La factura interminable del rescate bancario
La purga inmobiliaria de Sabadell y BBVA suma 1.750 millones al déficit del Estado
La venta de los activos tóxicos 'protegidos' procedentes de la CAM y de Unnim dispara la factura para el Estado de la cobertura de su
pérdida de valor
Cuando el presidente del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), Jaime Ponce, acudió en abril al Congreso para explicar las perspectivas de cara a 2018 de la institución pública encargada de gestionar el rescate bancario auguró que la entidad le costaría este ejercicio en torno a 350 millones de euros al erario público.
Al Frob le corresponde la gestión de la participación estatal en Bankia, y la asunción de las eventuales pérdidas que se deriven de su colocación en el mercado cuando esta se produzca, y también la cobertura del Esquema de Protección de Activos (EPA) sobre los bienes inmobiliarios tóxicos asumidos por Caixabank en la operación de integración del Banco de Valencia o el Liberbank, por CCM.
La información presupuestaria proporcionada por el Gobierno a la Airef revela, sin embargo, que de cara a 2018
el agujero que abrirá en las cuentas del Estado la activación de los EPA se elevará a 1.749 millones de euros, una 'carga' que las fuentes consultadas vinculan a las operaciones de venta de las macrocarteras inmobiliarias de BBVA y Sabadell al fondo Cerberus, que se han cerrado este año.
BBVA acordó a finales de 2017 la venta de una macrocartera inmobiliaria con activos valorados en 17.800 millones de euros al fondo Cerberus, entre los que se encontraban 14.000 millones en activos procedentes de la operación de absorción de Unnim, que disfrutan de la protección de un Esquema de Protección de Activos y que, por tanto, tienen cobertura pública sobre el 80% de su eventual devaluación. Aunque la operación se acordó en 2017, la complejidad de la misma ha hecho que no se haya cerrado hasta este año.
La otra gran operación con incidencia en el presupuesto público que se ha cerrado este año es la venta por parte del Banco Sabadell al mismo fondo de otra macrocartera inmobiliaria de más de 9.000 millones con activos adjudicados del propio banco y otros procedentes de la adquisición de la CAM, también cubiertos por un esquema de protección de activos.
Negociaciones para atenuar el impacto en las cuentas públicas
La información proporcionada por el Gobierno no detalla las cargas asociadas a cada operación. Según fuentes del mercado, la magnitud de las operaciones ha forzado al Fondo de Garantía de Depósitos a negociar con las entidades implicadas en las operaciones- tanto los bancos como los fondos 'compradores'- una estructura que limite el impacto de la venta agregada de semejante volumen de activos con protección estatal tanto sobre las cuentas públicas como sobre la estabilidad del Fondo de Garantía de Depósitos, cuyos recursos son también limitados.
Según el relato de las fuentes consultadas dentro de la negociación se llegó a plantear la posibilidad de 'congelar' la operación de venta de activos del Sabadell -algo que el Fondo de Garantía de Depósitos ya ha hecho en el pasado- para no tensionar en exceso ni el balance del Fondo de Garantía ni las cuentas públicas en un contexto de consolidación fiscal. También se planteó la realización de una derrama entre los bancos para reforzar los recursos del Fondo de Garantía de Depósitos.
Finalmente, el Gobierno valoró más las ventajas que la operación tenía para la estabilidad del banco y decidió no demorar el cierre de la operación inmobiliaria del Sabadell, que supone un tremendo alivio para el balance del banco, ya que le permitirá reducir a la mitad las cargas de activos problemáticos que arrastraba - de unos 15.000 millones de euros a poco más de 7.000 millones, según los cálculos de la propia entidad.
Poco ha trascendido sobre el modelo final pactado con los protagonistas ni sobre si será el mismo en ambos casos, pero en lo que coinciden todas las fuentes consultadas es en que el impacto de estas operaciones inmobiliarias se intentará dilatar a lo largo del tiempo para evitar un impacto presupuestario inasumible.
Según el último balance del Fondo de
Garantía de Depósitos, la institución tenía dotadas provisiones por 1.254 millones de euros en el caso de los activos inmobiliarios de Unnim en manos del BBVA y 3.247 millones de euros, por los de la CAM en manos del Sabadell.
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