Guía para no perderse en la supuesta trama delictiva que arrasa Podemos
Guía para no perderse en la supuesta trama delictiva que arrasa Podemos
El líder de Podemos, Pablo Iglesias, junto a su mujer y compañera de partido, Irene Montero. eE
Madrid 8:16 - 15/08/2020
Para explicar quién es quién en la supuesta trama delictiva de Podemos, hay que detenerse en primera instancia en la figura de José Manuel Calvente. Él es el exresponsable de los Servicios Jurídicos de la formación jovenlandesada, despedido por burofax en diciembre de 2019. Sus declaraciones, primero ante la guardia civil, y luego ante el juez, han provocado que el magistrado del juzgado de instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, haya imputado a Podemos como persona jurídica por la financiación del partido. El juez también ha determinado investigar a Juan Manuel del Olmo, secretario de Comunicación de Podemos y responsable de las campañas, así como un estrecho colaborador de Pablo Iglesias -es un alto cargo del Gobierno que hoy está imputado-. Además, Escalonilla ha imputado al tesorero y a la gerente del partido, Daniel de Frutos y Rocío Esther Val.
Los pilares de las sospechas son las últimas campañas electorales, la remodelación de la sede nacional de Villaespesa 8, en Madrid, y la Caja de Solidaridad.
De la amenaza a la 'liebre'
Pablo Iglesias apareció este viernes por redes sociales, para afirmar que, además de sentirse orgulloso de que su partido "no dependa de los bancos y las oligarquías económicas", de tener una Caja de Solidaridad "con las donaciones que hacemos todos los cargos públicos de Podemos de parte nuestro sueldo y que se usa para apoyar a colectivos sociales", rubrica en Twitter. Para disipar dudas, Iglesias añade su intención o amenaza de seguir trabajando "desde el Gobierno" con su agenda republicana para "defender el interés general".
José Manuel Calvente: La cúpula de Podemos puso de patitas en la calle a José Manuel Calvente cuando observa que el abogado descubre posibles tramas delictivas dentro del partido y, salta la liebre. En la sede hay rumores, entre sus trabajadores, de que las cosas no se están haciendo todo lo que bien que exige el código ético de Podemos. Facturas de servicios que no corresponden con la realidad, sueldos inflados que no aparecen reflejados, opacidad en las cuentas, licitaciones irregulares y dadas a dedo. Gente que mete la mano en la caja.
Coincide además, que desde 2018, el tesorero, Daniel Frutos, toma la decisión de eliminar las auditorías externas al partido alegando solapamiento de citas electorales. Se congela el portal de Transparencia y en 2019 no se aprueban los presupuestos del partido en el Consejo Ciudadano.
Las pesquisas de Calvente, y de su compañera, la también letrada Mónica Carmona, debieron poner sobre aviso a la cúpula podemita. En ese tiempo analizado, Calvente se topa con, al menos, tres sucesos que llaman su atención: el contrato de una consultora mexicana, Neurona Consulting, para la campaña electoral de 2019 -y con facturas, cuando menos, extrañas por quizás no corresponder con el trabajo realizado-; en segundo lugar, el exresponsable jurídico comprueba que, la remodelación de la nueva sede de Podemos, en la calle Villaespesa, número 18, se hace por el ministerio de las prisas, con una licitación irregular, sin la publicidad requerida, y además se dobla el precio inicial, de 600.000 euros a 1.300.000.
La tercera de las irregularidades tiene que ver con la Caja de Solidaridad, o la presunta Caja B. Hay sospechas de que el dinero que viene de donaciones de los salarios de los dirigentes, y que debería ir a proyectos, acaba en cometidos poco claros, con un reciclado que vuelve a las manos de algunos dirigentes. Una especie de centrifugadora sin control oficial, o una suerte de financiación ilegal.
