ÚLTIMA HORA | El Consejo de Ministros aprobará mañana los decretos de vivienda para que los vote la Difrutación Permanente

El Gobierno resucita por decreto la ley de vivienda que el Congreso tumbó​

El Consejo de Ministros aprobará este miércoles los decretos de vivienda para que los vote la Diputación Permanente, el órgano que sustituye al Congreso en periodos inhábiles. La maniobra llega después de que el Parlamento rechazara esas mismas medidas hace apenas unos días. El Ejecutivo sostiene que la vivienda asequible es urgente; la oposición habla de un fraude de ley y de un golpe a la soberanía parlamentaria.

La discusión pública se ha llenado de reproches cruzados. Una parte de los análisis sostiene que la Diputación Permanente solo puede legislar en casos de extrema necesidad y que usar ese cauce para resucitar una ley recién tumbada es un abuso. Otra corriente recuerda que el propio reglamento permite al Gobierno legislar por decreto-ley y que la urgencia habitacional justifica el atajo. El resultado, en cualquier caso, es el mismo: la medida vuelve al BOE sin pasar por el hemiciclo.

Qué contiene el decreto de vivienda y por qué se vota en la Diputación Permanente​

El decreto incluye medidas sobre alquileres y vivienda asequible que el Congreso había rechazado previamente. Al estar disuelto el Parlamento o en periodo inhábil, la Diputación Permanente asume la función legislativa. El Gobierno argumenta que la situación de emergencia habitacional no admite esperar a la nueva legislatura.

La oposición denuncia que se trata de un fraude de ley. «La Diputación Permanente está para medidas de extrema necesidad y asuntos ordinarios. No se puede decretar contra la decisión de hace tres días de un Parlamento Soberano», resume una de las intervenciones más repetidas. El argumento jurídico se apoya en el artículo 39.1 de la LOREG, que fija el censo electoral en el cerrado el 1 de agosto, antes de que el Supremo paralizara la conocida como ley de nietos.

La ley de nietos y el censo del 29-N: la treta que nadie vio venir​

El Supremo paralizó cautelarmente la ley de nietos, que facilitaba la nacionalidad a descendientes de emigrantes. Según los cálculos que circulan, el censo para las elecciones del 29 de noviembre se cerró antes de esa paralización, lo que permitiría votar a personas cuya inscripción está suspendida. Hay quien sostiene que casi 500.000 extranjeros podrían haberse colado en el CERA, el censo de residentes ausentes.

La denuncia ha llegado al Supremo, que estudia una petición urgente para garantizar que el censo no incorpore altas paralizadas. El debate jurídico es intenso: unos sostienen que el censo ya está cerrado y no admite cambios; otros piden una revisión de oficio. La sombra del fraude electoral planea sobre la cita del 29-N.

Propietarios, inquilinos y el miedo a la expropiación​

El decreto ha encendido a los propietarios. «Les ha meado a la cara a los propietarios, espero que la justicia tenga aún cordura y defienda la propiedad privada», resume una intervención. El temor a una expropiación encubierta recorre los mensajes. Otros recuerdan que la Constitución protege la propiedad privada y que cualquier expropiación requiere indemnización.

La discusión deriva hacia el mercado del alquiler. Hay quien augura que los propietarios retirarán sus viviendas del mercado: «Que no saque nadie la vivienda en alquiler. Así de simple». El resultado sería menos oferta y precios más altos, justo lo contrario de lo que busca el decreto. La paradoja no se le escapa a nadie.

El impacto electoral: ¿suma o resta votos?​

La convocatoria electoral para el 29-N ha convertido el decreto en un arma de campaña. Una parte del análisis sostiene que la medida movilizará al votante de izquierdas, indignado con la especulación. Otra corriente cree que en un país de propietarios, las medidas contra la propiedad privada restan votos. «En un país de propietarios, estas medidas contra la propiedad privada no sé si le darán votos o se los quitarán», resume una intervención.

El PSOE confía en ampliar su fuerza parlamentaria. «Frente a sus áticos, sus recortes y su servilismo a las élites, nuestro compromiso con la gente: vivienda asequible, servicios públicos y derechos sociales», ha declarado el presidente del Gobierno. La oposición responde que se trata de una cortina de humo para tapar la ley de nietos y la corrupción.

La sombra de Venezuela y el fantasma de la narcodictadura​

La comparación con Venezuela recorre los mensajes más duros. «eXpaña, Venezuela pero sin petróleo», resume uno. Otros hablan de «narcodictadura bolivariana» si el Gobierno repite. La acusación es grave y se lanza sin pruebas, pero refleja el clima de polarización extrema.

El Gobierno, mientras tanto, insiste en que España tiene que seguir avanzando. «España tiene que seguir avanzando y, para eso, necesitamos que la ciudadanía amplíe nuestra fuerza en el Parlamento», ha dicho Sánchez. La cita, extraída de un tuit, se ha convertido en meme. La campaña del 29-N se libra en los tribunales y en las urnas.

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Con estos mimbres, la predicción es arriesgada. Si el Supremo no corrige el censo, la cita del 29-N nacerá con una sombra de ilegitimidad que la oposición explotará. Si el decreto de vivienda se aplica y el mercado se contrae, el Gobierno pagará el precio en las urnas. Y si nada de eso ocurre, quedará la sensación de que las instituciones se han convertido en un tablero de ajedrez donde las reglas se cambian a mitad de partida.