Entre los principales desafíos que las nuevas tecnologías plantean desde el punto de
vista de la seguridad pública se encuentran las actividades de desinformación, las
interferencias en los procesos de participación política de la ciudadanía y el espionaje.
Estas actividades se benefician de las posibilidades que ofrece la sofisticación informática
para acceder a ingentes volúmenes de información y datos sensibles
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/05/pdfs/BOE-A-2019-15790.pdf
materia de telecomunicaciones. Así, el artículo 6 de esta norma acomete cinco
modificaciones de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, con el
objetivo de potenciar las facultades de que dispone el Gobierno, a través del Ministerio de
Economía y Empresa, para afrontar situaciones que pueden afectar al mantenimiento del
orden público, la seguridad pública o la seguridad nacional.
Así, en concreto, se modifican los artículos 4.6 y 6.3 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo,
para reforzar las potestades del Ministerio de Economía y Empresa para llevar a cabo un
mayor control y para mejorar sus posibilidades de actuación cuando la comisión de una
presunta actuación infractora a través del uso de las redes y servicios de comunicaciones
electrónicas pueda suponer una amenaza grave e inmediata para el orden público, la
seguridad pública o la seguridad nacional o cuando en determinados supuestos
excepcionales que también puedan comprometer el orden público, la seguridad pública y
la seguridad nacional sea necesaria la asunción de la gestión directa o la intervención de
las redes y servicios de comunicaciones electrónicas
Estas mayores posibilidades de actuación que se reconocen no se limitan en su
aplicación a un concepto estricto de una red o un servicio de comunicaciones electrónicas,
sino que extienden su eficacia a los elementos que necesariamente acompañan a la
instalación o despliegue de una red o la prestación de un servicio de comunicaciones
electrónicas, como son las infraestructuras susceptibles de alojar redes públicas de comunicaciones electrónicas, sus recursos asociados o cualquier elemento o nivel de la
red o del servicio que resulte necesario para preservar o restablecer el orden público, la
seguridad pública y la seguridad nacional.
Por último, el capítulo V incorpora medidas para reforzar la coordinación en materia de
seguridad de las redes y sistemas de información. Para ello, efectúa una modificación del
real decreto-ley 12/2018, de 7 de septiembre, de seguridad de las redes y sistemas de
información, en virtud de la cual el Centro Criptológico Nacional (CCN) ejercerá la
coordinación nacional de la respuesta técnica de los equipos de respuesta a incidentes de
seguridad informática (CSIRT) en materia de seguridad de las redes y sistemas de
información del sector público. Adicionalmente, se prevé que el CCN ejercerá la función de
enlace para garantizar la cooperación transfronteriza de los CSIRT de las Administraciones
Públicas con los CSIRT internacionales en la respuesta a los incidentes y gestión de
riesgos de seguridad.