Podemos multiplica su deuda por seis y deja las cuentas sin auditor externo
La alarma en Podemos, lejos de promover una investigación, lleva al despido de los trabajadores que han iniciado esa suerte de auditoría interna, cuyo resultado no corresponde a un partido que ha hecho de la lucha contra la corrupción su bandera, y que gracias al hostigamiento a Mariano Rajoy, se sienta desde enero en el Gobierno de Pedro Sánchez. La cúpula, sostiene Calvente, mira a otro lado.
Para rizar el rizo, el exletrado fue acusado de acoso laboral y sensual por parte de una de las abogadas en nómina, Marta Flor Núñez.
En su lucha por esclarecer los hechos y llevar a buen puerto su defensa, José Manuel Calvente ha dejado escrito: "Me insultan, me acosan, me amenazan en Twitter. Tergiversan mi declaración judicial en sus medios afines, recortándola hasta el infinito. Una campaña perversa para que calle ante la Audiencia Nacional en septiembre. No me conocen, seguiré hasta el final. Y la verdad -añade el abogado- se sabrá".
Los imputados
Daniel Frutos. Daniel Frutos es el tesorero de Podemos. Ejerce el control financiero de la agrupación jovenlandesada. Es conocedor de las donaciones, aportaciones, de los deudores, de la cantidad que aportan los afiliados. Gestiona partidas electorales y las subvenciones públicas que vienen de las arcas del Estado. Por si fueran poco estos cometidos, ha de vigilar la transparencia y el área de anticorrupción del partido. Frutos Ramírez ha estado al corriente de la compra del chalet de Pablo Iglesias y del crédito pedido. Maneja y dirige la salud de la contabilidad. Y de existir Caja B, lógicamente tiene que saberlo.
Desde esta semana, y a tenor de las declaraciones de Calvente, el juez Escalonilla ha puesto el foco en él y el día 20 de noviembre tendrá que ir a declarar al juzgado de instrucción número 42 de Madrid en calidad de imputado.
Según el testimonio de Calvente, Frutos se había encargado de apartar a este y a Carrasco del equipo legal de partido que debía supervisar la compra del chalet que la pareja Iglesias-Montero finalmente adquirió en Galapagar por 600.000 euros, gracias a un crédito de la Caja de Ingenieros. Llama la atención de Calvente que hasta la fecha, el equipo jurídico siempre había supervisado otras opciones de compra del vicepresidenta y la ministra podemita. Pero es ahí, donde se corta esta praxis.
Juanma del Olmo. El responsable de la dirección comunicativa en Podemos, pareja de la diputada de la Asamblea de Madrid, Isa Serra, jefe de campañas electorales, y desde hace unos meses, alto cargo del Gobierno en la vicepresidencia segunda que preside Pablo Iglesias, el periodista también ha sido imputado por el juez Escalonilla. Y lo hace por su presunta implicación en la contratación irregular de una agencia de comunicación para la campaña electoral de abril de 2019.
Rocío Esther Val. La murciana, natural de Yecla, en la actualidad es la gerente del partido. Llega tarde y viene a ocupar la plaza de una anterior gerente, en un momento en el que flotaban las irregularidades. Fue Val quien decidió echar a Calvente del partido con la lastra de ser el acosador sensual de Marta Flor Núñez. Se sospecha que la sustituta de Pablo Manuel Fernández estaba al corriente de facturas ficticias que denuncian trabajadores de la empresa, que sospechan que funciones que ellos desempeñaban por ejemplo, la gestión de las nóminas, eran encargadas y pagadas a empresas ficticias o a empresas de dirigentes del partido. Para más señas, Rocío Val había sido la vicepresidenta de Kinema, la cooperativa de Rafael Mayoral, receptora de subvenciones públicas y contratos de Estados latinoamericanos.
Entre los señalados por la Justicia, con la vista puesta sobre ellos, se encuentran Rafael Mayoral y Juan Carlos Monedero. Al primero, al secretario de Relaciones con la Sociedad Civil y Movimientos Sociales lo observan por supuesto trabajo paralelo con Kinema, con ganancias incluidas del partido y falsas tareas y por ser "máximo destinatario de los fondos", y al segundo, por su papel como posible intermediario en la contratación de la consultora Neurona para llevar la campaña electoral de 2019.
