Recopilación de casos de corrupción de la PP... he decidido petar el foro. A la cosa con tó!

100.

Caso Góngora



El Juzgado de Instrucción número 2 de El Ejido ha acordado el procesamiento del alcalde, Francisco Góngora (PP) al estimar que existen indicios razonables de la comisión de dos delitos de falsedad documental y uno contra la Hacienda Pública, por lo que todo queda pendiente ahora de la apertura del juicio oral, una vez que las partes, entre ellas la Agencia Tributaria, formulen escrito de acusación o soliciten el sobreseimiento de la causa.
Los partidos de la oposición ya se han apresurado a exigir la dimisión de Góngora ante la inminente vista oral en la que será juzgado como presunto autor de dichos delitos, una vez que el juzgado instructor de las denuncias interpuestas contra él ha concluido la fase de investigación.
Góngora podría verse así abocado a ir a juicio seis años después de que, en 2011, el Partido de Almería (PAL), que entonces presidía el ex alcalde Juan Enciso y que aún gobernaba la ciudad, interpusiera una denuncia en los juzgados ante él, que por aquel tiempo era candidato a la alcaldía por el PP, como presunto autor de cinco graves delitos: tráfico de influencias, infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios y por delitos contra la Hacienda Pública. El PAL le acusaba de un supuesto pelotazo urbanístico por su participación en la compraventa de una finca rústica que luego se recalificó a urbanizable y en la que intervino una sociedad formada por el regidor, su hermano, su padre y un cuarto socio.
Aunque el Juzgado de Instrucción número 2 archivó ese mismo año la denuncia al estimar que los supuestos delitos que detallaban habían prescrito, tres años después la Sección Segunda de la Audiencia Provincial revocó esa resolución en apelación y estimó parcialmente el recurso del PAL, al concluir que no se contaban con los datos necesarios para considerar prescritos los presuntos delitos de tráfico de influencias y contra la Hacienda Pública, por lo que ordenó reabrir el caso.
Posteriormente, después de que Góngora ganase las elecciones de 2011 por mayoría absoluta, los partidos de la oposición ya pidieron su dimisión en 2015, cuando el juez, una vez reabierto el proceso judicial, mantuviera su imputación por delito fiscal, blanqueo de capitales y falsedad en documento público. Lo hizo en un auto dos días antes de las elecciones municipales, pese a lo cual el PP no solo volvió a ganar, sino que amplió su mayoría absoluta al conseguir 14 de los 25 ediles de la corporación. Sin embargo, el alcalde se negó a renunciar al cargo, al mantener su inocencia y su convicción de que ésta quedaría clara en el proceso de investigación.
Además del procesamiento de Góngora, el juzgado ha tomado ahora la misma decisión respecto a su hermano J.G.G., su padre, G.G., y su socio S.L.P., así como de A.G.M., administrador de la mercantil a la que su sociedad vendió la citada finca rústica por unos hechos que tuvieron lugar entre 2004 y 2007.
Ante estos hechos, Francisco Góngora ha vuelto a defender su inocencia y ha expresado que "desde 2011 se han demostrado muchas falsedades en el camino", así como su "deseo de que cuanto antes se entre en el fondo respecto a algunas cuestiones pendientes". Góngora, quien no ha mostrado su disposición a dejar el cargo, ha reconocido que vive "una situación desagradable", pero ha querido puntualizar que en ningún caso se está poniendo en cuestión "nada que tenga que ver con la gestión pública", sino que su imputación se ha debido solo al hecho de ser socio de una sociedad y por una "presunta irregularidad fiscal". El alcalde incluso ha puesto en cuestión el hecho de que haya sido realmente procesado. "La juez ha trasladado en un auto a las partes para que expongan sus calificaciones", ha precisado.
En todo caso, Góngora ha expresado su "pleno respeto" a la Administración de Justicia, y ha destacado su actitud de colaboración con ella. "Creo que existe información suficiente para que este tema se aclare", concluye.
Los partidos de la oposición ejidense han coincidido en una opinión: el alcalde no está en disposición de mantenerse como el máximo representante de los vecinos. "El Ejido no se merece otro alcalde en el banquillo", dice Juan José Callejón, edil socialista. Y es que incluso podrían coincidir en el tiempo los juicios del caso Poniente, que juzgará por corrupción al ex alcalde Enciso, y el de Góngora. Callejón ha reclamado la dimisión inmediata del alcalde, o en su caso que el PP intervenga y sea cesado.
El PSOE trata ahora de conseguir el apoyo del resto de partidos de la oposición para pedir un pleno extraordinario para pedir la marcha del alcalde, algo a lo que ya ha accedido UPyD. "Nuestro municipio ya ha sufrido bastante por temas de supuesta corrupción política y lo que menos se merecen los ciudadanos de El Ejido es ver como otro alcalde se sienta en un banquillo a rendir cuentas ante la ley", ha apuntado su portavoz, Desiderio Enciso. (El Mundo)

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Ya vamos por 100... hasta que no lleguemos a 800 no hacemos ningun parón, ijoputas.
 
