Don Txakur
Madmaxista
- Desde
- 13 Jun 2011
- Mensajes
- 2.843
- Reputación
- 3.187
La noticia tiene bemoles, el Deia lo plantea de una manera y yo de otra. La noticia:
Lakua negocia con una empresa de un paraíso fiscal la venta de 3.000 VPO
BILBAO. El Gobierno vasco ha admitido a una empresa domiciliada en un paraíso fiscal, en el concurso del proyecto estrella del Departamento de Vivienda socialista, la venta a un inversor privado de 3.000 pisos de protección oficial. Según información parlamentaria a la que ha tenido acceso DEIA, la compañía Castlepines Global Equities Limited, con domicilio fiscal en las Islas Vírgenes Británicas, es una de las cuatro candidatas en el procedimiento de contratación que está a punto de adjudicarse. En el trasfondo del concurso hay varios fiascos y dos recursos judiciales contra el proceso presentados por el Partido Nacionalista Vasco, admitidos a trámite por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco el pasado mes de febrero.
Entre los aspirantes también está London & Regional Properties, la empresa británica que se ha presentado ya en dos ocasiones al proceso como única interesada. Su oferta fue desestimada a finales del año pasado por no cumplir los criterios de solvencia exigidos. En el segundo proceso, entre abril y marzo de este año, dio plantón en dos ocasiones al departamento de Iñaki Arriola y se declaró desierto el concurso público.
Sin embargo, Arriola no ha querido renunciar a un proyecto presentado a la opinión pública como un nuevo modelo de gestión en el ámbito de las VPO. Se amplió el plazo de presentación de ofertas y se abrió el concurso a empresas no europeas. Por ese resquicio se ha colado Castlepines, cuya casa matriz está en Australia pero rinde tributos en el archipiélago caribeño dependiente del Reino Unido.
Las Islas Vírgenes Bbritánicas fueron incluidas en la lista negra española de paraísos fiscales en 1991 por el Gobierno de Felipe González. El último Ejecutivo de Aznar, con Cristóbal Montoro como ministro de Economía, añadió en 2003 una cláusula que permite abandonar la lista a los países que firmen un convenio de intercambio de información fiscal con España.
LISTA NEGRA El archipiélago ha asumido en los últimos años algunas de las exigencias internacionales de transparencia en relación a las personas físicas. Eso le ha permitido salir de la lista negra de la OCDE, pero, más allá de cuestiones estéticas, estas islas caribeñas siguen siendo un foco de atracción de inversiones debido a su relajación en el ámbito fiscal y a la opacidad en relación a sus empresas. También ha firmado algunos acuerdos con el Estado en cuestiones como el IRPF o los rendimientos del ahorro de los españoles.
Sin embargo, el intercambio de información tributaria es a día de hoy todavía muy limitado y, por tanto, no se dan las condiciones para que abandone el inventario de paraísos fiscales, algo que durante los últimos veinte años han hecho o están en fase de hacerlo 18 de los 48 países de la lista inicial.
Establecer o no relaciones con empresas de esos países desde las administraciones es una cuestión de voluntad política, ya que no hay ninguna legislación internacional o doméstica privativa e incluso cada Estado maneja sus propios listados. Los gobiernos pasan por lo general de puntillas por el asunto y algunos analistas consideran que esa laxitud proyecta una cortina de humo sobre el problema. Por ello tiene difícil explicación la admisión de la empresa de Islas Vírgenes en el concurso del Ejecutivo de Patxi López. Tanto como el desmarque de los socialistas de una resolución aprobada el pasado lunes en el Parlamento en la que se insta al Gobierno vasco "a no adjudicar ni suscribir ningún contrato de ningún tipo con sociedades domiciliadas en paraísos fiscales". El PSE-EE fue el único partido que no secundó la iniciativa, planteada en el Pleno Monográfico de Fiscalidad por el PNV.
Tampoco apoyó otra resolución en la que se reclama al Gobierno de España la defensa "ante los organismos internacionales del aislamiento y la progresiva desaparición de los paraísos fiscales y la trasparencia de los movimientos de capital entre países".
Al margen de la negociación con la compañía de Islas Vírgenes, la propia filosofía del concurso ha sido puesta en tela de juicio por todos los partidos, a excepción del socialista. El Gobierno de López pretende vender a un inversor privado 2.947 VPO y suelo público para que construya otras 1.053.
El adjudicatario tendrá que ingresar en las cuentas de Lakua 303 millones de euros inmediatamente, pero la Administración vasca le pagará un alquiler a precio de mercado (700 euros al mes por vivienda más un actualización anual del 2,5%) para poder ofrecer a los ciudadanos esos pisos en régimen de alquiler social (en torno a los 300 euros mensuales en los primeros ejercicios) durante veinte años.
