*Tema mítico* : Biblioteca de noticias de las tramas de la Koldoesfera, Begoña Gómez, del hermanísimo y demás fango




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"Compradores para el Gobierno de España": así firmaron Aldama y su socio los contratos del caso Koldo
El comisionista de la trama y otro de los implicados dejaron por escrito en los correos que actuaban "en nombre" del Ejecutivo de Pedro Sánchez antes incluso de adjudicarse el primer contrato
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De Aldama y otro imputado buscaron contratos el bichito presentándose como "compradores del Gobierno de España" SUSANA CRESPO


Los imputados del caso Koldo, entre los que se encuentra el comisionista Víctor de Aldama, se presentaron a las empresas suministradoras de material el bichito como "compradores para el Gobierno de España". Tanto De Aldama como el que fuera administrador de la empresa que se adjudicó los millonarios contratos en esa época en el 2020 de la que yo le hablo, dejaron por escrito que actuaban en nombre del Ejecutivo de Pedro Sánchez para contratar el material sanitario.
Así se desprende de los correos que obran en el sumario y a los que ha tenido acceso Vozpopuli, en los que tanto De Aldama como José Ángel Escorial Senante, quien fuera administrador de Soluciones de Gestión, firmaron precuerdos para la compra de mascaras en nombre de Moncloa. Se trata de gestiones que se llevaron a cabo antes del 25 de marzo de 2020, esto es, cuando la firma todavía no se había adjudicado ningún contrato del Gobierno.
El acuerdo en el que se presentaron como intermediarios del Ejecutivo se fechó en Luxemburgo el 24 de marzo y se firmó con agentes de intermediación. El mismo identificó a Víctor de Aldama como "gerente de Soluciones de Gestión" y a Escorial Senante como administrador de Purdey Investments (a su vez, administradora única de Soluciones de Gestión).

Junto con el cargo de cada uno se adjuntaba una breve descripción que les vinculaba con Moncloa. "Actúa en nombre del Gobierno español para comprar productos de higiene básica, como productos sanitarios, mascaras y geles", recoge el documento.

"Actúa en nombre del Gobierno"
Del mismo modo en la parte final, tanto Aldama como Escorial Senante aparecen como "compradores del Gobierno de España". El contrato en cuestión se firmó con unos intermediarios del producto y sellaba un pacto de "colaboración, confidencialidad y no elusión" para el suministro de mascaras.

Cabe destacar que en aquellos primeros compases de la esa época en el 2020 de la que yo le hablo, De Aldama y el verdadero dueño en la sombra de la firma, Juan Carlos Cueto, trataban de cerrar la compra venta de material sanitario para ofrecerlo al Ejecutivo. Es por ello que desde sus cuentas de correo personales intercambiaban información sobre intermediarios para comprar las mascaras en Asia y trasladarlas a España.
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Contrato de confidencialidad que suscribieron Víctor de Aldama y otro imputado del caso Koldo

De esta forma contactaron con intermediarios de dentro y fuera de nuestras fronteras, llegando a escribir Íñigo Rotaeche, otro de los implicados en el caso Koldo, que soñaba con todo lo relativo a este negocio. "Es una obsesión", dijo el empresario de Soluciones de Gestión a De Aldama. El motivo reside en el amplio margen de beneficios que se arrogaron por la operación.
Los investigadores sostienen que los imputados de este caso Koldo obtuvieron 17 millones de euros limpios con los contratos que firmaron con tres Ministerios y los gobiernos regionales de Canarias y Baleares. Anticorrupción puso el foco en esta firma, que se adjudicó contratos por más de 52 millones de euros, pese a no pertenecer al sector sanitario y contar con una cifra de negocios de cero euros en el ejercicio previo a la esa época en el 2020 de la que yo le hablo.

"Concierto previo" con la trama Koldo
Del mismo modo, la Fiscalía Anticorrupción constató durante el tiempo que dirigió esta investigación que existió un "concierto previo" con Soluciones de Gestión para que fuera la adjudicataria de los primeros contratos el bichito que se firmaron en el Ministerio de Transportes que dirigía José Luis Ábalos y en el cual operaba el que fuera su chófer, Koldo García.
"Del examen de la cronología relativa a todos los contratos investigados y a otros firmados por Soluciones de Gestión se desprende que la publicación para la adquisición y distribución del material sanitario se produce el mismo día que la adjudicación a Soluciones de Gestión de un contrato para cubrir la necesidad, lo que hace evidenciar un concierto previo entre los responsables (de la firma) y la Administración Pública", reza uno de los autos del magistrado Ismael Moreno.
Al respecto cabe destacar que Puertos del Estado fue el primer órgano que contrató con la empresa de la trama Koldo. Como avanzó este medio el ente dependiente del Ministerio de Transportes adquirió 8 millones de mascaras a esta empresa por un total de 24,2 millones de euros. Tras este contrato, adjudicado 'a dedo' por la situación de emergencia, siguió otro para Adif por 12,5 millones de euros.
Además del Ministerio de Ábalos los departamentos que dirigen Fernando Grande-Marlaska y Sanidad, a cuyo frente se encontraba Salvador Illa, firmaron también contratos con Soluciones de Gestión. Ya en el mes de abril, los gobiernos de Baleares y Canarias (dirigidos por Francina Armengol y Víctor Ángel Torres) adquirieron material sanitario por 3,7 millones de euros y 12 millones de euros, respectivamente. Estos últimos se investigan bajo la batuta de la Fiscalía Europea al haberse costeado con fondos comunitarios.

Los vínculos de Aldama con el Ejecutivo
De las pesquisas practicadas hasta el momento los investigadores concluyen que la firma entró en la Administración gracias a los vínculos de Víctor de Aldama con el Ministerio de Transportes. De hecho, el comisionista fue el que puso en contacto a la empresa con Koldo García. El magistrado Ismael Moreno sostiene al respecto que Aldama tenía un "pase especial" en el departamento que dirigía Ábalos y que le abrió las puertas al resto de Administración.
Precisamente este empresario, también presidente del Zamora CF, se ha convertido en el epicentro del caso Koldo no solo por su nivel de influencia para sellar los acuerdos, sino también por sus vínculos con Air Europa y con Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez. Del sumario se desprende que Aldama estuvo a sueldo del Grupo Globalia como consultor de la firma.
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Los Hidalgo efectuaron pagos al comisionista del caso Koldo por casi 170.000 euros. Los últimos de ellos se giraron tras el rescate

El holding empresarial requirió a Aldama para tareas como la negociación con proveedores, asesoramiento o realización de estudios de mercado. La Guardia Civil llamó la atención de que la multinacional recurriera a este empresario pese a su falta de experiencia en el sector. Del mismo modo también le contrató de manera puntual para recuperar una deuda de 180 millones de dólares de Venezuela.
En total, le abonaron 170.000 euros efectuándose el último pago apenas días después del rescate del Gobierno a Globalia. Precisamente, en ese tiempo se produjeron reuniones secretas entre el exconsejero delegado del holding, Javier Hidalgo, De Aldama y también Begoña Gómez. El Confidencial informó que los encuentros tuvieron lugar en pleno estudio del rescate de la firma por parte de Moncloa.
Por ello, una de las acusaciones populares que litiga en el caso Koldo pidió al magistrado que citase como testigo a la mujer de Pedro Sánchez. Como avanzó este medio, el instructor, en connivencia con la Fiscalía Anticorrupción, declinó acordar dicha citación al considerar que estos presuntos vínculos empresariales de Begoña Gómez y Los Hidalgo no guardan, por el momenot, relación con el caso Koldo.
 