Aporta Calvente a su testimonio, que, "de los 401.720 euros pagados por Podemos a Neurona, 308.257 se fueron a una cuenta mexicana de la Sociedad Creative Advice Interative Group S.A". Y se pregunta, "¿quedó algo para la campaña?".
La historia de Neurona podría ser pieza aparte. La consultora en cuestión, dirigida y fundada por César Hernández Paredes, investigado por tráfico de influencias por la Fiscalía Anticorrupción de Bolivia por contratos hinchados de Evo jovenlandesales, con cuyo dinero luego financiaba a otros partidos extranjeros, es la que supuestamente hizo la campaña electoral de 2019 de Podemos.
Hernández Paredes es conocido de Juan Carlos Monedero. Y en las declaraciones de Calvente se aprecia una relación de intermediario por una campaña que no llegó a realizar en su totalidad, o por un dinero cobrado injustificado, dejando al aire que Monedero también se beneficiara de dicha operación.
Dina, Marta y el juez
El papel de Dina Bousselham queda aun por despejar en otro caso pendiente que podría pasar por el Tribunal Supremo y la solicitud de declaración de Iglesias. El contenido de su tarjeta del móvil desaparecido, que luego acabó en manos de Iglesias, es un misterio. Lo que si es una certeza es que Marta Flor Núñez ha sido hasta la fecha la abogada de Dina y de Pablo en el falso caso de las cloacas del Estado.
Marta Flor fue quien acusó a Calvente de acosador sensual y laboral. Pero el caso también se desvaneció por falta de pruebas. Mientras, el juez Escalonilla se ha convertido en la nueva pesadilla de Podemos, junto al juez Manuel García Castellón. Escalonilla fue quien rechazó un caso abierto por comentarios incitadores al repruebo y amenazas de fin contra la exalcaldesa Manuela Carmena. En septiembre, empiezan las nuevas declaraciones ante los tribunales.
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Cinco irregularidades o cinco supuestas mordidas podrían hacer saltar por los aires el tejado que guarda la 'Caja B' de Podemos. Se trata de una contabilidad opaca denunciada y ratificada estos días por el exasesor legal, José Manuel Calvente, que ha encontrado el impulso de un juez decidido a investigar las sospechas sobre los pluses secretos que se llevaban algunos dirigentes, la Caja de Solidaridad que actuaba como coladero, la remodelación de la nueva sede con sobreprecio e irregularidades en la adjudicación, las contrataciones sospechosas o, la actuación del tesorero Daniel de Frutos en la compra del chalet que la couple Pablo Iglesias e Irene Montero adquirieron en la sierra de Madrid, en Galapagar.
Pendiente Iglesias del 'caso Dina Bousselham' y de su futuro ante el Supremo, el caso de corrupción de Podemos acaba de empezar. De momento, el juez instructor sigue los pasos de una posible malversación de caudales públicos.
Sobresueldos a los dirigentes mientras al resto se le imponía limitaciones salariales
La Caja de Solidaridad por donde se escapaba el dinero a empresas fantasmas
En su ratificación de la "trama delictiva" de Podemos, Calvente se refirió este miércoles a la Caja de Solidaridad, que a la postre puede haber derivado en la 'Caja B' del partido. Dicho instrumento recepcionaba las donaciones mensuales de los dirigentes de la formación jovenlandesada, dinero que en principio iría dirigido a donaciones a colectivos, entidades y procesos litigiosos.
Calvente ha afirmado en su denuncia que la Caja de Solidaridad creada en 2018 por Rafael Mayoral, como secretario de Sociedad Civil y Movimiento Popular, es en sí un instrumento opaco de financiación.