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107.
Caso Gürtel/Boadilla

Descargar el Auto del Caso Gürtel - Pieza Boadilla

Es una de las consecuencias del auto emitido este miércoles, en el que el magistrado titular del juzgado central de instrucción número cinco de la Audiencia Nacional, propone juzgar a 27 personas por las acciones del entramado corrupto en la localidad madrileña de Boadilla. El juez considera que el PP también tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados como "partícipe a título lucrativo". Se habría beneficiado de 204.198 euros, al recibir cantidades y el abono de servicios de las comisiones ilícitas conseguidas por el grupo de Francisco Correa, a cambio de adjudicaciones.
No es la única parte del caso Gürtel en la que el PP como partido resulta señalado beneficiario de forma irregular de las acciones de la trama, según la justicia. También ha sucedido en la pieza central, y en concreto en Pozuelo y Majadahonda, se investiga en Arganda, sus dirigentes van a juicio en Valencia, y también el partido irá al banquillo como responsable civil subsidiario en la caja B.
El juez José de la Mata ha abierto pieza separada dentro del caso Gürtel sobre las actividades presuntamente ilícitas cometidas en Boadilla del Monte alrededor del grupo de Francisco Correa y dicta auto de transformación a procedimiento abreviado en el que propone juzgar a 27 personas físicas y fija la eventual responsabilidad civil subsidiaria a 11 sociedades mercantiles y al PP como partícipe a título lucrativo.
En dos autos, el juez explica que la presente causa gira en torno a la actividad de Correa y otros, a través de un complejo entramado societario, “de entrega a funcionarios y autoridades con competencia o influencia en el ámbito de contratación, de valiosos regalos o importantes cantidades de dinero con el ánimo de conseguir adjudicaciones públicas (para sus propias empresas o las de terceros) de forma irregular”.
Los hechos serían constitutivos de los delitos de asociación ilícita, prevaricación, fraude a las administraciones públicas, cohecho, falsedad continuada en documento mercantil, tráfico de influencias, contra la hacienda pública, blanqueo de capitales y malversación de caudales públicos.
Según las resoluciones, esta pieza separada alcanza la actividad desarrollada desde, al menos 2001 hasta febrero de 2009, por Correa y las sociedades integradas en su grupo en Boadilla del Monte “dirigida a enriquecerse de modo ilícito con la manipulación de la contratación pública y con cargo a los fondos de las entidades municipales de esa localidad”.
El juez añade que “esta actividad comprende tanto la obtención de contratos públicos para sus empresas y para empresas de terceros a cambio de la correspondiente comisión, como el apoderamiento directo de los fondos de las entidades públicas de este municipio”.
Para ello, Correa impulsó la creación de un grupo, con la colaboración de Pablo Crespo, al que se fueron incorporando progresivamente autoridades y funcionarios públicos del municipio como José Galeote, Arturo González Panero, César Tomás Martín jovenlandesales y Alfonso Bosch Tejedor, “que en la práctica llegó a dirigir toda la contratación pública de Boadilla del Monte, especialmente en la EMSV”.
Dichas actividades, explica el magistrado, reportaron como mínimo a Correa 2,7 millones de euros; a Crespo 593.000 euros; a Galeote 557.609 euros; a González Panero 1,8 millones; a Martín jovenlandesales 1,3 millones y a Bosch Tejedor 941.652 euros.
El grupo, señala el auto, favoreció, “siempre a cambio de distintas comisiones y pagos ilícitos a distintas personas y sociedades” como SUFI SA, Constructora Hispánica SA y EOC de Obras y Servicios, a UFC SA, A Teconsa, a Artas Consultoría y Rústicas MBS SL y a Easy Concept Comunicación, entre otras.
Además, Correa efectuó distintos reglaos en efectivo y en especie a algunos miembros del grupo en consideración a su integración en el mismo y al cargo que desempeñaban y en pago de las adjudicaciones a las sociedades de eventos vinculadas a aquel. Añade que González Panero, como otros, “implementó igualmente una estrategia para ocultar una parte de los fondos recibidos”.
Respecto a la consideración del PP como partícipe a título lucrativo, señala el juez que con las maniobras de los imputados consiguió que distintas empresas asumieran el pago del coste de bienes y servicios necesarios para la ejecución de distintos actos de partido y electorales.
“El Partido Popular habría resultado beneficiado con la actuación del grupo en cuantía de 204.198 euros al recibir cantidades y abono de servicios de las comisiones ilícitas conseguidas por el Grupo Correa por las adjudicaciones a SUFI SA (24.901,09 euros), Constructora Hispánica SA y EOC de Obras y Servicios SA (30.050 euros), Teconsa (120.000 euros), así como por las verificadas a sociedades del grupo Correa (29.247,55 euros)”, sostiene De la Mata.
Fuente
 
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