 
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Cinco años de enriquecimiento de los Sánchez: de Begoña a su hermano, pasando por el gestor de la empresa de sus padres
La mujer del presidente ha disparado su actividad y currículum desde la llegada de su marido a Moncloa. Su hermano y sus padres, también beneficiados.

Entre supuestas "reflexiones" sobre si el poder le compensa a Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno ha lanzado una amenaza a todos los medios que sigan publicando informaciones totalmente veraces sobre su familia. Ha amenazado igualmente a los jueces que las tomen en consideración como indicios penales -como ya ha ocurrido- y ha pedido respaldo social para un marcado público y expulsión, al menos social, de los que sigan informando a la población del llamativo enriquecimiento de su familia. Pues bien, ese enriquecimiento se puede resumir de la siguiente manera. En primer lugar, el de su mujer, Begoña Gómez.

La mujer del presidente ha visto disparar su actividad y currículum desde la llegada de su marido a la Secretaría General del PSOE y a la Presidencia del Gobierno de España. Los últimos descubrimientos sobre su actividad incluyen sus citas y reuniones con Víctor de Aldama -comisionista de la trama PSOE-Koldo- y Javier Hidalgo -CEO de Globalia- justo en los días que rodearon al doble rescate de ese grupo empresarial con cerca de mil millones de euros por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. También incluyen las dos cartas de recomendación firmadas, puño y letra, por Begoña Gómez con el fin de que Carlos Barrabés -impulsor del máster de la mujer del presidente en la Complutense- accediera por medio de la UTE de Innova Next SLU y The Valley a unos contratos públicos a los que, efectivamente, accedió y cuya valoración supera los 8 millones de euros.
Pero su ascenso empresarial y académico tiene un origen previo cuyo despegue coincide con el del poder de Pedro Sánchez. Ahora se vende públicamente como gurú en "competitividad social", como asesora para captar fondos públicos de los que concede el Gobierno de su marido, y como consejera estrella en materia de ONG. Y es que desde que Pedro Sánchez llegó a la cima del PSOE, su despegue profesional ha sido continuo: dirección del Africa Center (lo que incluyó el cierre de una potente alianza con el principal centro de formación de jovenlandia), dirección de masters universitarios y dirección de una cátedra en la muy pública Complutense. Y, todo ello, pese a no contar con un sólo título universitario oficial.
Begoña Gómez ha accedido, gracias a ello, a todo un filón de contactos en jovenlandia y en el momento más polémico imaginable. La alianza del Africa Center que dirigió la mujer del presidente con el principal centro de formación de directivos en jovenlandia, le ha abierto las puertas de todo un universo de contactos y negocios. Entre otros con la vicepresidenta de APD Maroc, Miriem Bensalah Chaqroun. Ella es la mujer más poderosa de jovenlandia y una persona con intereses empresariales directos en Canarias. Begoña Gómez era hasta hace poco la directora del Africa Center del IE, cargo que se conoció dos meses después de la llegada de Sánchez a la Presidencia del Gobierno. Y desde el Africa Center, Gómez mantuvo una alianza con el mayor centro de formación y contactos empresariales de jovenlandia, el APD Maroc. El presidente de esta entidad era Saad Kettani, que llegó a ser invitado a un evento en el que se encontraban miembros del Gobierno de jovenlandia y la directora de Comercio del Gobierno de España, María Paz Ramos, en aquel momento, lo que confirma el carácter estratégico de esta alianza.
Y el APD Maroc tenía, además, como vicepresidenta a Meriem Bensalah Chaqroun, quien ha entrado ya en el famoso ránking de la revista Forbes y ha sido presidenta de la Confederación General de Empresarios Marroquíes, la patronal de jovenlandia.
El APD Maroc es el gran centro formativo de este país, con más de 20.000 directivos vinculados a su estructura.
La mujer de Pedro Sánchez carece de titulación oficial universitaria. Pero eso no ha impedido que se presentara públicamente como gurú de transformación social, competitividad social o, simplemente, sectores sociales. Una de sus últimas líneas de actividad es el "marketing humanizado". Y allí asesora para lograr "influencia y cocreación en contextos de cambio". Lo mejor es que para presentarse en este área de negocio, Begoña Gómez ha utilizado otra vía profesional: la que le ha permitido la Universidad Complutense al nombrarla directora de la Cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC) de la UCM.
Begoña Gómez, de este modo, cuenta con el respaldo de esa cátedra, pese a no ser licenciada ni graduada en titulación universitaria alguna. La cátedra no es en derecho, ni economía, ni comunicación, ni nada parecido equiparable a una titulación homologada: lo es en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Y centrada en enseñar ese programa político a las empresas privadas, algo que abre muchas puertas, especialmente porque la normativa que rodea a la Agenda 2030 es fácil de resumir: si vas contra ella tienes castigo, pero si te amoldas a ella puedes obtener lucrativas subvenciones públicas. Gómez también cuenta con el respaldo de la Complutense para dirigir másters. Másters que se venden a titulados universitarios pese a que ella incumple ese requisito. Su única formación pseudo académico la compone un título no oficial en Marketing de la Escuela Superior de Marketing y Negocios, no homologado.

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De hecho, Begoña Gómez ha visto como la Universidad Complutense y el propio Gobierno han reforzado su perfil supuestamente académico. Hace cuatro años, el antiguo Centro Superior de Estudios de Gestión se transformaba en "Escuela de Gobierno", y quedaba encuadrado en el Campus ‘Moncloa’ con el respaldo de cuatro instituciones públicas.
La materia del máster es la "Dirección en Fundraising Público-Privado para ONL" -captación de fondos, en este caso para organizaciones no lucrativas- y ha contado con el patrocinio y apoyo de todo un listado de entidades públicas: el CIEMAT -Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y tecnológicas, dependiente del Ministerio de Ciencia-; el CSIC -Consejo Superior de Investigaciones Científicas, también insertado en el Ministerio de Ciencia-; el INIA -Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, también del Departamento de Ciencia-; y la Agencia Estatal de Meteorología -dependiente de la Vicepresidencia de Teresa Ribera-.
De ahí el sobrenombre usado en sus mails por Begoña Gómez: bego.fundraiser. Traducido: Bego. Conseguidora de fondos. Y entre esos fondos, por supuesto, como llegó a citar el nombre del máster antes de ser borrado del título, fondos públicos. De los que reparte el Gobierno de Pedro Sánchez.

