Urge responsabilizar a quienes contratan a los forasteros

La idea de responsabilizar a las empresas por los crímenes de sus empleados migrantes es jurídicamente compleja y, en la práctica, choca con el principio de responsabilidad personal. El debate, sin embargo, refleja una tensión real: la contratación masiva vía internet sin controles rigurosos.

La inmigración en Polonia es un fenómeno reciente y mayoritariamente legal. El país no permite la entrada irregular, pero eso no ha impedido que aumenten los delitos violentos atribuidos a migrantes. La pregunta que sobrevuela Varsovia es incómoda: si el Estado controla quién entra, ¿por qué no controla a quién se contrata?

El marco legal polaco y la responsabilidad penal

En Polonia, la responsabilidad penal es individual. Castigar a un empleador por un delito cometido por su trabajador exigiría reformas legales profundas. La propuesta de enviar a prisión al dueño de la empresa o prohibir su actividad en el país carece de encaje en el Código Penal vigente. Las multas administrativas por contratación irregular sí existen, pero se aplican al incumplimiento laboral, no a delitos violentos.

El debate público mezcla dos planos: la política migratoria y la responsabilidad empresarial. Los crímenes violentos en Polonia, según datos oficiales, siguen siendo mayoritariamente cometidos por ciudadanos polacos. La percepción de inseguridad asociada a la inmigración ha crecido, pero los estudios criminológicos no confirman una correlación directa con el origen de los agresores.

Contratación vía internet y familiares que se quedan

Una parte del problema señalado es el mecanismo de contratación. Empresas polacas reclutan trabajadores extranjeros a través de internet, sin entrevistas presenciales ni verificación de antecedentes. Una vez en el país, algunos migrantes traen a familiares como turistas. Cuando el visado expira, esas personas permanecen en situación irregular.

Ese fenómeno, conocido como sobreestancia, es difícil de cuantificar. La Guardia Fronteriza polaca ha intensificado los controles, pero la falta de datos oficiales desagregados impide saber cuántos casos hay. Lo que sí es verificable: Polonia emitió cientos de miles de permisos de trabajo a extranjeros en los últimos años, la mayoría a ciudadanos ucranianos, bielorrusos y georgianos.

Sanciones a empresas: qué se puede hacer hoy

La vía más realista no es la prisión para el empresario, sino la responsabilidad administrativa. En España, por ejemplo, la Ley de Extranjería contempla multas de hasta 10.000 euros por contratación de trabajadores sin autorización. En Polonia, las sanciones por empleo ilegal pueden alcanzar los 30.000 zlotys (unos 7.000 euros). Son cifras disuasorias para pequeñas empresas, no para grandes corporaciones.

Prohibir a una empresa operar en el país requeriría una condena penal firme, algo impensable sin cambiar la ley. La presión política existe, pero el marco jurídico europeo limita las expulsiones colectivas y las sanciones desproporcionadas. Cualquier medida que castigue a familiares por delitos de un tercero vulneraría el principio de culpabilidad.

El debate, en el fondo, no es jurídico sino político. Se trata de decidir si la contratación de migrantes debe endurecerse hasta el punto de hacerla inviable para muchas empresas. Eso tendría consecuencias económicas en sectores como la construcción, la logística y la agricultura, donde la mano de obra extranjera es estructural.