*Tema mítico* : Biblioteca de noticias de las tramas de la Koldoesfera, Begoña Gómez, del hermanísimo y demás fango

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Koldo García planta al Parlamento balear, que le esperaba en la comisión sobre las mascarillas

El otrora asesor del ministro de Transportes no ha comparecido

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El Ministerio de Ábalos dio 5 millones al empresario vinculado al PSOE andaluz que pidió a Koldo mediar

Transportes adjudicó once contratos entre 2018 y 2021 a la constructora Obras Públicas y Regadíos SA de Daniel Fernández y de su hermano Antonio, excoordinador de la Delegación del Gobierno en Andalucía.

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El Ministerio de Ábalos dio 5 millones al empresario vinculado al PSOE andaluz que pidió a Koldo mediar​

Transportes adjudicó once contratos entre 2018 y 2021 a la constructora Obras Públicas y Regadíos SA de Daniel Fernández y de su hermano Antonio, excoordinador de la Delegación del Gobierno en Andalucía.​

La Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil investigan 11 contratos públicos que fueron adjudicados por el Ministerio de Transportes, durante la etapa de José Luis Ábalos, a un empresario vinculado al PSOE de Andalucía y a Koldo García Izaguirre.
Obras Públicas y Regadíos SA (OPR) está administrada por Daniel Fernández Menéndez, cuyo hermano Antonio (Toño) fue coordinador de la Delegación del Gobierno en Andalucía entre abril de 2021 y octubre de 2022 y mantiene una relación de amistad con el exasesor de Ábalos.
Esta constructora con sede en Madrid y delegaciones en Granada, León y Toledo ingresó 4,9 millones de euros entre 2018 y 2021 procedentes de las adjudicaciones realizadas por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA), según consta en los informes de la Agencia Tributaria remitidos a la Fiscalía Anticorrupción y a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.
[El juez ordena analizar el móvil de un empresario por "la relación de Koldo con responsables de Adif"]
El fiscal Luis Pastor trasladó una copia de los documentos a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil para su investigación dentro del llamado caso Koldo. Tal y como publicó EL ESPAÑOL, un auto del juez Ismael Moreno con fecha de este jueves ha ordenado analizar el móvil de Antonio Fernández por "las relaciones de Koldo con responsables de Adif".
De los 11 contratos públicos otorgados a la empresa OPR, dos de ellos fueron dados por Adif a través de la vía de emergencia en 2019. La suma de estas dos adjudicaciones, una de 1,4 millones y otra de 600.000 euros, fue de 2 millones de euros. Esta cantidad supone un 40% del dinero facturado por la constructora a Transportes durante los años de José Luis Ábalos y Koldo García Izaguirre en el Ministerio.
En total, fueron cuatro contratos de Adif y siete de la Dirección General de Carreteras, cuyo titular era Javier Herrero, de los que se benefició OPR entre 2018 y 2021. Esta constructora está en el foco de los investigadores después de que interceptaran llamadas y mensajes de los hermanos Fernández Menéndez con Koldo García Izaguirre.
Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, con fecha del 14 de mayo, incluye estas conversaciones con el exasesor de José Luis Ábalos. Según muestran los mensajes de Whatsapp, Daniel Fernández Menéndez recurrió a Koldo García Izaguirre para que ejerciera su influencia con Ángel Contreras, presidente de Adif, en una licitación de emergencia.
El 19 de febrero de 2024 a las 10:47 horas, Koldo recibió un mensaje de Daniel Fernández Menéndez explicándole el contrato de la obra pública en el tramo entre Monforte y Lugo. "Hay un deslizamiento y se va a declarar una emergencia de bastante importe, más de 1,5 millones de euros".
"Lo razonable es que lo haga el adjudicatario pero al ser una UTE tiene que firmar el contrato una de las empresas y preferimos que sea OPR... Ángel sabe que nos ha quitado 600.000€ en esa obra y debe ayudarnos pero ya sabes. Ya hablaremos de los detalles ".
[El juez del 'caso Koldo' investiga nuevos contratos amañados de Transportes con constructoras]
El contrato original había sido adjudicado el 29 de julio de 2021 a la UTE Monforte 379, una unión entre Obras Públicas y Regadíos SA y ASCH infraestructuras SA. La UCO destaca en el informe que "la entidad adjudicataria es Adif".
Finalmente, el contrato por vía de emergencia debido a un corrimiento de tierras fue para otra empresa y no para OPR, aunque esta adjudicación de Adif se formalizó después de que Koldo García fuera detenido y de que el móvil de Antonio Fernández fuera incautado por la Guardia Civil.
Minutos después de que Koldo recibiera los mensajes del administrador de OPR, el exasesor de Ábalos escribió al excoordinador de la Delegación del Gobierno en Andalucía y eliminó después el whatsapp. Sobre las 12:15 horas de ese 19 de febrero, Koldo llamó a Antonio Fernández desde otra línea que estaba intervenida por la UCO.
"Oye, mira, me ha mandado un mensaje tu hermano donde viene especificado todo, y cuando digo todo es todo referente a una cosa de emergencia y tal. Por el Whatsapp yo no quiero nada con mi número. Hablamos tú y yo y lo hacemos como lo sabemos hacer, ¿vale?", afirmó Koldo.
Al finalizar la conversación, el exasesor del Ministerio de Transportes le dijo a Antonio que tranquilizara a su hermano: "Lo va a tener eh, que me han dicho que sí, que no me mande nada por favor. Que no se enfade...".
En el informe de los agentes también se hace especial mención al vínculo entre Koldo García y el presidente de Adif, Ángel Contreras, con quien quedó en verse el miércoles 21 de febrero de 2024. En esa fecha estaba previsto también que el socialista navarro se viera con Antonio Fernández. Sin embargo, ese día Koldo fue detenido en la operación Delorme llevada a cabo por la Guardia Civil.
El auto del juez con fecha de este jueves, al que EL ESPAÑOL ha tenido acceso, ha ordenado a la UCO analizar el móvil del empresario vinculado al PSOE de Andalucía por "las relaciones de Koldo con los responsables de Adif" y, especialmente, con el actual presidente Ángel Contreras.
Además, el magistrado Ismael Moreno ha pedido a la Guardia Civil que busque criptoactivos de los miembros de la trama y que, en caso de encontrarlos, sean transferidos a un monedero digital seguro.

La mano derecha de Fernández​

Antonio Fernández, conocido como Toño en los círculos socialistas de Andalucía, llegó a la Delegación del Gobierno de la mano del exalcalde de Baza (Granada) Pedro Fernández, el cual tuvo el bastón de mando de este Ayuntamiento durante casi 15 años.
Toño era un hombre de confianza del actual delegado de Gobierno en Andalucía. Sin embargo, dejó su puesto tras año y medio. El motivo oficial es que deseaba volver a la actividad privada. Antonio Fernández fue nombrado entonces gerente de OPR y figura como apoderado de la empresa desde el 24 de agosto de 2023.
Su nombre salió por primera vez relacionado con la trama en un informe de la UCO publicado por EL ESPAÑOL el pasado marzo. En este documento, los agentes destacaban la relación que mantenía Toño con Koldo y recogieron un mensaje enviado por el ex mano derecha del delegado del Gobierno en Andalucía al guardia civil investigado.
El whatsapp fue enviado el 11 de abril de 2021 y Toño anunciaba en el mensaje su incorporación al equipo de Pedro Fernández. El excoordinador de la Delegación del Gobierno dijo entonces al comandante Rubén Villalba que ya les pagaba "el mismo jefe".

 

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A ver si así no se nota

El Gobierno 'desactiva' la UCO en verano para retrasar la investigación de Begoña Gómez y de la trama Koldo

Fuentes policiales consultadas por LD afirman que "los meses de julio y agosto serán inhábiles porque se forzará a los agentes a ampliar vacaciones".

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El Gobierno 'desactiva' la UCO en verano para retrasar la investigación de Begoña Gómez y de la trama Koldo​

Fuentes policiales consultadas por LD afirman que "los meses de julio y agosto serán inhábiles porque se forzará a los agentes a ampliar vacaciones".​

El Gobierno de Pedro Sánchez 'desactivará' la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) en los meses de verano para retrasar la investigación de Begoña Gómez y de la trama Koldo.
La UCO es el buque insignia de la Guardia Civil en la lucha contra la delincuencia. En este 2024, cumple 35 años con más de 5.000 investigados y detenidos en operaciones contra el crimen organizado y la corrupción. Actualmente, esta unidad de élite del Instituto Armado está integrada por unos 600 agentes que investigan numerosas causas. Algunas tan mediáticas como el caso de Begoña Gómez, la trama Koldo, el caso Negreira o el caso Rubiales.
Fuentes policiales consultadas por Libertad Digital afirman que "los agentes de la UCO han estado trabajando estos meses jornadas de hasta 18 horas durante muchos días. A pesar de ello, el Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska no tiene previsto pagarles ninguna hora extra y por tanto, tendrán que ampliar sus vacaciones forzosamente como compensación".

