su comparecencia tendrá lugar ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Fuengirola que instruye el caso, según han informado fuentes judiciales. El concejal de CSSP Francisco Martínez aseguró el pasado marzo que en una reunión mantenida con los ediles del PP de Mijas Ángel Nozal y Santiago Martínez -quien dimitió tras la denuncia- se pidió su colaboración para una moción de censura contra el actual alcalde, Juan Carlos Maldonado (Cs), a cambio de un puesto de trabajo.
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Mira qu sois ijoputas los peperos, eh?
 

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Madmaxista
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3 Ene 2015
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139......Caso Río Manzanares
Los acusados por los vertidos ilegales de Getafe en el Manzanares ascienden ya a cuatro ediles del PSOE en el municipio, además de la actual alcaldesa, Sara Hernández. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de la localidad ha citado como investigados –antigua figura de imputado– a los tres concejales de Mantenimiento en los Gobiernos de Hernández (de 2015 a la actualidad), acusados de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente por su presunta responsabilidad en las aguas fecales sin tratar arrojadas al río desde el barrio de Perales del Río. Así, María Teresa Mellado Suela, Ángel Muñoz González y Raquel Alcázar Ballesteros se suman a la regidora y al titular de Urbanismo, que ya declararon en julio.

El magistrado, en una providencia fechada el pasado día 17 de este mes, da cuenta del informe solicitado a la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre los vertidos y amplía la investigación a tres nuevos sospechosos, señalados por la alcaldesa en su comparecencia ante el juez. De los citados ahora, que deberán declarar el 6 de noviembre (10, 10.30 y 11 horas), dos forman parte del actual equipo de Gobierno y solo Alcázar Ballesteros está fuera, tras asumir en 2015 las competencias de Mantenimiento y, después, solo de Cultura, Convivencia, Seguridad Ciudadana y Accesibilidad.

Mellado Suela es ahora la titular de Mantenimiento y Limpieza, mientras que Muñoz González, en Vivienda, Movilidad y Sostenibilidad, estuvo al frente de Mantenimiento tras ella. El actual delegado de Urbanismo, Jorge Juan Rodríguez, fue imputado en noviembre del año pasado con Hernández.

El caso, iniciado tras la denuncia de Impulsa Getafe (un partido local), remite a la contaminación sistemática del Manzanares a su paso por Getafe, en el Parque Regional del Sureste, una zona protegida. El informe de la Confederación Hidrográfica es el último escrito que se añade al sumario judicial, tras el presentado el pasado mes de marzo por la Fiscalía General del Estado, que concluyó que este municipio del sur de la Comunidad ha infectado el río desde 1995 , siendo el Ayuntamiento el responsable de esta negligencia durante todos los años.

Daños para la salud

El Ministerio Público, según las pruebas recogidas por la unidad del Seprona de la Guardia Civil, señala «importantes impactos en la salud humana», con una presencia notable de bacterias como la E.Colli, que puede generar vómitos, cólicos, diarrea o fiebre. Como desveló ABC, además, los vertidos fecales sin tratar tienen una afección directa en el medio natural, habida cuenta de que, «susceptible de alterar el equilibrio de los ecosistemas», puede ocasionar la muerte de peces y alterar la calidad del aire por la descomposición de la materia.

Si bien el informe del Seprona se remonta 24 años atrás, el juez solo puede actuar desde 2005 porque los delitos anteriores han prescrito. En ese sentido, también se investiga la posible implicación de alcalde anteriors , Pedro Castro (PSOE).