David Azagra, el hermanísimo
Pero Begoña Gómez no ha sido la única que ha experimentado un despertar de sus ingresos. David Azagra es el hermano con apellido falso de Sánchez. La actividad de David Azagra como cargo inventado por la Diputación de Badajoz comienza el 10 de julio de 2017. Es decir, menos de un mes después de que su hermano y actual presidente del Gobierno se hiciera con la secretaria general del PSOE el 18 de junio de 2017. En ese momento, su cobro fue de 3.942,53 euros mensuales con un acumulado anual de 22.603,82 euros en todo 2017. El cargo: coordinador de actividades de los conservatorios. Lo cierto es que "los conservatorios" eran uno solo dividido en dos edificios separados por escasos cien metros de distancia. Pero el cargo tenía que ser vestido, justificado e inventado. Fue de nueva creación para el hermano de Sánchez.
Los años fueron pasando y el sueldo evolucionando, según muestra el documento oficial publicado ya por LD. En 2018: 48.044,24 euros. En 2019: 49.281,91. En 2020: 37.747,08, con una excedencia desde el 01/10/2020. En 2021 cambia el cargo y sube el suelo (jefe oficina artes escénicas) paulatinamente hasta los 54.136,32 euros de 2023. En 2024 ha seguido pero con teletrabajo para intentar escapar desde Portugal a la condición de contribuyente español e intentar eludir, así, las 69 subidas de impuestos reguladas por su hermano para todo el resto de españoles. En resumen y en total: 273.074,33 euros de ingresos por esa vía. Pese a lo cual, ese importe, no consigue justificar el cómputo final de cerca de dos millones de patrimonio que el propio David ha reconocido en una declaración de bienes. Por cierto, no consta que pese a sus intentos de escapar de la tributación española o su llamativa acumulación de patrimonio con esos ingresos, la Agencia Tributaria haya decidido inspeccionarlo.

Los padres del presidente
Y tampoco acaba ahí la historia de los Sánchez. En pleno el bichito se conoció otro caso más: el de la empresa de los padres del presidente. El Gobierno de Pedro Sánchez inyectó 701.741,22 euros en ayudas públicas en tan sólo 15 meses a la empresa que explotaba el negocio de los padres del presidente desde que llegó al Palacio de La Moncloa. La compañía era Industrias Plásticas Playbol SL. Desde junio de 2018, la empresa recibió un total de 11 ayudas, la gran mayoría "para paliar los efectos del cobi19" y provenientes en su mayoría del Instituto de Crédito Oficial, dependiente del Ministerio de Economía.
Según el Registro Mercantil, los padres del presidente, Pedro Sánchez Fernández y Magdalena Pérez-Castejón Barrios, fundaron en 1977 la empresa Playbol SA, una fábrica de envases y embalajes de plástico. Por aquel 2021, el padre de Sánchez figuraba como administrador único de la compañía, cargo en el que fue renovado el 13 de septiembre de 2019, mientras su progenitora figuraba como apoderada desde el año 2010. Y la vinculación entre la empresa de los padres de Sánchez y la compañía que recibió los 701.741,22 euros en ayudas del Gobierno, Industrias Plásticas Playbol SL, radicaba en un contrato de arrendamiento. El administrador único de esta sociedad era Francisco José Albert de León y reconoció que desde 2018 había alquilado al padre del presidente las instalaciones de su fábrica de plásticos.
 


El Gobierno de Sánchez ha subvencionado con 4 millones a la empresa que organizó Tsunami
Iniciatives Events, la entidad organizadora de los actos independentistas de la última década, engordó sus cuentas con numerosos contratos y adjudicaciones públicos desde 2020
Foto: Manifestación de Tsunami Democrátic. (EFE/Quique García)

Manifestación de Tsunami Democrátic. (EFE/Quique García)

Iniciatives Events, la empresa organizadora de los actos independentistas de la última década, que prestaba la infraestructura para la plataforma clandestina Tsunami Democràtic, investigada por terrorismo, se ha hecho de oro con ayudas del Gobierno de Pedro Sánchez. Mientras las calles catalanas ardían con las protestas, en los despachos sus propietarios recibían subvenciones millonarias del Estado al que decían combatir y al que calificaban de "estado fascista". En total, cuatro millones de euros de las arcas públicas en apenas cuatro años.

La cuenta corriente de la compañía recibió una lluvia de millones. Solo desde el año 2020, Iniciatives Events se embolsó más de 3,9 millones de euros. El pasado 21 de marzo, recibió 180.000 euros del Instituto de Crédito Oficial (ICO). Y el año pasado se adjudicó otra ayuda de 120.000 euros de la misma entidad.

Los propietarios de la empresa, Roc Aguilera y Toni Fusté, fueron detenidos el 28 de octubre de 2020 por orden del magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, en el marco de la operación Voloh. En la investigación se descubrió, entre otras cosas, un pelotazo urbanístico de Xavier Vendrell, exsecretario de Organización de ERC y exconsejero de Gobernación, además de una trama de Iniciatives Events, que supuestamente amañó contratos públicos. También se tuvo conocimiento de la estructura de Tsunami Democràtic, ahora investigada en la Audiencia Nacional por el juez Manuel García Castellón por terrorismo. De hecho, Vendrell está considerado el jefe operativo de Tsunami y los coches de lujo que utilizaba estaban pagados por Iniciatives.

Su declarada hostilidad contra el Gobierno no fue óbice para obtener réditos económicos. El acto del 29 de febrero, días antes de declararse el estado de emergencia por la esa época en el 2020 de la que yo le hablo, costó 181.748 euros y fue sufragado por el Consell de la República y por la ANC: 70.000 euros fueron pagados a tocateja y el resto, en mensualidades de 13.968,50 euros. Apenas un mes después, el 1 de abril de 2020, Iniciatives Events recurrió al Estado español para recibir una ayuda de 720.000 euros a cuenta de la línea de ayudas que el Ejecutivo había dispuesto para hacer frente al cobi19. En realidad, aún no había cobrado el acto de Perpiñán, pero ya alegraba sus cuentas corrientes con el dinero en efectivo llegado desde Madrid.
El 2020 fue fructífero para Iniciatives Events. Ese año fue el que se investigó y descubrió el fraude en los contratos con Presidencia de la Generalitat. Pero mientras amañaba adjudicaciones en Barcelona, recibiendo cuantiosas ayudas del Govern, durante el ejercicio percibió hasta ocho ayudas del Ejecutivo central por un monto total de 3.048.000 euros.

Lluvia de subvenciones
En marzo de 2021, percibió otra subvención de 120.000 euros. En 2022, las líneas de ayuda fueron dos. Una se percibió el 12 de abril por los créditos el bichito por un monto de 280.000 euros y otra, de 160.000 euros, otorgada el 2 de diciembre pero en base al RD-I 6/2022 del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania. En 2023, por este mismo motivo, ingresó otros 120.000 euros y hace un mes volvió a repetir la jugada con los últimos 180.000 euros, también como consecuencia de la guerra de Ucrania. Otra de las compañías de este grupo, Cenesepro, también recibió 80.000 euros en avales el 13 de mayo de 2020, por lo que el grupo en sí se habría embolsado 3.988.000 euros en total.

Tsunami fue el artífice de las violentas concentraciones de otoño de 2019 en las que Cataluña ardió por los cuatro costados. Miles de manifestantes intentaron asaltar el aeropuerto de Barcelona para paralizar el tráfico aéreo del sur de Europa y tomar la Jefatura Superior de Policía de Barcelona. Causaron severos destrozos en la capital catalana, en la que incluso trataron de derribar un helicóptero policial con fuegos artificiales, cortaron la autopista entre España y Francia e intentaron boicotear el partido entre el Barça y el Real Madrid. El motivo de esas protestas, con decenas de policías heridos, fue la sentencia del 1-O.

Condena por corrupción
Aunque los números ya marean, lo cierto es que la empresa obtenía, paralelamente, suculentos contratos tanto del Ayuntamiento de Barcelona, en manos de Ada Colau, como de la Generalitat. Primero con Quim Torra y posteriormente con Pere Aragonès. Sólo hace falta recordar que es la empresa que desde hace seis años se encarga de organizar todos los actos del President, así como los actos institucionales de conmemoración de la Diada del 11 de septiembre.