"Si la UCO estuviera investigando casos de corrupción que afectaran a PP o Vox, seguro que Grande-Marlaska aprobaba rápidamente una partida presupuestaría para pagar a los agentes las horas extra y que no se pierda el verano", añaden.
Las mismas fuentes consultadas por LD subrayan que "el trabajo de los agentes durante este año ha sido ímprobo y extenuante, ya que han participado en las investigaciones más sensibles y polémicas. Al extenderse varias semanas su periodo vacacional, las investigaciones en curso también se retrasarán. Los meses de verano, es decir julio y agosto, serán prácticamente inhábiles".
Cabe destacar que tal y como publicó este diario, la UCO ha finalizado el volcado de los 170 teléfonos móviles, ordenadores, discos duros y pendrives incautados durante los registros a los investigados de la trama Koldo. Entre ellos, el que fuera asesor del entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos, Koldo García o el empresario Víctor de Aldama.

Relacionado​

• La UCO finaliza el volcado de los 170 móviles, ordenadores, discos duros y pendrives incautados a la trama Koldo
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• La UCO apunta al presidente de ADIF por amañar adjudicaciones en el marco del caso Koldo

No obstante, tras copiar la información contenida en los dispositivos, los agentes de la UCO comenzarán a analizar todos los archivos. Un trabajo realmente complicado y arduo que se extenderá durante meses. Previsiblemente, los investigadores no concluyan este trabajo hasta después del verano. Todo depende de los medios personales y materiales.
El análisis de esta información es capital para devenir de la instrucción porque podrían abrirse nuevas líneas de investigación e incluso producirse nuevas imputaciones. No se descarta incluso que en la información que albergan los dispositivos se encuentren indicios delictivos para otras causas como la de la esposa del presidente del Gobierno.
En el caso de Begoña Gómez, los agentes acaban de empezar sus indagaciones y se centran en analizar el rescate millonario del Ejecutivo socialista a la compañía Air Europa, así como las adjudicaciones efectuadas a la empresa del gurú de la esposa del presidente del Gobierno, Juan Carlos Barrabés.
En el marco del caso Negreira, la UCO espera la decisión de la Audiencia Provincial de Barcelona sobre la existencia o no del delito de cohecho para elaborar un informe final que dé paso a las declaraciones de investigados y testigos a partir de octubre. Por último, en el caso de Rubiales, los agentes se centran en investigar las presuntas comisiones cobradas presuntamente por el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales a través de testaferros y de sociedades interpuestas.

El informe filtrado al ‘El País’​

El diario El País publicaba esta semana las conclusiones de un informe efectuado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la causa titulando que ‘la Guardia Civil no aprecia indicios de delito en la actuación de la mujer de Sánchez’. Una información que utilizaban miembros del Ejecutivo socialista para vender a la opinión pública que "no hay caso" contra Begoña Gómez, antes de que este miércoles compareciese Pedro Sánchez en el Congreso sobre este asunto.
No obstante, tal y como desveló LD, la filtración interesada al diario del Grupo Prisa se correspondía con un informe preliminar de la UCO que apenas se limita a analizar y cotejar las noticias aportadas en su denuncia por el sindicato Manos Limpias a través de fuentes abiertas.

 

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Caso Koldo: La UCO pone bajo su lupa 10 nuevos contratos

El empresario valenciano José Ruz no figura como imputado en la causa, pero la UCO intenta averiguar su relación con Koldo García.

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Caso Koldo: La UCO pone bajo su lupa 10 nuevos contratos desde Ábalos hasta Puente​

Los agentes de la Unidad Central Orgánica (UCO) de la Guardia Civil que grabaron una reunión el pasado 8 de febrero de 2023 entre Koldo García, considerado el principal intermediario del Caso mascaras, el subteniente de la Guardia Civil José Luis Rodríguez y el empresario José Ruz, que no está investigado, intentar ahora tirar del hilo de las contrataciones realizadas por una de las dos empresas de este empresario valenciano primero con el ministerio de Fomento de José Luis Ábalos, luego con Raquel Jiménez al frente y por fin con Óscar Puente en la titularidad del mismo ministerio.

De momento, el Partido Popular (PP) en la comunidad valenciana también ha pedido a la Generalitat valenciana todos los contratos dados por la anterior administración socialista a las empresas de Ruz.
Ahora mismo las sospechas recaen sobre 10 contratos por valor de 65,5 millones durante la etapa de Ábalos, otros 6,6 millones con Raquel Sánchez al frente del ministerio y 5,4 millones más ya con Óscar Puente de ministro. En total desde diciembre de 2019 hasta febrero de 2024 la empresa Levantina, Ingeniería y Construcción de José Ruz se adjudicó contratos por valor de 77.682.000 euros del mismo ministerio, aparte de los adjucados por AENA o ADIF, organismos que dependen también del MITMA. Los investigadores indagan si en los dispositivos electrónicos, pendrives, ordenadores y teléfonos móviles, que quedan todavía por inspeccionar pudiera haber pistas sobre esta relación entre Koldo García y el empresario Ruz.

RUZ Y KOLDO​

Ya en septiembre de 2023 el Fiscal Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada escribía en su relato de hechos para el juez de la Audiencia Nacional, que es la acusación en el Caso Koldo relacionado con la adjudicación de contratos para la compra de mascaras, que «el día 8 de febrero de 2023, Koldo García Izaguirre se volvió a reunir con José Luis Rodríguez García en el restaurante «La Chalana» y con José Ruz Martínez.
Esta última persona tiene vinculación con Víctor Gonzalo de Aldama Delgado con quien habría mantenido algún tipo de relación comercial a través de la mercantil Lopera Activa SL, de la que es titular el señor Ruz Martínez». Los investigadores sospechan que una de las empresas usadas para justificar el cobro de las comisiones por las mascaras habría sido presuntamente Lopera Activa, del mencionado Ruz Martínez, porque hay varios movimientos de dinero entre las cuentas de las dos empresas tal y como destapó el citado informe de la ONIF (Oficina Nacional de la Investigación del Fraude), que fue incorporado a la causa.

La Fiscalía también reseñaba que «según la información aportada por la ONIF los clientes que el señor De Aldama habría tenido en el ejercicio de 2020 a través de la mercantil MTM 180 Capital SL serían Globalia Corporación Empresarial SA, Soluciones de Gestión (la empresa de las mascaras) y Lopera Activa (de José Ruz)».
Lo cierto es que de momento José Ruz y sus empresas no figuran como investigados en el Caso Koldo pues ninguna de sus sociedades intervino en la compra venta de mascaras que dio origen a la causa, pero la reunión de Ruz junto a Koldo García, que seguía ejerciendo influencia en el ministerio aunque ya no trabajase en el mismo, y al subteniente de la Guardia Civil que prestaba servicio de Seguridad en el MITMA, llamó la atención de los investigadores que han comenzado ya a indagar en los contratos obtenidos por la empresa «Levantina, Ingeniería y Construcción SL» por parte del MITMA y también en los obtenidos en la comunidad valenciana.

De hecho, el grupo popular (PP) en aquella comunidad autónoma ya ha pedido estos contratos de la época de Ximo Puig, actual embajador español en la OCDE y presidente de la Generalitat de Valencia entre junio de 2015 y julio de 2023.

LOS 10 CONTRATOS​

La Dirección General de Carreteras, dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) otorgó el 11 de diciembre de 2019, con Ábalos como ministro, un contrato de 59.874.028,62 euros a una UTE formada por Torrescámara y CIA de Obras, Ortiz Construcciones y Proyectos y Levantina, Ingeniería y Construcción de José Ruz. Es decir, si el reparto fuese equitativo la empresa de Ruz habría conseguido 20 millones de euros por construir el tramo de la autovía A12 entre Santo Domingo de la Calzada (La Rioja) y Villamayor del Río (Burgos).

Uno de los contratos de la empresa de Ruz.

El 9 de abril de 2021 la misma Dirección General de Carreteras concedía otro contrato por valor de 5.770.000 euros a una nueva UTE formada por Marco Infraestructuras y Ambiente y Levantina, Ingeniería y Construcción para «la conservación y explotación en las carreteras del sector TE-02 en la provincia de Teruel». En mayo de 2021, con Ábalos todavía de ministro y Koldo García como consejero de Renfe Mercancías, ADIF adjudicó un contrato a la empresa de Ruz por 452.000 euros para acondicionar un tramo del ferrocarril de Cercanías en Asturias.
Ya en la etapa de Raquel Sánchez al frente del ministerio, «Levantina» obtuvo el 22 de octubre de 2021 un contrato de mantenimiento en la costa de Valencia por 184.000 euros, otro de la Dirección General de Carreteras el 8 de abril de 2022 por 2.410.000 euros, un tercero el 29 de diciembre de 2022 también del mismo organismo por 2.591.000 euros y el cuarto, financiado por fondos Next Generation, el 13 de marzo de 2023, por valor de 1.383.000 en una UTE conjunta con Díez y Compañía.