  • Partido/Org: PSOE
  • Lugar: Comunidad de Madrid
  • Coste aprox.: ? €
  • Total implicados: 5
  • Año de los hechos: 2015
  • Estado judicial: Abierto
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Mira que sois japutas los gigaTRONES-sosiatas.....meparto:meparto:
 

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149. Caso Mislata



La juez del juzgado número 1 de Mislata ha solicitado, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, información sobre la titularidad de seis cuentas bancarias a las que se destinaron los importes correspondientes a las facturas firmadas por dos ediles del anterior gobierno del PP de Mislata por obras y adquisición de mobiliario urbano que los técnicos municipales no localizan o que se abonaron dos veces. Las referidas cuentas habrían recibido el dinero que entre 2007 y 2009 pagó el consistorio por orden de los entonces concejales de Obras Públicas y de Jardines, Vicente López Sinisterra y Gloria Alonso a una empresa radicada durante aquellos años en Benetússer y Catarroja. López y Alonso han sido citados en calidad de imputados a declarar en el juzgado número 1 de Mislata en relación a estos pagos.
Las seis cuentas bancarias por las que pregunta la juez están en tres oficinas de Mislata, dos de Valencia y una de Almería. Según el escrito fiscal, el ayuntamiento habría ingresado en estas cuentas 168.830 euros por orden de los dos ediles populares, cantidad correspondiente a las obras "sospechosas" ejecutadas por una misma empresa. En su escrito, el Ministerio Público ha excluido de sus cálculos el coste de la compra de papeleras y bancos a las misma empresa responsable de los proyectos urbanísticos.
la Fiscalía Anticorrupción remitió en octubre el resultado de las diligencias de investigación penal abiertas en junio tras una denuncia del ayuntamiento contra Gloria Alonso y López Sinisterra por un presunto delito de malversación de caudales públicos.
En el auto por el que se cita a los dos políticos en calidad de imputados, la juez confirma que "los hechos que resultan de las anteriores actuaciones, presentan características que hacen presumir la existencia de una infracción penal, ya que de los documentos que acompañan a la denuncia constan el pago de obras públicas no ejecutadas, el pago por duplicado de facturas así como partidas presupuestarias correspondientes a papeleras y bancos finalmente no colocados".
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Madmaxista
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3 Ene 2015
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140.......Caso Sanlúcar
El ex alcalde socialista de Sanlúcar hasta 1999, Agustín Cuevas, ha ingresado en prisión por su condena en el llamado 'caso Sanlúcar', por intentar comprar mediante un soborno a un concejal del PP, para que éste no apoyara la moción de censura que en octubre de 1999 lo apeó de la Alcaldía sanluqueña.
Cuevas ha ingresado esta semana, así, para cumplir la condena de un año y medio de prisión por un delito de cohecho. Cuevas fue condenado en mayo de 2006, y en abril de 2008, el Tribunal Supremo rechazó los últimos recursos planteados por el ex alcalde y el resto de los condenados en la trama, el entonces alcalde de Chipiona, Luis Mario Aparecero, el secretario de Organización del PSOE de Sanlúcar, Rafael García Raposo, y tres empresarios.
El ex alcalde de Sanlúcar también había sido condenado a cinco años de inhabilitación para el desempeño de cargos públicos por el delito de cohecho y otros cinco más por otro delito de tráfico de influencias, del que finalmente fue absuelto.
Agustín Cuevas ha ingresado para cumplir su condena en la prisión de Huelva, según fuentes consultadas por ELMUNDO.es. Su ingreso estaba pendiente desde abril del pasado año, fecha en la que el Tribunal Supremo rechazó definitivamente los recursos. Su ingreso en prisión se produce justo diez años después de cometido el delito.
En octubre de 1999, el concejal del PP Manuel Ramírez denunció un intento de soborno por parte de los alcaldes, en aquella fecha, de Sanlúcar y Chipiona. La intención de éstos al ofrecerle 50 millones de pesetas, dos billetes de avión a Lisboa y un contrato en el Ayuntamiento de Chipiona, era que no acudiera al pleno en el que se iba a votar la moción de censura presentada contra el primero.
Aquellos hechos se juzgaron en primera instancia por la Audiencia Provincial de Cádiz, que en mayo de 2006, en un juicio con jurado, consideró culpables de cohecho y tráfico de influencias a Cuevas, Aparcero y García Raposo, así como a los tres empresarios implicados en la trama. García Raposo había denunciado al propio Ramírez con psterioridad, cuando ya había saltado el escándalo, pero éste fue absuelto.
  • Partido/Org: PSOE
  • Lugar: Andalucía
  • Coste aprox.: ? €
  • Total implicados: 6
  • Año de los hechos: 1999
  • Estado judicial: Cerrado con condenas
PSOE
 

