Eric Finch
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Una ministra desahuciada
08/10/2026Lorenzo Bernaldo de Quirós-Vozpópuli
- La posteridad no recordará a Isabel Rodríguez por haber resuelto el problema de la vivienda, sino por haber sido un ejemplo de la frivolidad del poder
La dama en cuestión ha abordado la política inmobiliaria con poca racionalidad técnica. Posee una audacia que parece derivar de la ignorancia sobre la materia. Para la Sra. Ministra, la economía de la vivienda no es una disciplina técnica regida por las leyes de la oferta y la demanda, sino un territorio donde la prosperidad se promulga mediante discursos ideológicos.
Es difícil verla subir a la tribuna del Congreso a defender los proyectos de su departamento con argumentos sólidos. El drama acontece cuando algún fruta osa formularle una pregunta sucinta sobre la norma que ella misma firmó apenas 48 horas antes.
Ante el mentado decreto, la ministra muestra desconocimiento del texto. El texto que lleva su sello no es para ella un cuerpo doctrinal ni un marco normativo conocido. Confunde artículos y concluye, acorralada en su propio laberinto de imprecisión legislativa, arremetiendo contra «la especulación voraz» y «la codicia del mercado». La ignorancia, cuando se viste de indignación sarracena, resulta un disfraz cómodo; le ahorra al inepto el penoso trance de coger un libro.
Bajo su mandato, el ministerio ha generado barbaridades jurídicas con rango de ley. Fija precios máximos convencida de que la realidad económica se ajustará sumisa ante la severidad del Boletín Oficial del Estado. Pretende multiplicar la oferta destruyendo la seguridad jurídica, y se asombra luego de que los propietarios prefieran tapiar sus inmuebles antes que entregarlos al capricho confiscatorio de su administración. Es la alquimia al revés: convierte el oro del mercado en la escasez del desierto, y encima aguarda que los desposeídos la aplaudan en la calle.
Pero lo más descollante de esta figura no son sus desafueros -que al fin y al cabo son el tributo habitual que el ciudadano paga a la incompetencia burocrática-, sino esa inopia doctrinal de la que hace gala sin pudor. Ni se sabía el decreto, ni se lo sabe hoy, ni tiene la menor intención de leérselo jamás. ¿Para qué molestar a las neuronas con el árido articulado de una ley cuando se cuenta con el bálsamo bienaventurado de la palabrería identitaria y el sermón demagógico? Leer el decreto exigiría un esfuerzo intelectual del que está exenta; aplicarlo requeriría una competencia de la que carece por completo.
Así transcurren los días de nuestra ilustre prócer: inaugurando maquetas inexistentes, dictando órdenes ministeriales que contravienen las leyes de la lógica financiera, y rodeándose de un séquito de asesores cuya única función es soplarle al oído la cifra del decreto del día antes de que las cámaras enfoquen su rostro desconcertado. Es la encarnación perfecta del despotismo analfabeto: destruye la propiedad privada no por un maquiavélico plan, sino por falta de conocimiento.