Las actuaciones del letrado catalán se inician tras las sospechas de trabajadores de la casa que encuentran que hay alguien metiendo la mano en la caja. Sobre eso, y en investigación interna, Calvente se topa con un caso como el de #404 Comunicación Popular, una entidad que recibió 50.000 euros de la Caja de Solidaridad, para un proyecto de carácter social.
Y tirando del hilo, descubre que #404 Comunicación Popular es una web que controla Christian Ruiz Navarro, que para más señas es asesor de Podemos en el Parlamento de la UE, de Idoia Villanueva, asalariada de Rafael Mayoral. Esta asociación hoy está siendo investigada por el juez Escalonilla. Y para Calvente está claro, la consabida Caja de Solidaridad "está siendo utilizada como una 'caja B' del partido para realizar donaciones de forma indiscriminada y sin control legal a supuestas entidades opacas y sin identificar". Así se lo hizo saber al juez.
El sobrecoste de la nueva sede y comisión de 72.000 euros a una tía de Iglesias
El sobreprecio de la nueva sede de Podemos ha sido otra de las acusaciones llevadas por José Manuel Calvente al juzgado de Instrucción número 42 de Madrid. Denuncia graves interferencias de la gerente para ocultar la falsa licitación de la obra, y subraya que los trabajos de reforma se presupuestaron en 649.936 euros y sin embargo, fueron adjudicados por el doble.
Así se lo hace saber al secretario de Organización, Alberto Rodríguez, quien dirige un documento donde destaca las "graves interferencias" en su trabajo por "pretender lanzar con prisas la web de licitaciones sin avisos legales para ocultar la falsa licitación de las obras de la sede".
Aparte de que hubo una extraordinaria celeridad en la adjudicación, que se resolvió en tres días, también consta que la licitación salió por un importe de 649.936,68 euros, aunque finalmente se adjudicó por 1.361.055 euros.
En esta operación, como en la de la compra del chalet de los Iglesias-Montero, aparece el nombre como intermediaria comisionista de Paloma López-Marín Turrión, cuyos honorarios fueron de 72.000 euros.
Contratación irregular y la alargada sombra de Monedero
Calvente tiene conocimiento de la contratación por 300.000 euros de una agencia en 2019 para la campaña de las municipales. De reciente constitución la empresa, dirigida por dos mexicanos que no viven en España, se trata de Neurona Consulting, investigada por la justicia boliviana. Neurona Consulting estaba dirigida por César Hernández Paredes, amigo de Juan Carlos Monedero. En opinión de Calvente, "los contratos simulados" de Neurona servían para "financiar a partidos extranjeros y, posiblemente, a Podemos" a través de microcréditos.
El 'casoplón' de Iglesias
El chalet o casoplón de Iglesias es como la guinda del pastel, la coronación de la política fake denunciada por Calvente. En su declaración pone sobreaviso de la actuación del tesorero de Podemos, De Frutos, quien elimina del camino a cualquier asesor legal para que no tuviera rastro de la compra de una casa de 600 metros cuadrados, 2.000 de parcela y por el módico precio de 600.000 euros, con un crédito ventajoso de Caja de Ingenieros, la misma entidad en la que se ingresaron 3,6 millones de euros en subvenciones. Del Portal de Transparencia se borraron las pistas.
Guía para no perderse en la supuesta trama delictiva que arrasa Podemos
- Iglesias 'reaparece' y dice que va a seguir trabajando por su agenda republicana
- Los pilares son la sede, la campaña de 2019 y la 'Caja de Solidaridad'
- La Justicia imputa a un alto cargo del Gobierno de Pedro Sánchez
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Los pilares de las sospechas son las últimas campañas electorales, la remodelación de la sede nacional de Villaespesa 8, en Madrid, y la Caja de Solidaridad.
De la amenaza a la 'liebre'
Pablo Iglesias apareció este viernes por redes sociales, para afirmar que, además de sentirse orgulloso de que su partido "no dependa de los bancos y las oligarquías económicas", de tener una Caja de Solidaridad "con las donaciones que hacemos todos los cargos públicos de Podemos de parte nuestro sueldo y que se usa para apoyar a colectivos sociales", rubrica en Twitter. Para disipar dudas, Iglesias añade su intención o amenaza de seguir trabajando "desde el Gobierno" con su agenda republicana para "defender el interés general".