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150.
Caso Monroy



23/06/2017: Amparo Monroy Sánchez es senadora del Partido Popular por Cáceres. No obstante, es noticia porque, según el diario Hoy, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Cáceres está investigando a Monroy. Se trata de una presunta operación de tesorería que llevó a cabo cuando era presidenta de la Mancomunidad Riberos del Tajo.
El origen de la denuncia se corresponde con un préstamo de 400.000 euros que la Mancomunidad de la senadora pidió a Liberbank. Tanto la presidenta de la misma como el secretario señalaron que la petición de crédito se realizó en un pleno que no tuvo lugar, según informa el diario Hoy.
Siguiendo en la denuncia, estos 400.000 euros fueron destinados a obras que ya estaban hechas y pagadas. Lo único que faltaba por sufragar son unas actuaciones que se corresponden con una inversión que ronda los 95.000 euros. La Junta de Extremadura, por su parte, aportaba una subvención de 153.000 euros.
Amparo Monroy, cuando se llevó a cabo esta operación (año 2012), erae alcaldesa de Casas de Millán y, a su vez, presidenta de la Mancomunidad Riberos del Tajo. Ambos cargos los ocupó entre los años 2011 y 2015, cuando recaló en el Senado de la mano del Partido Popular. A pesar de su condición de aforada por pertenecer a la Cámara Alta, ha sido citada por el Juzgado de Cáceres para declarar el próximo 30 de junio. Aunque sólo podría juzgada por el Tribunal Supremo
 

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Madmaxista
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3 Ene 2015
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141......Caso Santa Cruz de Paniagua

Un juzgado de Plasencia ha abierto diligencias previas contra el exalcalde socialista de la localidad cacereña de Santa Cruz de Paniagua (Cáceres), Ángel Cervigón, por los presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación.
Fuentes del PP, que citan al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Extremadura, han informado de que Cervigón, alcalde del citado municipio cacereño entre 2003 y 2011, ya ha declarado en calidad de imputado ante el titular del juzgado.
En las diligencias previas abiertas, instadas por la Fiscalía, también figura la que fuera secretaria interventora accidental durante el citado periodo de tiempo.
Según el escrito de la Fiscalía, al que EFE ha tenido acceso, la acusación pública ve indicios de "importantes irregularidades" en materia de contratación -discrecionalidad absoluta en nombramientos y ausencia de expedientes de contratación - y en el cobro de dietas por parte de Cervigón, así como por la desaparición de contabilidad correspondiente entre 2005 y 2010 en soporte informático.
El escrito de la Fiscalía tiene su origen en una denuncia elevada por tres personas, entre ellas el actual alcalde de Santa Cruz de Paniagua, Miguel Carlos González (PP), en la que se expone el cobro de dietas por parte de Cervigón durante 2010 y 2011 superiores a los 8.000 euros, en cuya justificación existían irregularidades.
Asimismo, se señala "determinadas contrataciones" por parte del exalcalde "a favor de sus cuatro hijos" para el desempeño de trabajos en el consistorio durante 2009 y 2010, "constando pagos a los mismos a cargo del Ayuntamiento sin que se tenga constancia de bolsa de empleo".
Después de que el PP denunciara estos hechos el pasado mes de marzo, Cervigón defendió en rueda de prensa la gestión realizada en sus ochos años al frente del consistorio y negó las acusaciones del alcalde del PP sobre supuestas irregularidades indicando que son "mentiras y acusaciones falsas".
Sobre la acusación de contratación de sus hijos, explicó que cuando llegó a la alcaldía su hija y su hijo ya trabajaban como socorristas y para el mantenimiento de la piscina respectivamente, porque eran los únicos que poseían la titulación requerida, pero cuando hubo más personas, no continuaron.
En cuanto a las dietas cobradas, indicó en la citada rueda de prensa que al no estar liberado tenía derecho a ellas, "y todas están justificadas", e incluso los 240 euros que tenía asignados por asistencia a plenos los dejó en las arcas municipales.
"Es una injusticia lo que se está haciendo contra mi persona, mi familia y mi empresa", aseguró entonces, "y no me merezco el pago que me estoy llevando".
A través de un comunicado de prensa, el PP ha explicado hoy, en referencia a estas diligencias judiciales, que Cervigón "realizó 72 viajes a Mérida en su último año y medio de legislatura, y otros 72 viajes Cáceres" en el mismo periodo de tiempo.
"Hizo más de 40.000 kilómetros en 18 meses siendo alcalde de Santa Cruz de Paniagua y El Bronco por valor de más de 8.000 euros, casi tantos kilómetros como dar la vuelta al mundo", han añadido las mismas fuentes.
  • Partido/Org: PSOE
  • Lugar: Extremadura
  • Coste aprox.: 8.000 €
  • Total implicados: 3
  • Año de los hechos: 2003
  • Estado judicial: Abierto
PSOE
 