CON ÓSCAR PUENTE DE MINISTRO​

A caballo entre la titularidad de Raquel Sánchez y Óscar Puente al frente del MITMA, la empresa de José Ruz obtuvo la concesión de las «obras de ejecución del proyecto de tratamiento y consolidación de la trinchera situada entre los PPKK 104+360 a 104+962 de la linea Latour-Enveigt/Puigcerdá-Bifurcación Aigües, tramo Vic-Ripoll». El precio para 2023 fue de 121.000 euros y para 2024 de 805.348,87. En total, 926.348,87 euros.

Con Óscar Puente al frente del MITMA, la dirección General de Agenda Urbana y Arquitectura adjudicó el 15 de noviembre de 2023 a Levantina un contrato para restaurar los zócalos del interior de la Colegiata de San Miguel Arcángel de Alfaro (La Rioja) por 555.369,94 euros. Apenas un mes más tarde, el 22 de diciembre de 2023, la Dirección General de Carreteras adjudicaba a la empresa de Ruz un contrato de 2.956.720,14 euros para reparar y sustituir las juntas de dilatación en 9 carreteras del Estado.
El último de los contratos hasta ahora obtenidos por Levantina, Ingeniería y Construcción fue adjudicado el 12 de febrero de 2024 también por la Dirección General de Carreteras por valor de 1.403.000 euros para mejorar el acceso norte a Gandía.

RUZ Y LOS CONTRATOS TAMBIÉN CON DEFENSA​

Pero la empresa Levantina de Ruz no solo ha formalizado contratos con el MITMA, también lo ha hecho por ejemplo con el ministerio de Defensa el 25 de febrero de 2022 por valor de 1.983.000 euros para reformar un edificio militar en Zaragoza, otro con el ministerio de Agricultura firmado el 9 de septiembre de 2022 por 236.000 euros para reparar dos pasarelas sobre ríos y uno con AENA para remodelar el edificio terminal del aeropuerto de Málaga por 7.603.000 euros que se terminó en 2020 en una UTE junto a la empresa Comsa.

 

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El enfado del juez del caso Begoña: el fiscal quiere conocer no solo las "resoluciones dictadas sino las que pudieran dictarse"

El magistrado menciona su sorpresa ante la actitud procesal de la Fiscalía e insiste en "lo singular de la interposición del recurso de apelación" contra el auto de apertura de diligencias

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El enfado del juez del caso Begoña: el fiscal quiere conocer no solo las "resoluciones dictadas sino las que pudieran dictarse"​

El magistrado menciona su sorpresa ante la actitud procesal de la Fiscalía e insiste en "lo singular de la interposición del recurso de apelación" contra el auto de apertura de diligencias​

• El juez pide el DNI de Begoña Gómez y apercibe al fiscal por su intento de control de la causa
• La Fiscalía se opone al juez y solicita el archivo de la causa contra Begoña Gómez en plena amenaza de dimisión de Sánchez

Begoña Gómez y Pedro Sánchez. EUROPA PRESS


El juez que instruye la causa contra Begoña Gómez ha decidido monitorizar las visitas del fiscal del caso al juzgado. El enfado de Juan Carlos Peinado viene propiciado por la "insistencia" del representante del Ministerio Público en conocer no sólo las resoluciones dictadas "sino las que pudieran llegar a dictarse". Una situación "inhabitual" que ha obligado al magistrado a apercibir al fiscal ante sus visitas personales al juzgado para conocer "de inmediato" las resoluciones judiciales, antes incluso de que estas pudieran ser notificados siguiendo el procedimiento ordinario.
El titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid ha dictado una providencia en la que menciona su sorpresa ante la actitud procesal de la Fiscalía. Insiste en "lo singular de la interposición del recurso de apelación" por parte del Ministerio Público de manera automática contra el auto de apertura de diligencias; un movimiento que considera "totalmente inhabitual".
La Fiscalía Provincial de Madrid se oponía al juez y solicitaba el archivo de la causa contra la mujer de Pedro Sánchez, justo después de que el presidente del Gobierno anunciara su intención de suspender durante cinco días su agenda. El recurso continúa a la espera de la decisión de la Audiencia Provincial, mientras el juez Peinado continúa con la instrucción.

La investigación sobre los negocios de la esposa del presidente del Gobierno y su relación con empresas privadas beneficiarias de fondos públicos coge vuelo. A fin de confirmar los puntos señalados en la denuncia de Manos Limpias, que ha dado lugar a la causa, el juez ha acordado llamar a declarar como testigo al empresario Juan Carlos Barrabés, así como a cuatro cargos de la Red.es, el ente público que otorgó dos contratos millonarios al patrocinador de Begoña Gómez.
En paralelo, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil continúa con sus pesquisas, después de que esta semana los investigadores entregaran un primer informe preliminar al juzgado. Con él sobre la mesa, el juez ha librado oficio a la Policía Nacional para que remita a la mayor brevedad al juzgado copia del DNI de Begoña Gómez.

Además, en una providencia el instructor confirma su intención de continuar con el secreto de las actuaciones, pero dando traslado a las partes de cierta información esencial para evitar indefensiones. El magistrado levanta de manera excepcional el secreto de sumario para dar traslado a la acusación popular ejercida, en el momento de la emisión del escrito, por únicamente por la representación legal de Vox. Ahora, se une bajo esta condición Aitor Guisasola, en representación de Movimiento de Regeneración Política de España.
El objeto de la decisión acordada por el juez Peinado no es otra que trabajar en igualdad de condiciones para todas las partes involucradas en la causa. Y es que, según informó este medio el viernes pasado el abogado de Begoña Gómez, el socialista Antonio Camacho, sí pudo estar presente durante la declaración de los dos periodistas que comparecieron ante el juez.
El magistrado actúa a tenor de la denuncia presentada por Manos Limpias en la que se recogen varias informaciones periodística sobre las relaciones personales de Begoña Gómez y varios empresarios. En la diana, Carlos Barrabés y Javier Hidalgo, cuyas empresas recibieron cantidades millonarias del Ejecutivo liderado por su marido.
El nombre de Barrabés saltó a la palestra después de que se hicieran públicas dos cartas de recomendación firmadas por la mujer de Pedro Sánchez a favor de Innova Next, operación que podría haber ayudado al empresario a conseguir la adjudicación por parte del organismo público. A fin de aclarar cómo se concedieron los contratos denunciados por Manos Limpias, el juez ha llado a declarar a Carlos Barrabés, promotor del máster de Begoña Gómez y Luis Antonio Martín Bernardos, quien fuera administrador de la empresa.
El resto de citados son: el director general de Red.es en el momento de las adjudicaciones, David Cierco Jiménez de Parga; su sucesor en la cúpula del ente; Alberto Martínez Lacamba; el director adjunto de la Asesoría Jurídica, Ignacio Espejo-Saavedra; y el director de Economía Digital en Red.es desde 2018, Luis Prieto Cuerdo.
Asimismo, la investigación que rodea a la mujer del presidente también pone el foco en las reuniones secretas que esta tuvo con el comisionista de la trama Koldo, Víctor de Aldama y Javier Hidalgo, CEO de Globalia. Según apuntan diversas informaciones, recogidas en la denuncia de Manos Limpias, dichos encuentros se habrían producido en los meses de junio y julio de 2020. Poco después, el Gobierno de Pedro Sánchez concedió a la compañía un rescate millonario por 475 millones de euros.

 

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El juez pide el DNI de Begoña Gómez y apercibe al fiscal por su intento de control de la causa

Tilda de "inusual" el comportamiento del fiscal del caso ante sus visitas personales al juzgado para conocer "de inmediato" las resoluciones que dicta antes incluso de notificarlas

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El juez pide el DNI de Begoña Gómez y apercibe al fiscal por su intento de control de la causa​

Tilda de "inusual" el comportamiento del fiscal del caso ante sus visitas personales al juzgado para conocer "de inmediato" las resoluciones que dicta antes incluso de notificarlas​

• El juez que investiga a Begoña Gómez pone el foco en los contratos y avisa que mantendrá en secreto la causa
• El juez del caso Begoña Gómez llama a declarar a su patrocinador Barrabés y a quienes le adjudicaron contratos públicos

Begoña Gómez, en una imagen de archivo EUROPAPRESS

El juez que investiga a Begoña Gómez por presunta corrupción en los negocios y tráfico de influencias ha apercibido al fiscal del caso ante sus continuas visitas al juzgado así como su "insistencia" para conocer las resoluciones "no solo dictadas sino las que pudieran llegar a dictarse". Por ese motivo ha pedido a la letrada de la Administración de Justicia de su juzgado que haga un seguimiento sobre las visitas del fiscal y también sobre dicha insistencia para conocer las resoluciones judiciales.
Así los confirman fuentes jurídicas a Vozpópuli, las cuáles precisan también que el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid se ha mostrado sorprendido por el recurso de apelación que interpuso la Fiscalía de manera automática contra el auto de apertura de diligencias; un movimiento que considera "totalmente inhabitual".
Del mismo modo, el juez Juan Carlos Peinado ha librado oficio a la Policía Nacional para que remita a la mayor brevedad al juzgado copia del DNI de Begoña Gómez. La solicitud del instructor de la causa abierta por la denuncia de Manos Limpias se conoce después de que haya citado a declarar para los próximos 6 y 7 de junio a una serie de testigos, entre los que se encuentra Carlos Barrabés, el socio de la mujer del presidente del Gobierno.

