Pakirrín
Madmaxista
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Historia De La Burbuja 1981-2006
ESTABLEZCAMOS UNA HISTORIA DE LOS HECHOS:
La vivienda-mercancia: Etapas, tópicos y oportunismos
Entre la Ley del Mercado Hipotecario, la primera Ley de Arrendamientos Urbanos posterior al Decreto Boyer, la definitiva liberalización del suelo entre otras medidas aplicadas por los gobiernos del PP, o el reciente Plan de Vivienda 2005-2008 de la ministra Trujillo, existe una continuidad lógica y coherente, una política de estado
Por Antón Corpas
InSurGente
I. Etapas
La Ley del Mercado Hipotecario de marzo de 1981 que acompañó a los Pactos de la Moncloa, abría el melón jugoso de los productos bancarios en materia de vivienda, y convertía el margen de ahorro y el derecho a la vivienda de la población, en capacidad de endeudamiento y margen de explotación financiera a partir de un bien de primera necesidad. Según el Foro USA/España sobre financiación de la vivienda y el transporte, el volumen de crédito manejado por las entidades financieras pasó 12.921 a 342.202 millones de euros entre diciembre de 1981 y junio del 2002 ("Visión general del mercado hipotecario español", Washington noviembre 2002). Los créditos hipotecarios, que en 1986 suponían un 30% del gasto familiar, quince años después, en el 2001, alcanzaban el 60%.
El Decreto Boyer de 1984 elimina los contratos de alquiler indefinidos y su subrogación familiar (transmisión del mismo contrato de padres a hijos o parientes cercanos), y fomenta una primera desregulación de los precios. El argumento, típicamente liberal, es que la rigidez de la ley y los precios mantiene millones de pisos vacíos. La desregulación ofrecería a los propietarios vías y perspectivas de negocio, y permitiría sacar a la superficie las viviendas vacías para generar un mercado de alquiler. A la larga la realidad es que el parque de alquiler que en 1960 era del 40%, en 2001 se había reducido al 15%, y se calculan 3.100.000 pisos vacíos en todo el estado español.
"De 1985 hasta 1991 los contratos de alquiler tenían una duración de un año después del cual el propietario podía rescindir el contrato según su antojo; la LAU del 1994 aumentó la duración de los contrato a cinco años e incorporó la posibilidad de tanteo a favor del inquilino, pero como contrapartida permitió aumentos ilimitados de alquiler y agilizó los procesos de desahucio por impago" (Dossier sobre la violencia urbanística e inmobiliaria, "Algunos apuntes sobre la especulación y violencia inmobiliarias", Coordinadora contra la Especulación del Raval -Barcelona-).
Se abre el paso del derecho a la vivienda a la vivienda-mercancía. Un derecho inalienable hasta entonces relativamente protegido, pasa a ser un objeto de consumo, compra-venta o inversión. La normativa hipotecaria no establece cortapisas globales ni particulares que eviten que el crédito hipotecario usurpe, invada o imposibilite el ejercicio del derecho a la vivienda. Por su parte, el Decreto Boyer establece la progresiva liberalización de los precios y la paulatina desprotección de los inquilinos.
A la vez que la Vivienda Protegida comienza a ser borrada del mapa y se dibuja el rostro del sector y la futura mafia del ladrillo, el precio del metro cuadrado pasaba de 50.000 a 175.000 pesetas entre 1986 y 1991. Una vivienda de 90 m² que en 1982 costaba unos 3 años de un sueldo medio, en 1993 ya eran 6 años.
Inaugurando una tradición de payasadas reservadas por rango y cargo a los Ministros de Economía, Carlos Solchaga, que como veremos mas adelante sería secundado con los años por Rodrigo Rato, coronaba esta época: “no hay otro país de Europa en donde se pueda ganar más dinero en menos tiempo”.
