Venta de comida ilegal en Villaverde por Instagram

Venta ambulante de pollo a 5 euros: el debate sobre licencia y control​

Un pollo asado por cinco euros —precio que se cita en el hilo—, despachado, según un comentario, desde un carrito de la compra. La escena, difundida en un debate de foro, tiene como protagonista a una mujer de unos 70 años que, según los participantes, cocina en casa y vende en la calle. La venta ambulante sin licencia vuelve así al centro de la discusión económica: quién paga permisos, quién responde si algo sale mal y por qué ese puesto sigue ahí mientras cualquier autónomo se somete a cuotas, inspecciones y papeleo. No se discute el sabor del pollo. Se discute quién asume el coste cuando el sistema falla.

Qué se vende, a qué precio y con qué permiso​

Cinco euros, según el hilo. La cifra es el corazón del asunto: para unos el precio es imbatible frente a cualquier menú de bar y, para otros, deja al descubierto toda la cadena de costes que el vendedor no asume. Según los comentarios, no hay autorización municipal, ni alta fiscal, ni cocina industrial. La comida, sostienen, se prepara en casa y se transporta como se puede. Aquí el detalle importa: hay quien apunta que quien vende en la calle no lleva nevera portátil con hielos ni placas de frío.

¿Está prohibido? Los participantes sostienen que la venta ambulante sin autorización municipal es irregular y que a eso se suma el impuesto que nadie ingresa. La pregunta que sobrevuela es por qué existe el puesto y no una sanción. La respuesta que más se repite es incómoda: el control es selectivo, y el autónomo con domicilio y nómina embargable resulta mucho más rentable para la administración que una vendedora sin bienes a su nombre.

¿Es más seguro un bar que un puesto en la calle?​

El argumento sanitario es el más repetido. Un bar tiene, según se sostiene en el hilo, trazabilidad, seguros, inspecciones y una razón social a la que reclamar si el cliente acaba en urgencias. Un puesto callejero, no. Si el pollo estaba en mal estado, no hay a quién buscar: la vendedora desaparece y con ella cualquier responsabilidad. Ese razonamiento domina la conversación.

Pero no es el único. Frente a él se sostiene que el carné de manipulador de alimentos no convierte una cocina en un quirófano. Hay quien cuenta locales con licencia donde la carne se ha descongelado y vuelto a congelar sin que nadie lo note. La diferencia, matizan, no está en el papel firmado.

Lo que sí admiten casi todas las posturas es el problema del frío. La cadena de temperatura es el punto débil real de cualquier venta ambulante de comida cocinada, y una intoxicación alimentaria no distingue entre un puesto con licencia y uno sin ella. La trazabilidad sí: con un restaurante sabes dónde has comido; con un carrito improvisado, no.

Licencias municipales y la economía informal que se autorregula​

El modelo no es nuevo. En buena parte de América Latina, según un comentario, la venta ambulante funciona con licencia municipal: el vendedor paga su cuota al ayuntamiento y los que están legalizados en las zonas comerciales más rentables se encargan de expulsar a los que no la tienen. El sistema se regula solo, con una mezcla de tolerancia y competencia interna. La consecuencia, según esa versión, es una paz social que aquí no existe.

En España el equivalente se ha ido por otros derroteros. La economía sumergida se ha refugiado, según los participantes, en la segunda mano y en los servicios sin factura: el fontanero que cobra en mano, el particular que vende por una plataforma, el que cocina y reparte por redes sociales. La predicción que circula es que ambas vías acabarán medio toleradas, porque prohibirlas del todo cuesta más que mirar hacia otro lado.

¿Cuánto hay que ahorrar para que salga a cuenta emigrar?​

Aquí los números se vuelven elásticos. Un cálculo que se repite sostiene que con veinte años de trabajo y ahorro en España se compran tres casas en el país de origen: una para vivir y dos para alquilar. El escenario contrario es igual de tajante: la mayoría no ahorra nada, porque el salario de entrada se va entero en alquiler y comida.

También circula una cifra como umbral para volver: 30.000 euros. A partir de ahí, se dice, el regreso deja de ser una derrota y se convierte en un plan. Nadie aporta la fuente, pero el número se repite.

El impuesto que nadie declara y el autónomo que sí​

Sanidad pública, pensiones, bancos de alimentos y servicios sociales aparecen en la conversación, atribuidos por unos participantes sin prueba. Hay quien sostiene que buena parte de esta actividad complementa la ayuda social y hay quien lo niega de plano, con el argumento de que esas personas no cobran nada. En medio, la carga fiscal del que sí está dado de alta se cifra —sin desglose— en un 75% entre impuestos y cuotas. La cifra se lanza al aire y nadie la desarrolla.

El punto donde el análisis se atasca es este: tolerar la venta ambulante abarata la comida y blanquea una parte de la economía que el Estado no ve. Perseguirla encarece el plato y expulsa del circuito a quien no tiene alternativa. Ninguna de las dos vías resuelve el problema de fondo, y por eso la conversación vuelve siempre al mismo sitio.