José Manuel Calvente: La cúpula de Podemos puso de patitas en la calle a José Manuel Calvente cuando observa que el abogado descubre posibles tramas delictivas dentro del partido y, salta la liebre. En la sede hay rumores, entre sus trabajadores, de que las cosas no se están haciendo todo lo que bien que exige el código ético de Podemos. Facturas de servicios que no corresponden con la realidad, sueldos inflados que no aparecen reflejados, opacidad en las cuentas, licitaciones irregulares y dadas a dedo. Gente que mete la mano en la caja.
Coincide además, que desde 2018, el tesorero, Daniel Frutos, toma la decisión de eliminar las auditorías externas al partido alegando solapamiento de citas electorales. Se congela el portal de Transparencia y en 2019 no se aprueban los presupuestos del partido en el Consejo Ciudadano.
Las pesquisas de Calvente, y de su compañera, la también letrada Mónica Carmona, debieron poner sobre aviso a la cúpula podemita. En ese tiempo analizado, Calvente se topa con, al menos, tres sucesos que llaman su atención: el contrato de una consultora mexicana, Neurona Consulting, para la campaña electoral de 2019 -y con facturas, cuando menos, extrañas por quizás no corresponder con el trabajo realizado-; en segundo lugar, el exresponsable jurídico comprueba que, la remodelación de la nueva sede de Podemos, en la calle Villaespesa, número 18, se hace por el ministerio de las prisas, con una licitación irregular, sin la publicidad requerida, y además se dobla el precio inicial, de 600.000 euros a 1.300.000.
La tercera de las irregularidades tiene que ver con la Caja de Solidaridad, o la presunta Caja B. Hay sospechas de que el dinero que viene de donaciones de los salarios de los dirigentes, y que debería ir a proyectos, acaba en cometidos poco claros, con un reciclado que vuelve a las manos de algunos dirigentes. Una especie de centrifugadora sin control oficial, o una suerte de financiación ilegal.
Podemos multiplica su deuda por seis y deja las cuentas sin auditor externo
La alarma en Podemos, lejos de promover una investigación, lleva al despido de los trabajadores que han iniciado esa suerte de auditoría interna, cuyo resultado no corresponde a un partido que ha hecho de la lucha contra la corrupción su bandera, y que gracias al hostigamiento a Mariano Rajoy, se sienta desde enero en el Gobierno de Pedro Sánchez. La cúpula, sostiene Calvente, mira a otro lado.
Para rizar el rizo, el exletrado fue acusado de acoso laboral y sensual por parte de una de las abogadas en nómina, Marta Flor Núñez.
En su lucha por esclarecer los hechos y llevar a buen puerto su defensa, José Manuel Calvente ha dejado escrito: "Me insultan, me acosan, me amenazan en Twitter. Tergiversan mi declaración judicial en sus medios afines, recortándola hasta el infinito. Una campaña perversa para que calle ante la Audiencia Nacional en septiembre. No me conocen, seguiré hasta el final. Y la verdad -añade el abogado- se sabrá".
Los imputados
Daniel Frutos. Daniel Frutos es el tesorero de Podemos. Ejerce el control financiero de la agrupación jovenlandesada. Es conocedor de las donaciones, aportaciones, de los deudores, de la cantidad que aportan los afiliados. Gestiona partidas electorales y las subvenciones públicas que vienen de las arcas del Estado. Por si fueran poco estos cometidos, ha de vigilar la transparencia y el área de anticorrupción del partido. Frutos Ramírez ha estado al corriente de la compra del chalet de Pablo Iglesias y del crédito pedido. Maneja y dirige la salud de la contabilidad. Y de existir Caja B, lógicamente tiene que saberlo.