Los procesos no fueron limpios. En septiembre de 2022, Iniciatives fue condenada por el Tribunal Catalán de la Competencia por amañar los concursos oficiales de los actos presidenciales de los años 2018 a 2020. También le aplicó una multa de 360.000 euros por la alteración de los contratos públicos y condenó a Presidencia de la Generalitat a no contratar con ella por dos años, sentencia que el actual president, Pere Aragonès, obvió. El Govern le dio un contrato en 2023 de 1,2 millones de euros para organizar todos los actos presidenciales de ese año y el siguiente, así como otra adjudicación de 435.000 euros para los actos de la Diada. Más tarde, Presidencia de la Generalitat le concedió un tercer encargo de 117.600 euros "para la realización técnica de las comparecencias del president de la Generalitat".

Durante el último ejercicio, sólo del área de la Presidencia, Iniciatives Events se embolsó más de 3,2 millones de euros —con contratos de diferentes organismos que dependen de la cúpula del Govern—. Pero si tenemos en cuenta el global llega hasta los 10 millones de euros, aunque algunos son plurianuales.
Iniciatives Events, la empresa organizadora de los actos independentistas de la última década, que prestaba la infraestructura para la plataforma clandestina Tsunami Democràtic, investigada por terrorismo, se ha hecho de oro con ayudas del Gobierno de Pedro Sánchez. Mientras las calles catalanas ardían con las protestas, en los despachos sus propietarios recibían subvenciones millonarias del Estado al que decían combatir y al que calificaban de "estado fascista". En total, cuatro millones de euros de las arcas públicas en apenas cuatro años.
 


Manos Limpias anuncia que ha presentado pruebas de que Sánchez era "conocedor, cómplice y cooperador necesario de los negocios de su esposa"
El responsable del sindicato denunciante, Miguel Bernard, ha apelado al "secreto de sumario" para no aportar detalles de este "tema muy delicado"
Manos Limpias ha anunciado este viernes que ha presentado pruebas "irrefutables" en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, que investiga a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción, que acreditarían que Pedro Sánchez era "conocedor, cómplice y cooperador necesario de los negocios de su esposa".
El secretario general del sindicato denunciante, Miguel Bernard, ha apelado al "secreto de sumario" para no aportar detalles de este "tema muy delicado", tal y como él mismo lo ha calificado. Lo único que ha deslizado es que la información aportada ahora está vinculada con Globalia, máximo accionista de Air Europa, empresa que fue rescatada durante la esa época en el 2020 de la que yo le hablo por el Ejecutivo central mediante una inversión pública de 600 millones de euros.
Según ha indicado Manos Limpias, con el nuevo "informe jurídico y legal" que ha aportado, ha solicitado la transformación de la denuncia contra Begoña Gómez en querella. "Mi opinión es que hay indicios más que suficientes para investigarla, antes se llamaba imputar, sentarla en el banquillo y que declare", ha recalcado Bernard.
Lo que apuntan en el sindicato es que la "relación de amistad" de la mujer del presidente con Javier Hidalgo, consejero delegado de Globalia hasta 2021, "no ha sido desmentida" y subrayan que tuvieron "contactos directos, íntimos y constantes". De esta forma sugieren que la esposa de Sánchez habría influido en el rescate de Air Europa y que el jefe del Ejecutivo no se ausentó del Consejo de Ministros que lo aprobó invirtiendo en un supuesto conflicto de intereses que la oficina que supervisa estos casos ya ha descartado.

Bernard ha señalado que el Gobierno ha tratado de "deslegitimizar" la apertura de diligencias contra Begoña Gómez diciendo que han usado "recortes de prensa" y que los han presentado "en un juzgado", como si hubieran "cogido unas tijeras" y lo hubieran transformado "en una denuncia". En todo caso ha señalado que el proceso "ya es imparable" por la "base probatoria irrefutable" que han presentado este viernes.
Además, ha denunciado que "el mejor defensor" de la mujer del presidente es la Fiscalía General del Estado después de que el Ministerio Público recurriera a los superiores del juez Juan Carlos Peinado para que archivara la causa. "Hay que guardar por lo menos las apariencias, no se puede ser tan descarado", ha incidido.
 


Acusan al Consejo de Ministros de aprobar dos ayudas por 795 millones para Globalia sin el control de la SEPI

por Luis Miguel Montero
4 mayo, 2024 05:15

Este viernes del sindicato Manos Limpias destapó la existencia de un «informe jurídico legal» sobre las ayudas recibidas por el Holding Globalia de la familia Hidalgo presentado ante el juzgado de Instrucción número 41 de Madrid que investiga a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, por su influencia o no en la adjudicación de contratos del Estado y ayudas a empresarios presuntamente vinculados con ella.

Los documentos aportados al Juzgado no son una denuncia directa contra Sánchez. Pero, sin embargo, los denunciantes sostienen que el Consejo de Ministros presidido por Pedro Sánchez aprobó una ayuda inicial de 475 millones de euros al Grupo Globalia de la familia Hidalgo -su CEO es Javier Hidalgo- sin el visto bueno de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) encargada de velar por el destino de los 3.300 millones de euros distribuidos en ayudas económicas a empresas durante la esa época en el 2020 de la que yo le hablo del el bichito.
Según Manos Limpias las ayudas a las empresas de los Hidalgo, de las 30 concedidas, fueron las únicas en no pasar el control de la SEPI, que incluso contrató una UTE por 70.000 euros para vigilar esas ayudas. También refieren una segunda ayuda al Grupo Ávoris, de la misma familia, por 320 millones de euros y en ambas ocasiones, para Manos Limpias, Pedro Sánchez debió abstenerse por incompatibilidad al estar su esposa relacionada con los beneficiados de las ayudas.


Si el juez observara la presunción de un delito por parte de Pedro Sánchez, al no haberse abstenido en ese Consejo de Ministros por una presunta incompatibilidad de un familiar directo como es su esposa, debería enviar la causa a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, ya que el presidente está aforado por su condición de cargo político en ejercicio. Ese presunto delito se habría cometido sólo en caso de quedar probada la relación profesional entre su esposa Begoña Gómez y Javier Hidalgo, CEO de Globalia, ya que esta empresa habría patrocinado unos cursos dirigidos por Gómez desde el África Center y posteriormente habrían accedido a ese rescate.

Acta del Consejo de Ministros de la fecha clave del rescate de Air Europa

Acta del Consejo de Ministros de la fecha clave del rescate de Air Europa

El informe técnico al que se refiere Manos Limpias no ha sido mostrado en público porque hay declarado secreto de sumario por el juez instructor, pero sí se conocen cuestiones generales sobre su contenido y el jefe de investigación del sindicato, Javier Cordero, ha añadido que hay varias causas por las que Globalia nunca debería haber accedido a ese rescate legalmente.


