¿Vais a daros de baja del registro de donantes voluntarios?

Donante de órganos por defecto: así se pide la baja​

En España nadie firma para ser donante. Se es donante salvo que se diga lo contrario, y esa inversión de la carga de la prueba es la que ha convertido una consulta administrativa en un asunto de desconfianza. La duda que recorre el país no es médica, es de soberanía: quién decide qué pasa con un cuerpo cuando su dueño ya no puede hablar. La respuesta oficial existe, está regulada y es gratuita. La otra, la que sospecha que el papel no sirve de nada, también tiene su lógica.

Qué dice la ley y qué se firma en la práctica​

El consentimiento se presume. No hay un registro de donantes voluntarios al que apuntarse: hay un registro de no donantes al que darse de alta, y ese matiz descoloca a quien creía haber decidido algo alguna vez. El trámite se llama declaración de voluntad vital anticipada, también instrucciones previas o testamento vital, y ahí se especifica la negativa a la extracción de órganos y tejidos.

El procedimiento no es único. Hay quien lo ha formalizado en la Oficina de Atención al Ciudadano de su comunidad autónoma, pidiendo el formulario de manifestación de voluntad anticipada. Y hay quien lo ha hecho directamente en el hospital, con cita y un enfermero rellenando un cuestionario que acaba incorporado a la ficha personal del paciente. La ventaja de esta segunda vía, según quienes la han usado, es que el documento salta en el sistema ante un accidente o un ingreso y evita que hijos o familiares decidan por uno.

La diferencia entre ambas rutas importa. En la primera, el ciudadano guarda copia y confía en que alguien la encuentre. En la segunda, el documento vive dentro del historial clínico. Ninguna de las dos es un botón de borrado: son declaraciones que hay que localizar en el momento crítico.

El miedo que no se va con un formulario​

Aquí es donde el asunto deja de ser administrativo. Una parte del debate no discute el trámite, discute si sirve. Hay quien sostiene que la ley es papel mojado cuando hay incentivos económicos de por medio, y que la familia nunca sabrá si el cuerpo fue intervenido antes del velatorio. La incineración, según esa corriente, borra la prueba.

El escepticismo tiene grados. Hay quien pide el documento solo para que sus allegados puedan reclamar si aparecen suturas. Hay quien directamente no cree que la familia vaya a abrir el ataúd para comprobar que todo sigue en su sitio. Y hay quien lleva el argumento al extremo: que la extracción ocurre cuando el paciente aún no ha muerto del todo, y que el consentimiento familiar se obtiene sin explicar del todo lo que va a pasar.

Frente a eso, el argumento sanitario es simple: sin donación no hay trasplante, y España sostiene su posición en ese sistema. Hay quien resume el cálculo más frío así: a tanto por profesional implicado, la opinión individual pesa poco. Si pueden usarse los órganos, se usarán.

Donar sí, pero con condiciones​

No todo es negativa. Otra corriente defiende donar, pero exige contrapartidas o filtros. Aparece la idea de donar solo a determinados receptores, la de cobrar por el propio cuerpo, y la de que quien se niega a donar debería quedar fuera de las listas de receptores. Es la lógica del yo no pongo, yo no quito llevada al registro.

También hay quien recuerda que la última palabra, en la práctica, la tiene la familia, y que el documento solo inclina la balanza. Y quien apunta un detalle técnico que desmonta parte del miedo: para que los órganos sirvan hay que estar vivo cuando se extraen, así que el escenario del cadáver despiezado en el velatorio no encaja con la logística real del trasplante.

El resultado es una conversación con dos velocidades. Unos van a la oficina a firmar. Otros dan por hecho que da igual lo que firmen. Y unos terceros, simplemente, han decidido que no quieren saber nada más del tema.

¿Cuánta gente acabará haciendo el trámite por desconfianza y no por convicción?