"Visitas inusuales" del fiscal​

De esta forma, el juez Peinado ha dado orden de controlar las "visitas frecuentes e inusuales" del fiscal designado para el caso y de sus intentos por conocer los pronunciamientos judiciales tanto los dictados como los que vaya a dictar. Su encargo se produce después de que el diario El País informara acerca de un informe elaborado por la UCO de la Guardia Civil, unidad policial a la que se le ha encargado la investigación, en el que se apunta que, por el momento, no hay indicios de delito.
Pese a ello, el instructor está dispuesto a continuar con las pesquisas, dado que dicho informe policial es embrionario y provisional, teniendo en cuenta el estado de la causa. En el marco de la misma el juez citó la semana pasada al director del diario El Confidencial, Ignacio Cardero, y al periodista de ESdiario Francisco Mercado, para que confirmasen la veracidad de sus informaciones acerca de las cartas de apoyo de Begoña Gómez a Barrabés.

Se trata de recomendaciones que Gómez firmó por escrito a favor de la UTE que conformó Barrabés con The Valley. Esta unión de empresas fue la adjudicataria de un total de tres lotes divididos en dos contratos diferentes que otorgó el ente Red.es (dependiente en el momento de los hechos del Ministerio de Economía de Nadia Calviño) en plena esa época en el 2020 de la que yo le hablo por poco más de 10 millones de euros.

Declaración de los testigos​

En las dos licitaciones (una sobre un programa de formación e inserción laboral de desempleados y otra sobre un servicio de formación para el empleo juvenil en la economía digital) la UTE de Barrabés se impuso al resto de empresas competidoras al ganar en el apartado de valoración subjetiva. Como informó este medio, aunque en el pliego de cláusulas en ningún momento se aludió a las cartas de apoyo, el informe de valoración reconoció a aquellas que las aportaron, como fue el caso de la UTE del socio de Begoña Gómez.
Para esclarecer si hubo algún tipo de trato de favor para esta firma, el juez ha citado a a declarar a Barrabés -que, a su vez, impulsó el máster en Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid que dirige Gómez- y también al que fuera administrador de Innova Next, Luis Antonio Martín Bernardos.
Del mismo, están citados el director general de Red.es en el momento de las adjudicaciones, David Cierco Jiménez de Parga; su sucesor en la cúpula del ente hasta 2023, Alberto Martínez Lacamba; el director adjunto de la Asesoría Jurídica, Ignacio Espejo-Saavedra; y el director de Economía Digital en Red.es desde 2018, Luis Prieto Cuerdo. Este último fue el que firmó los lotes primero y tercero del informe de valoración del contrato para el 'Servicio de formación para el empleo juvenil en la economía digital', mientras que el entonces director de Red.es Jiménez de Parga hizo lo propio con el documento del pliego de cláusulas.
Con todo, la denuncia que interpuso Manos Limpias no solo recoge estos contratos, sino que también hacía alusión a las reuniones desveladas por el diario El Confidencial que mantuvo Begoña Gómez con el exconsejero delegado de Globalia, Javier Hidalgo, los meses de junio y julio de 2020, después de que el Gobierno aprobase el rescate de ayudas a empresas afectadas por la el bichito.
Air Europa, la aerolínea del grupo, fue rescatada en noviembre de ese año con una ayuda de 475 millones de euros, lo que se tradujo en una de las mayores inyecciones de dinero público a las empresas rescatadas entonces.

 

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El juez que investiga a Begoña Gómez ordena monitorizar las visitas del fiscal a su juzgado

Pide al Letrado de la Administración de Justicia que tome nota de la «insistencia» del fiscal por conocer las decisiones antes de que se adopten

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El juez pide a la Policía copia del DNI de Begoña Gómez y cuestiona la «inusual» insistencia del fiscal en la causa

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En esta ampliación de la lista de comparecientes los 'populares' no han incluido a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez

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El juez del caso Begoña Gómez denuncia las "inusuales visitas" del fiscal para saber de antemano sus decisiones

Juan Carlos Peinado ha ordenado al letrado de la Administración de Justicia de su juzgado que "ponga de manifiesto la frecuencia con que se realizan esas visitas personales"

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El juez que investiga a Begoña Gómez alerta de la «inhabitual» actitud del fiscal que lleva el caso

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El juez pide a la Policía una copia legible del DNI de Begoña Gómez e insinúa presiones del fiscal

El juez que investiga a Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado, ha pedido a la Policía Nacional una copia legible del DNI de la mujer de Sánchez.

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El ‘papelón’ del fiscal para salvar a Begoña Gómez

La resolución dictada por el juez Peinado, instructor del caso que afecta a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, no tiene precedentes en el

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El ‘papelón’ del fiscal para salvar a Begoña Gómez​

Begoña Gómez, durante un debate en el Ateneo de Madrid. EP

La resolución dictada por el juez Peinado, instructor del caso que afecta a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, no tiene precedentes en el panorama judicial español. Es muy grave que un magistrado se vea forzado a dejar constancia por escrito, y ordene, que el letrado de la Administración de Justicia adscrito a su juzgado -la figura del antiguo secretario judicial- monitorice, supervise y hasta vigile las “frecuentes” e “inusuales” visitas “personales” del fiscal del caso al Juzgado para conocer con urgencia, y de primera mano, las resoluciones que se dicten respecto a la esposa de Pedro Sánchez. E incluso, las resoluciones que no se han dictado y puedan dictarse. El afán de control de la Fiscalía, también en este caso, como ocurre con el evidente interés político en el procedimiento que afecta a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, demuestra que no nos hallamos ante un funcionamiento normal de la Administración de Justicia, sino ante un caso de presión intolerable. Más parece que la Fiscalía, en lugar de ser el garante de la legalidad y del proceso, actúa como el abogado defensor de Begoña Gómez para que nada que pueda hacer, pensar, dictar o resolver el juez sea conocido por alguien antes de que tenga conocimiento el propio fiscal general, que como afirmó Pedro Sánchez, depende del Gobierno. “Pues ya está”.

La conducta del fiscal, su desmesurado interés en conocer cada entresijo, raya en el acoso a los funcionarios del Juzgado en sus “constantes” visitas. Y, con toda probabilidad, esas “constantes” visitas no se producen en ninguna de las otras decenas de causas en las que participe la Fiscalía con ningún otro ciudadano español

El juez Peinado es el juez predeterminado por la ley, como establece la Constitución, al que por reparto ha correspondido este procedimiento. Y como tal, su independencia ha de ser preservada. En este contexto, la conducta del fiscal, su desmesurado interés en conocer cada entresijo, raya en el acoso a los funcionarios del Juzgado en sus “constantes” visitas. Y, con toda probabilidad, esas “constantes” visitas no se producen en ninguna de las otras decenas de causas en las que participe la Fiscalía con ningún otro ciudadano español. Es un interés jurídico tan atípico, y una preocupación tan insólita y tan vinculada a un evidente afán de control del proceso, que sólo puede deberse a órdenes jerárquicas directa o indirectamente transmitidas. Es justo eso lo que ya se investiga en el caso del novio de Díaz Ayuso, y la advertencia lanzada por el juez Peinado retrata mucho, demasiado, la ‘militarización’ de la Fiscalía que ha impuesto Álvaro García Ortiz.

En el fondo, es la democracia lo que se resiente y la independencia de los jueces, la separación de poderes, lo que se combate

Es notorio el interés de La Moncloa por cortocircuitar o manejar a su antojo a través de la Fiscalía cualquier procedimiento judicial, bien porque le perjudique, bien porque le beneficie. Las conclusiones no pueden ser otras que una nueva muesca en la pérdida de reputación de la Fiscalía, una obsesión por evitar cualquier daño político derivado de las opacas actividades empresariales de Begoña Gómez y, sobre todo, un forzamiento, otro más, de las costuras de nuestra democracia en favor de los exclusivos intereses del presidente del Gobierno. Y para ello, el Gobierno no se para en barras para que cualquier institución, como de nuevo ocurre ahora la Fiscalía, quede sojuzgada a esos intereses. En el fondo, es la democracia lo que se resiente y la independencia de los jueces, la separación de poderes, lo que se combate.