ACTAS DEL CONSEJO DE MINISTROS
En primer lugar la ayuda se troceó en dos ocasiones, primero en dos ayudas de 240 y 235 millones, respectivamente, hasta los 475 iniciales. El sindicato sí tiene las actas de este consejo de ministros, presidido por Sánchez, celebrado el 3 de noviembre de 2020, pero no ha encontrado las actas donde se refleja el segundo rescate por 320 millones de Ávoris, propietaria de marcas como BTravel, agencia de viajes de Air Europa o de Hoteles Barceló, entre otras. Esos rescates no fueron presuntamente sometidos al control de la Comisión Europea, que lo solicitaba a los países miembros que gastaran más de 250 millones en una sola empresa, a pesar de que los fondos dedicados al rescate eran solo nacionales y no europeos. Esto se hacía así para controlar que una misma empresa multinacional no recibiese ayudas en diferentes países.
Sobre los primeros 475 millones el sindicato afirma que «desconocemos con exactitud el destino de ese dinero porque aunque los recibió la empresa Air Europa Holding iba destinado a tres empresas del mismo grupo en realidad, que son Air Europa, Air Europa Holding y Aeronova» y destacan que la receptora de los fondos «es una empresa creada el 13 de noviembre de 2019 y constituida con 3.000 euros, lo que hace sospechoso que una empresa con tan poco tiempo (el rescate se produjo el 3 de noviembre de 2020) resulta beneficiada de un rescate tan importante», han afirmado.

La aprobación del rescate a Air Europa Holding.

La aprobación del rescate a Air Europa Holding.

El 29 de julio de 2020 el Congreso de los Diputados aprobó destinar hasta 650.000 millones de euros para rescatar a empresas con problemas financieros derivados de la esa época en el 2020 de la que yo le hablo. El plan se denominó «Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas». Hasta 74 empresas optaron a estas ayudas o pidieron ser rescatadas por el Estado, pero sólo 30 de ellas lo lograron porque cumplían los requisitos necesarios. En ellas se gastaron 3.300 millones de euros. Hay que recordar que uno de los rescates más polémicos fue el de la aerolínea Plus Ultra con 53 millones de euros, de los que por cierto ya ha devuelto dos de las cuotas a la SEPI.
Para Manos Limpias, Air Europa no cumplía algunos de los requisitos exigibles, aprobados por Decisión de la Comisión de 31 de julio de 2020 SA.57659 (2020/N) España el bichito 19, Fondo de recapitalización y una posterior Orden PCM/679/2020, de 23 de julio, por la que se publica el ACM de 21 de julio de 2020.
«GLOBALIA DEBÍA 55 MILLONES A LA AGENCIA TRIBUTARIA Y POR TANTO ESE REQUISITO NO LO CUMPLÍAN, NI PASÓ EL FILTRO DE LA SEPI»
Entre estos requisitos constaban no mantener deudas con Hacienda y «Globalia debía 55 millones de euros al Estado, por tanto ese requisito no lo cumplían, tampoco había refrendado el acuerdo climático de París, ni pasó el filtro de la SEPI, ya que esta sociedad estatal publica en datos abiertos todas las inspecciones que realiza antes de dar sus ayudas», añaden desde el sindicato denunciante, además de no pasar el mencionado control de la Comisión Europea.
Según el sindicato los responsables de haber otorgado esas ayudas fueron los ministerios de Economía, Hacienda, Industria y Energía y por elevación el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que presidió los consejos de ministros donde se decidieron otorgar. Miguel Bernard, secretario general del sindicato denunciante, ha sido rotundo al responder a preguntas de periodistas al decir que «el Gobierno de Pedro Sánchez hizo mal en aprobar y conceder ese rescate». También advierten que se desconoce a día de hoy si Globalia ha devuelto los 140 millones de euros recibidos en ayudas ICO.
Ahora el juzgado debe iniciar las investigaciones oportunas para decidir si llama a declarar en próximas semanas a Begoña Gómez por la denuncia interpuesta contra ella por tráfico de influencias. El sindicato la acusa de haber influido en la toma de decisiones para conceder ayudas y rescates con dinero públicos a empresarios afines, como Carlos Barrabés, de Innova Next o Javier Hidalgo, del Grupo Gobalia.

El investigador de Manos Limpias ha sido claro al afirmar que «lo primero que nos choca es que cuando el Consejo de Ministros aprobó el rescate de Air Europa, la SEPI no tenía presidente. Hubo una UTE que seleccionó y eliminó empresas que pidieron esos fondos. Sorprendentemente, Globalia recibió una ayuda de 475 millones y otra de 320 millones y no pasó el filtro de esta UTE independiente, que es la que decidía que empresas tenían acceso. Al resto se le dieron una media de 40 y 50 millones de euros» y añadió que «de 74 empresas que pidieron, solo 30 lo consiguieron y, por supuesto, quien lidera el ranking es Globalia. Es decir, Globalia tuvo acceso a unas ayudas sin pasar por el control que pasaron el resto de las empresas».

 
Es inabarcable....


Los terrenos de la SEPI y los planes del CEO: los motivos del fichaje de Begoña Gómez por el IE
Los codiciados terrenos de la SEPI en Madrid, valorados en 160 millones, y la iniciativa del joven CEO fueron algunos de los motivos de la polémica incorporación de la mujer de Sánchez


El 8 de agosto de 2018, dos meses después de que se formara el primer Gobierno de Pedro Sánchez, el Instituto de Empresa (IE) mandaba una nota de prensa anunciando que fichaba a Begoña Gómez como directora del Africa Center, que acababa de crear. El 22 de enero de 2019, Globalia y la Organización Mundial del Turismo (OMT) lanzaron Wakalua, el único patrocinador acreditado del Africa Center.
Globalia consiguió del Gobierno rescates y ayudas por cerca de 1.100 millones de euros hasta 2021, y la OMT, la cesión de su sede gratis por 75 años tras una reforma -que asumió Ferrovial- de 24,4 millones, como ha informado este medio.
¿Qué buscaba el IE? Los codiciados terrenos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en Madrid y la iniciativa de un joven consejero delegado de la escuela de negocios fueron algunos de los motivos de la, a la postre, polémica incorporación de la mujer del presidente del Gobierno, según ha podido reconstruir este medio.

La operación de la SEPI
La SEPI estuvo a punto de vender el emblemático Complejo Campos Velázquez en septiembre de 2018, una transacción que venía intentando el IE desde hacía años con la mediación de Juan José Güemes, presidente del Centro de Emprendimiento e Innovación de IE Business School, y José María Michavila, exministro de Justicia con José María Aznar y abogado, según trasladan fuentes conocedoras a Vozpópuli.
Se trata de un parque empresarial situado cerca de la Castellana, en el cotizado barrio de Salamanca, muy próximo a los edificios del IE en María de Molina, valorado en unos 160 millones de euros.

Con una superficie de 38.000 metros cuadrados formando un conjunto de seis edificios independientes de oficinas y casi 400 plazas de garaje, ha tenido como inquilinos a la misma SEPI y a otras empresas de capital público, como Navantia, Sepides, Cetarsa y Mayasa.
El IE, que alquila el antiguo edificio de Iberia, buscaba comprar a buen precio, algo que se antojaba igualmente complejo a tenor de los controles que tienen que pasar estas operaciones en el sector público. No obstante, en septiembre de 2018, en la SEPI la operación se daba como "casi hecha".
A los empleados se les transmitió que se iban a trasladar a unos terrenos que se destinaron para EFE en 2009 en el Ensanche de Vallecas en los que hay un edificio de seis plantas y tres de garaje subterráneo, un solar que la SEPI compró al Ayuntamiento de Madrid.
De hecho, a los empleados se les transmitió que se iban a trasladar a unos terrenos que se destinaron para EFE en 2009 en el Ensanche de Vallecas en los que hay un edificio de seis plantas y tres de garaje subterráneo, un solar que la SEPI compró al Ayuntamiento de Madrid. Se encuentra ubicado entre las calles de Cabeza Mesada y Sierra Vieja, y tiene una superficie de 14.000 metros cuadrados.
Finalmente no hubo venta ni mudanza. Además del factor precio, pesó en que se frustrara la operación la dimisión en 2019 de Vicente Cecilio Fernández Guerrero, presidente de la SEPI nombrado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Se apartó del cargo tras ser procesado por un presunto delito de prevaricación en su etapa en la Junta andaluza por las irregularidades en la adjudicación a la empresa Magtel de la explotación del yacimiento minero de Aznalcóllar.
Bartolomé Lora,
vicepresidente ya en la etapa del PP, se quedó al mando. Durante el Gobierno de Mariano Rajoy y con Ramón Aguirre de presidente de la SEPI, las negociaciones no habían prosperado.
En 2021, parte del IE, entre otras áreas, la de Emprendimiento e Innovación, se acabó trasladando a la torre Caleido en el Cuatro Torres Business Area (CTBA) del Paseo de la Castellana de Madrid, la quinta torre, que llaman Torre IE.