ALIVIO FINANCIERO El inversor ingresará durante la duración del convenio 430 millones, mientras que el Ejecutivo recibirá algo más de 180 millones de los inscritos en Etxebide. De este forma, el Gobierno actual ingresará más de 300 millones que aliviarán las urgencias presupuestarias actuales, pero posteriores ejecutivos tendrán que hacer frente durante dos décadas a los pagos comprometidos. Sin embargo, lo más preocupante para los partidos es la pérdida de patrimonio público una vez se extinga el convenio. Entonces, todo apunta a que el inversor extranjero podrá vender los pisos y hacerlo a precio de mercado libre con un gran rendimiento.
Tras agotar la vía administrativa, el PNV acudió a la Justicia y presentó un recurso especial en materia de contratación contra la base de la iniciativa de Arriola, la venta de patrimonio público a una empresa que persigue beneficios económicos con la operación, así como a las modificaciones del pliego del concurso y a las ampliaciones de los plazos de admisión de ofertas.
Junto a Castlepines y London Regional, la compañía Aspen Real State Financial (EE.UU.) y Topland Group of Companies (Reino Unido) optan a la adjudicación. Ningún promotor vasco ha mostrado interés en un proceso en el que se intuye que el propio Gobierno ha llamado a la puerta de los candidatos.
Lakua negocia con una empresa de un paraíso fiscal la venta de 3.000 VPO. Deia. Noticias de Bizkaia..
Me he puesto a echar una cuentas rápidas y muy redondeadas a lo alto.
Suponiendo que el suelo se lo regalan por llevarse las VPOs.:
:
303.000.000 €: 2.947 pisos= 102.816 €/piso
Si me pido una hipoteca en cualquier banco del 100% a 20 años usando cualquier simulador de internet la cuota me sale con un diferencial de 1,2% a pagar ahora mismo 528 € al mes y como cuota media estimada unos 676 € que todo indica que se tardará en llegar a estos valores. Si el GV me asegura 700 €+ 2,5% de subida anual esto es un chollo incluso para un palillero sin pasta.
¿Por qué estos chollos no se los ofrecen a los ciudadanos de a pie? Supongo que porque se metería en la jugada hasta el más con poca gracia convirtiéndose en una merienda de personas de color toda la jugada. Pero esto jamás le importo a la clase política. Aquí va a haber tajada, eso lo sabe hasta el más simple.
Lakua negocia con una empresa de un paraíso fiscal la venta de 3.000 VPO
BILBAO. El Gobierno vasco ha admitido a una empresa domiciliada en un paraíso fiscal, en el concurso del proyecto estrella del Departamento de Vivienda socialista, la venta a un inversor privado de 3.000 pisos de protección oficial. Según información parlamentaria a la que ha tenido acceso DEIA, la compañía Castlepines Global Equities Limited, con domicilio fiscal en las Islas Vírgenes Británicas, es una de las cuatro candidatas en el procedimiento de contratación que está a punto de adjudicarse. En el trasfondo del concurso hay varios fiascos y dos recursos judiciales contra el proceso presentados por el Partido Nacionalista Vasco, admitidos a trámite por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco el pasado mes de febrero.
Entre los aspirantes también está London & Regional Properties, la empresa británica que se ha presentado ya en dos ocasiones al proceso como única interesada. Su oferta fue desestimada a finales del año pasado por no cumplir los criterios de solvencia exigidos. En el segundo proceso, entre abril y marzo de este año, dio plantón en dos ocasiones al departamento de Iñaki Arriola y se declaró desierto el concurso público.
Sin embargo, Arriola no ha querido renunciar a un proyecto presentado a la opinión pública como un nuevo modelo de gestión en el ámbito de las VPO. Se amplió el plazo de presentación de ofertas y se abrió el concurso a empresas no europeas. Por ese resquicio se ha colado Castlepines, cuya casa matriz está en Australia pero rinde tributos en el archipiélago caribeño dependiente del Reino Unido.
Las Islas Vírgenes Bbritánicas fueron incluidas en la lista negra española de paraísos fiscales en 1991 por el Gobierno de Felipe González. El último Ejecutivo de Aznar, con Cristóbal Montoro como ministro de Economía, añadió en 2003 una cláusula que permite abandonar la lista a los países que firmen un convenio de intercambio de información fiscal con España.
LISTA NEGRA El archipiélago ha asumido en los últimos años algunas de las exigencias internacionales de transparencia en relación a las personas físicas. Eso le ha permitido salir de la lista negra de la OCDE, pero, más allá de cuestiones estéticas, estas islas caribeñas siguen siendo un foco de atracción de inversiones debido a su relajación en el ámbito fiscal y a la opacidad en relación a sus empresas. También ha firmado algunos acuerdos con el Estado en cuestiones como el IRPF o los rendimientos del ahorro de los españoles.