 

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El juez se prepara de cara a una posible citación a Begoña Gómez tras solicitar a la Policía su DNI

Peinado acaba de acordar nuevas testificales y avanza en la causa tras advertir al fiscal del caso que deje de acudir en persona al juzgado para conocer "de inmediato" las resoluciones

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El juez se prepara de cara a una posible citación a Begoña Gómez tras solicitar a la Policía su DNI​

Peinado acaba de acordar nuevas testificales y avanza en la causa tras advertir al fiscal del caso que deje de acudir en persona al juzgado para conocer "de inmediato" las resoluciones​

• El juez pide el DNI de Begoña Gómez y apercibe al fiscal por su intento de control de la causa
• El juez del caso Begoña Gómez llama a declarar a su patrocinador Barrabés y a quienes le adjudicaron contratos públicos

Manos Limpias denunció a Begoña Gómez por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios

El juez que investiga la denuncia contra Begoña Gómez de Manos Limpias se prepara para citarla en sede judicial después de solicitar a la Policía Nacional que remita copia de su DNI a la mayor brevedad. El movimiento del juez Juan Carlos Peinado se produce tras apercibir al fiscal del caso por sus "frecuentes e inusuales visitas" al juzgado para conocer de antemano su criterio en el procedimiento.
El instructor está dispuesto a seguir adelante con la causa que abrió hace unas semanas por presunto delito de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Una de las primeras cosas que hizo el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid tras admitir a trámite la denuncia de Manos Limpias fue decretar el secreto de actuaciones y encargar la investigación a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Sin embargo, esta misma semana levantó de manera excepcional el secreto para dar traslado a las acusaciones de la declaración de los periodistas que desfilaron por sede judicial el pasado 17 de mayo para corroborar sus noticias sobre Begoña Gómez.

Solicita el DNI de Begoña Gómez​

Como informó este medio, el juez dio copia de las declaraciones a Vox, personada en el procedimiento como acusación popular, y tras, ella a otras dos nuevas acusaciones: Movimiento de Regeneración Política de España y Manos Limpias, sindicato este último que fue el que interpuso la denuncia inicial.
El juez actuó de esta forma "a fin de preservar el principio de igualdad de armas" entre las partes y para no causar indefensión a las acusaciones, dado que el abogado de Begoña Gómez -el exministro socialista Antonio Camacho- sí estuvo presente en la diligencia e hizo preguntas durante la misma, tal y como ha podido saber este medio.

Tendríamos que ser de una ingenuidad angelical para pensar que el Gobierno aquí no tiene interés. Se ha perdido la confianza en la Fiscalía, pero hay que ver caso por casoFuentes fiscales

Sin embargo, en las últimas horas el juez ha endurecido el tono contra el fiscal del caso hasta el punto de que ha encargado a la letrada de la Administración de Justicia de su juzgado que elabore un informe en el que identifique la frecuencia con la que el fiscal acude en persona a Plaza de Castilla y, también, su "insistencia" en conocer tanto las resoluciones dictadas como las que todavía tiene pendiente de redactar.
Se trata de un pronunciamiento cuanto menos inusual en el que Peinado deja claro que no quiere injerencias durante la investigación y que tampoco considera habitual que el fiscal acuda en persona de manera frecuente para conocer el sentido de sus resoluciones con carácter "inmediato". "Es totalmente inhabitual", ha manifestado de acuerdo con las fuentes jurídicas consultadas por este medio.

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Los fiscales: "No he visto esto en mi vida"​

Del mismo modo, ha encargado a la Policía Nacional para que, "visto el estado de las presentes actuaciones", dé copia del DNI de Begoña Gómez; un movimiento que precede a una más que previsible citación de la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Dicha citación se tendría que producir en calidad de imputada, condición de la que solo gozará formalmente cuando así se lo notifique el instructor de la causa.
Estos últimos pronunciamientos del juez han pillado por sorpresa a la carrera fiscal desde donde aseguran que el apercibimiento al fiscal del caso es "insólito". "Yo no he visto esto en mi vida", rezan algunas voces consultadas por Vozpópuli, las cuáles explican que, lo habitual es que los conflictos que puedan surgir a lo largo de una instrucción entre juez y fiscal se resuelvan hablando.

El Gobierno penalizó a las empresas que compitieron con la UTE de Barrabés por no contar con cartas de apoyo

"Que la causa tiene interés político no hay duda. Se ha perdido la confianza en la Fiscalía, pero hay que ver caso por caso", rezan dichas voces, las cuáles piden prudencia hasta tener conocimiento exacto de cuál ha sido la actitud del fiscal del caso, cuya respuesta al instructor se espera en breve. Sea como fuere, algunos fiscales consultados no comparten que el juez haya reprochado al fiscal que interpusiera recurso de apelación directamente en la Audiencia Provincial de Madrid contra la apertura de diligencias.
El juez que investiga a Begoña Gómez también se ha pronunciado sobre este asunto y, aunque reconoce que el fiscal está en su pleno derecho a la hora de recurrir directamente en apelación, afirma que es inhabitual que no interponga primero recurso de reforma ante el juzgado.
Esta actuación acelera la respuesta de la Audiencia Provincial de Madrid, puesto que eleva directamente el conflicto ante este órgano superior para que resuelva acerca de si tiene validez la apertura de la investigación o, por el contrario, debe archivarse.

Pendientes de los testigos​

Mientras tanto, el juez sigue adelante y no tiene pinta de que vaya a frenar la instrucción. De hecho, tras escuchar a los periodistas de El Confidencial y ESDiario, lo siguiente que ha hecho ha sido citar a seis testigos para que arrojen luz sobre los contratos públicos que adjudicó el Gobierno a la UTE de Carlos Barrabés, socio de Begoña Gómez, la cual recomendó sus contrataciones a través de cartas de apoyo.
Por ese motivo, ha citado para los próximos 6 y 7 de junio al propio Barrabés, al que fuera administrador de su empresa Innova Next, Luis Antonio Matín Bernardos y a cuatro cargos de Red.es en el momento en que se adjudicaron los contratos.
Se trata del entonces director general de Red.es, David Cierco Jiménez de Parga; su sucesor en la cúpula del ente hasta 2023; Alberto Martínez Lacamba; el director adjunto de la Asesoría Jurídica, Ignacio Espejo-Saavedra; y el director de Economía Digital en Red.es desde 2018, Luis Prieto Cuerdo. Este último firmó los informes de valoración de adjudicación de dos lotes a la UTE que formó Barrabés con The Valley.
El juez investiga si las recomendaciones de Begoña Gómez influyeron en que se anotara dos contratos públicos por un total de 10 millones de euros en plena esa época en el 2020 de la que yo le hablo. No fueron las ofertas que contaron con mayor respaldo, aunque sí se impusieron al resto en el apartado de valoración subjetiva; que contaba un 40% de la puntuación final.
Del mismo modo también se investigan varios encuentros secretos que mantuvo Begoña Gómez con el exconsejero delegado de Globalia, Javier Hidalgo, en plena negociación del rescate de Air Europa por parte del Gobierno que preside su marido. El mismo se produjo a principios de noviembre con una inyección de 475 millones de euros.

 

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La fiscal provincial de Madrid se niega a entregar al juez los documentos sobre la filtración de datos del novio de Ayuso

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) intenta, por segunda vez, que la responsable del Ministerio Público madrileño, Pilar Rodríguez, c...

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La fiscal provincial de Madrid se niega a entregar al juez los documentos sobre la filtración de datos del novio de Ayuso​

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) intenta, por segunda vez, que la responsable del Ministerio Público madrileño, Pilar Rodríguez, colabore con la investigación en curso​

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) Francisco José Goyena, encargado de la querella presentada por el novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, contra la Fiscalía por un presunto delito de revelación de secretos, se ha visto en la obligación de repetir el primer requerimiento remitido a la fiscal jefe de la provincial de Madrid, María Pilar Rodríguez Fernández, para que aporte las comunicaciones intercambiadas con la defensa del empresario que se divulgaron desde su oficina de prensa a los medios de comunicación.
Según apuntan fuentes judiciales a El Debate, el primer intento del juez instructor Goyena al frente de la causa penal ha resultado frustrado. El funcionario enviado por el TSJM para recopilar el total de los mails y comunicaciones intercambiadas por la fiscal provincial con la defensa de González Amador acudía, esta misma semana, para recoger una copia de los mismos; pero tras una espera de «más de veinte minutos» se volvía con las manos vacías. Los funcionarios presentes en las inmediaciones del órgano declinaron la entrega de cualquier información relevante para el caso, «una vez consultado», dado «que la petición no iba dirigida contra una persona concreta».

El juez abre diligencias previas contra la fiscal jefe de Madrid por revelación de secretos del novio de Ayuso​

Así las cosas, las mismas fuentes aseguran a este diario que, este mismo viernes, el Tribunal competente ha «librado un segundo oficio», en esta ocasión, directamente dirigido a Pilar Rodríguez para que colabore, como querellada, en el esclarecimiento de lo ocurrido con la nota de prensa emitida por su Departamento; que de acuerdo con la posición de la pareja de Díaz Ayuso perjudicó su derecho fundamental de defensa al divulgar públicamente informaciones confidenciales.