La oportunidad del joven CEO del IE
El Africa Center depende de la Fundación IE, que preside Diego del Alcázar Silvela, y que cuenta entre sus vocales a sus hijos Isabela de Alcázar Benjumea y Diego del Alcázar Benjumea, entre otros. De acuerdo a fuentes consultadas por este medio, Diego del Alcázar hijo habría sobresalido entre los impulsores del fichaje de Begoña Gómez.
Para el que es actualmente novelista y al mismo tiempo CEO de la IE University con 39 años, el fichaje de la mujer del presidente habría sido visto como una oportunidad de relanzar el negocio de la escuela -objetivo que, como se verá, parece haber conseguido-, atraer alumnos de sectores nuevos más allá de su caladero tradicional y, de paso, mostrar sus credenciales a la hora de asumir el día a día de la escuela fundada por su padre.
Antes de asumir funciones en el Instituto de Empresa a partir de 2014, Del Alcázar júnior había ejercido de consultor en Bain durante un año y medio y luego había cofundado Step Up Capital, un vehículo "para identificar, invertir y gestionar oportunidades de negocio" que culminó al asumir roles ejecutivos en el mismo IE. La llegada de Gómez en 2018 llenó de notoriedad a una institución hasta entonces poco acostumbrada a aparecer en noticias de Nacional.
La boda en 2019 de Del Alcázar júnior con la entonces desarrolladora de negocio de Key Capital Isabela Ochoa Larrazábal fue otra exhibición de sus vínculos con la nueva jet set española con Marta Ortega, heredera y hoy presidenta de Inditex, a la cabeza. En 2022, el IE acabaría fichando a Pablo Isla tras cesar como presidente ejecutivo de Inditex, cargo que asumiría la misma Marta Ortega.

Opacidad en el patrocinio de la Fundación
Pese a su notoriedad, la Fundación IE que montó el Africa Center para Begoña Gómez oculta, a día de hoy, quién la patrocina. A diferencia de la mayoría de fundaciones de su tamaño y repercusión, la del IE no informa de patrocinadores, donantes ni subvenciones de personas jurídicas.
No deposita cuentas en el Registro de Fundaciones desde 2017.
Según la información mercantil a la que ha accedido Vozpópuli, dedica 10 millones a invertir en bolsa y sicavs. Destina menos del 50% de sus ingresos a ayudas y activos sociales, paga 0 euros en el Impuesto sobre Sociedades y 385 euros en tributos. El IE obliga a sus alumnos a donar 4.000 euros a la Fundación. Los estudiantes y sus familias deben pagar esta cantidad no reembolsable en concepto de reserva de plaza.
La Fundación incrementó sus ingresos un 33% tras el fichaje de la mujer del presidente del Gobierno. En 2019, ingresó 6,2 millones y en 2022, 9,6 millones
La Fundación incrementó sus ingresos un 33% tras el fichaje de la mujer del presidente del Gobierno. En 2019, ingresó 6,2 millones y en 2022, 9,6 millones. La cuantía que proviene de empresas saltó del 27% del total cuando ficharon a la mujer de Sánchez al 62,9%.
Los Hidalgo, que se gastaron un millón en su empresa del Africa Center cuando Begoña Gómez lo presidía, hundieron su patrocinio tras salir Begoña Gómez: de 191.000 euros anuales a solo 2.000.
El gasto en Servicios de Profesionales se desplomó de 159.126 euros en 2021 a 0 euros en 2022, cuando se fue la mujer del presidente del Gobierno.

El IE asegura que se incluyeron cláusulas de incompatibilidad
Vozpópuli ha preguntado al IE por los motivos del fichaje de Begoña Gómez y por qué se fue. Desde la institución explican que Gómez trabajó como directora del Africa Center desde agosto 2018 a junio 2022. En esa fecha, Gómez decidió finalizar su etapa como directora del Centro e impulsar nuevos proyectos profesionales. Aseguran que "ni IE University, ni la Fundación IE, ni el Africa Center recibieron jamás aportación económica alguna ni de Globalia ni de su filial Wakalua".
En enero de 2020, el Africa Center firmó un acuerdo de colaboración con Wakalua para la celebración de diversos actos relacionados con la innovación en el sector turístico. El primer evento se celebró en Londres y Wakalua contribuyó a su celebración con una aportación de cuatro billetes de avión para los ponentes que gestionaron directamente con ellos, detallan.
"Este acuerdo de colaboración se interrumpió entonces y nunca se ejecutó por las circunstancias del momento. IE University no ha tenido más contacto ni ha desarrollado proyectos de ningún tipo con estas instituciones. Este tipo de acuerdos de colaboración forma parte de las iniciativas de IE University para promover la educación, el emprendimiento y la innovación", insisten fuentes del IE.
Desde la Universidad aseguran que "el contrato que firmó Begoña Gómez como directora del Africa Center incluía cláusulas de incompatibilidad. El objetivo de estas cláusulas era proteger a las partes y asegurar que no existiese ninguna práctica que contemplase aprovechar la posición familiar de Begoña Gómez para generar un beneficio económico. Además, impedía la contratación con empresas públicas o con aquellas participadas directa o indirectamente por la Administración Pública".
 

El Gobierno dice cumplir su "programa" al ser preguntado por el papel de Begoña Gómez en el rescate de Globalia
El Ejecutivo sigue despejando balones sobre la posible influencia de Begoña Gómez en el rescate a Globalia y se limita a señalar que "todas sus acciones cumplen con la legalidad"
Pedro Sánchez y Begoña Gómez
Pedro Sánchez y Begoña Gómez / EP.