Gigatr0n

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151.
Caso Móviles Benigànim



Un ex-alcalde, dos ex-concejales y un ex-asesor del Ayuntamiento de Beniganim serán investigados por el abultado gasto en teléfonos móviles, politonos y líneas eróticas que el Ayuntamiento pagó cuando el PP aún gobernaba este municipio valenciano de la comarca de la Vall d'Albaida. En total gastaron hasta 9.000 euros en móviles municipales y en SexyTV, éste último un servicio de líneas eróticas, entre los años 2013 y 2014.
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Hijos de putaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!
 

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Madmaxista
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3 Ene 2015
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142...Caso Santa Cruz de Paniagua (sentencia)
10/2019 -SENTENCIA: 00178/2019

Fallo: "Que debemos CONDENAR Y CONDENAMOS a Ángel Cervigón Mota, como autor responsable de un delito continuado de prevaricación ya definido, concurriendo la atenuante simple de dilaciones indebidas a la pena de 8 años, 6 meses y 1 día de inhabilitación especial para cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, que conlleva la privación del cargo efectivo de Alcalde electo, que desempeñaba durante la comisión de los hechos o el que pudiera desempeñar en la actualidad, con todo lo que ello conlleva, debiendo extenderse a la incapacidad para obtener el mismo cargo u otros análogos de procedencia electiva en cualquier administración pública, nacional, autonómica o local, durante el tiempo de la condena. Se le imponen una séptima parte de las costas procesales causadas en este procedimiento.
Se absuelve a Ángel Cervigón Mota de los delitos de malversación de caudales públicos y negociaciones prohibidas a funcionario público de los que también venía acusado.
Se absuelve libremente y con todos los pronunciamientos favorable inherentes a ello a Mª Lola López Morán y a Antonio Jesús Santibáñez Fernández de los delitos de prevaricación continuada y malversación de caudales públicos por los que venían acusados.
Déjense sin efecto las posibles medidas cautelares, tanto personales, como patrimoniales que con respecto a ellos pudieran haberse adoptado.
Se declaran de oficio seis séptimas partes de las costas procesales.!"



  • Partido/Org: PSOE
  • Lugar: Extremadura
  • Coste aprox.: 8.000 €
  • Total implicados: 3
  • Año de los hechos: 2003
  • Estado judicial: cerrado con condenas.
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Japutas...no hay ni un sosiata gueno....... meparto:
 

Gigatr0n

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152.
Caso Naseiro



Financiación ilegal del Partido Popular a través de la exigencia de pagos a empresas inmobiliarias.
 

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143....Caso Seat
El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la absolución de los ex dirigentes socialistas Aida Álvarez y Juan Carlos Mangana y los otros acusados en el caso SEAT, pieza separada del caso AVE, relacionado con la supuesta financiación irregular del PSOE.

Así lo ha acordado en una sentencia, en la que desestima los recursos de la Fiscalía y del PP contra la dictada en 2007 por la Audiencia Provincial de Madrid, que absolvía a los acusados de todos los delitos que les imputaba el fiscal y la acusación popular por la supuesta venta fraudulenta de unas parcelas de SEAT.