La divulgación de los datos personales de un particular, contenidos en el marco de la negociación para un pacto de conformidad mantenido en el contexto de una investigación tributaria, a través de un comunicado oficial emitido por la Fiscalía Provincial de Madrid, hacía saltar las alarmas en el seno de la institución y llevaba a toda una fiscal Superior, Almudena Lastra; y posteriormente a la fiscal del asunto, María de la O Silva y su responsable jerárquico directo, Carlos Ruiz Alegría, a dar la batalla –previa activación del mecanismo de conflicto previsto en el artículo 27 del Estatuto Orgánico (EOMF)–, negándose a cumplir las órdenes dadas para aplacar el escándalo al entender que las mismas eran «improcedentes».
Una vez el TSJM decidía avanzar con las pesquisas necesarias para indagar la verdad de lo ocurrido, al margen del criterio de la mayoría no unánime del denominado 'generalato' de la Fiscalía, la titular de la provincial se ha desmarcado de su deber de colaboración alegando una serie de «pretextos» que, a juicio de los expertos, más allá de «incomodar» al magistrado Goyena, podrían conllevar «graves consecuencias» para la propia titular del Ministerio Público, más allá de las diligencias previas dirigidas contra ella por su papel en el escándalo de la filtración de los datos personales del novio de Díaz Ayuso.

 

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¡¡BOOOOOMM!!

El juez califica a Begoña Gómez como "investigada" en su escrito de puño y letra a la Policía

«Solicito que se remita copia autenticada y de tamaño legible y visible del DNI de la investigada Begoña Gómez Fernández», escribe el juez.

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La Guardia Civil localiza el número de Begoña Gómez en el móvil del cabecilla de la trama Koldo y rastrea si hay mensajes entre ellos

Los agentes han hallado el dato que hoy revela El Debate entre los archivos del empresario Víctor de Aldama

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La Guardia Civil localiza el número de Begoña Gómez en el móvil del cabecilla de la trama Koldo y rastrea si hay mensajes entre ellos​

Los agentes han hallado el dato que hoy revela El Debate entre los archivos del empresario Víctor de Aldama​

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investiga la trama Koldo ha localizado el número de móvil personal de Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la agenda del teléfono de Víctor de Aldama, cabecilla de la red. En estos momentos, los investigadores están trabajando en saber si ambos intercambiaron mensajes durante los últimos meses. Esta revelación de la UCO coincide con la petición del juez que investiga los negocios de la mujer de Sánchez de pedir su DNI y alertar de que la Fiscalía le está presionando con «numerosas visitas» a su juzgado.
Tal y como ha podido saber El Debate, entre los números que los agentes del caso han encontrado tras volcar la agenda de contactos de Aldama se encuentra el de Begoña Gómez. La línea telefónica acaba en «472» y está a nombre de María Begoña Gómez Fernández. En estos momentos se desconoce si existen llamadas o mensajes entre ellos ya que los investigadores sólo tienen los datos en bruto y aún no los han cruzado. Otro de los teléfonos que el cabecilla de la trama guardaba en su agenda telefónica se encuentra el del exministro José Luis Ábalos.
La UCO ha finalizado hace varios días el volcado de los 170 aparatos digitales que intervino en los registros a los miembros de la red. Entre ellos se encuentran teléfonos móviles, ordenadores, discos duros y pendrives. Para llevar a cabo esta labor, los agentes han contado con la ayuda de varios miembros de la Europol, que viajaron a España para reunirse con los responsables de la investigación para ayudar en el volcado. Según explican fuentes de la investigación a este periódico, el volcado de los dispositivos «es relativamente sencillo ya que se trata de un procedimiento mecánico que sólo lleva tiempo».

En cambio, «ahora viene lo difícil», explican. A partir de ahora su trabajo consistirá en relacionar los datos de interés, plasmarlos en un informe y remitirlos a la Audiencia Nacional. Esta labor se desarrollará durante los próximos meses y se desconoce cuándo se obtendrán las primeras conclusiones. Además de las agendas telefónicas, donde se ha hallado el móvil de la mujer de Sánchez, también hay fotografías, vídeos, correos electrónicos y conversaciones en aplicaciones de mensajería como WhatsApp, Telegram o Signal.
Precisamente, la actuación del Juzgado Central de Instrucción nº2 de la Audiencia Nacional se verá motivada a raíz de las conclusiones a las que llegue la UCO tras cruzar los datos. A partir de aquí, el magistrado Ismael Moreno, determinará si abre nuevas líneas de investigación o si decide imputar a nuevas personas. En estos momentos, la mayoría de investigados lo están por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho. Las actuaciones que se le imputan giran en torno al cobro de comisiones en contratos de compra de material sanitario que el Gobierno adjudicó durante la esa época en el 2020 de la que yo le hablo.

Presiones de la Fiscalía​

En paralelo, el magistrado Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción nº43 de Madrid, que investiga la denuncia contra la mujer de Sánchez por tráfico de influencias y corrupción en los negocios, ha dictado una providencia en la que solicita a la Policía Nacional el DNI de Begoña Gómez.
También ha pedido al secretario judicial que elabore un informe sobre las «frecuentes e inusuales visitas» del fiscal del caso al juzgado y su «inhabitual» actitud procesal.
El informe versará sobre «la frecuencia de esas visitas y »la insistencia« por parte del fiscal en conocer inmediatamente las resoluciones que se dictan o las que se van a dictar».
Al juez también le sorprende lo «singular» que fue que el fiscal recurriera de forma «casi automática» la apertura de la causa, algo «totalmente inhabitual», y que quiera conocer las resoluciones que se dictan, «incluso antes de ser notificadas», sostiene el magistrado.

 

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Begoña Gómez explotó su alianza con Globalia y la OMT: acuerdos, academias conjuntas y actos en África

Pedro Sánchez cedió en enero de 2019 la sede madrileña de forma gratuita a la OMT.

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Begoña Gómez explotó su alianza con Globalia y la OMT: acuerdos, academias conjuntas y actos en África​

Pedro Sánchez cedió en enero de 2019 la sede madrileña de forma gratuita a la OMT.​

Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, mantuvo reuniones con el conseguidor de la trama de mascaras del PSOE Víctor Gonzalo de Aldama. Esas reuniones incluyeron a Globalia justo en el momento de la negociación de un rescate multimillonario adjudicado por el Gobierno de Pedro Sánchez. A su vez, Begoña Gómez dirigía el Africa Center. En el Africa Center vio cabida a Globalia, por medio de la ayuda y patrocinio de la Wakalua, filial del grupo rescatado por el Gobierno de su marido. Pero la cosa fue a más: el Africa Center impulsó un acuerdo de turismo sostenible entre Globalia y la OMT. Y el secretario general de la OMT fue incluido en los actos de Begoña Gómez en Ghana con motivo del Congreso Regional del Empoderamiento de la Mujer en el Sector Turístico. Ghana, por su parte, está en el programa de ayudas del Gobierno y un documento oficial de su embajada en Madrid refleja la visita de la "mujer del presidente", tal cual, en condición de esposa de Sánchez para negociar "su colaboración" en los "proyectos".

Begoña Gómez mantuvo contacto en septiembre de 2019, con motivo de la Asamblea de la OMT en San Petersburgo con el secretario general de la entidad amparada por Naciones Unidas. Allí, de hecho, fue el propio Zurab Pololikashvili el que puso en contacto a la mujer del presidente con una serie de ministros jovenlandeses. Y la relación debió funcionar porque un par de meses más tarde, en noviembre de 2019, el secretario general respaldó a Begoña Gómez en Ghana con motivo del Congreso Regional de Mujeres Empoderadas en el Sector del Turismo.

"El primer congreso regional de la OMT sobre Empoderamiento de las Mujeres en el Sector Turístico tuvo lugar en Accra, Ghana, en noviembre de 2019, y se centró en cómo la industria del turismo puede permitir la igualdad de género a través de políticas gubernamentales y las oportunidades que existen en el espíritu empresarial, los instrumentos financieros, la educación y la tecnología", señaló el IE, entidad que englobaba al Africa Center que dirigía Begoña Gómez, en una reseña elaborada en enero de 2020.

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"La directora del Centro África de IE, Begoña Gómez, habló en paneles de discusión sobre el papel de la educación y la tecnología como herramienta para el avance socioeconómico de las mujeres en el turismo, explorando la importancia del acceso igualitario a la educación para las mujeres y cómo la tecnología puede ayudar a crear mejores oportunidades económicas para mujer", añadió la nota. "Como parte de este compromiso con la educación y la tecnología, IE y la OMT anunciaron el lanzamiento de la academia en línea de la OMT para ofrecer programas de formación especializados para directivos y profesionales en las áreas de viajes y turismo", confirmó la nota. Zurab Pololikashvili, Secretario General de la OMT, dijo en Ghana: "La educación es una de mis principales prioridades. Gracias a la Tourism Online Academy, una iniciativa conjunta entre la OMT y IE University, tendríamos la oportunidad de formar, democratizar y escalar la forma en que se educa a las personas en relación con el sector turístico".