La nueva Ley del Suelo de 1997 ya con el gobierno Aznar, establece la definitiva liberalización del precio de los solares y la desregulación casi absoluta de la planificación urbanística y territorial. Como ejemplo, la nueva Ley del Suelo da a los Ayuntamientos la potestad sobre el significado de "zona verde", de manera que plazas duras, parkings o procesos de edificación encubierta, pueden figurar en los planes urbanísticos con esa definición,, ahorrando trámites de recalificación, y desarmando aún mas las posibilidades de control de los escasos movimientos vecinales capaces de afrontar procesos judiciales. Según un informe de CCOO ("Una nueva cultura para afrontar el creciente problema de la vivienda en España" - 2005), el precio del suelo se ha multiplicado en un 614% desde 1987. Desde 1985, cuando suponía un 25% del precio final, en el 2004 un el precio de los solares es un 55% del total de la vivienda terminada.
Este aspecto, fuente de ingresos fundamental de los Ayuntamientos, los implica definitivamente como beneficiarios directos de la dinámica especulativa, a pesar de que el oscurantismo sistemático de la práctica totalidad de los municipios en torno a los beneficios de la venta de suelo, impide conocer realmente su repercusión en las arcas de los ayuntamientos.
El nacimiento de la mafia del ladrillo En este tiempo el sector de la construcción de capital español se convierte en el primero de Europa con cinco empresas entre las diez primeras de la UE. El crecimiento de la bolsa de dinero neցro (según el Banco de España los billetes de 500 euros son el 35,22% del dinero en circulación), repercute mayoritariamente en el detergente de la construcción y la propiedad inmobiliaria, y de manera directa en la costa mediterránea que sufre la segunda oleada turística inmobiliaria. Desde el parlamento de Madrid al Ayuntamiento de Barcelona o la costa andaluza son interminables los casos, pruebas e indicios de la estrecha relación entre el mercado inmobiliario y de la construcción, y la casta política e institucional.
En una ciudad como Barcelona, en el 2001 se producían 3.675 deshaucios, 10 diarios; y en general en las grandes urbes, los casos de violencia y acoso inmobiliario, se convierten en una práctica habitual de inmobiliarias e incluso de empresas institucionales o mixtas. Un urbanismo agresivo basado en la destrucción y reconstrucción permanente de bloques y calles, sin contar con las consecuencias sociales, económicas e históricas, se convierte en el dogma generalizado de los gabinetes de planificación urbanística o territorial. El precio de la vivienda crece hasta un 150% de 1997 a 2004, y el endeudamiento familiar que alcanza el 90% de los ingresos, de los que un 60% corresponde al gasto en vivienda.
Al actual jefe del FMI, por entonces Ministro de Economía, le corresponde retratar la época, en noviembre del 2003, en respuesta a la subida del 16,7% del precio de la vivienda en un año: "Todos los pisos que se construyen se venden... La causa primordial, sin duda alguna, es que en España hoy se construyen 700.000 viviendas y se venden".
II Tópicos y oportunismos
Datos y tópicos (población, demanda y tipos de interés)
En cambio, El País, en un editorial y en las conclusiones de un artículo de Enrique Gil alopécico, no nombra uno solo de los precedentes que citamos aquí, ni la legislación vigente que ayudaría a entenderlo.
En el editorial titulado Pisos y sus hipotecas (9/1/05), cita el periódico una cifra preocupante: "Los precios de la vivienda nueva subieron en 2005 un 10% menos que el año anterior (14%) pero el triple que el índice de precios o IPC". Para el editorialista las "causas conocidas" son "la presión de la demanda por el aumento de la población" y "los bajos tipos de interés".
Los bajos tipos de interés son un factor que influye en la voluntad de compra, pero que como dato parcial y aislado, no explica de ninguna manera la realidad global.
En cuanto a esa enorme demanda, el informe de CCOO citado mas arriba, señala la perversión que supone confundir demandantes de vivienda con inversores en vivienda, sobre todo sí tenemos en cuenta que ciertos mecanismos especulativos como la sucesión de compra-ventas de un mismo inmueble o edificio en un corto espacio de tiempo, juegan precisamente a inflar los precios inflando la demanda.
El mismo informe señala que el aumento en el aumento de un 20,9% de viviendas de nueva construcción en el periodo 1991-2001 "ha cuadriplicado la evolución de la población española en el mismo periodo (+5%)".
