En este caso no es un capricho de ningún juez estrella. Hay leyes de transparencia claramente definidas que los bancos decidieron saltarse.
TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL PARA LA DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS Y OTRAS LEYES COMPLEMENTARIAS
LIBRO II.
CONTRATOS Y GARANTÍAS.
TÍTULO II.
CONDICIONES GENERALES Y CLÁUSULAS ABUSIVAS.
CAPÍTULO II.
CLÁUSULAS ABUSIVAS.
Artículo 82. Concepto de cláusulas abusivas.
1. Se considerarán cláusulas abusivas todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente y todas aquéllas prácticas no consentidas expresamente que, en contra de las exigencias de la buena fe causen,
en perjuicio del consumidor y usuario, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato.
...
4. No obstante lo previsto en los apartados precedentes, en todo caso son abusivas las cláusulas que, conforme a lo dispuesto en los artículos 85 a 90, ambos inclusive vinculen el contrato a la voluntad del empresario, limiten los derechos del consumidor y usuario, determinen la falta de reciprocidad en el contrato, impongan al consumidor y usuario garantías desproporcionadas o le impongan indebidamente la carga de la prueba, resulten desproporcionadas en relación con el perfeccionamiento y ejecución del contrato, o contravengan las reglas sobre competencia y derecho aplicable.
Artículo 83. Nulidad de las cláusulas abusivas e integración del contrato.
Las cláusulas abusivas serán nulas de pleno derecho y se tendrán por no puestas. A tales efectos indicarles lo que recoge la legislación a la que están sujetos en materia de transparencia:
ORDEN DE 5 DE MAYO DE 1994 SOBRE TRANSPARENCIA DE LAS CONDICIONES FINANCIERAS DE LOS PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS
Artículo 5. Oferta vinculante.
1. Efectuadas la tasación del inmueble y, en su caso, las oportunas comprobaciones sobre la situación registral de la finca y la capacidad financiera del prestatario, la entidad de crédito vendrá obligada a efectuar una oferta vinculante de préstamo al potencial prestatario o, en su caso, a notificarle la denegación del préstamo.
La oferta se formulará por escrito, y especificará, en su mismo orden, las condiciones financieras correspondientes a las cláusulas financieras señaladas en el anexo II de esta Orden para la escritura de préstamo. La oferta deberá ser firmada por representante de la entidad y, salvo que medien circunstancias extraordinarias o no imputables a la entidad, tendrá un plazo de validez no inferior a diez días hábiles desde su fecha de entrega.
2. En el documento que contenga la oferta vinculante se hará constar el derecho del prestatario, en caso de que acepte la oferta, a examinar el proyecto de documento contractual, con la antelación a que se refiere el número 2 del artículo 7, en el despacho del Notario autorizante.
Artículo 7. Acto de otorgamiento.
1. En materia de elección de Notario se estará a lo dispuesto en el Reglamento Notarial y demás disposiciones aplicables.
2. El prestatario tendrá derecho a examinar el proyecto de escritura pública de préstamo hipotecario en el despacho del Notario al menos durante los tres días hábiles anteriores a su otorgamiento. El prestatario podrá
renunciar expresamente, ante el Notario autorizante, al señalado plazo siempre que el acto de otorgamiento de la escritura pública tenga lugar en la propia Notaría.
Como podrás comprobar, estas disposiciones se han venido pisoteando repetidamente por casi todas las entidades bancarias, y ahora les toca asumis las consecuencias. La pena es que haya sido necesario tanto sudor (y lo que queda) para que cumplan la ley.
Yo creo que es un caso de hipocresía, de estupidez y de incapacidad por medir las consecuencias o abierto desprecio por esas consecuencias (para otros) de los mandarines del supremacismo judicial.
La firma de esos contratos se produjo en presencia y bajo la supervisión de un alto funcionario judicial del Estado que es el notario. Un alto funcionario del Estado que certificó, como agente de la autoridad del Estado y con validez legal, que no hubo presión, abuso de posición, desconocimiento ni otra clase de abusos ni en ese contrato ni en las condiciones en que fue firmado.
Si en centenares de miles de contratos de préstamo los tribunales encuentran graves irregularidades y abusos manifiestos tendría que haber decenas de miles de notarios procesados por prevaricación ¿verdad?
¿Cuántos notarios están procesados por prevaricación? ¿Uno? ¿Ninguno?
Como es que si esos centenares de miles de contratos, durante años, son firmados obligatoriamente bajo la supervisión de un alto funcionario judicial del Estado y luego obligatoriamente registrados en un registro público por otro alto funcionario del Estado y si en España existen unos 300.000 organismo reguladores, supervisores, comisiones, observatorios y demás, ¿Nadie denunció esto a tiempo?
Bien, supongemos que realmente nadie se enteró.
Si el deudor no fue informado con la antelación suficiente ni tuvo tiempo para estudiar el contrato o si ocurrió alguna otra de las graves irregularidades que se citan en esas "leyes" (una cosa poco buena completamente abierta a la arbitrariedad del "juez" como esa no puede llamarse seriamente "ley") lo que procede es la anulación de ese contrato fraudulento ¿verdad?
Si el deudor ha quedado realmente atrapado en las trampas de un contrato de mala fe ¿Qué puede ser más justo para ese deudor víctima de ese abuso que librarle de ese contrato anulándolo?
Y sin embargo ninguno de estos Robin Hood tan generosos con el esfuerzo de otros, ha anulado uno de estos contratos ¿verdad?
¿Por qué?
Si es verdad que ese contrato de crédito, debido a un abuso, es muy ventajoso para el banco y muy perjudicial para el deudor, sería de justicia y beneficiaría al deudor la anulación judicial del contrato ¿verdad?
Cierto pero ocurre que no es verdad, que no es verdad que ese contrato beneficie al banco en perjuicio del deudor.
La verdad es que el banco que concedió ese crédito se pilló los dedos con esas condiciones y está sufriendo severas pérdidas con él, unas pérdidas severas de las que se beneficia enormemente el deudor, un deudor que es solo un codicioso disfrazado de víctima.
Si un tribunal anulase por abusivo ese contrato, el banco debería devolver la totalidad de las cantidades pagadas por el deudor y el deudor la totalidad de las cantidades pagadas por el banco. Esto haría que ese deudor pasase de pagar un Euribor + 0.65% a pagar un Euribor + 4% (y además con cláusula suelo esta vez en letras grandes)
De modo que la falsa víctima y los falsos jueces del falso tribunal en un grotesco juego en el que la corrupción intenta burdamente disfrazarse de filantropía o compasión, se aferran con uñas y dientes a seguir disfrutendo de las condiciones de un contrato al mismo tiempo que se declaran víctimas de lo abusivo de esas condiciones.
Y no, ni los especuladores codiciosos ni los comissars políticos de los falsos tribunales son víctimas.
Las víctimas son quienes pagarán los costes de este juego macabro: los más pobres, los que eligieron vivir humildemente en una casa comprada o alquilada que podían pagar. Esa gente es y seguirá siendo la sacrificada para que falsos jueces en falsos tribunales sigan disfrazando de grotesca filantropía lo que es solo otra socialización de pérdidas más.