Y hay que recordar una serie de datos. Wakalau, filial de Globalia, se convirtió en aliado del Africa Center de Begoña Gómez. Wakalua usó instalaciones del Barrabés Growth Space tras ser lanzada por la OMT (Organización Mundial del Turismo) y Globalia, el grupo que fue rescatado multimillonariamente en medio de las reuniones de Víctor de Aldama, Begoña Gómez -mujer del presidente del Gobierno- y Javier Hidalgo (CEO de Globalia). Wakalua, además, patrocinó con 40.000 euros el Africa Center que dirigía Begoña Gómez. Wakalau consiguió un acuerdo con la OMT en plenos encuentros con el Africa Center. Y las sedes de Barrabés no eran sino las de la consultora que impulsó el máster de Begoña Gómez en la Complutense y del mismo Barrabés ayudado por las cartas de recomendación de la mujer de Pedro Sánchez para lograr 8,4 millones en concursos públicos.

Para colmo, Pedro Sánchez cedió en enero de 2019 la sede madrileña de forma gratuita a la OMT. El Gobierno cedió gratis la sede de la Organización Mundial del Turismo (OMT) por 75 años justo cuando esta agencia de la ONU entró en alianza con Begoña Gómez. El 22 de enero, Pedro Sánchez presidió la inauguración de Fitur, junto con el secretario general de la OMT y la entonces ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, y allí anunció que cedería a la OMT un espacio en el Palacio de Congresos de Madrid para albergar su sede.

 

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El juez del 'caso Begoña Gómez' sugiere que el fiscal actúa como un espía del Gobierno

El magistrado se queja de las continuas visitas de la Fiscalía a su despacho para conocer el contenido de las resoluciones que planea dictar.

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El juez Juan Carlos Peinado, en un acto público.

El juez del 'caso Begoña Gómez' sugiere que el fiscal actúa como un espía del Gobierno​

El magistrado se queja de las continuas visitas de la Fiscalía a su despacho para conocer el contenido de las resoluciones que planea dictar.​

El enfrentamiento entre la Fiscalía y el juez que investiga la denuncia contra Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, se recrudece.
Este viernes, el magistrado Juan Carlos Peinado reprochaba al Ministerio Fiscal sus "frecuentes e inusuales" visitas al Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid y su "insistencia en tener conocimiento con carácter inmediato del contenido de las resoluciones, no sólo de las dictadas, sino las que pudieran llegar a dictarse".
Por ello, calificó de "inhabitual la actitud procesal de la Fiscalía" y, en una decisión insólita, ordenó al letrado de la Administración de Justicia adscrito al Juzgado que contabilice cada visita que hace a su despacho el representante del Ministerio Público encargado de este caso. Sin decirlo explícitamente, le atribuye el rol de estar haciendo labores de espía para el Gobierno.
Asimismo, Peinado calificó de "singular" el hecho de que la Fiscalía, a las pocas horas de abrirse esta causa secreta sobre los negocios de Begoña Gómez, solicitase "de manera casi automática" a la Audiencia Provincial de Madrid su archivo.
Existe cierto malestar en la Fiscalía desde la apertura de esta investigación. Cuando a principios de abril recibió la denuncia del sindicato Manos Limpias basada en varios recortes de prensa, el magistrado decidió incoar diligencias previas sin haber pedido antes opinión al Ministerio Público. El juez prescindió de este trámite, que no es obligatorio.
Por otro lado, en la citada resolución, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el instructor se queja de las numerosas visitas del fiscal del caso a su despacho, pese a que sus resoluciones "están siendo notificadas por el cauce habitual".
La denuncia de Manos Limpias atribuye a Begoña Gómez un supuesto delito de tráfico de influencias por su actividad privada. Posteriormente, la asociación Hazte Oír y el partido Vox se han personado como acusaciones en esta causa. En último lugar, lo ha hecho el abogado y youtuber Aitor Guisasola, que cuenta con un canal en la red social de vídeos con 43.000 seguidores. Este último lo ha hecho bajo el Movimiento de Regeneración Política de España, que preside y que ya ha pagado una fianza de 10.000 euros.
No obstante, al tratarse, por el momento, de una causa secreta, el grueso de la investigación permanece oculto a las partes, salvo al Ministerio Fiscal, al que sí se le notifican.
Asimismo, el juez Juan Carlos Peinado ha solicitado a la Policía Nacional, "a la mayor brevedad posible" y "visto el estado de las presentes actuaciones", que le remita una copia del DNI de Begoña Gómez. "Una copia autenticada y de tamaño legible", exige otra providencia del juez, en la que llama "investigada" a la esposa de Sánchez, pese a que, por el momento, no exista un auto judicial que la cite a declarar y que exponga detalladamente los motivos para ello.

Testigos citados​

Tal y como publicó EL ESPAÑOL, Peinado ha citado a declarar como testigo a Carlos Barrabés, el empresario cuya UTE (unión temporal de empresas) se presentó a una adjudicación pública y presentó cartas proforma firmadas por la mujer de Pedro Sánchez avalando su buen hacer.
Barrabés tendrá que acudir a declarar el 7 de junio a las 09.30 horas. Un día antes, el día 6 a las 11.15 horas, harán lo propio varias personas. Entre ellas, Luis Prieto Cuerdo, el director de Economía Digital de Red.es, el organismo, dependiente del Ministerio de Hacienda, que otorgaba esta adjudicación a la que se presentó la UTE de Barrabés.
Este último, a su vez, forma parte del claustro de profesores del máster que codirige Begoña Gómez, dedicado a la Transformación Social Competitiva (TSC) e impartido en la Universidad Complutense de Madrid.
El mismo día 6 de junio tendrán que comparecer, también como testigos, otras personas vinculadas a Red.es y a Barrabés.
Concretamente, el economista y abogado Luis Antonio Martín Bernardos, administrador, hasta 2022, de Innova Next, empresa vinculada al grupo Barrabés y el actual director general de Red.es y exasesor del Ministerio de Industria, David Mateo Cierco Jiménez de Parga.
También lo harán quien fuese director general Red.es entre junio 2021 y agosto 2023, Alberto Martínez Lacambra y uno de los responsables de la asesoría jurídica de Red.es, Ignacio Espejo Saavedra Hernández.
De hecho, Innova Next fue una de las dos empresas que formó parte de la UTE que presentó las cartas firmadas por Gómez. Ejerce como consultora del Grupo Barrabés.
Este miércoles, el presidente del Gobierno compareció en el Congreso de los Diputados, donde respaldó la actuación profesional de su esposa. Sánchez tachó de "fango" las acusaciones contra Begoña Gómez. "Mi mujer es una profesional honesta, seria y responsable y mi Gobierno es un Gobierno limpio", manifestó en la tribuna de oradores de la Cámara Baja.

 

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La UCO investiga el destino de 54 M a constructoras vinculadas al 'caso Koldo' en 128 contratos públicos

El Ministerio de Transportes durante la etapa de José Luis Ábalos dio 20 de estas adjudicaciones, por valor de 15 millones, a tres empresarios que se reunieron con Koldo García, según la Guardia Civil.

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La UCO investiga el destino de 54 M a constructoras vinculadas al 'caso Koldo' en 128 contratos públicos​

El Ministerio de Transportes durante la etapa de José Luis Ábalos dio 20 de estas adjudicaciones, por valor de 15 millones, a tres empresarios que se reunieron con Koldo García, según la Guardia Civil.​

La Fiscalía Anticorrupción envió un informe de la Agencia Tributaria a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que investigue 128 contratos públicos adjudicados a constructoras vinculadas con el caso Koldo. Según el listado incluido en el sumario y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, la suma total de estas adjudicaciones realizadas entre 2018 y 2021 asciende a un total de 54 millones de euros.
La mayoría de estos contratos, nada menos que 100, fueron dados a tres empresas relacionadas con Koldo García Izaguirre: Obras Públicas y Regadíos SA (OPR), Áridos Anfersa SL y Levantina, Ingeniería y Construcción SL. Los tres constructores responsables de estas compañías fueron avistados con el exasesor de Ábalos por los agentes durante los seguimientos.
De las adjudicaciones investigadas, 15 corresponden directamente al Ministerio de Transportes durante la etapa de José Luis Ábalos por un valor de 15 millones. El resto son contratos públicos de entidades municipales, que en una gran mayoría estaban gobernadas por el PSOE, o autonómicas como la Comunidad Valenciana durante el mandato de Ximo Puig.

