Un preso mata a sus dos compañeros de celda en el Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla: uno estrangulado y el otro a golpes

Doble crimen en el psiquiátrico penitenciario: el Estado, ¿responsable civil?​

¿Cuánto vale la vida de un preso cuando el sistema penitenciario falla? La madrugada del lunes, un recluso de 26 años con antecedentes por intento de homicidio acabó con la vida de sus dos compañeros de celda en el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla. Uno murió estrangulado; el otro, a golpes. El agresor, en prisión preventiva por un crimen previo, había sido trasladado tras una pelea anterior. Las preguntas se amontonan: ¿cómo es posible que un perfil así no estuviera en aislamiento? ¿El hacinamiento o la falta de recursos explican lo ocurrido?

Un sistema que repite patrones​

El caso no es aislado. En 2019, un recluso con esquizofrenia estranguló a su compañero en la unidad psiquiátrica de la prisión de Brians 1 (Barcelona). La jueza investigaba a la psiquiatra por no aislar al agresor, un triple homicida que actuó creyendo que su víctima era “Satanás”. En Sevilla, el presunto homicida ya había protagonizado incidentes previos. El patrón es recurrente: internos con alta peligrosidad compartiendo celda con enfermos mentales que no deberían estar expuestos a ese riesgo. Los datos oficiales muestran que más del 60% de los pacientes de estos centros han cometido homicidios o delitos de violencia extrema.

El coste económico de la negligencia​

Más allá del drama, emerge la factura. El Estado es responsable civil de las muertes ocurridas bajo su custodia. Las indemnizaciones por fallecimiento en prisión oscilan entre los 3.000 y 4.000 euros por víctima, según estimaciones no oficiales. Una cifra irrisoria si se compara con el gasto de mantener a un preso en un centro psiquiátrico: unos 200 euros diarios por plaza, según datos del sector. Pero el verdadero agujero está en las condenas por negligencia que puedan llegar. Los familiares de las víctimas podrían reclamar cantidades mucho mayores si demuestran que la administración no adoptó las medidas necesarias. La pregunta no es si pagaremos, sino cuánto.

Dos centros para toda España: el cuello de botella​

España dispone de solo dos centros psiquiátricos penitenciarios: Sevilla (hombres) y Alicante (hombres y mujeres) –aunque algún participante menciona tres si se incluye uno en Cataluña. La escasez de plazas fuerza el hacinamiento y obliga a mezclar perfiles que deberían estar separados. El resultado es un polvorín. Mientras, los funcionarios de prisiones denuncian que las decisiones clave las toman cargos políticos que nunca han pisado una celda, mientras el personal de base acumula años de experiencia pero carece de voz. El gasto en personal y recursos es crónico, y la apuesta por la reinserción choca con la realidad de la peligrosidad no controlada.

A estas alturas, el debate se polariza: unos reclaman mano dura y aislamiento inmediato para perfiles violentos; otros recuerdan que los enfermos mentales no deberían estar en prisión, sino en centros sanitarios. Pero lo que nadie discute es que el sistema penitenciario español es un chiringuito donde el relato de los derechos humanos de salón choca con la falta de medios. Y mientras los informes los firman trepas, los presos se matan entre ellos. El contribuyente, como siempre, paga la fiesta.