Las incógnitas sobre la relación de Begoña Gómez con Javier Hidalgo, CEO de Globalia en el momento en que fue rescatada con 475 millones de euros del Estado, siguen sin despejarse. De la misma forma que el presidente del Gobierno, tan preocupado por el "fango", sigue sin explicar por qué su mujer recomendó la contratación pública de una empresa de su amigo Carlos Barrabés, que le ayudó a montar el máster que dirige en la Complutense. Mucho "fango" y pocas explicaciones -o ninguna-. Mientras el presidente y sus ministros al completo repiten la cantinela de la "máquina del fango", el Gobierno sigue despejando balones sobre la posible influencia de Begoña Gómez en el rescate a Globalia. Moncloa sale por peteneras en su respuesta a la batería de preguntas del Partido Popular que tiene como objetivo aclarar este punto. En el escrito, al que ha accedido Vozpópuli, llega a afirmar que todo lo que ha hecho el Gobierno es "legal" y tiene como objetivo "cumplir" su "programa".
El Ejecutivo de Sánchez se despacha de todas las preguntas en torno a este asunto con la siguiente afirmación: "El Gobierno cumple la legislación vigente en cada una de sus actuaciones, teniendo como única finalidad ejecutar el programa de Gobierno presentado en el Congreso de los Diputados en el día de la investidura del presidente del Gobierno".
De esta manera pretende dar por contestadas las preguntas del PP, que llevan la firma de los disputados Carlos Floriano, Belén Hoyo y Pedro Muñoz, y que tienen como objetivo que el Gobierno del PSOE aclare todas las dudas en torno al rescate de Globalia desde que conociera que su filial, Wakalua, patrocinaba al Africa Center de Begoña Gómez. El PP pregunta si conocía el presidente del Gobierno las reuniones de su esposa con el consejero delegado de Globalia; o si participó de alguna forma el Gobierno en los proyectos de Javier Hidalgo en los que Begoña Gómez actuaba de asesora y consultora, y en los que también participaba el comisionista de la 'trama koldo' Víctor de Aldama.

Respuesta del Gobierno

Respuesta del Gobierno

Sobre la relación de Aldama y Gómez versan también varias preguntas de los populares. Cabe recordar que ambos mantuvieron conversaciones sobre una compañía, Telefarmacia App, que había llevado a los tribunales el propio Ministerio de Sanidad. Aldama, investigado por su papel en la 'trama Koldo', recibió pagos de hasta 170.000 euros de Globalia el año de la esa época en el 2020 de la que yo le hablo. El último de ellos se giró por importe de 36.300 euros el 6 de noviembre de 2020. O sea, tres días después de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez rescatara Air Europa con 475 millones de euros.
Al hilo de estos hechos, el PP pregunta al Gobierno si "se entrevistó la esposa del presidente, en persona o por vía telemática, con Víctor de Aldama". En caso afirmativo, se pregunta si "influyó esa interlocución con el comisionista de la 'trama Koldo' en la firma de contratos con la empresa Soluciones de gestión y apoyo a empresas por parte de varios ministerios del Gobierno y de gobiernos autonómicos socialistas".

La duda del millón también está incluida en esta batería: "¿Influyó la relación empresarial de Begoña Gómez con Globalia en el rescate de Air Europa por valor de 475 millones aprobado por el Consejo de Ministros el 3 de julio de 2020?".
Pregunta escrita del PP en el Congreso de los Diputados

Pregunta escrita del PP en el Congreso de los Diputados

Y se hace hincapié en "por qué no se abstuvo el presidente del Gobierno de las deliberaciones de ese Consejo de Ministros, cumpliendo con la ley 3/2015 que regula los conflictos de intereses de los altos cargos de la Administración del Estado". Algo que el PP denunció ante la Oficina de Conflictos de Intereses -organismo adscrito al Ministerio de Transformación Digital- con escaso éxito.
"Un año después de las reuniones entre Begoña Gómez y Javier Hidalgo, el Gobierno rescató también a Avoris Corporación Empresarial de la familia Hidalgo. ¿Actuó la esposa del jefe del Ejecutivo como mediadora para la obtención de esta ayuda? ¿Existen más relaciones empresariales de la esposa de Pedro Sánchez con empresas que hayan recibido ayudas por parte del Gobierno?", son las preguntas con las que concluye el PP.
A esta amalgama de preguntas el Gobierno se remite a responder lo ya apuntando anteriormente: "El Gobierno cumple la legislación vigente en cada una de sus actuaciones, teniendo como única finalidad ejecutar el programa de Gobierno presentado en el Congreso de los Diputados en el día de la investidura del presidente del Gobierno".
Una muestra más del escaso interés del Ejecutivo de Sánchez por aclarar los aspectos en torno a la mujer del presidente que los medios de comunicación han ido desvelando los últimos meses. El Gobierno, mientras, sí ha intensificado su acoso a estos periódicos a través de distintas terminales.
 


Sánchez no ve un error que su mujer firmase cartas de apoyo a empresas
El presidente admite haber pasado «por uno de los momentos más difíciles» de su vida política

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reconocido que no ve un error que su esposa, Begoña Gómez, firmase cartas de apoyo a empresas: «Yo no lo veo así. No fue una carta de recomendación, fue una declaración de interés». Así lo ha declarado en una entrevista concedida a El País, en la que también ha admitido pasar «por uno de los momentos más difíciles» de su vida política.
Estas palabras llegan cuando se cumple algo más de una semana desde su ‘carta a la ciudadanía’, en la cual anunciaba que se tomaría cinco días para «reflexionar» si debía seguir al frente del Ejecutivo español, después de la denuncia interpuesta por el sindicato Manos Limpias contra su mujer, Begoña Gómez, en base a las ayudas públicas concedidas a la empresa Globalia durante la esa época en el 2020 de la que yo le hablo.
Tras su anuncio, su partido, el PSOE, convocó un Comité Federal Extraordinario en Ferraz, al que acudieron la inmensa mayoría de líderes regionales de la formación, así como miles de personas que aguardaban a las puertas, en las calles de Madrid. Todos mostraron su «fiel» apoyo al líder del Gobierno, lo que influyó muy positivamente en la decisión que tomaría a posteriori Sánchez, quien finalmente anunció que seguiría en su cargo.
Sánchez arremete contra PP y Vox e insta a decidir entre «democracia o fango»


Con las acusaciones y el foco público dirigiéndose directamente hacia él y su esposa, el presidente se ciñe a describirlas como ataques procedentes de medios «ultraderechistas», quienes en conjunto con PP y Vox «están trabajando en una máquina de fango». «Cuando Begoña leyó la carta, fue quien me dijo que ni se me ocurriera dimitir», admite el presidente en la entrevista con el medio citado.
Al ser preguntado precisamente por la figura de su mujer, Sánchez ha reconocido no ver un error en que ella firmase cartas de apoyo a empresas: «Yo no lo veo así. No fue una carta de recomendación, fue una declaración de interés». Lo cierto es que, Manos Limpias, el sindicato que denunció a Begoña Gómez, lo que provocó el período de reflexión del líder socialista, ha entregado recientemente un informe sobre las ayudas públicas concedidas a Globalia durante la esa época en el 2020 de la que yo le hablo. El mismo, y tal y como declaró Miguel Bernard, dirigente del sindicato, puede ser «el punto de inflexión» para «demostrar que el presidente del Gobierno, presuntamente, puede estar también implicado en los negocios de su esposa y era conocedor de todas las actividades de su esposa».

