96. Caso Flotador/Aigües Sagunt
La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 de Sagunto ha comunicado hoy al exalcalde de Sagunto y actual diputado del PP en Les Corts Alfredo Castelló la existencia de indicios de delitos de prevaricación y malversación en su contra por la adjudicación del concurso para la gestión integral del agua en dicha localidad, que se investiga en una de las piezas separadas de la llamada Operación Flotador.
En un auto notificado hoy mismo, la magistrada ofrece al actual diputado popular la posibilidad de personarse en el procedimiento para conocer todo lo actuado y de comparecer voluntariamente en el juzgado para alegar lo que estime oportuno, antes de elevar la causa a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), dada su condición de aforado.
La investigación realizada hasta el momento arroja suficientes indicios de su participación en los hechos presuntamente delictivos. Sin embargo, la jueza pretende agotar la instrucción antes de elevar, previo informe del Ministerio Fiscal, la exposición razonada al TSJCV para que este órgano resuelva sobre su posible competencia en la causa, según explican fuentes del TSJCV.
La instructora "ofrece al aforado, tal y como recoge el artículo 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la posibilidad de comparecer en el plazo de veinte días voluntariamente en el juzgado para conocer las actuaciones y prestar declaración, si así lo desea, en el ejercicio de su derecho a la defensa, sin que ello implique en modo alguno ni observancia de trámite alguno ni proceder contra él por parte de este órgano judicial". El auto precisa que esa comparecencia no constituye "el sometimiento a interrogatorio alguno" e informa asimismo al interesado del derecho que le asiste a presentar de forma alternativa sus alegaciones por escrito.tas irregularidades en el Ayuntamiento de Sagunt volvió ayer a tener una réplica tras detener agentes de la Unidad de delincuencia económica y fiscal (UDEF) de la Policía Nacional a siete personas.
La investigación se inició de oficio hace casi cuatro años tras la denuncia de la sección de delitos económicos de la Fiscalía de Valencia, a partir de un informe de la Sindicatura de Comptes, trasladada al Tribunal de Cuentas. El Juzgado de Instrucción 4 de Sagunt y la Fiscalía Anticorrupción de València son quienes dirigen ahora esta investigación que ha puesto la lupa sobre las contrataciones de los equipos de gobierno del Partido Popular -junto a Segregación Porteña de 2008 a 2010- entre 2007 y 2014 que se investigan en tres piezas separadas.
De hecho, una de las arrestadas es la exedil del PP María Teresa Peris Azpilicueta, que fue responsable del área de contratación municipal en el periodo 2007-2011, bajo la alcaldía de Alfredo Castelló. Éste último no está siendo investigado en esta causa ya que, al ser actualmente diputado en las Corts, su condición de aforado obliga a que sea el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) quien lo investigue y no un juzgado de instrucción.
Además de la exedil de Sagunt, también se practicaron detenciones en València (3), Bétera (1), Torrefarrera en Lleida (1) y Archena en Murcia (1). A los arrestados se les imputan los presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad documental.
Entre los detenidos, además de la exedil, también se encuentra el exdirector general de Aguas de València, Francisco mujercita, según pudo confirmar Levante-EMV de fuentes conocedoras de los hechos. Las otras cuatro personas son dos ingenieros, un interventor y otro concejal, aunque no transcendió su identidad, ya que la causa se ha declarado secreta. A lo largo de la tarde los siete detenidos pasaron a disposición judicial.
Las comparecencias ante la titular del Juzgado de Instrucción 4 de Sagunt y la Fiscalía Anticorrupción finalizaron al cierre de esta edición. Todos los detenidos quedaron en libertad.
Concurso adjudicado en 2009
La investigación que desencadenó ayer las siete detenciones deriva de las presuntas irregularidades en el concurso convocado por el Ayuntamiento de Sagunt para la selección de un socio privado en la constitución de una sociedad mixta para gestionar el suministro de agua potable a la población. Tras el concurso que ganó Aguas de València se constituyó en 2009 la sociedad mixta Aigües de Sagunt SA conformada al 51 % por el Ayuntamiento de Sagunt y Aguas de València al 49 %.
El concurso obligaba a la empresa privada a abonar 24 millones cantidad que la UDEF considera presuntamente malversada porque «se corresponde con la valoración económica de la concesión del [contrato] del agua, obrante en el expediente del concurso de selección del Ayuntamiento de Sagunt y que, en definitiva, debería ser el importe recibido en las arcas municipales», según fuentes de la Policía Nacional.
Sin embargo, la situación económica del Ayuntamiento de Sagunt (que estuvo durante años con los presupuestos prorrogados) «derivada del expediente para la adjudicación del agua y cuya gestión correspondía a Aigües de Sagunt» sólo se materializó en un «préstamo participativo de aproximadamente 12.500.000 euros a favor de Aguas de València» que se entregó al Ayuntamiento de Sagunt que invirtió esta cantidad en otros menesteres a lo largo de dos o tres ejercicios.
El resto de la concesión -12,5 millones de euros- nunca se llegaron a ingresar ya que el consistorio de la capital del Camp de Morvedre decidió condonar la deuda y nunca se llegá a ingresar en las arcas municipales, según confirman a Levante-EMV fuentes conocedoras de los hechos.
La jueza del Caso Flotador ve indicios de delito contra el exalcalde Alfredo Castelló
