Vlad_Empalador
Será en Octubre
La crisis aumenta la preocupación entre los propietarios por la 'inquiocupación'
La Plataforma Afectados Ocupación pide leyes que protejan a los dueños de viviendas de las "artimañas para evitar el pago del alquiler"
Manifestación frente al Congreso de los Diputados el pasado 27 de marzo.PLATAFORMA AFECTADOS OCUPACIÓN
«Ni se marcha, ni me paga». Cristina López cuenta a EL MUNDO que la arrendataria a la que le alquiló su piso lleva tres años posponiéndole el pago del alquiler. «El primer escudo que utilizó fue solicitar la Justicia Gratuita sosteniéndose en que no tenía dinero suficiente para pagar a un abogado cuando se decidió ir a juicio». Este primer movimiento permitió que la inquilina fuera declarada «en rebeldía» en el juicio. «Luego, cuando ya estaban en marcha los planes de desahucio, denunció que el abogado que le asignaron no la defendió adecuadamente, lo que prolongó todavía más el desahucio», indica.
El desahucio previsto para el pasado 18 de mayo parecía que iba a poner fin al mal entendido entre las dos partes, pero una semana antes, la arrendataria pidió el informe de vulnerabilidad que puso en marcha el Gobierno durante la esa época en el 2020 de la que yo le hablo. «Este procedimiento puede alargar el proceso de desahucio otros seis meses», asegura.
Pero este no es el único caso. La Plataforma Afectados Ocupación recoge otros similares como el de María Luisa Lozano quien, con un contrato de 550 euros, tiene que pagar 300 de autónomos y no recibe el alquiler de su piso porque su arrendataria ha sido definida por el Gobierno como «vulnerable», a pesar de que dice que su arrendataria ha conseguido diferentes empleos.
La organización se queja de que este tipo de inquilinos que no paga el alquiler «es una nueva forma de ocupación que no se recoge en los datos» y que quienes la sufren no reciben ninguna ayuda por parte de las instituciones. «Existen subsidios por aplazamiento, pero nosotros sólo tenemos constancia de que han sido aplicados en País Vasco».
Por ello, piden un cambio en la legislación que «proteja al pequeño propietario». Además, la asociación reclama que no todo se queda ahí. «A parte de la falta del alquiler tenemos que seguir haciendo frente a los gastos de la vivienda: el gas, el agua, la luz o el impuesto a la comunidad de vecinos».
Según los datos del Ministerio del Interior, Cataluña y Madrid son las comunidades autónomas más afectadas por la ocupación. En 2021, el número de viviendas okupadas en España alcanzó las 17.274, lo que supone una media de 47 casos diarios de ocupación. Esto también implica un aumento de siete puntos con respecto a 2020 y demuestra que la tendencia no tiene intenciones de dejar de aumentar.
LA REALIDAD QUE ESCAPA A LA ESTADÍSTICA
La Plataforma Afectados Ocupación considera que estos números en realidad «no reflejan la verdadera dimensión de la ocupación en España» porque existen casos como los de Cristina López donde los inquilinos no pagan el alquiler a los propietarios de los pisos y porque los allanamientos suponen «un escaso porcentaje» de los delitos.
Por ende, piden la atención de los grupos parlamentarios para que se tomen medidas legislativas que resulten, de alguna forma, una protección hacia el impago del alquiler y palien el continuo refugio que algunos inquilinos hacen en los entresijos de las leyes. Las «artimañas», exponen ellos, que utilizan han provocado que «la vida de algunos propietarios empeore por las secuelas psicológicas de las continuas amenazas».
Además, también instan al Gobierno a que «no apruebe el anteproyecto de la Ley de Vivienda tal y como está. Se tiene que incluir una ley integral de la vivienda a la ocupación y, de igual manera, pedimos medidas para revertir los daños causados a todas las víctimas porque las vigentes en la legislación prolongan la agonía de las familias afectadas por la ocupación y hace que el sistema pague a falsos vulnerables», reclama Ricardo Bravo, portavoz de la Plataforma Afectados Ocupación.
