Los procedimientos judiciales tienen sus fases y la investigación actual de la ley de "nietos" todavía no permite la intervención del Tribunal Constitucional.
El presidente del Gobierno se la jugó a que el Tribunal Supremo no tocara el censo cerrado a 1 de agosto. Por el momento está intentando que sólo 160.000 nacionalizados se queden fuera del censo.
En los próximos días veremos cómo queda el censo. Soy muy optimista, el Tribunal Supremo ya ha hecho lo más difícil y no van a permitir un censo adulterado, ni siquiera parcialmente.