Desde esta semana, y a tenor de las declaraciones de Calvente, el juez Escalonilla ha puesto el foco en él y el día 20 de noviembre tendrá que ir a declarar al juzgado de instrucción número 42 de Madrid en calidad de imputado.
Según el testimonio de Calvente, Frutos se había encargado de apartar a este y a Carrasco del equipo legal de partido que debía supervisar la compra del chalet que la pareja Iglesias-Montero finalmente adquirió en Galapagar por 600.000 euros, gracias a un crédito de la Caja de Ingenieros. Llama la atención de Calvente que hasta la fecha, el equipo jurídico siempre había supervisado otras opciones de compra del vicepresidenta y la ministra podemita. Pero es ahí, donde se corta esta praxis.
Juanma del Olmo. El responsable de la dirección comunicativa en Podemos, pareja de la diputada de la Asamblea de Madrid, Isa Serra, jefe de campañas electorales, y desde hace unos meses, alto cargo del Gobierno en la vicepresidencia segunda que preside Pablo Iglesias, el periodista también ha sido imputado por el juez Escalonilla. Y lo hace por su presunta implicación en la contratación irregular de una agencia de comunicación para la campaña electoral de abril de 2019.
Rocío Esther Val. La murciana, natural de Yecla, en la actualidad es la gerente del partido. Llega tarde y viene a ocupar la plaza de una anterior gerente, en un momento en el que flotaban las irregularidades. Fue Val quien decidió echar a Calvente del partido con la lastra de ser el acosador sensual de Marta Flor Núñez. Se sospecha que la sustituta de Pablo Manuel Fernández estaba al corriente de facturas ficticias que denuncian trabajadores de la empresa, que sospechan que funciones que ellos desempeñaban por ejemplo, la gestión de las nóminas, eran encargadas y pagadas a empresas ficticias o a empresas de dirigentes del partido. Para más señas, Rocío Val había sido la vicepresidenta de Kinema, la cooperativa de Rafael Mayoral, receptora de subvenciones públicas y contratos de Estados latinoamericanos.
Entre los señalados por la Justicia, con la vista puesta sobre ellos, se encuentran Rafael Mayoral y Juan Carlos Monedero. Al primero, al secretario de Relaciones con la Sociedad Civil y Movimientos Sociales lo observan por supuesto trabajo paralelo con Kinema, con ganancias incluidas del partido y falsas tareas y por ser "máximo destinatario de los fondos", y al segundo, por su papel como posible intermediario en la contratación de la consultora Neurona para llevar la campaña electoral de 2019.
Aporta Calvente a su testimonio, que, "de los 401.720 euros pagados por Podemos a Neurona, 308.257 se fueron a una cuenta mexicana de la Sociedad Creative Advice Interative Group S.A". Y se pregunta, "¿quedó algo para la campaña?".
La historia de Neurona podría ser pieza aparte. La consultora en cuestión, dirigida y fundada por César Hernández Paredes, investigado por tráfico de influencias por la Fiscalía Anticorrupción de Bolivia por contratos hinchados de Evo jovenlandesales, con cuyo dinero luego financiaba a otros partidos extranjeros, es la que supuestamente hizo la campaña electoral de 2019 de Podemos.
Hernández Paredes es conocido de Juan Carlos Monedero. Y en las declaraciones de Calvente se aprecia una relación de intermediario por una campaña que no llegó a realizar en su totalidad, o por un dinero cobrado injustificado, dejando al aire que Monedero también se beneficiara de dicha operación.
Dina, Marta y el juez
El papel de Dina Bousselham queda aun por despejar en otro caso pendiente que podría pasar por el Tribunal Supremo y la solicitud de declaración de Iglesias. El contenido de su tarjeta del móvil desaparecido, que luego acabó en manos de Iglesias, es un misterio. Lo que si es una certeza es que Marta Flor Núñez ha sido hasta la fecha la abogada de Dina y de Pablo en el falso caso de las cloacas del Estado.