En general, esta mezcla de población-demanda-tipos de interés, responde a la pretensión de despolitizar los hechos en economía, y representar los datos, las causas y los efectos, como fenómenos económico-climáticos, que conllevan de una u otra manera condenarse a la fatalidad obviando las responsabilidades políticas.
Oportunismo, cuestión nacional y vivienda
Pero lo más llamativo del editorial, es un argumento novedoso por lo menos para el que escribe, y que introduce el dedo en el actual debate en torno a la cuestión nacional, o como prefieren llamarlo el debate territorial: "El nuevo Ministerio de Vivienda intenta contribuir a un equilibrio entre esos factores contradictorios mediante planes de construcción de viviendas de protección oficial y de estímulo del mercado de alquiler con el fin de aliviar la presión sobre el mercado de venta de vivienda. Hasta el momento con un escaso éxito, entre otros motivos porque las competencias esenciales en la materia están transferidas".
En la misma línea, Enrique Gil-alopécico, en un artículo dedicado al Estatut, culpa al estado de las autonomías de la rapiña urbanística, con un argumento que a la derecha españolista mas acérrima no se le hubiera ocurrido: "Al dividir por 17 las competencias urbanísticas se ha producido una catarata de efectos perversos (boom de la construcción, espiral especulativa inmobiliaria, hipertrofia urbanizadora, destrucción de la costa mediterranea...). Tanto es así que hasta Bruselas se ha visto obligada a intervenir, pero solo para constatar su impotencia, pues no puede obligar más que a los Estados nacionales, y el español ya carece de competencias en la materia".
En el mismo artículo, recurre Gil alopécico a otros argumentos que embarullan conceptos y espacios: "cuando un espacio público carece de regulación común se ve sometido a una lógica de intensificación explotadora que concluye inexorablemente con su agotamiento, según la tragedia de los bienes comunales que Garret Hardin describió ya en 1968 (Science, 162). Es la tragedia del confederalismo que, de momento, está destruyendo el suelo español".
Además de confundir de manera interesada bien comunal con propiedad estatal y centralismo político, legislativo y administrativo, el editorialista de El País y el propio Gil alopécico, dejan de lado que son leyes estatales las que han generado las condiciones y las prácticas del desarrollo especulativo. Olvidan también, que las autonomías o los propios ayuntamientos, además de disponer de la referencia y la cobertura de la LAU o la Ley del Suelo, no son entidades metafísicas que trampean los bienes comunales, sino que son gestionadas en su mayoría por PP o PSOE, al igual que la mayoría de los ayuntamientos del estado español.
Finalmente, sí efectivamente el tripartito en la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona son fieles a la misma política aplicada por Chaves (PSOE) en Andalucia o Camps (PP) en el País Valenciá; el tripartito vasco, formado por PNV, EA y una Ezker Batua que con sus deficiencias no se pliega al estatalismo de la dirección federal de IU, es el único gobierno autonómico que en los últimos años ha elaborado una propuesta de Ley sobre Suelo y Urbanismo mínimamente progresista en sus objetivos: "Siempre decimos que es una ley con un principio y dos objetivos. El principio es hacer prevalecer el derecho a una vivienda a precio accesible frente al derecho a la propiedad privada. Y los objetivos son luchar contra la especulación y disponer de un parque de vivienda protegida importante que satisfaga la necesidad que existe en el País Vasco. Queremos llegar a las 10.000 VPO dentro de unos años y que se promuevan más viviendas protegidas que viviendas libres" (El Mundo, "El gobierno vasco contempla expropiar terrenos", 24/9/04, suplemento Su Vivienda número 362). Dicha ley establece medidas contra el uso especulativo del suelo, como la expropiación de terrenos si en un año no se ha iniciado la edificación, la reserva del 60% de las áreas urbanas a vivienda protegida o la expropiación de viviendas vacías.
