Gabriel dijo:
Creo que es el momento de hacer una pregunta genérica:
¿Es posible ayudar a los débiles sin limitar sus libertades?
Personalmente creo que es perfectamente posible ayudar a quién sea sin prohibirle nada. Y si a alguien se le ocurre alguna forma de ayuda mediante limitación de las libertades, esa forma se descarta y punto.
Creo que hay miles de maneras de ayudar a los que se hipotecan sin necesidad de interferir en su libre derecho a pactar lo que quieran con los bancos. Ese derecho solo debe de estar limitado a la condición de que no hagan daño a terceros. Se trata de un principio filosófico general que creo que debe de aplicarse a cualquier pacto entre personas libres.
Este tipo de cosas son las que me han convencido de que las izquierdas son un peligro para las libertades.
Un abrazo
Gabriel
El problema es que actualmente en nuestro país un particular que desee subscribir un préstamo hipotecario con un banco o caja de ahorros no puede pactar "lo que quiera", sino lo que decida el banco o caja de ahorros que es quien:
a) Directa, o indirectamente, decide el valor de tasación de la vivienda sobre el cual se va a suscribir el crédito hipotecario. Esta circunstancia sólo deja de cumplirse (parcialmente, a fuer de ser sinceros) en las viviendas de protección oficial (en las que el valor de tasación lo decide el Estado, en un principio) cuya importancia en el parque de vivienda construido en los últimos años ha descendido hasta mínimos históricos. Es por ello que es muy sencillo sobretasar una vivienda por un valor superior al que correspondería por los fundamentos económicos y el más mínimo sentido común.
b) Tiene la exclusividad a la hora de generar el crédito hipotecario necesario para la adquisición de la vivienda. No existe una instancia pública que preste dinero a quien decida comprarse una vivienda: indefectiblemente se debe de acudir a instituciones privadas con ánimo de lucro (es decir, con el objetivo de conseguir los mayores beneficios posibles en el mínimo tiempo posible, aún a costa de la capacidad financiera real del prestatario). Tampoco existe un regulación hipotecaria que establezca claramente los límites y mecanimos reguladores necesarios para evitar sobreendeudamientos relacionados con sobretasaciones fraudulentas.
Es decir, que en ese pacto "libre" hay una parte (el particular) que debe de aceptar unas tasaciones y unas condiciones de pago (plazo de amortización, tipos de interés, comisiones) de instituciones privadas con ánimo de lucro en regimen de oligopolio de facto (Santander-BBVA-CECA). A esto hay que añadir, evidentemente, que el particular no tiene en nuestro país (generalmente) el más mínimo conocimiento (y recibe la mínima información) sobre aquello que está firmando. No existe ni la transparencia informativa ni el conocimiento previo fundamentado de las condiciones contractuales que serían exigibles en un "pacto libre". ¿O cuántos hipotecados españoles conocen en qué consisten exactamente el derecho real de goce con garantía hipotecaria, las cláusulas de resolución anticipada, las responsabilidades personales contraídas con el préstamo, las ejecuciones hipotecarias mediante procedimiento de apremio, las ejecuciones dinerarias personales, el cálculo de los índices de referencia en el caso de préstamos referenciados a interés variable, etc.etc.
Además, una vivienda no es un bien de consumo como otro cualquiera: representa un bien básico de primera necesidad del que no puede prescindir el "consumidor" si desea desarrollar una existencia medianamente confortable o autónoma. Y, en el caso de la vivienda en propiedad, tiene una relación con los mercados de crédito y de financiación hipotecaria estrechísima. Es decir, que tal como está montado el tinglado, al particular no le queda otro remedio que, o bien renunciar a vivir en una vivienda en propiedad, o tener que "pasar por el aro"... le guste o no, y en las condiciones que establezca la entidad financiera privada, que obviamente, tenderán a ser las más beneficiosas para sí misma, no para el particular que firme el crédito.
