El
Gobierno ha rechazado aportar información sobre los
expertos que le asesoraron en los primeros momentos de la esa época en el 2020 de la que yo le hablo, cuando el cobi19 se extendía ya por el país sin que las autoridades tomasen medida alguna para contenerlo. El Ejecutivo ha dejado sin respuesta una solicitud cursada a través del Portal de Transparencia que se interesaba, en concreto, por «la relación de expertos que asesoraron al presidente del Gobierno Pedro Sánchez y al Ministerio de Sanidad hasta el 8 de marzo», día en que se celebraron las multitudinarias marchas ideológicas por el Día de la Mujer. Sanidad acabaría admitiendo que el bichito estaba ya desbocado en España
desde la última semana de febrero.
La petición fue remitida en abril a la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno. Casi dos meses después -y debido a la suspensión de plazos por la declaración del estado de alarma-, el 4 de junio, se informó desde este departamento del inicio de tramitación. A partir de entonces, el Gobierno disponía de un mes para responder.
La ley dicta que, una vez expirado ese plazo sin que se haya dictado resolución, la solicitud de entenderá desestimada, a no ser que el Gobierno solicite una ampliación.
En efecto, así se hizo. En una notificación firmada por la vicesecretaria general de la Presidencia del Gobierno, Hilda Jiménez, se indicó al interesado que «atendiendo el volumen de solicitudes dirigidas a este órgano y para dar cumplida información de lo que se solicita» se ampliaría el plazo de resolución «por otro mes». La información, en cambio, nunca fue entregada.
Expertos ‘fantasma’.
El Ejecutivo da así muestra, una vez más, de
su opacidad, negando facilitar la identidad de quienes, presuntamente, le asesoran. De hecho, desde que se conocieron los primeros casos en la ciudad china de Wuhan, Sánchez siempre
se ha escondido en dichos expertos para justificar su cuestionada gestión.
El Gobierno ya admitió que
no existía ningún grupo de expertos para decidir sobre el cambio de fase en la desescalada. Para intentar salir al paso de la polémica, el Ejecutivo explicó que durante la crisis se constituyeron varios grupos de asesoramiento. El primero fue el denominado
Comité Científico-Técnico, que, según fuentes de Sanidad, mantenía «encuentros semanales con el presidente del Gobierno durante el estado de alarma y la desescalada». Sin embargo, ese comité no se constituyó, según la propia información del Ministerio, hasta el 22 de marzo, cuando España ya sumaba 28.572 infectados y 1.720 personas habían fallecido. Cabe recordar que el 31 de enero, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el cobi19 una Emergencia Internacional, y el 11 de marzo, una esa época en el 2020 de la que yo le hablo.
Además de ese Comité Científico-Técnico, Sanidad dispuso, siempre según su versión, de
tres grupos más para la gestión de la crisis pandémica: uno para planear la desescalada, otro -formado por técnicos de Sanidad- para evaluar las solicitudes de los cambios de fase y otro dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación.
La polémica, entonces, surgió por la inexistencia de un «comité de expertos» constituido para valorar el avance de las comunidades en el plan de desescalada, de forma que en la práctica era el ministro Salvador Illa quien tenía la última palabra.
«El criterio de los expertos»
En reiteradas ocasiones, Sánchez ha asegurado que su gestión de la crisis, desde el primer momento, estuvo amparada en el consejo de los expertos. De hecho, en
sucesivas respuestas en el Congreso de los Diputados, el Gobierno alega que «en todo momento» la actuación en relación al cobi19 se ha regido por «cuatro criterios»: un «seguimiento diario» a través del «comité ministerial»; decisiones «basadas en la evidencia científica y
el criterio de los expertos»; «máxima coordinación con las autoridades sanitarias internacionales, europeas y las Comunidades Autónoma» y «total transparencia en la información al conjunto de la sociedad».
Bajo esa respuesta genérica, el Ejecutivo ha rechazado explicar cuestiones sensibles, como el impacto del 8-M o el retraso en la aplicación de las medidas.
El Gobierno no sólo ha mostrado su opacidad con los expertos ‘nacionales’. Además, ignoró las advertencias de los organismos internacionales durante meses, para autorizar y alentar las manifestaciones convocadas por el Día Internacional de la Mujer.
Así, por ejemplo, ya en enero, la Organización Mundial de la Salud (OMS) avisó que los países debían «procurar, principalmente, reducir la infección en las personas, evitar la transmisión secundaria y la propagación internacional y colaborar con la respuesta», frente al bichito.
El 24 de febrero, la OMS avisaba que el cobi19 tenía «potencial de esa época en el 2020 de la que yo le hablo», y alertaba sobre el incremento de casos en países cercanos, como Italia. Su director general, Tedros Adhanom, reiteraba la petición de que los países se centrasen en la contención del bichito. El 28 de febrero, el organismo elevó el riesgo del cobi19 a «muy alto».
El 2 de marzo, el
Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades de la Unión Europea publicó un informe en el que se aconsejaban «medidas más estrictas de distanciamiento social». Entre ellas, la «suspensión de reuniones masivas y cierre de colegios y centros de trabajo para interrumpir las cadenas de transmisión». También se instaba a abastecer a los sanitarios de equipos adecuados de protección individual.
Como informó OKDIARIO, la agencia europea pedía a los países prestar atención a una epidemia que podría tener
«resultados fatales».
Los expertos sanitarios europeos advertían de que el el bichito-19 es «causado por un bichito contagioso, no hay terapias ni banderillas y presumiblemente no hay inmunidad preexistente». «Actualmente se considera que el riesgo asociado con la infección es moderado a alto», avisaba el dossier, «según la probabilidad de transmisión y el impacto de la enfermedad».