De hecho, el Viceconsejero del Gobierno Vasco y miembro de Ezker Batua, Javier Dean, fue la única voz institucional que rechazó el Plan de Vivienda 2005-2008, previendo que su aplicación supondrá un aumento del 53% del beneficio empresarial en la Comunidad Autónoma Vasca. Mientras, medidas similares a las del plan vasco propuestas para el Plan sobre el Derecho a la Vivienda de la Generalitat, eran automáticamente descalificadas y desautorizadas, tanto desde las filas del PSC como por la ministra Trujillo, justo durante la celebración del macroencuentro del mercado inmobiliario Barcelona Meetting Point.
En cualquier caso, además de necesidades coyunturales o estratégicas respecto a los mas que previsibles fracasos de las medidas de María Antonia Trujillo o cara a la negociación del Estatut catalán u otros, ese planteamiento es también una expresión de la mentalidad jacobina del nacionalismo español de izquierdas, que no desaprovechará la oportunidad de culpar a los nacionalismos de cualquier mal.
Esta labor de guardagujas que trata de desviar la atención, no puede ocultar en estos momentos dos hechos elementales.
Uno es que en el programa actual del gobierno Zapatero, no figura ni una sola reforma sustancial que afecte a la LAU, la Ley del Suelo o el mercado hipotecario, y que el Plan Trujillo, finalmente, no ha hecho sino ceder a las pretensiones de los constructores, llegando a admitir la subida de hasta un 60% de las viviendas de protección oficial.
La otra, es que el recorrido por la evolución del mercado inmobiliario y los hitos de la economía especulativa en lo que toca al suelo y la vivienda en el estado español, indica una relación inseparable entre la legislación estatal y las prácticas empresariales y financieras.
Entre la Ley del Mercado Hipotecario, la primera Ley de Arrendamientos Urbanos posterior al Decreto Boyer, la definitiva liberalización del suelo entre otras medidas aplicadas por los gobiernos del PP, o el reciente Plan de Vivienda 2005-2008 de la ministra Trujillo, existe una continuidad lógica y coherente, una política de estado, que afila las aristas mercantiles que dificultan el acceso a la vivienda, que empeoran las condiciones de compra y alquiler, que abandonan el ejercicio concreto de un derecho a las condiciones del mercado, y multiplican los beneficios financieros y empresariales.
Peligros 10/1/06 -- 21.26
http://www.insurgente.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=420
ESTABLEZCAMOS UNA HISTORIA DE LOS HECHOS:
La vivienda-mercancia: Etapas, tópicos y oportunismos
Entre la Ley del Mercado Hipotecario, la primera Ley de Arrendamientos Urbanos posterior al Decreto Boyer, la definitiva liberalización del suelo entre otras medidas aplicadas por los gobiernos del PP, o el reciente Plan de Vivienda 2005-2008 de la ministra Trujillo, existe una continuidad lógica y coherente, una política de estado
Por Antón Corpas
InSurGente
I. Etapas
La Ley del Mercado Hipotecario de marzo de 1981 que acompañó a los Pactos de la Moncloa, abría el melón jugoso de los productos bancarios en materia de vivienda, y convertía el margen de ahorro y el derecho a la vivienda de la población, en capacidad de endeudamiento y margen de explotación financiera a partir de un bien de primera necesidad. Según el Foro USA/España sobre financiación de la vivienda y el transporte, el volumen de crédito manejado por las entidades financieras pasó 12.921 a 342.202 millones de euros entre diciembre de 1981 y junio del 2002 ("Visión general del mercado hipotecario español", Washington noviembre 2002). Los créditos hipotecarios, que en 1986 suponían un 30% del gasto familiar, quince años después, en el 2001, alcanzaban el 60%.
El Decreto Boyer de 1984 elimina los contratos de alquiler indefinidos y su subrogación familiar (transmisión del mismo contrato de padres a hijos o parientes cercanos), y fomenta una primera desregulación de los precios. El argumento, típicamente liberal, es que la rigidez de la ley y los precios mantiene millones de pisos vacíos. La desregulación ofrecería a los propietarios vías y perspectivas de negocio, y permitiría sacar a la superficie las viviendas vacías para generar un mercado de alquiler. A la larga la realidad es que el parque de alquiler que en 1960 era del 40%, en 2001 se había reducido al 15%, y se calculan 3.100.000 pisos vacíos en todo el estado español.