«No me arrepiento. Son cinco días que jamás olvidaré»
Al ser preguntado sobre si se arrepiente de haber hecho público su período de reflexión para dimitir o no, Pedro Sánchez ha contestado con un rotundo ‘no’: «No me arrepiento. Son cinco días que jamás olvidaré», a la par que declara: «He sufrido, no por mí, sino por lo que yo represento, un acoso sistemático para intentar deshumanizarme».
Mientras, el presidente del Gobierno continúa con su señalamiento a la derecha, encabezada por PP y Vox, quienes dice, trabajan en «una máquina de fango que está anegando nuestra conversación pública, nuestra discusión política».
 
https://okdiario.com/espana/illa-co...aras-14-comunidades-defensa-interior-12724984

Illa contrató a la ‘trama Koldo’ para suministrar mascaras a 14 comunidades, Defensa e Interior
Sanidad suscribió el acuerdo con Soluciones de Gestión para suministrar mascaras FFP2 y FFP3
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El ministro de Sanidad durante la esa época en el 2020 de la que yo le hablo, Salvador Illa, adjudicó a la empresa Soluciones de Gestión, en el epicentro de la ‘trama Koldo’, dos lotes de su acuerdo marco para el suministro de mascaras de tipo FFP2 y FFP3. El importe total de ese acuerdo era de 2.500 millones de euros y el objetivo era agilizar la compra de material sanitario para las comunidades autónomas y otros ministerios. En el caso de los lotes adjudicados a Soluciones de Gestión el material iría destinado a 14 comunidades autónomas, los ministerios de Interior y Defensa y el propio Instituto de Gestión Sanitaria (Ingesa) del Ministerio de Sanidad.
En concreto, el primer lote -correspondiente a mascaras de tipo FFP2- tenía como destino las administraciones de Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, La Rioja, Madrid, Murcia, el Ministerio de Defensa, Ministerio de Interior y el Ingesa. En el segundo, el de las mascaras FFP3, se incorporó además a Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña y Galicia.

Acuerdo firmado
El expediente, consultado por OKDIARIO, incorpora el documento suscrito, el 22 de diciembre de 2020, entre el INGESA del Ministerio de Sanidad y el representante de la UTE Ferrovial-Soluciones de Gestión.
Desde el primer momento se deja claro que el acuerdo marco «tiene por objeto el suministro de mascaras de protección», con un plazo de duración de un año, prorrogable otro año más «siempre que se mantengan las circunstancias de emergencia que motivan la contratación».
El documento establece todas las condiciones que tendrá que cumplir la empresa adjudicataria Soluciones de Gestión para la entrega del material, «en los puntos de recepción que se indiquen por las entidades participantes, con cargo a las empresas adjudicatarias». «La empresa adjudicataria del
acuerdo marco se compromete a suministrar el número de unidades que la Administración le vaya solicitando en función de necesidades existentes», se expone. Además, se determinan las penalizaciones por incumplimientos, por ejemplo, en los plazos de entrega.
Al resultar adjudicataria y con vistas a «responder del cumplimiento» del acuerdo marco, Sanidad obligó a la empresa ahora investigada en el caso Koldo a depositar una «garantía» de 38.816,10 euros por uno de los lotes, y otra de 20.747,82 euros, por el otro. En todo momento, el acuerdo se rige por la Ley de Contratos del Sector Público.

Illa lo niega
Según consta en la memoria justificativa del acuerdo marco, Sanidad asumía así la compra centralizada de material sanitario para distribuir entre las comunidades autónomas que lo solicitasen.
«El acuerdo marco se configura en la Ley de Contratos del Sector Público como un sistema para la racionalización de la contratación de las Administraciones Públicas», se alega en el expediente. Según Sanidad, «la evolución de la crisis sanitaria provocada por el el bichito-19 y el riesgo de un posible repunte a partir del próximo mes de octubre, hace necesario adoptar las medidas necesarias para proveer a nuestro Sistema Nacional de Salud, en un marco temporal inmediato, de los medios precisos para dar una adecuada respuesta sanitaria».
Finalmente, el acuerdo marco resultó un fiasco y se contrató una mínima parte del material ofrecido (además de mascaras, había batas quirúrgicas o guantes de nitrilo, entre otros). Illa asegura que su ministerio no llegó a contratar con Soluciones de Gestión -así lo manifestó hace unos días en el Congreso- pero lo cierto es que, si no lo hizo, fue porque ninguna comunidad autónoma lo reclamó, porque la empresa era un suministrador autorizado por Sanidad.
Además, Salvador Illa reveló en su comparecencia que en aquellos meses de 2020 habló una vez con el ex asesor socialista Koldo García y que lo hizo para remitirle a los técnicos del ministerio de Sanidad. En el Senado, su jefe de gabinete en Sanidad, Víctor Francos, reconoció también este lunes que se vio tres veces con Koldo.
«Le indiqué cuál era el procedimiento y le dije que se dirigiera a los técnicos. El resultado del equipo fue que no contrató nada, esto es el único contacto que yo he tenido con este señor», explicó el ministro.
 


Apartan del caso a la fiscal partidaria de admitir la querella de la pareja de Ayuso por revelación de secretos
Será el fiscal superior de Extremadura quien asuma el caso por decisión de la número dos de García Ortiz, según fuentes jurídicas

La número dos del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, María Ángeles Sánchez Conde, ha apartado a la fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de la querella del novio de Isabel Díaz Ayuso contra dos miembros del Ministerio Público por delitos de revelación de secretos, tras la supuesta difusión de información «confidencial» acerca de la investigación abierta contra él por fraude contra la Hacienda Pública.
Según ha avanzado El Periódico y han confirmado fuentes jurídicas a ABC, en su lugar, se ha designado a Francisco Javier Montero Juanes, fiscal superior del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y miembro de la Asociación de Fiscales, la asociación conservadora de la carrera fiscal. Será él, por tanto, quien asuma el caso, pendiente de que el TSJM decida si el asunto debe investigarse.
Las discrepancias venían de lejos, pues la fiscal apartada, María de la O Silva, era partidaria de la admisión de la querella de la pareja de la presidenta de la comunidad de Madrid, Alberto González Amador, al considerar que procede hacer al menos unas mínimas averiguaciones para dar con el autor de la filtración, en contra del criterio de la número dos de Ortiz, favorable al archivo de la misma sin practicar diligencia alguna.

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ISABEL VEGA

Presenta ante el TSJ de Madrid el informe pactado por la Junta de Fiscales que pide desestimar la querella de González Amador
El asunto llegó a abordarse en la Junta de Fiscales de Sala el pasado 23 de abril donde se impuso, aunque por la mínima, el criterio de Sánchez Conde. Y la decisión se plasmó en un informe presentado ante el TSJM para que se rechazara de plano la querella González Amador al defender que no hubo delito alguno de revelación de secretos y que la nota de prensa que difundió la Fiscalía fue para desmontar «bulos» y defender la honorabilidad del Ministerio Público.
Silva, que acabó asumiendo el criterio de la teniente fiscal Sánchez Conde, fue apartada del caso tras redactar el informe favorable a la inadmisión avalado en la Junta de Fiscales, de acuerdo a otras fuentes conocedores del caso consultadas por este diario.
Cabe recordar, no obstante, que la opinión del Ministerio Público no es vinculante para el magistrado que instruye la querella. Y en este sentido, será la Sala Civil y Penal del TSJM, presidida por Celso Rodríguez, quien tendrá la última palabra sobre su admisión o no.

«Absolutamente toda la intimidad»
En su querella, el empresario González Amador, insiste en que se produjo «la revelación publica de absolutamente toda la intimidad (secreto) e información tributaria, procesal y de defensa asociada a Alberto González Amador que han tenido a mano los denunciados representantes del Ministerio Fiscal por razón de su cargo. Ningún secreto ni dato personal más podría haber sido revelado y hecho público». Todo después de que se diera a conocer que la pareja de Ayuso, a través de su abogado, reconoció haber cometido dos delitos contra Hacienda, en un intento de llegar a un acuerdo con Fiscalía.
Alberto González Amador está imputado por dos delitos contra el impuesto de sociedades y otro de falsedad documental por, presuntamente, haber defraudado a Hacienda 350.000 euros con facturas falsas. Está citado a declarar en calidad de imputado en los juzgados de Plaza de Castilla (Madrid) el próximo 20 de mayo.
 
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