La prioridad para los gobiernos debe ser elevar rápidamente el coste de las emisiones. “Es la política más efectiva y eficiente”, señala el FMI, ya que genera los incentivos para que el sector privado (empresas y hogares) inviertan en producción de energía limpia y en ahorro de energía. Su principal receta es establecer un impuesto a las emisiones de carbono, de modo que suban hasta 75 dólares por tonelada en 2030 (actualmente está en el entorno de los 2 dólares).
Este movimiento supondrá un gran esfuerzo para el sector privado en el corto plazo, porque elevaría significativamente el precio de la energía, pero introducirá un gran incentivo para realizar más rápido la transición energética. Este impuesto a las emisiones dispararía inmediatamente el precio de las materias primas energéticas, según las estimaciones del FMI: el carbón subiría algo más de un 200%; el gas natural, un 70%, la energía eléctrica un 30% y las gasolinas, en torno a un 14%. Esta estimación varía significativamente en función de los países, ya que depende de la dependencia del carbono que tengan.