"De 1985 hasta 1991 los contratos de alquiler tenían una duración de un año después del cual el propietario podía rescindir el contrato según su antojo; la LAU del 1994 aumentó la duración de los contrato a cinco años e incorporó la posibilidad de tanteo a favor del inquilino, pero como contrapartida permitió aumentos ilimitados de alquiler y agilizó los procesos de desahucio por impago" (Dossier sobre la violencia urbanística e inmobiliaria, "Algunos apuntes sobre la especulación y violencia inmobiliarias", Coordinadora contra la Especulación del Raval -Barcelona-).
Se abre el paso del derecho a la vivienda a la vivienda-mercancía. Un derecho inalienable hasta entonces relativamente protegido, pasa a ser un objeto de consumo, compra-venta o inversión. La normativa hipotecaria no establece cortapisas globales ni particulares que eviten que el crédito hipotecario usurpe, invada o imposibilite el ejercicio del derecho a la vivienda. Por su parte, el Decreto Boyer establece la progresiva liberalización de los precios y la paulatina desprotección de los inquilinos.
A la vez que la Vivienda Protegida comienza a ser borrada del mapa y se dibuja el rostro del sector y la futura mafia del ladrillo, el precio del metro cuadrado pasaba de 50.000 a 175.000 pesetas entre 1986 y 1991. Una vivienda de 90 m² que en 1982 costaba unos 3 años de un sueldo medio, en 1993 ya eran 6 años.
Inaugurando una tradición de payasadas reservadas por rango y cargo a los Ministros de Economía, Carlos Solchaga, que como veremos mas adelante sería secundado con los años por Rodrigo Rato, coronaba esta época: “no hay otro país de Europa en donde se pueda ganar más dinero en menos tiempo”.
La nueva Ley del Suelo de 1997 ya con el gobierno Aznar, establece la definitiva liberalización del precio de los solares y la desregulación casi absoluta de la planificación urbanística y territorial. Como ejemplo, la nueva Ley del Suelo da a los Ayuntamientos la potestad sobre el significado de "zona verde", de manera que plazas duras, parkings o procesos de edificación encubierta, pueden figurar en los planes urbanísticos con esa definición,, ahorrando trámites de recalificación, y desarmando aún mas las posibilidades de control de los escasos movimientos vecinales capaces de afrontar procesos judiciales. Según un informe de CCOO ("Una nueva cultura para afrontar el creciente problema de la vivienda en España" - 2005), el precio del suelo se ha multiplicado en un 614% desde 1987. Desde 1985, cuando suponía un 25% del precio final, en el 2004 un el precio de los solares es un 55% del total de la vivienda terminada.
Este aspecto, fuente de ingresos fundamental de los Ayuntamientos, los implica definitivamente como beneficiarios directos de la dinámica especulativa, a pesar de que el oscurantismo sistemático de la práctica totalidad de los municipios en torno a los beneficios de la venta de suelo, impide conocer realmente su repercusión en las arcas de los ayuntamientos.
El nacimiento de la mafia del ladrillo En este tiempo el sector de la construcción de capital español se convierte en el primero de Europa con cinco empresas entre las diez primeras de la UE. El crecimiento de la bolsa de dinero neցro (según el Banco de España los billetes de 500 euros son el 35,22% del dinero en circulación), repercute mayoritariamente en el detergente de la construcción y la propiedad inmobiliaria, y de manera directa en la costa mediterránea que sufre la segunda oleada turística inmobiliaria. Desde el parlamento de Madrid al Ayuntamiento de Barcelona o la costa andaluza son interminables los casos, pruebas e indicios de la estrecha relación entre el mercado inmobiliario y de la construcción, y la casta política e institucional.
En una ciudad como Barcelona, en el 2001 se producían 3.675 deshaucios, 10 diarios; y en general en las grandes urbes, los casos de violencia y acoso inmobiliario, se convierten en una práctica habitual de inmobiliarias e incluso de empresas institucionales o mixtas. Un urbanismo agresivo basado en la destrucción y reconstrucción permanente de bloques y calles, sin contar con las consecuencias sociales, económicas e históricas, se convierte en el dogma generalizado de los gabinetes de planificación urbanística o territorial. El precio de la vivienda crece hasta un 150% de 1997 a 2004, y el endeudamiento familiar que alcanza el 90% de los ingresos, de los que un 60% corresponde al gasto en vivienda.
