Vox no quiere ganar las elecciones

Vox propone un sistema mixto de pensiones y pierde votos​

El primer día de campaña y el partido que aspiraba a capitalizar el descontento económico se pone a hablar de pensiones. No de bajar impuestos, no de recortar gasto público, no de vivienda. De un modelo mixto que divide la cotización en dos mitades: una para el sistema público de reparto y otra para una cuenta de capitalización individual. La propuesta, inspirada en el modelo sueco, no privatiza el sistema entero, pero toca el único tema que moviliza a la vez a los mayores de 55 y a los menores de 35. Y lo hace en el peor momento posible.

Qué propone exactamente el modelo mixto de pensiones​

El planteamiento divide la contribución laboral al 50%. La mitad sigue yendo al sistema público de reparto, que paga las pensiones actuales. La otra mitad va a una cuenta de capitalización individual del trabajador. No es una privatización total, como repite el Gobierno, pero tampoco es inocua: cambia la naturaleza del contrato social que sostiene las pensiones desde los años sesenta.

La arquitectura tiene tres tramos. Los mayores de 45 años no cambian nada: siguen en el sistema actual. Entre 25 y 45 años, la entrada es opcional. Solo para nuevos afiliados y menores de 25 sería obligatorio. Ese diseño por edades explica por qué la medida no genera rechazo entre los que ya están cerca de jubilarse, pero sí entre los que llevan una década cotizando y ven que su dinero podría acabar en un fondo privado.

Por qué el sistema público está quebrado según los críticos​

El argumento que sostiene la propuesta es demográfico. La Seguridad Social española depende de que haya suficientes trabajadores activos pagando por cada pensionista. Con una natalidad en mínimos históricos y una esperanza de vida al alza, la ecuación se rompe. Lo cotizado está volatilizado, resume una de las intervenciones más repetidas: los trabajadores actuales pagan las pensiones de los actuales jubilados, pero nadie garantiza que cuando ellos lleguen a la edad de retiro haya alguien pagando por ellos.

Ese es el núcleo del problema. No es una cuestión ideológica, es aritmética. Y la aritmética no distingue entre votantes de izquierda y derecha. El sistema de reparto funciona mientras la base de cotizantes crezca o se mantenga; cuando se contrae, la única salida es subir cotizaciones, bajar pensiones o inyectar deuda pública. Las tres opciones tienen coste electoral.

El coste electoral de tocar las pensiones​

Hay un consenso tácito en la política española: las pensiones no se tocan en campaña. El Gobierno lo sabe y por eso responde con el argumento de que defiende el sistema público actualizando las pensiones conforme al IPC. Vox, en cambio, ha decidido abrir el melón. Y el resultado, a juzgar por la reacción, no es el que esperaba.

La queja más repetida no es que la propuesta sea técnicamente mala. Es que es innecesaria en el momento actual. Hay quien sostiene que antes de reformar el sistema habría que agotar otras vías: reducir el gasto público improductivo, bajar impuestos a las pymes, recortar subvenciones a organizaciones políticas. La crítica no es al modelo sueco, es a la prioridad. La medida sobra, resume una intervención: debería ir en el cajón de las cosas que se proponen después de ejecutar cien medidas más urgentes.

El problema de gestión que nadie menciona​

Hay un detalle operativo que la propuesta no resuelve. Si la mitad de la cotización va a una cuenta individual, alguien tiene que gestionarla. Y ese alguien, en la mayoría de los diseños, es el empresario. Eso añade burocracia, aportaciones adicionales y riesgo de sanciones a las pymes, que ya cargan con suficiente papeleo. La gente debería gestionar sus propias cuentas, no el empresario, que no es patriarca de nadie.

La objeción tiene recorrido. Los planes de pensiones privados en España tienen una rentabilidad media histórica mediocre y comisiones altas. Quien haya tenido un plan de pensiones individual sabe cómo acaba: siempre se sale trasquilado. Trasladar ese modelo al corazón del sistema público no suena a solución, suena a traslado de riesgo del Estado al ciudadano.

Qué pasó con los planes de pensiones de empleo del Gobierno​

En junio de 2022, Vox votó en contra del proyecto de ley de regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo. El argumento fue que el proyecto presentaba aspectos negativos y que no había pasado por comisión, lo que demostraba falta de consideración del Gobierno hacia el trámite parlamentario. La posición era coherente con su modelo: preferían capitalización individual a planes de empleo colectivos.

Esa coherencia, sin embargo, no se traduce en apoyo electoral. La propuesta de sistema mixto no moviliza a nadie. Los mayores no la necesitan, los jóvenes no la entienden y los empresarios no la quieren. Es una medida que solo contenta a los que ya estaban convencidos.

La paradoja de defender el sistema público desde la oposición​

El Gobierno defiende el sistema público actualizando las pensiones conforme al IPC. Vox propone reformarlo para garantizar su sostenibilidad. Ambos dicen defender a los trabajadores. Ambos tienen parte de razón. Y ninguno convence del todo.

El resultado, a la fecha de esta discusión, es un partido que ha gastado su primer día de campaña en un tema que no le da votos. La propuesta es buena, pero se la van a retorcer hasta la extenuación, admite incluso quien la defiende. La pregunta no es si el sistema necesita reforma. La pregunta es si Vox quería ganar las elecciones o solo marcar perfil. Con este movimiento, la respuesta parece clara.