Nicors
Madmaxista
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El Ayuntamiento regentado por la psoe no paga a los trabajadores y contrata fraudulentamente.
La suma de impagos a los trabajadores asciende a 2 millones de euros. La deuda global triplica el presupuesto municipal y sobrepasa los 15 millones de euros. Hay embargos de la Seguridad Social y Hacienda e impagos desde hace más de dos años a proveedores, como a la empresa de agua o a Iberdrola. Se ha cerrado la guardería municipal, las dos piscinas municipales (una climatizada), la lavandería, el gimnasio y existe un lamentable abandono de las cuatro residencias de mayores. Tampoco hay material para arreglar calles o pintar los edificios y las pistas deportivas y los parques se caen a trozos. Esta semana ha habido cortes de luz y teléfono en las dependencias municipales.
Sólo hay ocho funcionarios fijos, pero hasta llegar a los 389 empleados que hubo en su momento (siempre antes de cada periodo electoral) se inflaron los contratos temporales. Todo el mundo era empleado público, aunque fuera eventual. También se llamaba directamente desde Alcaldía para oficializar las 35 peonadas firmadas -y no al revés- y poder cobrar los subsidios.
SIN POLICÍA LOCAL
La Policía Local ha quedado desmantelada. Un agente de los dos que quedan en la plantilla (los otros siete pidieron el cambio de destino porque no aguantaban la situación) llegó a estar en huelga de hambre por los atrasos en las nóminas. Víctor Piriz, portavoz del PP en la Comisión de Presupuestos del Congreso, exige la disolución del municipio porque se dan "claramente" los supuestos del artículo 26.3 de ley 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria, que incluyen la gestión "gravemente dañosa para los intereses generales".
"Se han comprado voluntades para asegurarse el voto y todo el mundo iba entrando y saliendo del Ayuntamiento, cotizando para el paro o para la pensión. A ese sistema se acostumbró la gente durante muchos años", advierte Manuel Gutiérrez, portavoz de IPAL, partido en la oposición. Con todo lo expuesto, la Junta de Extremadura cree que aún no ha llegado el momento de un segundo caso Marbella, el único precedente de intervención del Estado en un ayuntamiento. Para la consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco Morales, "los mecanismos de control presupuestario del Gobierno están activados por lo que se debe esperar a que esas medidas den resultado antes de ejercer una opción tan extraordinaria".
Oficialmente en esta legislatura la alcaldesa es María Luisa Vadillo. Se mantiene en el cargo como no adscrita tras ser expulsada del PSOE en marzo tras la presión popular. Inició su mandato con 8 ediles y hoy sólo le apoya una concejala. También se marchó el interventor. Sin embargo, en mayo se contrató como asesor de la Alcaldía y portavoz al ex alcalde, Ángel Vadillo, a razón de 1.500 euros mensuales. "Es el que sigue mandando", claman en el pueblo. Bajo las siglas del PSOE, consiguió aplastantes mayorías absolutas durante 24 años, hasta que una sentencia lo condenó a dos años y medio de prisión. Sólo un indulto del Gobierno (2019) le evitó entrar en la guandoca por un delito de obstrucción a la Justicia y amenazas públicas contra una mujer, que tuvo que exiliarse del pueblo."
www.elmundo.es
La suma de impagos a los trabajadores asciende a 2 millones de euros. La deuda global triplica el presupuesto municipal y sobrepasa los 15 millones de euros. Hay embargos de la Seguridad Social y Hacienda e impagos desde hace más de dos años a proveedores, como a la empresa de agua o a Iberdrola. Se ha cerrado la guardería municipal, las dos piscinas municipales (una climatizada), la lavandería, el gimnasio y existe un lamentable abandono de las cuatro residencias de mayores. Tampoco hay material para arreglar calles o pintar los edificios y las pistas deportivas y los parques se caen a trozos. Esta semana ha habido cortes de luz y teléfono en las dependencias municipales.
Sólo hay ocho funcionarios fijos, pero hasta llegar a los 389 empleados que hubo en su momento (siempre antes de cada periodo electoral) se inflaron los contratos temporales. Todo el mundo era empleado público, aunque fuera eventual. También se llamaba directamente desde Alcaldía para oficializar las 35 peonadas firmadas -y no al revés- y poder cobrar los subsidios.
SIN POLICÍA LOCAL
La Policía Local ha quedado desmantelada. Un agente de los dos que quedan en la plantilla (los otros siete pidieron el cambio de destino porque no aguantaban la situación) llegó a estar en huelga de hambre por los atrasos en las nóminas. Víctor Piriz, portavoz del PP en la Comisión de Presupuestos del Congreso, exige la disolución del municipio porque se dan "claramente" los supuestos del artículo 26.3 de ley 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria, que incluyen la gestión "gravemente dañosa para los intereses generales".
"Se han comprado voluntades para asegurarse el voto y todo el mundo iba entrando y saliendo del Ayuntamiento, cotizando para el paro o para la pensión. A ese sistema se acostumbró la gente durante muchos años", advierte Manuel Gutiérrez, portavoz de IPAL, partido en la oposición. Con todo lo expuesto, la Junta de Extremadura cree que aún no ha llegado el momento de un segundo caso Marbella, el único precedente de intervención del Estado en un ayuntamiento. Para la consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco Morales, "los mecanismos de control presupuestario del Gobierno están activados por lo que se debe esperar a que esas medidas den resultado antes de ejercer una opción tan extraordinaria".
Oficialmente en esta legislatura la alcaldesa es María Luisa Vadillo. Se mantiene en el cargo como no adscrita tras ser expulsada del PSOE en marzo tras la presión popular. Inició su mandato con 8 ediles y hoy sólo le apoya una concejala. También se marchó el interventor. Sin embargo, en mayo se contrató como asesor de la Alcaldía y portavoz al ex alcalde, Ángel Vadillo, a razón de 1.500 euros mensuales. "Es el que sigue mandando", claman en el pueblo. Bajo las siglas del PSOE, consiguió aplastantes mayorías absolutas durante 24 años, hasta que una sentencia lo condenó a dos años y medio de prisión. Sólo un indulto del Gobierno (2019) le evitó entrar en la guandoca por un delito de obstrucción a la Justicia y amenazas públicas contra una mujer, que tuvo que exiliarse del pueblo."
Alarma en Alburquerque por la quiebra del Ayuntamiento: deuda, cortes de luz y dos millones de impagos a los trabajadores
Pablo Márquez y Julia Rubio no pudieron celebrar el último cumpleaños de su hija Lucía, de 12 años. Fue la propia niña quien, comprobando la situación que se estaba viviendo...
