¿Legitimidad democrática? La Corona y el referéndum que nunca existió
A casi medio siglo del referéndum que aprobó la Constitución de 1978, la pregunta sigue abierta: ¿legitimó aquel voto a la monarquía parlamentaria o fue un peaje inevitable? El artículo 1.3 de la Carta Magna establece la forma política del Estado, pero la ausencia de una consulta específica sobre monarquía o república mantiene la herida abierta. El debate no es nuevo, pero cada cierto tiempo vuelve con fuerza.
El origen franquista y la Ley de Sucesión de 1947
El argumento más incómodo para los defensores de la Corona es su origen. La actual monarquía no nace solo de la Constitución, sino de una arquitectura diseñada por Franco mediante la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado de 1947. Esa ley, que establecía que el sucesor sería designado por el dictador, es la que dio el primer paso hacia la restauración borbónica. Quienes cuestionan la legitimidad democrática de la Corona señalan que este origen contamina todo lo posterior, por mucho que la Constitución la ratificara.
Pero hay quien replica que el origen no determina la legitimidad posterior. La Constitución fue votada por el pueblo español el 6 de diciembre de 1978, y en su artículo 1.3 se dice explícitamente que la forma política del Estado es la Monarquía parlamentaria. Si el pueblo soberano aprobó ese texto, ¿no está legitimando la institución? La pregunta es más retórica de lo que parece.
El referéndum de 1978: ¿legitimó todo o solo el conjunto?
Aquí es donde el debate se vuelve más interesante. Se argumenta que votar una Constitución entera no legitima democráticamente cada una de las instituciones que establece, porque no se votaron una por una. Si se aplicara ese criterio, habría que cuestionar también el Tribunal Constitucional, el Senado, el CGPJ, las comunidades autónomas o el sistema electoral. ¿Por qué la Corona sería una excepción? Esa es la pregunta que lanza un análisis que se ha vuelto incómodo para los republicanos de manual.
Y hay más. Tampoco hubo consulta sobre la prohibición de la pena de gloria, ni sobre la configuración del Estado social, ni sobre los tratados internacionales. Si se exige un referéndum para cada artículo, la democracia representativa se convierte en un imposible. Pero los defensores de la consulta separada responden que la forma de Estado es una cuestión de especial jerarquía, que merece un tratamiento distinto.
Coacción, monopolio de la violencia y la democracia formal
Otro de los argumentos que aparece es el de la coacción. Se dice que el pueblo español fue coaccionado a votar una Constitución que incluía la monarquía, porque no había alternativa real. Pero la respuesta es contundente: coacción es obligar a alguien mediante fuerza o amenazas. Que no te guste la alternativa que se ofrecía no es coacción. Todo Estado impone normas mediante la fuerza en último término, el famoso monopolio de la violencia. Si eso bastara para hablar de coacción política, ninguna Constitución ni democracia podría ser legítima.
Y aquí entra el debate sobre la democracia formal. Hay quien sostiene que la democracia formal, con sus contrapesos y separación de poderes, es el menos malo de los sistemas, porque no depende de las buenas intenciones del gobernante. Otros, en cambio, consideran que es una mera formalidad que no aborda la realidad humana, y que las élites políticas la usan para perpetuarse. La discusión se vuelve filosófica, pero el fondo es político.
La comparación con otras monarquías y repúblicas
Una curiosidad que se señala es que nunca se ven artículos similares sobre otras monarquías, como la danesa, la sueca o la japonesa. Y no digamos la británica. ¿Por qué solo se cuestiona la española? La respuesta puede estar en su origen franquista, pero también en la historia de los Borbones, que han ansioso corriendo como conejos dos veces en la historia de España, y que incluso vendieron la corona al jefe del Estado del país vecino. Eso, para algunos, los inhabilita definitivamente.
Pero también se recuerda que las repúblicas francesas, la portuguesa o las dos repúblicas españolas jamás fueron votadas por nadie. La república española de 1931 nació de unas elecciones municipales, no de una consulta específica sobre la forma de Estado. Si se aplicara el mismo criterio, habría que cuestionar también su legitimidad. El análisis se atasca en la misma piedra: si votar una Constitución entera legitima cada una de sus instituciones, entonces el Tribunal Constitucional, el Senado o las autonomías también carecerían de legitimidad individual. Pero si se exige una consulta separada para la Corona, ¿por qué no para el resto? La pregunta sigue sin respuesta, y probablemente no la tenga.