La directora del IVIMA declara como imputada por prevaricación en venta de 3.000 viviendas públicas

Cœur de Lion

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Mas intervencion y mas estado es lo que necesitamos, esto es culpa de la desregulacion de los mercados.

---------- Post added 04-sep-2014 at 13:29 ----------

Yo diria que las calamidades son esas y emanan de la constitución. ¿O no?

Es evidente que habria que disolver todas las comunidades autonomas y sus correspondientes servicios de vivienda. Con el jefe de estado que hubo hasta 1975 no habia estos problemas y la gente vivia mejor.
 

luisito2

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Villalobos ha añadido: “Son familias sin recursos y si la justicia no actúa pronto, será muy tarde para ellos porque ya están al borde del desahucio”. El portavoz de la Asociación ha asegurado que van a llevar la lucha hasta el final porque el patrimonio público no se puede gestionar de esta manera. “A todos los madrileños y madrileñas nos han robado muchos millones de euros”, ha concluido Villalobos.
No, es justo al revés, como no puede gestionarse el patrimonio púbico es precisamente de forma arbitraria, como pretende Villalobos.

Lo primero que hay que aclarar es que es falso que las viviendas vendidas a un fondo por 200 millones se hayan vendido por debajo de su valor. 200 millones es la mayor puja que se obtuvo en la venta de estas viviendas y es por tanto su valor. Estas viviendas valdrían más si fuesen libres pero no son libres: el fondo que las ha comprado no puede venderlas ni alquilarlas en el mercado libre y está obligado a mantener a los actuales inquilinos con sus actuales rentas de alquiler social.

Si parte de esas familias no pueden pagar esas rentas sociales y corren el riesgo de desahucio eso no cambia si quien les exige el pago de esas rentas sociales es un fondo privado o el IVIMA.

O mejor dicho, es algo que no debería cambiar si no fuese por la corrupción, arbitrariedad y malversación de de caudales públicos que pretende Villalobos.

El IVIMA es una sociedad mercantil pública que debe limitarse por ley a alquilar sus viviendas a la renta social que le marque el Parlamento Madrilleño y a las personas o familias que cumplan los criterios que le parque el Parlamento Madrilleño y la obligación de ofrecer esas rentas sociales a las personas que cumplan esos criterios es algo que el nuevo fondo privado está obligado a cumplir.

Lo que pretende Villalobos es que el IVIMA, una sociedad mercantil gestionada por técnicos no electos en las urnas, haga política social y conceda ayudas a ciertas familias según un criterio puramente arbitrario de favoritismo y sin control de los representantes electos.

Si esas familias deben ser ayudadas con dinero de los contribuyentes para evitar su desahucio, eso es algo que solo pueden decidir los legítimos representantes salidos de las urnas, y no unos técnicos no electos que gestionan el IVIMA, y estas ayudas deben ser ofrecidas de forma transparente y garantizando la igualdad de oportunidades a todas las familias que puedan necesitarlas.

El que los técnicos no electos del IVIMA, por su cuenta y arbitrariamente, decidan, desobedeciendo el mandato del Parlamento, perdonar la renta de alquiler a ciertas familias que les caen bien y luego trasfieran el coste de esa política social ilegítima como pérdidas del IVIMA que los contribuyentes están obligados a asumir, es precisamente lo que constituye un delito de corrupción, de prevaricación y de malversación de caudales públicos.