Corrupción: Biblioteca de noticias de las tramas de la Koldoesfera, Begoña Gómez, del hermanísimo y demás fango



La Justicia apunta a una triple trama de corrupción en las concesiones de mantenimiento bajo el Gobierno de Sánchez

La UCO señala a Ángel Contreras como el nexo a través de unos mensajes enviados a Koldo: "Sabe que nos ha quitado 600.000 euros y debe ayudarnos".​


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La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acaba de apuntar al actual presidente de ADIF, Ángel Contreras Marín, como presunto integrante de una red de amaño en las adjudicaciones de obras públicas en contacto con la trama PSOE-Koldo. Contreras era en el momento de los hechos director de un área muy concreta: conservación. Y es que la Justicia tiene abierta otra causa que también afecta a la conservación, pero ya no de trenes como en este primer caso, sino en las carreteras.
Esa causa, de la que ya ha informado Libertad Digital, incluye hasta una grabación donde el responsable de conservación de carreteras presionó para "apañar" contratos de mantenimiento en unas carreteras de Ávila. Y, para cerrar el triángulo, y como señala la UCO, el mismo Contreras intervino en una adjudicación de 12,5 millones de euros a Soluciones de Gestión. Justo la empresa estrella de la trama Koldo-PSOE. Una triple trama que cuenta ya con diligencias judiciales y que apunta a la obra pública de trenes o carreteras de los mismos que aparecen en la trama de mascaras en pleno el bichito.
El informe de la UCO remitido a la Audiencia Nacional revela una conversación en la que el empresario Daniel Fernández Menéndez, administrador de la sociedad Obras Públicas y Regadíos SA, envía al que fuera asesor del entonces ministro de Transportes –José Luis ÁbalosKoldo García, un mensaje que deja entrever la supuesta ayuda de Ángel Contreras.

La UCO ha detectado un mensaje del 19 de febrero de 2024 de este empresario en el que afirma lo siguiente: "En la obra de ejecución de las obras del proyecto de tratamiento de elementos de la infraestructura (puentes, túneles y explanaciones) hay un deslizamiento y se va a declarar una emergencia de bastante Importe, más de 1,5 mill€. Lo razonable es que la haga el adjudicatario pero al ser una UTE tiene que firmar el contrato una de las empresas y preferimos que sea OPR. Hay que tener cuidado pues podría colarse los del mantenimiento que son Copase Cosvensa. Ángel sabe que nos ha quitado 600.000€ en esa obra y debe ayudarnos, pero ya sabes. Ya hablaremos de los detalles".
Puesto que Koldo había recibido el chivatazo de que estaba siendo investigado judicialmente, entró en escena un segundo móvil. Y a esa segunda persona, Koldo "le solicita que no le envíen nada a su teléfono mediante WhatsApp, instándole a su interlocutor a "hablamos tú (Antonio)", señala la UCO. Y los investigadores destacan una frase de respuesta de Koldo que da una idea de la habitual del trato: "Lo hacemos como lo sabemos hacer".

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"Además, Koldo" le indica que le "aportará un número, donde debe enviar dicha información, ofreciendo de esta forma una vía alternativa para que le comuniquen los detalles de este asunto que versaría sobre la adjudicación pública de un contrato de emergencia a OPR", la empresa implicada, como señala la UCO.
Koldo dio un mensaje más. Y optimismo sobre el logro de lo pretendido: "En relación a la solicitud de Daniel para que Koldo ejerza su influencia, Koldo le comentó a su hermano «y que lo va a tener, eh. Que me han dicho que sí, que no me mande nada por ahí por favor». Seguidamente, Antonio contesta «que yo se lo voy a explicar no te preocupes, el miércoles nos vemos»".
Y ahí surge una segunda indicación de la UCO. "La importancia" de estos contactos "radica en que Ángel es en la actualidad el presidente de la E.P.E. Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (en adelante ADIF), y, en el momento de los hechos que dan origen a las presentes DDPP 65/2023, era el director general de Conservación y Mantenimiento de ADIF". Justo de conservación.
Y añade la UCO un dato adicional: "Recordándose que ADIF adjudicó el segundo contrato a Soluciones de Gestión por valor de 12.500.000 euros". Es decir, que la empresa estrella de la trama PSOE-Koldo aparece en el rastro de esta segunda investigación.
La tercera pata judicial no se encuentra en esta sala. Se encuentra en Ávila. La Audiencia Provincial de Ávila ha reabierto recientemente otro caso: por delitos de prevaricación, tráfico de influencias y fraude contra el que fuera director general de Carreteras en la etapa de Ábalos como ministro de Fomento. El caso implica una elevada cuantía –25,6 millones de euros– en concesiones con "apaño" de contratos de mantenimiento de carreteras en la provincia castellana. El caso lleva tiempo en los juzgados.
En concreto, desde julio del año 2020. Parecía muerto pero se ha reabierto por decisión de la Audiencia Provincial de Ávila que sí observa indicios delictivos. El asunto se centra en manipulación de contratos públicos, en concreto, en las obras de mantenimiento de la red de carreteras nacional en la provincia de Ávila. El caso fue abierto inicialmente cuando una grabación mostró al subdirector de Conservación del Ministerio de Transportes forzando el "apaño" –palabras textuales– en 2019 de la concesión de un contrato de 25,6 millones de euros en la carretera nacional de Ávila. Lo hizo tras presionar al técnico responsable del proyecto para "subir" los puntos de la compañía agraciada.
 