[El Ministerio de Ábalos dio 5 millones al empresario vinculado al PSOE andaluz que pidió a Koldo mediar]

El destino de estos 54 millones de euros es una de las claves para la investigación del caso Koldo. La estrecha relación que mantenía el exasesor de Ábalos con varios constructores ha estado siempre bajo el foco de la UCO por si existieran contratos de obra pública amañados.
El juez Ismael Moreno ha ordenado también esta semana analizar el móvil de Antonio Fernández, empresario y exhombre de confianza del delegado del Gobierno en Andalucía, ante los indicios de que Koldo mantenía un fuerte vínculo con "responsables de Adif".
OPR es la empresa dirigida por Daniel Fernández Menéndez y de la que su hermano Antonio (Toño) es gerente y apoderado tras dejar el puesto de coordinador de la Delegación del Gobierno en Andalucía en octubre de 2022. Daniel y Toño pidieron a Koldo, según los informes de la Guardia Civil, que ejerciera su influencia sobre el presidente de Adif, Ángel Contreras, para que su constructora ganara el contrato de una obra de emergencia.
El 21 de febrero de este año, según las conversaciones, se iba a producir una reunión entre el exasesor de Ábalos y el que fuera mano derecha de Pedro Fernández, delegado del Gobierno en Andalucía. También ese mismo día, según los mensajes incautados por la UCO, Koldo había quedado en verse con el presidente de Adif. Sin embargo, ninguna de estas reuniones se llegó a producir por la detención del socialista navarro y persona de máxima confianza del exministro de Transportes.

[Koldo se reunió con el actual presidente de Adif para amañar un contrato financiado con fondos UE]

Áridos Anfersa SL está representada por Francisco Coca Sánchez, el cual contrató a un familiar directo de Koldo para la empresa. La UCO destacó en uno de sus informes que Ábalos, su asesor entonces y el empresario se hospedaron en el Parador de Granada el 6 de julio de 2021.
Por último, la constructora Levantina es propiedad de José Ruz. Este empresario, tal y como informó EL ESPAÑOL, aparece en el sumario del caso por sus reuniones con Koldo en la marisquería La Chalana, donde ambos fueron fotografiados. Además, ambos viajaron a Canarias el 9 de febrero de 2022, cuatro días antes de que se publicara una licitación para realizar obras en la Agencia Tributaria de Canarias por valor de 6,5 millones de euros.
En mayo de ese mismo año, como destaca la Benemérita en su investigación, el Gobierno canario del ahora ministro Ángel Víctor Torres concedió el contrato a la empresa del constructor que había viajado con el asesor de Ábalos.
José Ruz es uno de los nuevos comparecientes que ha pedido el Partido Popular en la Comisión de Investigación del Senado. Además de este constructor valenciano muy relacionado con el PSOE, están en la lista el doctor Ignacio Palomo y los hermanos Corvillo Aguilar tras las revelaciones publicadas por EL ESPAÑOL durante los últimos meses.

[El Gobierno de Canarias también adjudicó a Ruz 6 millones tras viajar con Koldo a Las Palmas]

Las otras empresas que recibieron contratos públicos investigados son Áridos Técnicos, la cual está administrada por Miguel Tello Serrano y constituyó una UTE con Áridos Anfersa en 2022, Ventuceli Servicios SL y Sortis Telecomunicaciones de Israel Pilar, imputado por el caso de las mascaras y el llamado "primer eslabón" del caso Koldo.
Precisamente, Adif otorgó a la UTE de Áridos Técnicos y Áridos Anfersa un contrato por valor de 557.699,18 euros. La UCO destaca en uno de sus informes que la adjudicación se produjo el 25 de mayo de 2022, mientras que ambas empresas no formaron la UTE hasta el 9 de junio de ese año.

 

[_LoKy_]

El rector Andradas que avaló a Begoña Gómez y fue premiado por Sánchez apoyó al candidato Gabilondo

El rector criticó en redes sociales que hubiera "demasiado altavoz del descrédito" en torno a las aptitudes de Begoña Gómez.

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Sánchez puso al frente de la UIMP al rector que avaló a Begoña Gómez

Andradas fue rector de la Complutense entre junio de 2015 y junio de 2019, periodo en el que defendió las aptitudes de Begoña Gómez.

okdiario.com

Sánchez premió con la dirección de la Menéndez Pelayo al rector de la Complutense que avaló a su mujer​

Antes de ser promocionado por Sánchez al frente de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Andradas fue rector de la UCM entre 2015 y 2019, periodo en el que defendió las aptitudes de Begoña Gómez​

Sánchez, Begoña Gómez y Carlos Andradas.

Esgrimió que la esposa del presidente del Gobierno tenía "experiencia" en su campo pese a no ser licenciada​

El Gobierno de Pedro Sánchez puso en el año 2021 a Carlos Andradas al frente de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), organismo adscrito al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Sánchez colocó a Andradas al timón de la UIMP después de que éste, siendo rector de la Universidad Complutense, avalara la idoneidad de la mujer del presidente, Begoña Gómez, para codirigir un máster pese no ser licenciada.
En concreto, el Consejo de Ministros, bajo presidencia de Pedro Sánchez, en su reunión del 5 de octubre de 2021 nombró a Andradas nuevo rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo «a propuesta del Ministerio de Universidades y en concordancia con el acuerdo tomado por el patronato de la UIMP», como comunicó entonces el departamento de Manuel Castells, ministro en ese momento por la cuota de los comunes pero cercano al PSOE. De hecho, el pasado 12 de mayo se le pudo ver junto al candidato socialista, Salvador Illa, siguiendo la noche electoral en Cataluña.
Antes de ello, el matemático Andradas fue rector de la Universidad Complutense entre junio de 2015 y junio de 2019, periodo en el que defendió en privado y en público las aptitudes de Begoña Gómez para codirigir un máster en la UCM sin tener una licenciatura oficial ni tampoco publicaciones académicas. En este caso, se trata del máster en Dirección en Fundraising Público y Privado en Organizaciones sin Ánimo de Lucro.
En plena controversia en 2018 por estas ocupaciones de la mujer del jefe del Ejecutivo, Andradas remitió una carta a OKDIARIO donde respaldó la designación de Begoña Gómez, esposa del inquilino de la Moncloa, en la codirección de un máster propio «como persona externa a la UCM» por haber participado en él «desde su inicio, en virtud de su experiencia y conocimiento en el campo», esto es, «desde el curso 2014-2015», decía el escrito. Para entonces, Pedro Sánchez ya era secretario general del PSOE y jefe de la oposición.
Además, Andradas afirmó en su misiva que estos títulos propios, como el codirigido por la mujer de Sánchez, contaban con «rigurosos controles previos a la aprobación de los cursos y con los mejores profesionales, en todas las ramas de conocimiento y con la pluralidad de planteamientos, la ecuanimidad e independencia que intentamos que caracterice a nuestra institución y de las que nos sentimos orgullosos», sostenía el entonces rector. Junto a ello, expresó su rechazo y condena enérgica a «cualquier intento de desvirtuar la labor que se desempeña en la Universidad Complutense».
En agosto de 2018 estalló la polémica al conocerse que Begoña Gómez codirigía desde 2015 el citado máster en Fundraising Público y Privado para Organizaciones sin Ánimo de Lucro en el Centro Superior de Estudios de Gestión de la UCM.
Así lo anunció el Instituto de Empresa (IE) cuando dio a conocer el fichaje de Begoña Gómez para dirigir su IE Africa Center con el objetivo de impulsar la innovación, liderazgo y emprendimiento en el continente africano, destacando «la experiencia de más de 20 años de la esposa del presidente en consultoría y docencia». Hasta entonces, pese a codirigir dicho máster y un curso de formación continua de Técnico de Fundraising desde el curso 2012-2013, su principal actividad profesional la había desarrollado como directiva del Grupo Inmark, consultora especializada también en la captación de fondos.
Fue en 2020 cuando pasó a codirigir el máster en Transformación Social Competitiva: los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como estrategia, y a dirigir la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid. Si bien entonces Andradas ya no era el rector de la UCM, la institución alegó para justificar la concesión de esta Cátedra -objeto de investigación parlamentaria en el Senado a instancia del Partido Popular- los mismos motivos que esgrimió él en su etapa: su «experiencia» en este campo. Nada más. En 2022, Begoña Gómez dejó el IE Africa Center y continuó con sus tareas en la Complutense.

Licenciatura ‘fake’​

A todo ello se une que la esposa de Sánchez no cuenta con una licenciatura oficial en Marketing, pese a que así lo mantenga también en su currículum. OKDIARIO ha publicado tanto la orla como el diploma de la M&B Escuela Superior de Marketing y Negocios –centro privado que impartía clases en Madrid y en Málaga–, que acreditan que no era una licenciatura sino un «Título Superior en Marketing y Administración de Empresas»; es decir, un título no universitario, no homologado y, por tanto, no oficial.
De hecho, el propio director de aquella escuela, José Luis Maldonado, ya jubilado, lo reconoció en una reciente conversación con este periódico. «Era un título privado y, por tanto, no era oficial. Lo pone muy claro en el diploma que les entregábamos a los que superaban la tesina: Título Superior en Marketing y Administración de Empresas», declaró.