Subir pensiones con el IPC doblaría el déficit de la Seguridad Social en 7 años
l sistema, que subsiste con préstamos del Estado, debería aportar otros 2.400 millones cada ejercicio. La partida para pensionistas se comerá la mitad de todo el gasto público de las AAPP en 2022.
La propuesta del PSOE de ligar la subida de las pensiones al IPC abocaría a la Seguridad Social a una quiebra segura a medio plazo. El agujero del sistema, de 18.800 millones, doblaría su tamaño en apenas siete años por los 2.400 millones extraordinarios que habría que gastar en cada ejercicio, y ello en un escenario optimista, con una inflación del 2 por ciento y dando por hecho que la recaudación por cotizaciones seguirá aumentando y permitirá compensar los 3.700 millones de más que cuesta cada año asumir 111.000 nuevas incorporaciones de jubilados y las buenas con- diciones con las que se retiran.
Y es optimista porque la proyección de déficit que hacen algunos estudios, aún sin incorporar la medida socialista, es de susto: José Ignacio Conde-Ruiz, del think tank Fedea, cree que se multiplicará por cuatro en tres décadas por la incorporación de 6,8 millones de nuevos pensionistas; y Analistas Financieros Internacionales cree que la acumulación de deuda de la Seguridad Social llegará al 80 por ciento del PIB en 2065. Hoy, de hecho, el Sistema atiende todos los pagos gracias a préstamos del Estado captados a través de deuda.
El gasto en pensiones de 2018, aún por fijar en Presupuestos, superará los 143.000 millones, un 40 por ciento del desembolso de las Administraciones. Solo con las revalorizaciones del 0,25 por ciento, y pese a la entrada en vigor en 2019 del Factor de Sostenibilidad, que en sus primeros años propiciará ahorros muy limitados, el Sistema tendrá que afrontar gastos anuales extraordinarios de 3.700 millones.
Congelar todo lo demás
Este hecho lleva a Roberto Pereira, presidente de los Economistas Asesores Laborales del Consejo de Economistas, a recordar que ni siquiera las reformas de 2011 y 2013 son suficientes para garantizar el Sistema. "Si lo fueran no tendríamos el déficit actual", asume. Añadir a esos 3.700 millones los 2.400 millones de subir las pensiones un 2 por ciento implicaría que, en cada Presupuesto, el Gobierno tendría que aumentar gasto en 6.100 millones.
Ninguna partida, nunca en la historia, ha sufrido semejantes revalorizaciones. Para asumirlas, además de estudiar nuevas vías de financiación a través de impuestos -algo que será "inevitable", según Eduardo Bandrés, director de Economía Pública y Bienestar de Funcas-, resultaría necesario congelar el resto de gastos.
Tal vez para España sea posible -que no deseable, como recuerdan Banco de España y Autoridad Fiscal- congelar la inversión, que ahora se sitúa en niveles de los años 90, o lograr ahorros en la partida de intereses de la deuda o la de desempleo. Pero cabe no perder de vista que, también por el envejecimiento, el gasto sanitario tendrá que subir si los ciudadanos quieren mantener los estándares actuales de calidad. Actualmente cuesta en torno a 68.000 millones anuales a las Administraciones en su conjunto.
Y es que por la necesidad de reducir el déficit, aún por encima del 3 por ciento, el margen de maniobra para incrementar los desembolsos continúa siendo muy reducido. En 2018, por ejemplo, el escaso margen se va a utilizar para equiparar el salario de las Fuerzas de Seguridad del Estado, rebajar el IRPF a las rentas bajas o incrementar el salario de los funcionarios, que mantuvieron su nómina congelada durante un lustro después de sufrir recortes de hasta el 5 por ciento en 2010. Esas iniciativas correrían riesgo de no prosperar si se centra el potencial sobrante en atender la demanda de la izquierda y de los pensionistas que están saliendo a la calle.
Falta de detalle
El PSOE y Podemos han unido sus fuerzas en el Pacto de Toledo para forzar un debate sobre la forma en que deben revalorizarse las pensiones. Se muestran partidarios de volver a la tradición de ligar la evolución únicamente al IPC, algo que ya no sucede en ningún país europeo. Y lo hacen sin detallar exactamente cómo fi-nanciarían esos incrementos anuales de gasto de 6.100 millones, pues los impuestos a la banca y las transacciones financieras de los socialistas apenas cubrirían una tercera parte de esos aumentos.
Tampoco parecen tener en cuenta las proyecciones a medio plazo del sistema. La pensión media de jubilación se sitúa ahora en los 1.077 euros, pero se encaramará a los 1.200 euros en apenas una década con las revalorizaciones del 0,25 por ciento. La subida sería mayor al sumar el IPC.
La previsión del gasto es aún más llamativa. Al ritmo actual, y si se mantienen los parámetros que imprimió la reforma de 2013, el aumento será del 24 por ciento en una década, hasta 176.000 millones (3.700 millones más al año). Sin embargo, y si se aprobaran las propuestas del PSOE, los desembolsos superarían los 200.000 millones desde 2027 (aumentos de 6.100 millones anuales). Es más: ya desde el año 2023 tendríamos que dedicar a las pensiones más de la mitad del gasto de las Administraciones al capítulo de las pensiones.
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