vOx traiciona a sus votantes, habra ideologia de genero en extremadura

Vox firma en Extremadura sin derogar las leyes de igualdad​

¿Se puede pactar un gobierno autonómico y dejar intacta la arquitectura legal que más moviliza a tu electorado? Eso es lo que ha ocurrido, según el análisis que domina la conversación, con el acuerdo entre el PP y Vox en Extremadura. El punto de partida es una noticia de ABC que da por hecho el pacto y, con él, la continuidad de las políticas de género en la comunidad. La reacción mayoritaria no ha sido de alivio, sino de traición: quien votó a Vox esperaba la derogación de las normas que, a su juicio, discriminan por sexo. Y no está.

El reproche central es que Vox no incluyó la igualdad en su primera propuesta de pacto, la que el PP rechazó. Es decir, la renuncia sería previa a la negociación, no consecuencia de ella. Quien sostiene esta tesis recuerda el precedente de Ciudadanos: primero se opuso a la ley de violencia de género, después llegó al poder y ya había renunciado. El pronóstico es idéntico: hundimiento y sustitución por un partido nuevo.

Qué se puede y qué no se puede hacer desde una autonomía​

Aquí el debate se vuelve técnico, y es donde más se aprende. La ley estatal de violencia de género no se toca desde un parlamento autonómico. Eso lo admiten casi todos, incluso los más críticos. Lo que sí está en manos de una comunidad son los puntos violetas, las cuotas autonómicas o las subvenciones a determinadas organizaciones. Sobre esto último hay discrepancia: unos leen en el acuerdo el cierre del grifo a sindicatos, patronal y entidades diversas; otros responden que no han visto mención alguna a las asociaciones feministas y que, si el criterio de reparto se aplica igual para todos, esas entidades también podrían cumplirlo.

El argumento que más circula para justificar el pacto es el de la aritmética parlamentaria. Con veinte diputados no se cambian treinta y cinco años de legislación que han sostenido en conjunto partidos con el ochenta por ciento de los votos. La respuesta a eso es demoledora: con cinco diputados se sacaron adelante la ley trans y la que limita el número de hombres en altos cargos. Si cinco bastaron para una cosa, la excusa de los veinte no cuela.

El pacto de inmigración que no convence a nadie​

El otro bloque del acuerdo, el migratorio, recibe el mismo tratamiento. Una comunidad autónoma tiene competencias casi nulas en la materia, así que el compromiso de no aceptar menores no acompañados queda en papel mojado: si el Gobierno central decide derivarlos, los mete donde quiera. Y la promesa de no subvencionar a organizaciones que financien la inmigración ilegal tiene un problema de definición: ninguna entidad reconoce apoyar la inmigración ilegal. El apellido «ilegal» funcionaría, según esta lectura, como salvoconducto para seguir subvencionando lo mismo de siempre.

Frente a esto, la defensa del acuerdo se apoya en lo concreto: en Extremadura ya se han puesto en marcha las primeras medidas y el voto, dicen, no ha sido en balde. Es el argumento del vaso medio lleno frente al del vaso vacío. La respuesta de los críticos es que llevan cinco pasos atrás y ninguno adelante, y que el ajedrez en cinco dimensiones ya cansa.

El voto de castigo y sus destinos​

La consecuencia práctica es un trasvase de voto. Hay quien anuncia que votará al PSOE por puro cálculo: si la ley de género permite escapar de una discriminación cambiando de género, mejor el original que la copia. Es una ironía amarga, no una conversión. Otros miran hacia Alvise o hacia Gallardo como receptores del desencanto. Y una parte, no pequeña, avisa de que esta vez renuncia a la abstención para votar, pero no a la izquierda.

El diagnóstico de fondo es que Vox ha dejado de ser un partido de derechas para convertirse en un partido antiinmigración, y ni siquiera de forma racional. Si Ciudadanos murió por esto, el cálculo es que Vox tiene fecha de caducidad. La diferencia con Alemania, donde el partido equivalente se mantuvo firme y sigue ahí, se usa como prueba de que aquí se ha elegido mal.

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Al final, la pregunta no es si Vox traiciona, sino cuántas veces puede hacerlo antes de que el votante aprenda la lección. Y por lo visto, todavía quedan cursos.