Y llamarán gobernar a esto (Ignacio Camacho en El ABC)

La crítica no se centra en cada medida de vivienda, sino en el método: dos decretos tramitados deprisa, sin acuerdo parlamentario garantizado y, según la columna, con ventajas para quien ya tiene alquiler que reducen la oferta para quien busca uno.

El método: dos decretos y presión de la calle

La pieza publicada en ABC el 30 de septiembre de 2026 no discute el articulado con lupa. Cuestiona la forma. Habla de dos decretos sobre vivienda, uno duro y otro light, y de un Gobierno que legisla bajo presión de protestas callejeras. La pregunta que lanza es incómoda: si eso es gobernar, que alguien avise.

El texto sostiene que no hay certeza de que el Parlamento convalide los decretos. Un decreto ley no es una ley aprobada con calma; nace provisional y depende de un voto posterior. La columna lo presenta como un parche improvisado, no como un acuerdo. Y remata: los propios autores saben que es una tomadura de pelo. No entra en si la congelación es más o menos justa; entra en cómo se aprueba.

Alquileres congelados, oferta que se encoge

Aquí llega la parte económica. Según la columna, después de ocho años de fracaso por inacción en la promoción de viviendas, el Ejecutivo responde a las protestas beneficiando a quienes ya tienen un alquiler. Los que están dentro del mercado se quedan. Los que están fuera, que son más, tendrán que buscarse la vida. La tesis es que los de dentro ganan y los de fuera pierden.

El mecanismo que describe es sencillo: si se obliga a congelar las rentas, algunos propietarios sacarán sus pisos a la venta. La columna afirma que eso ya viene ocurriendo desde que se blindaron los impagos del arrendamiento bajo presión de fuerzas situadas a su izquierda. Menos alquileres ofrecidos, más competencia para los pocos que salgan. No hay cifras en el texto sobre cuántos pisos se venderán ni cuántos inquilinos quedarán fuera. Tampoco cuantifica el ahorro para los inquilinos actuales. Es una tesis discutible, no un dato oficial.

Un decreto pactable que nadie quiere pactar

La pieza imagina otra escena. Un Gobierno normal negociaría con la oposición un marco legal de largo plazo. No sería tan difícil: en el mismo decreto hay elementos susceptibles de pacto con amplio respaldo parlamentario. Eso permitiría que la norma sobreviviera a cambios en el puesto de mando. La columna no detalla qué elementos son pactables ni qué grupos los apoyarían.

Pero ese camino tiene un coste político. Se desmoronaría el relato de los bandos, de buenos y malos. La columna sospecha que es más útil dejar un artefacto inservible para que la alternativa se cargue con él. Un pretexto para volver a llenar las plazas contra una derecha presentada como inhumana. El texto apunta que el viernes, ante el Congreso, podría verse un adelanto. No hay documentos ni votos concretos en la pieza; es una lectura política.

Para quien busca piso, todo esto se traduce en una pregunta práctica: habrá más o menos alquileres disponibles, y a qué precio. La columna sostiene que la medida beneficia a los de dentro y perjudica a los de fuera. Si eso se cumple, el mercado se tensa. Si no, la crítica queda en opinión. Vivienda, alquiler y decretos son asuntos con efectos legales y económicos: cualquier decisión conviene consultarla con un profesional y con fuentes oficiales.