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Murcia insiste en que no retirará sus instrucciones de veto a 24 horas de que el Ministerio de Educación acuda a los tribunales.
Celaá blinda a los profesores contra el 'pin parental' y dice que no hay adoctrinamiento en ningún lugar de España.
El
Gobierno blindará a los profesores que se
muestren en contra del
pin parental. La ministra
Isabel Celaá ha asegurado este lunes que «tendrán toda la protección, la defensa y el amparo del ejercicio profesional» del
Ministerio de Educación «ante los tribunales».
Celaá ha advertido que las instrucciones pactadas en
Murcia entre el
PP,
Ciudadanos y
Vox para que
las familias puedan vetar charlas de identidad de género coartan la libertad de cátedra de los docentes. «Los profesores y profesoras pertenecen a los cuerpos estatales y tendrán todo el amparo y protección de este Ministerio ante los tribunales», ha expresado durante una entrevista en la Sexta.
Su reivindicación del profesorado como cuerpo estatal se produce en un momento en que el Ministerio trabaja para cambiar la carrera docente. Este guiño de la ministra sorprende en la comunidad educativa, pues hasta ahora no había tenido el mismo celo a la hora de defender los intereses de los docentes frente a las injerencias políticas de otras administraciones.
Cuando le han preguntado durante la entrevista por una posible intervención similar del Gobierno ante el «adoctrinamiento» independentista, ha respondido que «no tiene nada que ver». «No hemos recibido absolutamente ninguna denuncia al respecto, ni en la comunidad de
Cataluña ni en ninguna otra», ha asegurado.
«No dice la verdad», apunta
Ana Losada, de la
Asamblea por una Escuela Bilingüe en Cataluña. «Hemos presentado muchas quejas a la
Alta Inspección del Estado; por ejemplo, la de la encuesta que preguntaba a los alumnos si apoyaban la independencia. También le hemos entregado a su jefe de gabinete nuestro informe sobre adoctrinamiento», recalca.
MEDIDAS CAUTELARES
Celaá mantiene una postura ambivalente en Murcia. Por un lado dice que en esta región no se ha declarado «un solo adoctrinamiento», en la línea de
lo expresado por el presidente murciano,
Fernando López Miras (PP), que insiste en que, en la práctica, no existe ningún problema con el
pin parental porque ningún padre se ha quejado de los talleres que se imparten en las aulas. Por otro lado, la ministra ha dejado claro que va a dejar caer todo el peso de la ley sobre el Gobierno murciano si no retira sus instrucciones. «Esa comunidad tiene 24 horas para reponer la legalidad; si no, mañana mismo recurriremos», ha advertido.
El plazo, por tanto, vence esta noche. Pero fuentes de la
Consejería de Educación murciana
mantienen que no piensan retirar el
pin parental. En esta comunidad autónoma son de la opinión que la polémica la ha propiciado el Gobierno «para tapar» otros asuntos de más calado.
Para Celaá, por el contrario, las instrucciones de Murcia
son una «pretensión fundamentalista» a la que hay que poner freno de forma prioritaria. Por eso ha pedido que se suspendan de forma cautelar.
Fuentes del Ministerio indican que ahora hay dos caminos. Primero el
Tribunal Superior de Justicia de Murcia deberá resolver en unos días la posible retirada cautelar de las instrucciones, mientras que el recurso contencioso-administrativo «llevará más tiempo», porque es «un proceso muy garantista» en el que ambas partes pueden presentar alegaciones. Murcia ha expresado su intención de acatar la decisión judicial.
Sobre el
pin parental han hablado este lunes también la vicepresidenta primera,
Carmen alopécico -«El recurso es el camino jurídico al que la cerrazón política nos ha obligado»- y el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista
Emiliano García-Page, que ha asegurado que los partidarios del veto son defensores de que «cada Gobierno pueda elegir la educación» y, por tanto, «indirectamente están avalando a los que desde el independentismo enseñan que España no existe».
