Denuncian que el pacto podría "suponer, en la práctica, someter a revisión parlamentaria los procedimientos y decisiones judiciales"
Carles Puigdemont, tras su comparecencia ante la prensa en Bruselas.Olivier MatthysEFE
En el comunicado, los jueces al unísono denuncian que "el texto del acuerdo alcanzado contiene explícitas referencias a la posibilidad de desarrollar comisiones de investigación en sede parlamentaria a fin de determinar la presencia de situaciones de judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso pudieran dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas" y añaden que "ello podría suponer, en la práctica, someter a revisión parlamentaria los procedimientos y decisiones judiciales con evidente intromisión en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes".
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Tribuna. Amnistía: los fines y los medios
Los miembros de la Carrera Judicial subrayan que "el Poder Judicial en España es independiente, no actúa sometido a presiones políticas y dispone de un sistema de garantías jurisdiccionales que aparta el riesgo que se apunta".
Por otro lado, también se ha pronunciado en contra del lawfare reconocido en el pacto todas las asociaciones de fiscales.
Desde el colectivo mayoritario, la Asociación de Fiscales señalaron que "es inadmisible la utilización del término guerra judicial (lawfare) utilizado en el acuerdo, al tratarse de un concepto que no tiene encaje en nuestro orden constitucional vigente".
Por su parte, la Unión Progresista de Fiscales sostuvo que "es inadmisible la posible creación de comisiones de investigación en sede parlamentaria sobre actuaciones judiciales ya que pervertiría absolutamente el sistema constitucional de separación de poderes".
Por otro lado, desde la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales se esgrimió que el pacto se trata de un "ataque insólito a la independencia del Poder Judicial" y pusieron énfasis en que el fiscal general, Álvaro García Ortiz, "permanece silente ante la amnistía y los ataques al trabajo de la Fiscalía no vaya a ser que el nuevo Gobierno no le renueve el cargo".
Ante el enorme malestar generado entre jueces y fiscales, el PSOE lanzó un comunicado a última hora de este jueves donde señaló que "el Parlamento no va a realizar, en ningún caso, una revisión de ninguna sentencia o resolución judicial. El Parlamento no fiscalizará a los jueces. Eso no es lo pactado ni se podría haber pactado".
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En el comunicado, los jueces al unísono denuncian que "el texto del acuerdo alcanzado contiene explícitas referencias a la posibilidad de desarrollar comisiones de investigación en sede parlamentaria a fin de determinar la presencia de situaciones de judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso pudieran dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas" y añaden que "ello podría suponer, en la práctica, someter a revisión parlamentaria los procedimientos y decisiones judiciales con evidente intromisión en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes".
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Desde el colectivo mayoritario, la Asociación de Fiscales señalaron que "es inadmisible la utilización del término guerra judicial (lawfare) utilizado en el acuerdo, al tratarse de un concepto que no tiene encaje en nuestro orden constitucional vigente".
Por su parte, la Unión Progresista de Fiscales sostuvo que "es inadmisible la posible creación de comisiones de investigación en sede parlamentaria sobre actuaciones judiciales ya que pervertiría absolutamente el sistema constitucional de separación de poderes".
Por otro lado, desde la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales se esgrimió que el pacto se trata de un "ataque insólito a la independencia del Poder Judicial" y pusieron énfasis en que el fiscal general, Álvaro García Ortiz, "permanece silente ante la amnistía y los ataques al trabajo de la Fiscalía no vaya a ser que el nuevo Gobierno no le renueve el cargo".
Ante el enorme malestar generado entre jueces y fiscales, el PSOE lanzó un comunicado a última hora de este jueves donde señaló que "el Parlamento no va a realizar, en ningún caso, una revisión de ninguna sentencia o resolución judicial. El Parlamento no fiscalizará a los jueces. Eso no es lo pactado ni se podría haber pactado".
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