La UE no obliga a las ZBE, las impuso Sánchez
La Comisión Europea ha desmentido que las Zonas de Bajas Emisiones sean una imposición desde Bruselas, contradiciendo el relato oficial que durante meses atribuyó la medida a exigencias comunitarias. La Directiva de Calidad del Aire de 2008 ya obligaba a tomar medidas si se superaban límites de NO2 y PM10, pero no especificaba ZBE ni multas de 200 euros. Fue la Ley de Cambio Climático de 2021, impulsada por el Gobierno de Sánchez, la que introdujo la obligación de crear ZBE en municipios de más de 50.000 habitantes, endureciendo el marco europeo. Cada ayuntamiento, del color que sea, ha aprovechado para fijar sus propias restricciones y sanciones, generando un caos normativo.
¿Qué dice realmente la Directiva europea?
La Directiva 2008/50/CE exige a los Estados miembros mantener la calidad del aire dentro de unos límites. España ha sido expedientada en múltiples ocasiones por incumplirlos. Para evitar sanciones, el Gobierno de Sánchez optó por una solución drástica: la Ley 7/2021 de cambio climático y transición energética, que obliga a todas las ciudades de más de 50.000 habitantes a implantar ZBE antes de 2023. Bruselas no exige multas concretas ni la delimitación de áreas específicas; eso queda a discreción nacional y local. Por tanto, la responsabilidad última es compartida entre la UE (que marca objetivos), el ejecutivo central (que legisla) y los ayuntamientos (que ejecutan).
La Ley de Cambio Climático de 2021 y el caos municipal
La norma estatal dejó en manos de los consistorios la definición de las ZBE, lo que ha provocado una heterogeneidad absoluta. Un coche clásico puede circular por el centro de Madrid pero no por el de otra ciudad. Las multas llegan hasta los 200 euros, aunque cada municipio fija su cuantía. Algunos ayuntamientos han ampliado las ZBE a barrios enteros, mientras otros limitan la restricción a unas calles. El resultado es un galimatías que castiga al ciudadano sin un criterio uniforme. La sensación de arbitrariedad alimenta el enfado social y las acusaciones cruzadas entre administraciones.
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