¿Qué esconde la nueva Lotur?
MIGUEL MARÍA GONZÁLEZ DE LEGARRA/PRESIDENTE Y DIPUTADO DEL PARTIDO RIOJANO
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En estos días se está tramitando en el Parlamento de La Rioja el Proyecto de Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo. La aplicación futura de esta Ley va a tener una incidencia directa sobre todos los ciudadanos riojanos y por ello considero que es bueno que se conozca por todos ellos la opinión que, al respecto, mantenemos los diferentes partidos políticos.
Estamos acostumbrados a que este tipo de leyes técnicas tarden alrededor de los tres años en elaborarse por parte del Gobierno aunque luego se tramiten en el Parlamento en un mes escaso. Sin embargo, en esta ocasión hemos podido comprobar con relativa sorpresa que, a pesar de las características de la Ley, la vicepresidenta del Gobierno ha puesto un empeño especial para alumbrarla con rapidez extraordinaria. Y ya se sabe lo que dice el refrán sobre las prisas, que normalmente no son buenas consejeras. Ni siquiera cuando son vicepresidentas.
Lo que esta Ley esconde, detrás de una minuciosidad más digna de un reglamento que de una ley, no es más que la culminación de una ambición de poder personal de la vicepresidenta del Gobierno que, con el respaldo ciego del presidente Sanz, han decidido arrebatar a los ayuntamientos toda la capacidad de decisión en materia urbanística para convertirse en las únicas personas por las que, obligatoriamente, van a tener que pasar todas las decisiones urbanísticas y, en consecuencia, todos los ayuntamientos, los empresarios de construcción y promoción y especialmente los particulares en la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Con esta Ley, Pedro Sanz y Aránzazu Vallejo han decidido que van a ser los únicos dueños del Monopoly riojano y que aquí sólo van a jugar los que ellos quieran, donde quieran y solamente cuando quieran que jueguen. Y ya se sabe: cuando uno es el dueño del juego sólo permite que jueguen sus amigos.
Eso es, ni más ni menos, lo que se pretende conseguir con esta Ley. El definitivo asalto al poder urbanístico riojano por parte del máximo poder político de la Comunidad.
Bien, pero ¿cuáles son, a juicio del PR, las reglas que se modifican? ¿Cuáles son esos aspectos fundamentales que se modifican con esta Ley y que otorgan el máximo poder al Gobierno?
En primer lugar, la Ley prevé que sea la consejera Vallejo quien asuma las competencias efectivas en materia urbanística y de ordenación del territorio en aquellos municipios de más de 25.000 habitantes -en La Rioja, de momento, sólo le afecta a Logroño-, y en aquellos casos en que la actuación de que se trate pueda afectar a municipios cuya suma supere ese número de 25.000 habitantes. En este último caso uno piensa enseguida en todos los municipios del cinturón metropolitano de Logroño. En el resto de las actuaciones, la máxima autoridad competente continúa siendo la Comisión de Urbanismo que, lógicamente, también está controlada, prácticamente en su integridad, por la propia consejera.
Esta medida incluida en la nueva LOTUR es un auténtico hachazo en la base del poder municipal y demuestra que el Partido Popular ni cree en los ayuntamientos ni está por la labor de que estos alcancen mayor capacidad de gestión y presupuestaria de la que tienen actualmente, más bien al contrario.
La segunda gran cuestión que, como novedad, introduce este Proyecto de Ley y que va a condicionar toda la política urbanística riojana es la creación del llamado 'Agente Urbanizador'. Es esta una figura poco habitual en el ordenamiento jurídico urbanístico del Estado español, aunque hay que reconocer que no es nueva. Existe desde hace unos años en la zona del Levante español, en concreto en las regiones de Valencia y Murcia, y no sé, pero igual con eso ya está dicho casi todo.
A nadie se le escapa en qué ha convertido el Partido Popular el Levante español en estos últimos años. Actualmente es el paraíso del pelotazo urbanístico y el enriquecimiento rápido. Estamos hartos de ver todos los días en los informativos las resoluciones judiciales decretando el derribo de zonas enteras, que se han construido vulnerando con todo descaro la legalidad. Asistimos boquiabiertos a la desmesura en la construcción de urbanizaciones que se han convertido en auténticas ciudades de vacaciones, como incluso se anuncian las propiedades que figuran a nombre de esposas de altos cargos del PP en Castellón o Valencia; la locura de los nuevos campos de golf en Valencia o Murcia mientras siguen reclamando el agua del Ebro para regarlos; el recientísimo encausamiento judicial del alcalde y una concejala en Orihuela por otro pelotazo urbanístico, etc., etc. Todos los días nos desayunamos con un escándalo urbanístico en el Levante
En estos días, el protagonismo mediático lo centra la detención de la alcaldesa de Marbella y de varias personas del ayuntamiento por uno de los mayores escándalos de corrupción urbanística que todavía no ha hecho más que empezar. Curiosamente, en este caso marbellí, las implicaciones alcanzan también al Levante con la detención de algunas personas en Murcia que son las que han exportado a Marbella el modelo del 'Agente Urbanizador'. Y resulta que ahora ese es, si nos atenemos a lo que propone la nueva Ley del Gobierno de La Rioja, el modelo urbanístico y de desarrollo territorial que pretenden implantar en nuestra región. El modelo 'Zaplana-Valcárcel', propiciado y alimentado por la novedosa figura del 'Agente Urbanizador' que ahora llega a La Rioja de la mano de Pedro Sanz para satisfacer las ansias de determinados constructores y promotores riojanos que recurren a esta peligrosa artimaña para suplir su propia incapacidad para comprar o retener en Logroño suelo suficiente para sustentar sus propias inversiones.
Este Proyecto de Ley que propone el Gobierno del Partido Popular tiene, por tanto, tres propuestas inadmisibles para el Partido Riojano que justifican su rechazo.
En primer lugar, crea la figura del 'Agente Urbanizador' que, al menos en La Rioja, no tiene ninguna razón de ser y pone de manifiesto el absoluto fracaso de la política urbanística del Gobierno, además de abrir el melón de la especulación más feroz y sin escrúpulos en la que, una vez más, el pequeño propietario va a ser la víctima propiciatoria de determinados agentes del Gobierno que dentro de muy poco empezarán a tener nombre y apellidos.
Si algunos decían antes que en La Rioja había especulación y confundían lo que es el libre mercado con la especulación urbanística, que se aten los machos con lo que puede venir ahora si se aprueba esta Ley tal y como está.
En segundo lugar, arrebata las competencias en materia de urbanismo y suelo a los ayuntamientos con un descaro escandaloso y temerario. Y, por último, deposita en una sola persona todo el poder decisorio en materia de urbanismo.
Esto último por sí solo ya es repudiable en un sistema democrático, pero cuando además esa persona exhibe tan claramente sus intenciones, mediante el enfrentamiento directo con la primera institución logroñesa -que no lo olviden, no es el alcalde sino el Ayuntamiento-, cuando se exhiben tan abiertamente esas intenciones, la postura de un partido político responsable, como es el caso del Partido Riojano, no puede ser otra que la del rechazo frontal y absoluto a semejantes pretensiones.
