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Mislata expedienta a la interventora que cuestionó el pago de los aparcamientos - Levante-EMV
Mislata expedienta a la interventora que cuestionó el pago de los aparcamientos
Expedientada por «faltas muy graves» y suspendida de forma provisional de su plaza de interventora un máximo de seis meses. De esta manera ha zanjado el gobierno popular de Mislata la guerra abierta que mantenía con la habilitada nacional que fiscaliza las cuentas en el ayuntamiento. Y es que la interventora ha puesto en entredicho diversas actuaciones del equipo que preside Manuel Corredera, además de acumular varios expedientes con reparos. Es más, las tensas relaciones entre la interventora y el gobierno han quedado claras en más de un pleno, sobre todo en lo que respecta a la liquidación que realizó el ayuntamiento a Lubasa por la construcción y gestión de cuatro aparcamientos subterráneos, entre otros.
Sin embargo, la interventora no se quedó de brazos cruzados. Tras la notificación del expediente, la alta funcionaria comenzó a fotocopiar sus propios informes. El PP, entonces, envió a seis agentes de la Policía Local para que custodiaran su despacho, y le prohibió a la interventora llevarse documento alguno. Ella se atrincheró en sus dependencias y amenazó con acudir a un juez de guardia. Y el alcalde Manuel Corredera cedió. La afectada se pasó más de cuatro horas recopilando información antes de abandonar el ayuntamiento por un máximo de seis meses.
A las 13.30 horas de ayer, la que ha sido la fiscalizadora de las cuentas del Ayuntamiento de Mislata durante cuatro mandatos recibió la notificación del expediente disciplinario que se incoaba desde alcaldía por la presunta comisión de «faltas muy graves de incumplimiento de las funciones esenciales de su puesto de trabajo o funciones encomendadas, y desobediencia abierta a las instrucciones de sus superiores». Y como ejemplo, el decreto 1015/2010 especifica que en el expediente de resolución del contrato a Lubasa, la interventora elaboró, primero, un informe sin objeciones, y luego, otro «que contenía alguna sugerencia».
Sin embargo, una vez adoptado el acuerdo por el pleno, «elaboró un nuevo informe conteniendo reparos no manifestados con anterioridad, por lo que incumplió su función de informar con carácter previo el expediente o bien utilizó sus atribuciones en perjuicio del interés municipal».
El informe al que se refiere el decreto no es otro que el 816/2009 (con fecha 12 de agosto de 2009) en el que la interventora ponía reparos y cuestionaba que el ayuntamiento le pagara a Lubasa más de 14 millones de euros tras paralizar y abandonar las obras del cuarto aparcamiento. Es más, en el informe, la alta funcionaria aseguró que la intervención «no se puede pronunciar sobre si se ha producido enriquecimiento injusto para alguna de las partes». Y ahí saltó una chispa que ha acabado en un fuego abierto.
Además, en la justificación para expedientar a la interventora, el decreto también argumenta «la negativa a cumplir el acuerdo plenario, del 23 de julio de 2009, de aprobación de convenio y primer pago de la liquidación del contrato, así como las instrucciones expresas de la alcaldía en ese sentido» o la «negativa a emitir informes en materia de personal o a facilitar información a la concejalía de Hacienda».
Un puesto de viceinterventor
La interventora no quiso ayer realizar declaraciones. Hace unos meses, el gobierno aprobó la creación de un puesto de viceinterventor. El portavoz del PP, Vicente García, negó «represalia alguna» y argumentó que lo que «no se puede es gobernar con tantos inconvenientes por parte de un funcionario». Los tres próximos días laborables, la sustituta «de siempre» cubrirá la plaza de la interventora.
«No van a callar el pelotazo con Lubasa»
«El PP busca una artimaña, mediante decreto, para fulminar a la intervención municipal porque puede ser un claro obstáculo para concluir con el pelotazo de más 24 millones de euros que Lubasa va a recibir a costa del dinero de los ciudadanos de Mislata por unos aparcamientos que costaban menos de 16». De esta forma resumió el líder del PSPV de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, el expediente abierto contra la alta funcionaria de Mislata. Los socialistas, además, participaron de forma activa para que la alta funcionaria pudiera fotocopiarse los expedientes. Fernández Bielsa calificó de «abuso de poder» la resolución de alcaldía y alertó de que «no van a callar por decreto a quienes estamos defendiendo el dinero de los ciudadanos, a quienes denunciamos el derroche y el despilfarro del PP y a quienes hemos denunciado, una y otra vez, el gran pelotazo del PP con los aparcamientos de Lubasa». El secretario general de los socialistas de Mislata tachó la decisión del alcalde popular Manuel Corredera de «dictatorial porque castiga a quienes no hacen informes como él quiere, con claros síntomas de abuso de poder».
«Aparecen en el Gürtel y quieren a alguien de confianza»
*Desde EU hablaron ayer alto y claro. «La trama Gürtel implica a Mislata en, al menos, dos mítines del PP, y el hito papal, dejando al margen regalos de distinta cuantía. Pero, además, Lubasa es una de las empresas relacionadas con la trama de corrupción y en este pueblo la constructora ha salido ganando con la rescisión del contrato de los aparcamientos», aseguró ayer el coordinador de EU en Mislata, Pere Bessó.
Es más, EU denunció en el Tribunal de Cuentas (tanto en el autonómico como en el nacional) la liquidación a Lubasa tras la rescisión del contrato de los aparcamientos de Mislata, mientras que el PSPV hizo lo propio en la Delegación de Gobierno. Por ello, para el portavoz de EU, Salvador García de la Mota, expedientar y apartar a una interventora «que no hace lo que ellos quieren es necesario porque es ahora cuando los que investigan las cuentas solicitan documentación, o piden la ratificación de algunos de los informes. Si la interventora que ha hecho los reparos ya no ocupa el cargo, ¿quién hará estos informes?. Necesitan a alguien de confianza porque tienen miedo», apuntó ayer el portavoz de EU, Salvador García de la Mota.
Además, el concejal de EU afirmó que, en lo que queda de mandato, el ayuntamiento tiene pendiente resolver dos importantes PAI —el del Quint II y el del Polígono T—, además de «fiscalizar los proyectos del plan Zapatero o del plan Camps». Bessó añadió que con esta «jugada» el PP quiere «desprestigiar a una interventora que es una gran profesional».