Al actual jefe del FMI, por entonces Ministro de Economía, le corresponde retratar la época, en noviembre del 2003, en respuesta a la subida del 16,7% del precio de la vivienda en un año: "Todos los pisos que se construyen se venden... La causa primordial, sin duda alguna, es que en España hoy se construyen 700.000 viviendas y se venden".
II Tópicos y oportunismos
Datos y tópicos (población, demanda y tipos de interés)
En cambio, El País, en un editorial y en las conclusiones de un artículo de Enrique Gil alopécico, no nombra uno solo de los precedentes que citamos aquí, ni la legislación vigente que ayudaría a entenderlo.
En el editorial titulado Pisos y sus hipotecas (9/1/05), cita el periódico una cifra preocupante: "Los precios de la vivienda nueva subieron en 2005 un 10% menos que el año anterior (14%) pero el triple que el índice de precios o IPC". Para el editorialista las "causas conocidas" son "la presión de la demanda por el aumento de la población" y "los bajos tipos de interés".
Los bajos tipos de interés son un factor que influye en la voluntad de compra, pero que como dato parcial y aislado, no explica de ninguna manera la realidad global.
En cuanto a esa enorme demanda, el informe de CCOO citado mas arriba, señala la perversión que supone confundir demandantes de vivienda con inversores en vivienda, sobre todo sí tenemos en cuenta que ciertos mecanismos especulativos como la sucesión de compra-ventas de un mismo inmueble o edificio en un corto espacio de tiempo, juegan precisamente a inflar los precios inflando la demanda.
El mismo informe señala que el aumento en el aumento de un 20,9% de viviendas de nueva construcción en el periodo 1991-2001 "ha cuadriplicado la evolución de la población española en el mismo periodo (+5%)".
En general, esta mezcla de población-demanda-tipos de interés, responde a la pretensión de despolitizar los hechos en economía, y representar los datos, las causas y los efectos, como fenómenos económico-climáticos, que conllevan de una u otra manera condenarse a la fatalidad obviando las responsabilidades políticas.
Oportunismo, cuestión nacional y vivienda
Pero lo más llamativo del editorial, es un argumento novedoso por lo menos para el que escribe, y que introduce el dedo en el actual debate en torno a la cuestión nacional, o como prefieren llamarlo el debate territorial: "El nuevo Ministerio de Vivienda intenta contribuir a un equilibrio entre esos factores contradictorios mediante planes de construcción de viviendas de protección oficial y de estímulo del mercado de alquiler con el fin de aliviar la presión sobre el mercado de venta de vivienda. Hasta el momento con un escaso éxito, entre otros motivos porque las competencias esenciales en la materia están transferidas".
En la misma línea, Enrique Gil-alopécico, en un artículo dedicado al Estatut, culpa al estado de las autonomías de la rapiña urbanística, con un argumento que a la derecha españolista mas acérrima no se le hubiera ocurrido: "Al dividir por 17 las competencias urbanísticas se ha producido una catarata de efectos perversos (boom de la construcción, espiral especulativa inmobiliaria, hipertrofia urbanizadora, destrucción de la costa mediterranea...). Tanto es así que hasta Bruselas se ha visto obligada a intervenir, pero solo para constatar su impotencia, pues no puede obligar más que a los Estados nacionales, y el español ya carece de competencias en la materia".
En el mismo artículo, recurre Gil alopécico a otros argumentos que embarullan conceptos y espacios: "cuando un espacio público carece de regulación común se ve sometido a una lógica de intensificación explotadora que concluye inexorablemente con su agotamiento, según la tragedia de los bienes comunales que Garret Hardin describió ya en 1968 (Science, 162). Es la tragedia del confederalismo que, de momento, está destruyendo el suelo español".