El origen de este caso se remonta a 1993 cuando se descubrió el pago de un talón de 901.518 euros y de otros 150.253 euros en metálico por parte de SEAT para conseguir la recalificación de los terrenos de esta compañía en el Paseo de la Castellana de Madrid.

Además de Álvarez, ex coordinadora de finanzas del PSOE, y Mangana, ex miembro del Comité Electoral de dicha formación, estaban acusados el ex director general de SEAT Juan Antonio Díaz Álvarez, el técnico municipal Arturo García Barbeira, el arquitecto jefe del Departamento de Obras de la Junta Municipal de Chamartín (Madrid) Ignacio Aguirre de Palacio, y la ex esposa del que fuera embajador de Alemania Guido Brunner, Elena Abreu.

La Audiencia absolvió de cohecho a García Barbeira, Álvarez y Mangana al haber prescrito ya sus supuestas responsabilidades, pues desde que se produjeron los hechos en 1988 hasta que fueron denunciados en 1993 transcurrieron más de 3 años, que es el plazo de prescripción establecido para delitos menos graves, lo que confirma el Alto Tribunal al considerar que es correcta su aplicación.

No obstante, reconocía que Aida Álvarez y Juan Carlos Mangana favorecieron el delito de cohecho cometido por García Barbeira, ya que mediaron por cuenta de los directivos de SEAT ante el técnico responsable de informar las licencias de obra, además de instrumentar a través de ellos el pago de la remuneración, prestando cuentas invisibles para realizar los trasvases monetarios.

El fiscal afirmó en la vista pública para estudiar los recursos que la Audiencia 'se equivoca' y pidió al Alto Tribunal que condenara a los acusados, al igual que lo hizo la letrada del PP.

Por su parte, Aida Álvarez también recurrió la sentencia, ya que, según su letrado, le era 'desfavorable desde el punto de vista social y de consideración pública', pero el TS desestima su recurso.

El TS indica que Álvarez 'tiene derecho a defender su honor', que 'siempre queda en mal lugar con un pronunciamiento absolutorio por prescripción del delito', pero ha quedado probado que 'dirigió todo el negocio de distribución de 901.518 euros como protagonista principal'.

La Audiencia madrileña también absolvió a Álvarez, Mangana y García Barbeira de los delitos de falsedad documental y maquinaciones para alterar el precio de las cosas, que les imputó el PP en el ejercicio de la acción popular, al considerar que no han existido en este caso.

Por último, también absolvió a la acusada Elena Abreu Apellániz, a quien se acusaba de partícipe a título lucrativo.

  • Partido/Org: PSOE
  • Lugar: Nacional
  • Coste aprox.: 1.051.771 €
  • Total implicados: ?
  • Año de los hechos: 1988
  • Estado judicial: Prescrito
PSOE



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153. Caso Navajas



El juzgado de Primera Instancia de Instrucción número 1 de Segorbe ha admitido a trámite una denuncia interpuesta por la Fiscalía del Tribunal de Cuentas contra el exalcalde del Partido Popular de la localidad castellonense de Navajas, José Vicente Torres, y el secretario municipal, Antonio Paredes.
El juez ha incoado diligencias previas por un presunto delito de prevaricación y ha citado al exprimer edil y al funcionario para que declaren ante el instructor en junio, como investigados, término que sustituye al de imputados tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En la causa se investiga si el exalcalde y el secretario falsearon la contabilidad del consistorio para obtener subvenciones.
Cabe recordar que el 14 de noviembre de 2014 el grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Navajas formalizó ante la Fiscalía de Castellón una denuncia contra José Vicente Torres y su equipo de gobierno (PP), por un presunto delito de falsedad documental relativa a las cuentas de 2006. Según explicó entonces el portavoz del PSPV-PSOE, el exprimer edil presentó ante la Sindicatura de Cuentas los presupuestos de aquel año asegurando que "habían sido aprobados en un pleno que nunca se celebró, tal como posteriormente certificó por escrito el propio secretario municipal".
Fuente


@rejon has votado al pp... uuuuu que mal!!!
 

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3 Ene 2015
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144......Caso Sogiese

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha abierto diligencias de investigación contra el consejero de Economía y Hacienda, Juan José Sota, por la gestión de la empresa pública SOGIESE.