Sin embargo, el intercambio de información tributaria es a día de hoy todavía muy limitado y, por tanto, no se dan las condiciones para que abandone el inventario de paraísos fiscales, algo que durante los últimos veinte años han hecho o están en fase de hacerlo 18 de los 48 países de la lista inicial.
Establecer o no relaciones con empresas de esos países desde las administraciones es una cuestión de voluntad política, ya que no hay ninguna legislación internacional o doméstica privativa e incluso cada Estado maneja sus propios listados. Los gobiernos pasan por lo general de puntillas por el asunto y algunos analistas consideran que esa laxitud proyecta una cortina de humo sobre el problema. Por ello tiene difícil explicación la admisión de la empresa de Islas Vírgenes en el concurso del Ejecutivo de Patxi López. Tanto como el desmarque de los socialistas de una resolución aprobada el pasado lunes en el Parlamento en la que se insta al Gobierno vasco "a no adjudicar ni suscribir ningún contrato de ningún tipo con sociedades domiciliadas en paraísos fiscales". El PSE-EE fue el único partido que no secundó la iniciativa, planteada en el Pleno Monográfico de Fiscalidad por el PNV.
Tampoco apoyó otra resolución en la que se reclama al Gobierno de España la defensa "ante los organismos internacionales del aislamiento y la progresiva desaparición de los paraísos fiscales y la trasparencia de los movimientos de capital entre países".
Al margen de la negociación con la compañía de Islas Vírgenes, la propia filosofía del concurso ha sido puesta en tela de juicio por todos los partidos, a excepción del socialista. El Gobierno de López pretende vender a un inversor privado 2.947 VPO y suelo público para que construya otras 1.053.
El adjudicatario tendrá que ingresar en las cuentas de Lakua 303 millones de euros inmediatamente, pero la Administración vasca le pagará un alquiler a precio de mercado (700 euros al mes por vivienda más un actualización anual del 2,5%) para poder ofrecer a los ciudadanos esos pisos en régimen de alquiler social (en torno a los 300 euros mensuales en los primeros ejercicios) durante veinte años.
ALIVIO FINANCIERO El inversor ingresará durante la duración del convenio 430 millones, mientras que el Ejecutivo recibirá algo más de 180 millones de los inscritos en Etxebide. De este forma, el Gobierno actual ingresará más de 300 millones que aliviarán las urgencias presupuestarias actuales, pero posteriores ejecutivos tendrán que hacer frente durante dos décadas a los pagos comprometidos. Sin embargo, lo más preocupante para los partidos es la pérdida de patrimonio público una vez se extinga el convenio. Entonces, todo apunta a que el inversor extranjero podrá vender los pisos y hacerlo a precio de mercado libre con un gran rendimiento.
Tras agotar la vía administrativa, el PNV acudió a la Justicia y presentó un recurso especial en materia de contratación contra la base de la iniciativa de Arriola, la venta de patrimonio público a una empresa que persigue beneficios económicos con la operación, así como a las modificaciones del pliego del concurso y a las ampliaciones de los plazos de admisión de ofertas.
Junto a Castlepines y London Regional, la compañía Aspen Real State Financial (EE.UU.) y Topland Group of Companies (Reino Unido) optan a la adjudicación. Ningún promotor vasco ha mostrado interés en un proceso en el que se intuye que el propio Gobierno ha llamado a la puerta de los candidatos.
Lakua negocia con una empresa de un paraíso fiscal la venta de 3.000 VPO. Deia. Noticias de Bizkaia..
Me he puesto a echar una cuentas rápidas y muy redondeadas a lo alto.
Suponiendo que el suelo se lo regalan por llevarse las VPOs.:
:303.000.000 €: 2.947 pisos= 102.816 €/piso
Si me pido una hipoteca en cualquier banco del 100% a 20 años usando cualquier simulador de internet la cuota me sale con un diferencial de 1,2% a pagar ahora mismo 528 € al mes y como cuota media estimada unos 676 € que todo indica que se tardará en llegar a estos valores. Si el GV me asegura 700 €+ 2,5% de subida anual esto es un chollo incluso para un palillero sin pasta.
¿Por qué estos chollos no se los ofrecen a los ciudadanos de a pie? Supongo que porque se metería en la jugada hasta el más con poca gracia convirtiéndose en una merienda de personas de color toda la jugada. Pero esto jamás le importo a la clase política. Aquí va a haber tajada, eso lo sabe hasta el más simple.
