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Un testigo protegido fallece sin cobrar 500.000 euros por una disputa entre Interior y Justicia

Henna · 2026-07-22T09:47:47+00:00

Si ves un delito de narcotráfico, mejor mira a otro lado. Un testigo protegido fallece sin cobrar 500.000 euros por una disputa entre Interior y Justicia El colaborador ayudó a desarticular una banda de narcotraficantes y reclamaba la deuda desde hacía 16 años Un testigo protegido al que la Administración debía más de 500.000 euros por su labor en la desarticulación de una banda de narcotraficantes ha fallecido sin cobrar la deuda que reclamaba sin éxito desde hacía 16 años. Pese a que la Justicia reconoció el adeudo, una interminable disputa entre los ministerios de Interior y Justicia paralizó el pago porque ambos se declaraban “no competentes”. La última esperanza del colaborador policial fue acudir al Defensor del Pueblo, pero este organismo se encontró con el mismo muro que el testigo protegido: el silencio administrativo y la falta de respuesta a sus reiterados requerimientos. Ángel Gabilondo admitió a trámite en 2023 la queja del hombre, que ayudó a desmantelar una organización integrada por exfutbolistas y narcos y permitió incautar más de una tonelada de cocaína. Después de tres años de escritos, el Defensor del Pueblo sigue sin recibir una respuesta definitiva del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Gabilondo advirtió dos veces a la Administración de “su deber de colaboración” con la institución que preside. El colaborador policial permaneció durante tres años infiltrado en la banda, simuló disfrutar de un elevado nivel de vida y, gracias a su testimonio, fueron condenados los cabecillas de la organización e incautados 1.200 kilos de cocaína. El 5 de febrero de 2009, el entonces juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón le otorgó la condición de testigo protegido, estatus ratificado después por Fernando Grande-Marlaska, que en aquel momento era magistrado y actualmente es el ministro del Interior. Precisamente ese departamento es el que durante estos años se ha negado a pagarle. El testigo intentó sin éxito que el ministro lo recibiera. Los jueces le prometieron por escrito una nueva identidad, medios económicos por su cambio de residencia, un sueldo y protección policial. Excepto la filiación, oculta todavía en los archivos de la Audiencia Nacional, ninguna de estas promesas se ha cumplido. Durante estos años, el testigo ha vivido amenazado por los miembros de la banda, varios de ellos condenados a penas de prisión. Tuvo que iniciar una nueva vida en otra ciudad y su mujer se vio obligada a renunciar a su trabajo. Una familia renacida, en una nueva ciudad y sin ningún medio económico. El testigo protegido era colaborador de la Unidad de droja y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional y su misión consistía en identificar a los narcotraficantes en distintos países. Aparentaba un alto tren de vida, con viajes, hoteles y coches de lujo, para ganarse la confianza de los narcotraficantes y conocer los lugares de compra, descarga y venta de la cocaína. A veces, los gastos corrían a su costa. En un escrito remitido el año pasado al Defensor del Pueblo, el testigo protegido ya advirtió sobre la posibilidad de fallecer sin que el Estado responda de su deuda: “Me da muchísima vergüenza tener que insistir tanto, pero la situación lleva años siendo insostenible y veo que voy a morir sin que se me devuelva lo que varios jueces ya han dicho que me pertenece”. El colaborador policial describía en otra carta dirigida al Defensor del Pueblo en 2024 la difícil situación económica que atravesaba su familia y pedía “medidas drásticas” contra los responsables de su desatención: “Solo cabe pensar que el organismo en cuestión está dilatando deliberadamente la situación a la espera de que, por el estado de salud que me han provocado 14 años de lucha para cobrar lo que me corresponde, la paupérrima situación mía y de mi familia a la que nos han abocado y mi avanzada edad, yo muera y ahorrarse así los cientos de miles de euros que, repito, me han sido concedidos judicialmente”. Al obtener la condición de testigo protegido, le dijeron que debería esperar a la sentencia firme para cobrar lo prometido, pero el fallo no se produjo hasta 2014. La firmó Fernando Grande-Marlaska, el entonces presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, y condenaba a Zoran Matijevic y a otros seis de los cabecillas de la organización a penas de 11 a 4 años de prisión. Matijevic, un serbio con pasaporte francés y agente de la FIFA, era el hombre que financiaba el envío de la droja en contenedores desde Argentina a Valencia. Entre los condenados figuraban los exfutbolistas del Athletic Club de Bilbao y el Hércules, Jesús Emilio Díez de Mier, Txutxi, y Pedrag Stankovic. El fallo demostró la relación entre un contenedor con 600 kilos de cocaína, los narcotraficantes y los deportistas. Pero la promesa de cobrar tras la sentencia no se cumplió. Y el testigo protegido recibió la primera negativa de Interior. El Ministerio le respondió en 2018 que ya le daba protección policial y cambio de identidad, pero que los gastos corresponden al Ministerio de Justicia. Desde entonces, la batalla judicial y administrativa no ha terminado. Dos meses después de la negativa de Interior, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, compuesta por los magistrados Concepción Espejel, Ángel Hurtado y Ramón Sáez, dictó una resolución judicial en la que reconocieron “la delicada” situación económica del testigo y oficiaron a Interior y a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia para que “con carácter urgente” se concediera al testigo la ayuda que solicitaba. La Fiscalía apoyó la petición de los magistrados. El colaborador reclamaba y documentaba, entonces, gastos por 450.658,20 euros (estancias en hoteles, comidas y desplazamientos de los tres años de infiltración; coches de lujo, alquileres, mobiliario, pérdida del trabajo de su cónyuge y salario). La deuda ahora supera con intereses los 500.000 euros. Espejel, en la actualidad en el Tribunal Constitucional, pidió que al menos se le adelantara el 20% de la deuda por su “paupérrima situación económica”. Interior respondió que “no era competente” y Justicia retornó el expediente a Interior. Los dos organismos se devolvieron el expediente uno al otro. El Defensor del Pueblo aguarda desde hace más de dos años una respuesta definitiva del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes que dirige Félix Bolaños. Gabilondo envió en 2024 una sugerencia a este departamento pidiendo lo siguiente: “Que se aborde junto con el Ministerio del Interior, y a la mayor brevedad posible, la forma de proceder al abono al interesado de la compensación económica fijada por resolución judicial firme de la Audiencia Nacional”. Hace un año, el Ministerio de la Presidencia respondió, al fin, que estaba en contacto con el del Interior ”para resolver el objeto de su queja”. Y desde entonces el silencio administrativo ha vuelto a envolver este expediente. 16 años después de la primera reclamación, el pronóstico del testigo protegido que arriesgó su vida y la de su familia por desmantelar una banda de narcotraficantes y lograr la condena de sus cabecillas se ha cumplido. Acaba de fallecer víctima de una enfermedad sin cobrar su deuda. Su hija afirma que seguirá la lucha de su progenitor: “No nos vamos a rendir. Mi padre arriesgó su vida y lo dio todo a cambio de nada.