Empresario Acorazado BDSM
Himbersor
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No hay ninguna propuesta oficial del PP para legislar sobre libertad de expresión en temas raciales. El malestar de una parte del electorado se dirige tanto al PP como a Vox por considerar que evitan estos debates. Hay un malestar sordo en una parte del electorado de derechas que no termina de encontrar representación.
No hay ninguna propuesta oficial del PP para legislar sobre libertad de expresión en temas raciales. El malestar de una parte del electorado se dirige tanto al PP como a Vox por considerar que evitan estos debates.
Hay un malestar sordo en una parte del electorado de derechas que no termina de encontrar representación. Se quejan de que ni el PP ni Vox abordan lo que ellos consideran verdades incómodas sobre raza e inteligencia. No es un debate nuevo, pero sí uno que se mantiene en los márgenes del discurso público.
Quienes critican al PP desde su propio espacio lo hacen con un argumento recurrente: no les atribuyen maldad, sino cobardía. Sostienen que la dirección del partido prefiere no tocar ciertos temas para no perder el centro político y mantener su posición institucional.
Esa crítica se concreta en la percepción de que existe una suerte de autocensura sobre datos que, según estos votantes, serían de dominio público en otros países. La acusación no es que el PP quiera perjudicar a los españoles, sino que su prioridad es conservar el poder a corto plazo aunque eso implique dejar sin discutir asuntos que consideran fundamentales.
El problema, desde esa óptica, es que ese cálculo electoral convierte en tabú cualquier análisis que relacione origen étnico con resultados sociales. Y ahí entra en juego el papel de los medios.
En el centro de este debate están investigaciones sobre diferencias de coeficiente intelectual entre grupos raciales. Un ejemplo que se menciona es el de Estados Unidos a principios de los años 90, cuando supuestamente se revisó el umbral de retraso mental de 85 a 65 puntos de CI.
Según ese relato, el cambio se habría hecho porque con el listón anterior cerca del 45% de una determinada minoría étnica habría quedado clasificada como retrasada. La objeción que se plantea es que esa minoría estaba formada en un 30% por personas de origen blanco, lo que supuestamente invalidaría la explicación basada exclusivamente en factores socioeconómicos.
Estos datos, sin embargo, no proceden de un consenso científico actual ni se presentan con la metodología de un estudio revisado por pares. La relación entre raza e inteligencia es uno de los campos más controvertidos de la psicología, y la mayoría de los investigadores mainstream atribuye las diferencias observadas a factores ambientales, educativos y socioeconómicos, no genéticos.
El mensaje que originó este análisis va más allá y entra en el terreno de las parejas. Afirma que en Estados Unidos la pareja media formada por mujer blanca y hombre negro presenta un CI de 93 puntos para ella y 88 para él. La misma fuente sostiene que la pareja de mujer blanca con hombre blanco tiene una media de 99 puntos.
La lectura que se hace de esas cifras es que el hombre negro de esa pareja estaría 3 puntos por encima del umbral de 65 que se consideraba subnormalidad a principios de los 90. Es decir, se utiliza ese dato para sugerir que la diferencia es mínima y que, por tanto, debería ser objeto de debate público.
No hay verificación independiente de esas cifras en el material disponible. La psicometría moderna no utiliza el término «subnormal» y el umbral de 65 puntos de CI se sitúa en dos desviaciones estándar por debajo de la media, lo que corresponde aproximadamente al 2% de la población en una distribución normal.
La pregunta de fondo es si estos temas deberían tener cabida en el discurso público o si, por el contrario, deben quedar fuera por su potencial para estigmatizar a colectivos. Quienes defienden lo primero argumentan que silenciarlos no los hace desaparecer y que la ciudadanía tiene derecho a acceder a toda la información.
Quienes defienden lo segundo señalan que la ciencia no respalda esas conclusiones y que amplificar esos datos sin contexto solo sirve para legitimar prejuicios. La tensión entre libertad de expresión y protección de grupos vulnerables no es exclusiva de España, pero aquí se ha convertido en un punto de fricción dentro de la propia derecha.
Vox, según esta corriente de opinión, tampoco escapa a la crítica. Se le reprocha que, cuando ha tenido oportunidad de llevar estos asuntos al Congreso, haya preferido centrarse en otras batallas culturales menos arriesgadas electoralmente. La acusación es la misma que contra el PP: cobardía, no convicción.
La realidad es que ningún partido con representación parlamentaria ha propuesto eliminar las restricciones legales sobre discurso racial en España. El marco jurídico actual, que incluye el artículo 510 del Código Penal, sigue vigente y no hay indicios de que vaya a modificarse en esa dirección.
- El umbral de retraso mental en Estados Unidos se situaba en 85 puntos de CI a principios de los años 90, según el material analizado.
- Se afirma que ese umbral se bajó a 65 puntos porque, con el anterior, cerca del 45% de una minoría étnica habría sido clasificada como retrasada.
- La pareja de mujer blanca con hombre negro tendría un CI medio de 93 y 88 puntos respectivamente, según la misma fuente.
- La pareja de mujer blanca con hombre blanco tendría una media de 99 puntos de CI.
- El artículo 510 del Código Penal español sigue tipificando como delito la incitación al odio por motivos raciales.
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