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Bravo también fue víctima durante ocho años de la ocupación indirecta. «Una mafia se hizo con todo el bloque de pisos cuando vivía en Cañada Real. Los departamentos eran de una entidad bancaria». Ricardo asegura que en los pisos se llevaban a cabo «trapicheos y cualquier tipo de actividades ilícitas que se pueda imaginar». «Ha habido desde disparos hasta navajazos. Yo no podía dormir ni hablar. He sido amenazado de fin». El portavoz recuerda que estas organizaciones ilícitas se hacen con los domicilios y luego «los alquilan o los venden, porque saben que la justicia es muy lenta y pueden quedarse hasta tres años en los pisos».
La asociación se manifestó frente a las puertas del Congreso de los Diputados el pasado 27 de marzo, pero ahora tiene previsto concentrarse en varias ciudades de España para visibilizar el problema. La última de ellas fue una cacerolada frente al Ayuntamiento de Móstoles el 26 de mayo, dado que Plataforma Afectados Ocupación señala corrobora que es en el sur de Madrid donde más han crecido los casos de «inquiocupación».
- CARLA DÍAZ
@CarlaDiaz98
Madrid
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El desahucio previsto para el pasado 18 de mayo parecía que iba a poner fin al mal entendido entre las dos partes, pero una semana antes, la arrendataria pidió el informe de vulnerabilidad que puso en marcha el Gobierno durante la esa época en el 2020 de la que yo le hablo. «Este procedimiento puede alargar el proceso de desahucio otros seis meses», asegura.
Pero este no es el único caso. La Plataforma Afectados Ocupación recoge otros similares como el de María Luisa Lozano quien, con un contrato de 550 euros, tiene que pagar 300 de autónomos y no recibe el alquiler de su piso porque su arrendataria ha sido definida por el Gobierno como «vulnerable», a pesar de que dice que su arrendataria ha conseguido diferentes empleos.
La organización se queja de que este tipo de inquilinos que no paga el alquiler «es una nueva forma de ocupación que no se recoge en los datos» y que quienes la sufren no reciben ninguna ayuda por parte de las instituciones. «Existen subsidios por aplazamiento, pero nosotros sólo tenemos constancia de que han sido aplicados en País Vasco».
Por ello, piden un cambio en la legislación que «proteja al pequeño propietario». Además, la asociación reclama que no todo se queda ahí. «A parte de la falta del alquiler tenemos que seguir haciendo frente a los gastos de la vivienda: el gas, el agua, la luz o el impuesto a la comunidad de vecinos».
Según los datos del Ministerio del Interior, Cataluña y Madrid son las comunidades autónomas más afectadas por la ocupación. En 2021, el número de viviendas okupadas en España alcanzó las 17.274, lo que supone una media de 47 casos diarios de ocupación. Esto también implica un aumento de siete puntos con respecto a 2020 y demuestra que la tendencia no tiene intenciones de dejar de aumentar.
LA REALIDAD QUE ESCAPA A LA ESTADÍSTICA
La Plataforma Afectados Ocupación considera que estos números en realidad «no reflejan la verdadera dimensión de la ocupación en España» porque existen casos como los de Cristina López donde los inquilinos no pagan el alquiler a los propietarios de los pisos y porque los allanamientos suponen «un escaso porcentaje» de los delitos.
Por ende, piden la atención de los grupos parlamentarios para que se tomen medidas legislativas que resulten, de alguna forma, una protección hacia el impago del alquiler y palien el continuo refugio que algunos inquilinos hacen en los entresijos de las leyes. Las «artimañas», exponen ellos, que utilizan han provocado que «la vida de algunos propietarios empeore por las secuelas psicológicas de las continuas amenazas».
Además, también instan al Gobierno a que «no apruebe el anteproyecto de la Ley de Vivienda tal y como está. Se tiene que incluir una ley integral de la vivienda a la ocupación y, de igual manera, pedimos medidas para revertir los daños causados a todas las víctimas porque las vigentes en la legislación prolongan la agonía de las familias afectadas por la ocupación y hace que el sistema pague a falsos vulnerables», reclama Ricardo Bravo, portavoz de la Plataforma Afectados Ocupación.
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La asociación se manifestó frente a las puertas del Congreso de los Diputados el pasado 27 de marzo, pero ahora tiene previsto concentrarse en varias ciudades de España para visibilizar el problema. La última de ellas fue una cacerolada frente al Ayuntamiento de Móstoles el 26 de mayo, dado que Plataforma Afectados Ocupación señala corrobora que es en el sur de Madrid donde más han crecido los casos de «inquiocupación».
