Sargento Kowalski
El Señor del Alto amaje
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El Gobierno no descarta un golpe a las pensiones de 900.000 funcionarios
20/07/2020
El Gobierno acaba de admitir en un correo que no descarta un hachazo a las pensiones de 900.000 funcionarios. Se trata de las prestaciones por jubilación de los empleados públicos incluidos en lo que se denomina como clases pasivas.
El principal sindicato de la función pública -CSIF- preguntó al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones si puede garantizar que no se van a endurecer y recortar las pensiones de todo este colectivo. La respuesta del departamento de José Luis Escrivá ha respondido que esas preguntas “deberán ser abordadas más adelante una vez tengan asumidas la competencias los distintos departamentos ministeriales”. Traducido: no lo descarta y no está por la labor de dar información de lo que sabe que puede poner en pie de guerra a un buen número de empleados públicos.
El mail viene firmado por el Gabinete del Secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones. Servicio de Comunicación con los Ciudadanos e Instituciones.
CSIF remitió el pasado 4 de mayo una carta al ministro Escrivá describiendo la preocupación de los empleados públicos por los cambios legislativos que, en plena esa época en el 2020 de la que yo le hablo, había lanzado el Gobierno. Esos cambios, suponían el paso de las mutuas de los funcionarios al control de la Seguridad Social -encabezadas por Muface– y el fin de la independencia del régimen de prestaciones por jubilación y otros servicios sociales de los que disfrutan en estos momentos los funcionarios inmersos en lo que se considera clases pasivas. Todo ello pasaba igualmente a la Seguridad Social, fruto de las reformas de Pedro Sánchez.
El colectivo afectado suma nada menos que 900.000 empleados públicos que, gracias a este sistema de clases pasivas, mantiene los derechos adquiridos de un esquema que les confiere un mejor trato en la jubilación y en sus prestaciones.
CSIF preguntaba al ministro “si este Gobierno y su Ministerio va a proceder a corto o largo plazo a modificar la normativa actual sobre el régimen de clases pasivas respecto de las prestaciones y pensiones, así como si van a modificar los requisitos y condiciones para acceder a la pensión (anticipada y ordinaria) del conjunto de empleados públicos pertenecientes al Régimen de Clases Pasivas”. Exactamente igual, el sindicato preguntaba al Ministerio de Escrivá si “van a proceder a corto o largo plazo a suprimir el Mutualismo Administrativo”.
Desde CSIF saben ya que el régimen diferenciado de las clases pasivas pretende ser igualado al resto: y eso implica que en posteriores y nada descartables recortes con motivo de la crisis, esos 900.000 funcionarios pierdan su posibilidad de negociar de forma separada. Traducido: han perdido su capacidad de defensa individual frente a congelaciones en las prestaciones o recortes en las condiciones de acceder a la jubilación.
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20/07/2020
El Gobierno acaba de admitir en un correo que no descarta un hachazo a las pensiones de 900.000 funcionarios. Se trata de las prestaciones por jubilación de los empleados públicos incluidos en lo que se denomina como clases pasivas.
El principal sindicato de la función pública -CSIF- preguntó al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones si puede garantizar que no se van a endurecer y recortar las pensiones de todo este colectivo. La respuesta del departamento de José Luis Escrivá ha respondido que esas preguntas “deberán ser abordadas más adelante una vez tengan asumidas la competencias los distintos departamentos ministeriales”. Traducido: no lo descarta y no está por la labor de dar información de lo que sabe que puede poner en pie de guerra a un buen número de empleados públicos.
El mail viene firmado por el Gabinete del Secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones. Servicio de Comunicación con los Ciudadanos e Instituciones.
CSIF remitió el pasado 4 de mayo una carta al ministro Escrivá describiendo la preocupación de los empleados públicos por los cambios legislativos que, en plena esa época en el 2020 de la que yo le hablo, había lanzado el Gobierno. Esos cambios, suponían el paso de las mutuas de los funcionarios al control de la Seguridad Social -encabezadas por Muface– y el fin de la independencia del régimen de prestaciones por jubilación y otros servicios sociales de los que disfrutan en estos momentos los funcionarios inmersos en lo que se considera clases pasivas. Todo ello pasaba igualmente a la Seguridad Social, fruto de las reformas de Pedro Sánchez.
El colectivo afectado suma nada menos que 900.000 empleados públicos que, gracias a este sistema de clases pasivas, mantiene los derechos adquiridos de un esquema que les confiere un mejor trato en la jubilación y en sus prestaciones.
CSIF preguntaba al ministro “si este Gobierno y su Ministerio va a proceder a corto o largo plazo a modificar la normativa actual sobre el régimen de clases pasivas respecto de las prestaciones y pensiones, así como si van a modificar los requisitos y condiciones para acceder a la pensión (anticipada y ordinaria) del conjunto de empleados públicos pertenecientes al Régimen de Clases Pasivas”. Exactamente igual, el sindicato preguntaba al Ministerio de Escrivá si “van a proceder a corto o largo plazo a suprimir el Mutualismo Administrativo”.
Desde CSIF saben ya que el régimen diferenciado de las clases pasivas pretende ser igualado al resto: y eso implica que en posteriores y nada descartables recortes con motivo de la crisis, esos 900.000 funcionarios pierdan su posibilidad de negociar de forma separada. Traducido: han perdido su capacidad de defensa individual frente a congelaciones en las prestaciones o recortes en las condiciones de acceder a la jubilación.
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