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Sánchez prepara una batería de represalias por el caso Begoña tras las europeas

El presidente promete a sus socios, ante la impaciencia de estos, que habrá «agenda de regeneración democrática» tras el 9 de junio. Su comparecencia en el Congreso deja más preguntas​


La comparecencia de Pedro Sánchez en el Pleno de este miércoles en el Congreso dejó muchas preguntas sobre el caso Begoña y ninguna respuesta, pero por encima de todas quedó una: ¿Qué planea el presidente del Gobierno, que tan inquietos tiene a sus socios?
Sánchez se comprometió delante de Sumar, ERC, Junts, Bildu, el BNG y Podemos a poner en marcha lo que llamó «agenda de regeneración democrática» después del 9 de junio, ante la impaciencia manifestada por los portavoces de todos ellos este miércoles y durante las últimas semanas, desde que volvió de sus cinco días de reflexión. «No es una falta de voluntad política, simplemente tenemos que esperar a que pasen las elecciones europeas de manera rigurosa», se escudó ante la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, que llamó a ese proceso que se viene «ruptura democrática».
La única pista que dio el presidente fue que le parece un buen punto de partida la ley aprobada por el Parlamento Europeo en marzo, que establece medidas para que los medios de comunicación de los países de la UE informen de quiénes son sus propietarios, cómo se financian y la publicidad institucional que reciben.

A partir de ahí todo es susceptible de ser endurecido. Una de las ideas se la dio el portavoz de ERC, Gabriel Rufián: «Subamos las multas a la prensa por difamación, 150.000 0 200.000 euros por mentir. No todos los medios de comunicación se pueden permitir esa cifra», sostuvo Rufián, dando a entender que la mejor mordaza a la prensa es la financiera.

«Una profesional honesta»​

Por más que los distintos portavoces de la mayoría Frankenstein azuzaron a Sánchez, el presidente siguió velando armas hasta después de que los españoles voten en menos de 20 días, mientras proclamaba la inocencia y honestidad de su mujer y su convicción de que la investigación abierta por el juez de instrucción Juan Carlos Peinado será archivada más pronto que tarde y entonces esperará disculpas. «Mi mujer es una profesional honesta, seria y responsable, y mi Gobierno es un Gobierno limpio, señorías. Quienes realizan tráfico de influencias son otros, y no lo hacen mandando cartas oficiales y públicas con su firma, lo hacen con sus sobres, con iniciales y fajos de billetes dentro. No todos somos iguales, señorías», clamó.
El portavoz de Sumar, Íñigo Errejón, fue el más contundente: «No hay consenso del 78 al que regresar. Estamos nosotros y nuestra determinación de ir hasta el final», señaló. A renglón seguido propuso a Sánchez derogar la que la izquierda llama ley mordaza, cambiar las condiciones de acceso a las altas magistraturas del Estado y herramientas para renovar el CGPJ sin el PP. Esto último fue algo en lo que también incidieron otros portavoces del bloque.

El presidente apuntó a los integrantes de la «máquina del fango» en abstracto y otros se encargaron de disparar. La portavoz de Podemos, Ione Belarra, llegó a señalar en sede parlamentaria a cuatro periodistas, Antonio García Ferreras, Susanna Griso, Pablo Motos y Ana Rosa Quintana.
El PP pidió a la presidenta del Congreso que eliminara esas alusiones del Diario de Sesiones. Lo único que hizo Francina Armengol fue comprometerse a estudiarlo. Más solícita estuvo Armengol cuando Sánchez le pidió que cortara la segunda y última intervención de Alberto Núñez Feijóo, que se había excedido de tiempo (como todos o casi todos los oradores, en este pleno y en todos).

Cazan a Sánchez pidiéndole a Armengol que interrumpa el discurso de Feijóo


El único socio de Sánchez que puso la nota discordante en medio de esa sed de venganza mostrada por la coalición y sus partidos asociados fue el portavoz del PNV, Aitor Esteban, que advirtió al presidente de que el «enconamiento» y la «sucesión de choques mutuos» con los jueces es un camino peligroso que no puede traer nada bueno.
Después de escuchar las nulas explicaciones del presidente, Feijóo dio orden a su grupo parlamentario en el Senado para que cite a Sánchez a declarar en la comisión de investigación de los contratos de la esa época en el 2020 de la que yo le hablo. El calendario antes de las elecciones europeas no deja apenas margen, así que la previsión es que esa comparecencia se produzca después del 9 de junio.
De manera que, una cosa y otra, la «agenda de regeneración democrática» del presidente y su comparecencia en el Senado, coincidirán en el tiempo. Los populares creen que al caso Begoña le queda mucho recorrido aún. Al margen de las diligencias previas abiertas contra la mujer del presidente por presunto tráfico de influencias, el PP tiene previsto llevar al Tribunal Superior de Justicia de Madrid el posible conflicto de competencias del líder del Ejecutivo. Aunque no especifica cuándo.
 
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