Además de confundir de manera interesada bien comunal con propiedad estatal y centralismo político, legislativo y administrativo, el editorialista de El País y el propio Gil alopécico, dejan de lado que son leyes estatales las que han generado las condiciones y las prácticas del desarrollo especulativo. Olvidan también, que las autonomías o los propios ayuntamientos, además de disponer de la referencia y la cobertura de la LAU o la Ley del Suelo, no son entidades metafísicas que trampean los bienes comunales, sino que son gestionadas en su mayoría por PP o PSOE, al igual que la mayoría de los ayuntamientos del estado español.
Finalmente, sí efectivamente el tripartito en la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona son fieles a la misma política aplicada por Chaves (PSOE) en Andalucia o Camps (PP) en el País Valenciá; el tripartito vasco, formado por PNV, EA y una Ezker Batua que con sus deficiencias no se pliega al estatalismo de la dirección federal de IU, es el único gobierno autonómico que en los últimos años ha elaborado una propuesta de Ley sobre Suelo y Urbanismo mínimamente progresista en sus objetivos: "Siempre decimos que es una ley con un principio y dos objetivos. El principio es hacer prevalecer el derecho a una vivienda a precio accesible frente al derecho a la propiedad privada. Y los objetivos son luchar contra la especulación y disponer de un parque de vivienda protegida importante que satisfaga la necesidad que existe en el País Vasco. Queremos llegar a las 10.000 VPO dentro de unos años y que se promuevan más viviendas protegidas que viviendas libres" (El Mundo, "El gobierno vasco contempla expropiar terrenos", 24/9/04, suplemento Su Vivienda número 362). Dicha ley establece medidas contra el uso especulativo del suelo, como la expropiación de terrenos si en un año no se ha iniciado la edificación, la reserva del 60% de las áreas urbanas a vivienda protegida o la expropiación de viviendas vacías.
De hecho, el Viceconsejero del Gobierno Vasco y miembro de Ezker Batua, Javier Dean, fue la única voz institucional que rechazó el Plan de Vivienda 2005-2008, previendo que su aplicación supondrá un aumento del 53% del beneficio empresarial en la Comunidad Autónoma Vasca. Mientras, medidas similares a las del plan vasco propuestas para el Plan sobre el Derecho a la Vivienda de la Generalitat, eran automáticamente descalificadas y desautorizadas, tanto desde las filas del PSC como por la ministra Trujillo, justo durante la celebración del macroencuentro del mercado inmobiliario Barcelona Meetting Point.
En cualquier caso, además de necesidades coyunturales o estratégicas respecto a los mas que previsibles fracasos de las medidas de María Antonia Trujillo o cara a la negociación del Estatut catalán u otros, ese planteamiento es también una expresión de la mentalidad jacobina del nacionalismo español de izquierdas, que no desaprovechará la oportunidad de culpar a los nacionalismos de cualquier mal.
Esta labor de guardagujas que trata de desviar la atención, no puede ocultar en estos momentos dos hechos elementales.
Uno es que en el programa actual del gobierno Zapatero, no figura ni una sola reforma sustancial que afecte a la LAU, la Ley del Suelo o el mercado hipotecario, y que el Plan Trujillo, finalmente, no ha hecho sino ceder a las pretensiones de los constructores, llegando a admitir la subida de hasta un 60% de las viviendas de protección oficial.
La otra, es que el recorrido por la evolución del mercado inmobiliario y los hitos de la economía especulativa en lo que toca al suelo y la vivienda en el estado español, indica una relación inseparable entre la legislación estatal y las prácticas empresariales y financieras.
Entre la Ley del Mercado Hipotecario, la primera Ley de Arrendamientos Urbanos posterior al Decreto Boyer, la definitiva liberalización del suelo entre otras medidas aplicadas por los gobiernos del PP, o el reciente Plan de Vivienda 2005-2008 de la ministra Trujillo, existe una continuidad lógica y coherente, una política de estado, que afila las aristas mercantiles que dificultan el acceso a la vivienda, que empeoran las condiciones de compra y alquiler, que abandonan el ejercicio concreto de un derecho a las condiciones del mercado, y multiplican los beneficios financieros y empresariales.
Peligros 10/1/06 -- 21.26
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