Marta Flor fue quien acusó a Calvente de acosador sensual y laboral. Pero el caso también se desvaneció por falta de pruebas. Mientras, el juez Escalonilla se ha convertido en la nueva pesadilla de Podemos, junto al juez Manuel García Castellón. Escalonilla fue quien rechazó un caso abierto por comentarios incitadores al repruebo y amenazas de fin contra la exalcaldesa Manuela Carmena. En septiembre, empiezan las nuevas declaraciones ante los tribunales.
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- Calvente ratifica los casos de malversación de caudales públicos del partido de Iglesias
- La denuncia por corrupción se encuentra en este momento en fase de instrucción
7:56 - 2/08/2020
Cinco irregularidades o cinco supuestas mordidas podrían hacer saltar por los aires el tejado que guarda la 'Caja B' de Podemos. Se trata de una contabilidad opaca denunciada y ratificada estos días por el exasesor legal, José Manuel Calvente, que ha encontrado el impulso de un juez decidido a investigar las sospechas sobre los pluses secretos que se llevaban algunos dirigentes, la Caja de Solidaridad que actuaba como coladero, la remodelación de la nueva sede con sobreprecio e irregularidades en la adjudicación, las contrataciones sospechosas o, la actuación del tesorero Daniel de Frutos en la compra del chalet que la couple Pablo Iglesias e Irene Montero adquirieron en la sierra de Madrid, en Galapagar.
Pendiente Iglesias del 'caso Dina Bousselham' y de su futuro ante el Supremo, el caso de corrupción de Podemos acaba de empezar. De momento, el juez instructor sigue los pasos de una posible malversación de caudales públicos.
Sobresueldos a los dirigentes mientras al resto se le imponía limitaciones salariales
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En su ratificación de la "trama delictiva" de Podemos, Calvente se refirió este miércoles a la Caja de Solidaridad, que a la postre puede haber derivado en la 'Caja B' del partido. Dicho instrumento recepcionaba las donaciones mensuales de los dirigentes de la formación jovenlandesada, dinero que en principio iría dirigido a donaciones a colectivos, entidades y procesos litigiosos.
Calvente ha afirmado en su denuncia que la Caja de Solidaridad creada en 2018 por Rafael Mayoral, como secretario de Sociedad Civil y Movimiento Popular, es en sí un instrumento opaco de financiación.
Las actuaciones del letrado catalán se inician tras las sospechas de trabajadores de la casa que encuentran que hay alguien metiendo la mano en la caja. Sobre eso, y en investigación interna, Calvente se topa con un caso como el de #404 Comunicación Popular, una entidad que recibió 50.000 euros de la Caja de Solidaridad, para un proyecto de carácter social.
Y tirando del hilo, descubre que #404 Comunicación Popular es una web que controla Christian Ruiz Navarro, que para más señas es asesor de Podemos en el Parlamento de la UE, de Idoia Villanueva, asalariada de Rafael Mayoral. Esta asociación hoy está siendo investigada por el juez Escalonilla. Y para Calvente está claro, la consabida Caja de Solidaridad "está siendo utilizada como una 'caja B' del partido para realizar donaciones de forma indiscriminada y sin control legal a supuestas entidades opacas y sin identificar". Así se lo hizo saber al juez.
El sobrecoste de la nueva sede y comisión de 72.000 euros a una tía de Iglesias
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Así se lo hace saber al secretario de Organización, Alberto Rodríguez, quien dirige un documento donde destaca las "graves interferencias" en su trabajo por "pretender lanzar con prisas la web de licitaciones sin avisos legales para ocultar la falsa licitación de las obras de la sede".
Aparte de que hubo una extraordinaria celeridad en la adjudicación, que se resolvió en tres días, también consta que la licitación salió por un importe de 649.936,68 euros, aunque finalmente se adjudicó por 1.361.055 euros.
En esta operación, como en la de la compra del chalet de los Iglesias-Montero, aparece el nombre como intermediaria comisionista de Paloma López-Marín Turrión, cuyos honorarios fueron de 72.000 euros.
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