España lleva tres años sin presupuestos: la anomalía que nadie resuelve
España acumula tres ejercicios consecutivos sin aprobar unos Presupuestos Generales del Estado. No es un olvido ni un retraso técnico: es una decisión política que se ha convertido en la norma. Mientras tanto, el país funciona con unas cuentas prorrogadas de un gobierno que ya no existe y con partidos que han desaparecido del mapa político.
La prórroga infinita: funcionar con cuentas de otro gobierno
El detalle que resume la situación es casi absurdo: España opera con unos presupuestos aprobados por un Ejecutivo y unos partidos que ya no existen. Desde entonces, varias formaciones políticas han desaparecido o perdido toda representación, y aun así sus cuentas siguen rigiendo el gasto público. La anomalía no es menor: se está gobernando con el marco financiero de una legislatura que ya se cerró.
La prórroga presupuestaria se ha convertido en la herramienta preferida para evitar el debate parlamentario. Presentar unos PGE obliga a negociar, a ceder y a exponerse al rechazo. No presentarlos permite gobernar con el margen que da la inercia, sin rendir cuentas sobre nuevas partidas ni prioridades.
El calendario electoral como excusa
La explicación oficial apunta a la estrategia electoral: Hacienda evita concretar cuándo se enviarán las cuentas al Congreso porque eso puede condicionar el calendario. La lógica es perversa: el instrumento que debería planificar el gasto público se subordina a la conveniencia política del momento. Mientras tanto, la Comisión Europea ha advertido de que no habrá más flujo de ayudas si no se presentan presupuestos.
Hay quien sostiene que convocar elecciones no resolvería el problema. Si el PP ganase pero no lograse apoyos suficientes para aprobar sus cuentas, la situación sería idéntica. La Constitución no obliga a presentar presupuestos en plazo, y el Tribunal Constitucional no ha intervenido. El vacío legal es real.
La paradoja fiscal: recaudación récord sin cuentas nuevas
La ausencia de presupuestos no ha impedido que la recaudación alcance récords históricos. La subida de impuestos ha llenado las arcas públicas, lo que permite al Gobierno tomar decisiones de gasto sin necesidad de aprobar nuevas cuentas. Las rebajas fiscales en la luz o los combustibles se financian con esa recaudación extra, sin pasar por el debate parlamentario.
La paradoja es evidente: se recauda más que nunca, se gasta sin presupuestos y la ciudadanía aplaude medidas que en realidad se financian con impuestos que ya pagaba. La falta de control parlamentario sobre el gasto público es la consecuencia silenciosa de esta anomalía.
¿Qué viene ahora?
El escenario más probable es que la legislatura se agote sin presupuestos nuevos. La presión europea existe, pero no parece suficiente para forzar un cambio. La oposición, por su parte, no ha logrado convertir la ausencia de cuentas en un problema político de primer orden. La pregunta que queda abierta es si la ciudadanía acabará asumiendo esta situación como normal o si en algún momento la anomalía se convertirá en un coste electoral real. La historia reciente sugiere que la paciencia fiscal de los votantes tiene límites, pero también que la política española sabe encontrar nuevas formas de prolongar lo que debería ser excepcional.