Así consta en un auto al que ha tenido acceso EL FARADIO, y que supone el inicio de las investigaciones a raíz de la denuncia presentada por el partido que, fuera del Parlamento, está impulsando el diputado tránsfuga Juan Ramón Carrancio, ex de Ciudadanos, y que, paradójicamente, apoyó los últimos presupuestos de Sota.

La denuncia se presentó el pasado 12 de septiembre y se dirige contra Sota por no haber realizado gestión alguna para recuperar las cantidades pagadas indebidamente entre 2012 y 2015 al personal de esta empresa pública, que depende de la Consejería de Economía. SOGIESE son las siglas de Sociedad Gestora Interreg Espacio Sudoeste Europeo y este asunto es algo de lo que advirtió en junio de 2016 un informe del anterior Interventor, que fue cesado.

Existía también una denuncia ante la Fiscalía, que queda unida a esta. Este paso supone el inicio de la investigación al apreciar indicios de delito, es decir, ahora se tomará declaración a quien corresponda, bien como testigo, bien como investigado, en la figura que antes se denominaba imputado. Cuando la Sala decida finalizar la investigación (lo que se llama instrucción judicial), decidirá si archiva el caso o si pasa a un juicio, que es de donde saldrá si el acusado o acusados son culpables o inocentes.

En la denuncia se recuerda como esa empresa pública, SOGIESE, se creó en 2009 para asumir la gestión de fondos europeos ligados a este área. Durante su existencia el Gobierno de Cantabria ha abonado 1,5 millones en gastos de funcionamiento y sueldos.

El problema vino cuando en la anterior legislatura, con el PP, se aprobó un decreto con recortes y otras medidas, entre las que se incluía la fijación de topes salariales en las empresas públicas.

Y un informe de Intervención, el organismo que desde dentro de la Administración fiscaliza que todo se haga de forma correcta, reveló que en esta empresa pública en concreto se estaban pagando sueldos por encima del tope salarial que había fijado el Gobierno de Cantabria.

De ese informe derivó un informe de actuación de Intervención que pidió la devolución de esas cantidades pagadas indebidamente. Las opciones que le daban era hacerlo o justificarlo desde el Consejo de Gobierno (el conjunto de los miembros del Gobierno de Cantabria), y no se tomó ninguna de las dos medidas. De hecho, lo que hizo el bipartito PSOE-PRC fue aprobar un acuerdo que permitió que los sueldos en SOGIESE superaran aquel tope legal. En paralelo, el Gobierno defendía que al depender esos sueldos de Europea no tenían porque respetar las leyes cántabras (si bien aprobó un acuerdo que lo permitió).

Según Intervención, esas cifras ascienden a 90.000 euros abonadas a cinco empleados, dos de ellos directivos, durante cuatro años, incumpliéndose así tres leyes y sin informes que avalasen las subidas salariales. También el Tribunal de Cuentas se refirió a este asunto, que provocó un cese en el equipo de Sota (al que luego seguirían más, por otros asuntos). Una nueva paradoja es que el tema, adelantado en su día por EL DIARIO MONTAÑÉS, fue abanderado en un primer momento por Ciudadanos, pero quien lo ha judicializado es un exdiputado naranja,

La denuncia señala que el informe se “guardó en un cajón” y atribuye está decisión a que una de las trabajadoras era familiar del consejero Sota en primer grado (llega a concretar que es su hija). El texto añade que el consejero “siempre ha salido en defensa de los sobresueldos” de la empresa.

Dada la condición de miembro del Gobierno de Cantabria de Sota, es la propia Sala de lo Civil y Penal la que investiga el caso en lugar de otro juzgado menor. La Sala la preside José Luis López del Moral (que es el presidente del TSJC) y la ponente es la magistrada Paz Hidalgo.

  • Partido/Org: PSOE
  • Lugar: Cantabria
  • Coste aprox.: 90.000 €
  • Total implicados: 1
  • Año de los hechos: 2009
  • Estado judicial: Abierto
PSOE


Que vá gigaTROLL.....he votao al tuyo.....
meparto: meparto: