Tres llamadas sin atender desde el gobierno a la generalitat ante el riesgo de dana. deben ir a la cárcel.

Tres llamadas sin respuesta el día que la DANA se cobró 211 vidas​

La Delegación del Gobierno llamó tres veces a la Conselleria de Justicia para ofrecer medios ante la crecida y de ahí no salió ni una sola petición. Ese es el esqueleto de la reconstrucción horaria del 29 de octubre, y también la pieza que cada bando coloca donde le conviene. El matiz no es menor: ofrecer no equivale a imponer, y ningún ministerio moviliza la UME ni lanza una alerta a los móviles si el mando autonómico no lo reclama. Pero el reloj no perdona.

A las 7:30 de la mañana, la Agencia Estatal de Meteorología activa la alerta roja. La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, anula su agenda y el viaje previsto, reúne a la UME, a la Guardia Civil, a los responsables de carreteras del Estado y a su unidad de Protección Civil, y a las 9:30 se conecta por vía telemática con alcaldes de la zona de riesgo para comunicarles el aviso. Todo antes de que el barranco diera señales de vida.

Del aviso hidrológico a la tercera llamada sin petición​

A las 12:07, la Confederación Hidrográfica del Júcar comunica a las instituciones el riesgo de desbordamiento de los barrancos Magro y Poyo. Dieciséis minutos más tarde, la delegada llama por primera vez a la consellera de Justicia y responsable de emergencias, Salomé Pradas. Le dice que la situación se agrava, que los medios del Estado están a su disposición, que pida lo que necesite, que la UME está preparada. Respuesta: están en contacto y se reunirá de inmediato con su equipo en el centro de l'Eliana. Cero peticiones.

La ronda se repite. Y se repite otra vez.

• 12:23 — primera llamada: oferta de medios y UME, sin petición concreta.
• 12:48 — segunda llamada: términos idénticos, resultado idéntico.
• 14:00 — tercera llamada: se vuelve a ofrecer todo lo disponible.
• Minutos después — cuarta comunicación: la consellera pide activar la UME, pero solo para el municipio de Utiel.

Aquí empieza la discrepancia que vertebra todo lo demás. Para unos, tres ofertas desatendidas dibujan una omisión difícil de justificar. Para otros, la competencia era autonómica y nadie podía sustituirla desde Madrid sin invadirla.

El CECOPI de las cinco de la tarde y la llamada de Paiporta​

La consellera convoca el centro de coordinación de emergencias, el CECOPI, para las 17:00. A diferencia de la mayoría de estas reuniones, el president no está. La cita avanza entre avisos que no llegan y llamadas que sí. En mitad de esa reunión, la alcaldesa de Paiporta telefonea para advertir de que su municipio se está inundando. Entonces, un dirigente de la Generalitat suelta la pregunta que resume el día: «¿Lanzamos la alerta?».

A las 18:43 llega por correo el aviso del caudal desaforado que baja por el barranco del Poyo. A las 19:00, la alcaldesa de Paiporta informa a la delegada del Gobierno de que el agua ya corre por las calles de su municipio. A las 20:00, los responsables reunidos descubren que existía la posibilidad de enviar alertas masivas a los teléfonos. A las 20:11 sale el mensaje. Para entonces, media comarca ya estaba bajo el agua.

Las objeciones a la versión de la omisión​

El relato tiene grietas, y conviene mirarlas. Los avisos de la mañana de la Confederación se referían al río Magro y al nivel del Poyo, que fue decreciendo de forma constante hasta las 14:00. El correo con el caudal desaforado no sale hasta las 18:43. Sostener que a mediodía ya se sabía lo que iba a pasar es, con esos mimbres, complicado.

Hay más. La llamada de las 20:00 desde el Ministerio de Medio Ambiente no era una consulta amable: según esta lectura, avisaba de que la presa de Forata corría peligro de rotura, y de ahí nació la alerta por móvil, sin mención alguna al Poyo. La acusación se lanza en las dos direcciones y con la misma comodidad. Frente a eso, la pregunta incómoda: si el sistema funcionaba, ¿por qué nadie tradujo la alerta roja a un idioma que se entendiera en el portal de casa?

El barranco del Poyo llevaba 22 años en los papeles​

Debajo del pulso político hay una capa que no se discute lo suficiente. En 22 años no se ha construido ninguna presa, tampoco la prevista y anunciada en 2004 para laminación de avenidas en el barranco del Poyo, que incomodaba al Ayuntamiento de Cheste. La planificación hidrológica no da réditos electorales a cuatro años vista, así que se aparca en el presupuesto de cada legislatura. El resultado se mide ahora en cuerpos.

Con 211 víctimas mortales contabilizadas hasta la fecha de esta discusión, la comparación con otros desastres recientes no ayuda a nadie: hay quien recuerda a las 80 familias de La Palma que siguen viviendo entre tres contenedores dos años después. Si algo sugiere ese precedente, es que la reconstrucción llegará tarde y con la mitad del dinero.

Sobre la mesa quedan peticiones de responsabilidad penal que ningún tribunal ha confirmado. Que una cadena de decisiones sea indefendible no la convierte automáticamente en delito. Y que nadie haya sido condenado no significa que el reparto de culpas esté resuelto.

Lo previsible es que la instrucción, si llega, avance más despacio que el barro. Quien espere una sentencia que ordene el relato va a tener paciencia. Quien espere que se ejecute la presa del Poyo, más todavía.